LA ANUMEROSIDAD UN PELIGRO MUY FUERTE PARA LA DEMOCRACIA

                                                                                      Por Victor M. Oxley

La comunicación, y el lenguaje como su instrumento, son fundamentales para el mantenimiento y buen funcionamiento de la democracia. En una democracia, los ciudadanos deben estar informados sobre los temas y políticas para participar de manera efectiva. La comunicación clara y accesible permite que las personas comprendan los asuntos públicos, las propuestas de política y los candidatos, facilitando una participación informada en el proceso democrático. La democracia se basa en el debate abierto y la deliberación. La capacidad para discutir y argumentar diferentes puntos de vista de manera constructiva es esencial para llegar a decisiones políticas equilibradas y representativas. La comunicación efectiva entre los funcionarios públicos y los ciudadanos es crucial para la transparencia y la rendición de cuentas. Los ciudadanos deben poder entender las decisiones del gobierno, los procesos y las justificaciones detrás de las políticas públicas.

El analfabetismo tiene un impacto significativo en la sociedad, y el precio que se paga socialmente es de los más altos.  El analfabetismo perpetúa la desigualdad y la pobreza. Las personas analfabetas tienen menos oportunidades de acceder a empleos bien remunerados, lo que las mantiene en un ciclo de pobreza. Las personas analfabetas tienen menos acceso a información sobre salud, prevención de enfermedades y servicios médicos. Esto puede resultar en tasas más altas de enfermedades prevenibles y mortalidad. La alfabetización es clave para la participación cívica y democrática. Una fuerza laboral con bajos niveles de alfabetización es menos productiva, lo que afecta negativamente el crecimiento económico. Las empresas también enfrentan mayores costos de capacitación y menor eficiencia. El analfabetismo limita el acceso a la cultura y a la educación continua, lo que afecta el desarrollo personal y profesional de los individuos y reduce el capital cultural de la sociedad en su conjunto. Los ciudadanos analfabetos tienen menos capacidad para comprender sus derechos y deberes, lo que limita su participación en la vida política y social del país.

Gran parte de los comunicados e informaciones que se dan y circulan en la sociedad, se dan por citarlos, por ejemplo, en que los gobiernos a menudo publican estadísticas sobre la tasa de desempleo, inflación, crecimiento del PIB, déficit fiscal y otros indicadores económicos. Así es común leer o escuchar por los medios expresiones tipo, “la tasa de desempleo en el país se redujo al 5% en el último trimestre", "la tasa de homicidios ha disminuido un 10% en el último año gracias a las nuevas políticas de seguridad", "el 85% de la población ha sido vacunada contra la gripe este año", "el 60% de los encuestados apoya la nueva propuesta de reforma educativa". Los candidatos políticos a menudo utilizan estadísticas para respaldar sus promesas y planes, así afirman "reduciremos la pobreza en un 20% en los próximos cuatro años", "desde la implementación de la política X, hemos visto una disminución del 15% en la pobreza infantil". Los profesionales o científicos suelen informar, por ejemplo, "el nuevo fármaco ha demostrado ser efectivo en el 90% de los pacientes con una reducción significativa de los síntomas", "la tasa de mortalidad por cáncer de mama ha disminuido un 25% en la última década", "fumar aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas en un 50%", "el estudio encontró que el tratamiento experimental reduce los síntomas de la enfermedad en un 40% más que el tratamiento estándar", "las emisiones de CO2 han aumentado un 30% en los últimos 20 años", "el 70% de la población vive en áreas urbanas" etc.

La estadística es una de las áreas del conocimiento más importantes en la actualidad debido a su amplio rango de aplicaciones y su capacidad para transformar datos en información útil para la toma de decisiones. Las empresas utilizan análisis estadísticos para comprender el comportamiento del consumidor, optimizar operaciones y mejorar estrategias de marketing. Los gobiernos emplean estadísticas para formular políticas, evaluar programas y distribuir recursos. Por ejemplo, la distribución de fondos para la salud pública se basa en estadísticas sobre prevalencia de enfermedades y necesidades de la población. En medicina y salud pública, la estadística es fundamental para diseñar estudios clínicos, analizar datos de pacientes y evaluar la efectividad de tratamientos, así los ensayos clínicos utilizan estadísticas para determinar la eficacia y seguridad de nuevos medicamentos. Los investigadores en sociología, economía, psicología y otras disciplinas usan métodos estadísticos para estudiar comportamientos, tendencias y relaciones sociales. Por ello las encuestas de opinión pública emplean técnicas estadísticas para interpretar actitudes y preferencias de la población. La estadística es la base de muchos algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, que dependen de grandes volúmenes de datos. Los sistemas de recomendación en plataformas como Netflix y Amazon utilizan análisis estadísticos para personalizar las recomendaciones de contenido. Con el aumento de la cantidad de datos disponibles, las técnicas estadísticas son esenciales para extraer información valiosa de grandes conjuntos de datos, por ello es necesario que las redes sociales analicen datos de usuario para detectar tendencias y medir el impacto de campañas publicitarias. Las técnicas estadísticas son utilizadas para el control de calidad y la mejora continua de procesos, de aquí que las empresas manufactureras emplean el control estadístico de procesos (SPC) para reducir la variabilidad y mejorar la calidad del producto. Las estadísticas se utilizan para evaluar el rendimiento académico de estudiantes, programas educativos y sistemas escolares. Esto como resultado de que las pruebas estandarizadas emplean análisis estadísticos para medir y comparar el rendimiento de los estudiantes a nivel nacional e internacional. En todas las disciplinas académicas, la estadística es una herramienta clave para el análisis y la interpretación de datos de investigación.

La estadística es una herramienta poderosa que permite transformar datos en conocimiento. Su importancia en la toma de decisiones informadas, la investigación y desarrollo, la tecnología, el control de calidad y la educación la convierten en una de las áreas del conocimiento más relevantes y dinámicas en el mundo actual. La capacidad para interpretar y aplicar estadísticas de manera efectiva es esencial para el progreso en casi todos los campos del conocimiento y la industria.

Existe una dimensión muy especial del analfabetismo. Esta es conocida por “anumerosidad” o analfabetismo numérico, se refiere a la falta de habilidades básicas en matemáticas y la incapacidad para comprender y utilizar conceptos numéricos en la vida cotidiana. Las personas con bajos niveles de habilidades matemáticas tienen menos oportunidades de acceder a empleos bien remunerados, lo que perpetúa la desigualdad y la pobreza. Las habilidades numéricas son fundamentales para muchos trabajos, y la falta de estas habilidades limita las oportunidades laborales. La anumerosidad afecta la capacidad de las personas para gestionar sus finanzas personales, lo que puede llevar a endeudamiento, falta de ahorro y decisiones financieras poco informadas. Esto incrementa la vulnerabilidad económica de los individuos y las familias. La comprensión de conceptos numéricos es crucial para tomar decisiones informadas sobre la salud, como entender dosificaciones de medicamentos, leer etiquetas nutricionales y seguir instrucciones médicas. La anumerosidad puede resultar en un manejo deficiente de la salud personal y familiar. La capacidad para interpretar datos estadísticos y gráficos es esencial para la participación cívica informada. La anumerosidad puede limitar la capacidad de los ciudadanos para comprender temas sociales, políticos y económicos, afectando su participación en la democracia. Una fuerza laboral con bajos niveles de habilidades numéricas es menos productiva y eficiente, lo que afecta negativamente el crecimiento económico. Las empresas enfrentan mayores costos de capacitación y menor competitividad.

El analfabetismo probabilístico, como caso especial de anumerosidad, se refiere a la falta de habilidades para comprender y utilizar conceptos relacionados con la probabilidad y el riesgo. En las sociedades democráticas, este tipo de analfabetismo tiene un impacto significativo y conlleva un alto costo social. Esto es así, pues las personas analfabetas en términos probabilísticos pueden tener dificultades para comprender riesgos y beneficios asociados con tratamientos médicos, vacunas y otros procedimientos de salud. Esto puede llevar a decisiones de salud mal informadas, como evitar vacunas o tratamientos necesarios. La comprensión de la probabilidad es crucial para la toma de decisiones financieras, como inversiones, seguros y planificación de jubilación. La falta de estas habilidades puede resultar en malas decisiones financieras, pérdida de ahorros y endeudamiento. Los ciudadanos necesitan comprender la probabilidad y el riesgo para evaluar políticas públicas, interpretaciones de datos y resultados de investigaciones. El analfabetismo probabilístico limita la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones informadas sobre temas sociales y políticos, lo que puede afectar la calidad de la democracia. Las personas con bajos niveles de alfabetización probabilística pueden tener percepciones distorsionadas del riesgo, lo que puede llevar a miedos irracionales o a la subestimación de peligros reales. Esto afecta su comportamiento y decisiones en la vida cotidiana, como en la conducción, el uso de productos de consumo y la seguridad personal. Los medios a menudo presentan información estadística y probabilística. La falta de habilidades para interpretar correctamente esta información puede llevar a la desinformación y a la manipulación de la opinión pública.

Un conocimiento básico del cálculo de probabilidades es esencial para que los ciudadanos puedan utilizar su razonamiento de manera efectiva y evitar ser engañados. Por ejemplo, comprender las probabilidades ayuda a los ciudadanos a tomar decisiones informadas sobre su salud; así al evaluar si deben vacunarse, las personas necesitan entender el riesgo relativo de efectos secundarios versus el beneficio de protección contra una enfermedad. Evaluar probabilidades puede ayudar a las personas a tomar decisiones más seguras en su vida diaria. Los medios a menudo presentan estadísticas sobre eventos y tendencias. Un conocimiento básico de probabilidades ayuda a los ciudadanos a interpretar correctamente esta información, pues comprender que una encuesta con un margen de error del 3% significa que los resultados podrían variar en ese rango. Conocer las probabilidades de ganar en juegos de azar puede ayudar a evitar expectativas irreales y pérdidas financieras, ya que entender que las probabilidades de ganar la lotería son extremadamente bajas sitúan en el campo de la realidad a las personas. Comprender las estadísticas y probabilidades detrás de las políticas públicas permite una evaluación crítica y racional de las propuestas políticas.

El conocimiento de probabilidades es fundamental para una ciudadanía informada y racional. Equipar a las personas con habilidades básicas en esta área les permite tomar decisiones más informadas, evitar engaños y evaluar críticamente la información que reciben en diversos aspectos de la vida. Promover la educación en probabilidades es esencial para el bienestar individual y colectivo en una sociedad democrática.

El precio social que se paga por este déficit de anumerosidad en general, y en particular probabilística, se traduce en costos de salud pública, como volvemos a repetir, pues muchas de las malas decisiones de salud basadas en una mala comprensión de la probabilidad pueden incrementar los costos de salud pública debido a enfermedades prevenibles y tratamientos innecesarios. También en el ámbito financiero, la falta de habilidades probabilísticas puede contribuir a crisis financieras personales y, en una escala mayor, a crisis económicas si una parte significativa de la población toma decisiones financieras pobres. La incapacidad para evaluar correctamente la información probabilística puede hacer a las personas más susceptibles a la desinformación y a la manipulación. Esto puede llevar a una mayor polarización y a la adopción de creencias infundadas. Los votantes que no comprenden la probabilidad pueden apoyar políticas basadas en creencias erróneas sobre el riesgo y el beneficio, lo que puede resultar en la implementación de políticas ineficaces o dañinas. La falta de comprensión de cómo se calculan y comunican los riesgos puede llevar a una desconfianza en las instituciones científicas y gubernamentales, lo que puede afectar negativamente la cooperación y el cumplimiento de las políticas públicas.

La relación entre la formación matemática y el comportamiento cognitivo de los adultos ha sido estudiada ampliamente. La falta de habilidades y comprensión en razonamiento y generalizaciones matemáticas puede llevar a conductas inseguras en el razonamiento adulto, afectando la capacidad para tomar decisiones informadas y asumir conclusiones con confianza.

El entrenamiento en geometría, por ejemplo, y habilidades deductivas tiene un impacto significativo en el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad para asumir conclusiones generales. Trabajos de Piaget e Inhelder (1967) han mostrado que el razonamiento geométrico está estrechamente vinculado con el desarrollo cognitivo general. El entrenamiento en geometría ayuda a los individuos a desarrollar estructuras cognitivas que facilitan el pensamiento lógico y la deducción. Un estudio de Nunes et al. (2007) encontró que los estudiantes con una formación sólida en geometría y habilidades deductivas muestran una mayor confianza en sus capacidades cognitivas y son más propensos a asumir sus conclusiones en diversos contextos, incluyendo situaciones académicas y prácticas. La capacidad para aplicar principios geométricos y deducir conclusiones generales es fundamental en campos como la ingeniería, la física y las matemáticas avanzadas. El entrenamiento en geometría prepara a los individuos para enfrentar y resolver problemas complejos con mayor seguridad y precisión.

La capacidad de razonamiento en adultos puede verse afectada por la falta de entrenamiento en ciertos campos específicos, como la geometría y la demostración de teoremas. La geometría, en particular, requiere una habilidad especial para entender y aplicar conceptos abstractos y estructuras lógicas. Cuando un adulto no ha desarrollado habilidades en razonamientos deductivos, puede sentirse inseguro al generalizar o aplicar principios matemáticos a nuevas situaciones. Esto se debe a que la habilidad para generalizar a partir de ejemplos específicos y demostrar teoremas depende de una comprensión profunda de los conceptos subyacentes y la práctica en su aplicación. La inseguridad en esta área puede ser mitigada con entrenamiento y práctica en la resolución de problemas y demostraciones geométricas, así como con el desarrollo de habilidades generales en pensamiento crítico y lógica.

Un Estado que no invierte en la formación matemática de su ciudadanía enfrenta serias consecuencias que afectan la calidad democrática y el bienestar general.

El analfabetismo probabilístico tiene profundas implicaciones para las sociedades democráticas. Abordar este problema requiere una educación mejorada en matemáticas y estadística desde una edad temprana, así como programas de alfabetización estadística para adultos. Mejorar la comprensión de la probabilidad y el riesgo entre los ciudadanos es crucial para tomar decisiones informadas, tanto a nivel personal como colectivo, y para fortalecer la calidad de la democracia y la cohesión social.

Invertir en la formación matemática de la ciudadanía no solo mejora la calidad de vida de los individuos, sino que también fortalece la democracia y la economía. Un electorado bien informado y capaz de interpretar datos y estadísticas está mejor equipado para tomar decisiones racionales y fundamentadas, resistir la manipulación y contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Por lo tanto, la falta de inversión en educación matemática representa un costo significativo para el Estado en términos de cohesión social, calidad democrática y desarrollo económico.

 

EL CIUDADANO Y EL ECONOMISTA ANTE LA INFLACIÒN: O LA CARNE Y LOS HUESOS SE CONVIERTEN EN EL HOMO ECONOMICUS PARADIGMA DE LA ELECCIÓN RACIONAL O EL ECONOMISTA HUMANIZA PONIENDOLE CARNE Y HUESOS A SUS RECETAS ANTE LA CRISIS

                                                                              Por Dr. Victor M. Oxley

 Para abordar la inflación, el Banco Central toma varias medidas, entre estas, por ejemplo, una política monetaria restrictiva, es decir aumenta las tasas de interés, esto encarecerá los préstamos y desincentivará el gasto y la inversión, reduciendo la demanda agregada. También buscará reducir la oferta monetaria, podría ser a través de la venta de bonos del gobierno o aumentando los requisitos de reservas para los bancos, disminuyendo así la cantidad de dinero en circulación. De seguro intervendrá en el mercado de divisas, comprando o vendiendo divisas para estabilizar la moneda local y controlar la inflación importada. Y debería de hacer comunicaciones claras y manejar las expectativas, utilizando declaraciones y publicaciones para influir en las expectativas inflacionarias de los agentes económicos.

Así, de seguro manejará su política fiscal, reduciendo el gasto público para disminuir la demanda agregada, junto con acciones que aumenten impuestos, lo que reduciría el ingreso disponible y, por ende, el consumo. También buscará la regulación de precios y salarios, aunque puede tener efectos secundarios adversos a largo plazo, en el corto plazo puede ayudar a controlar la inflación. Implementara subsidios y controles de precios en bienes esenciales, para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables de la sociedad.

Los economistas clásicos, toman por sentado que el ciudadano común toma decisiones que maximizan su utilidad personal en respuesta a las medidas del Banco Central y del Estado. Lo que es lo mismo decir que, según estos, los ciudadanos ajustaran su consumo, reduciendo gastos no esenciales y buscando productos sustitutos más económicos. Están seguros que los ciudadanos se anticiparán a que los precios sigan subiendo, adelantando la compra de bienes duraderos que necesitarán en el futuro, como electrodomésticos o ropa. Comprarán y almacenaran productos no perecederos cuando están en oferta para evitar pagar precios más altos más adelante. Los economistas dan por sentado que los ciudadanos considerarán invertir en activos que tienden a mantener su valor durante la inflación, como bienes raíces, oro, o acciones. Si es posible, ahorrara en monedas más estables que la moneda local.

Están seguros que los ciudadanos ahorraran más ante el aumento de las tasas de interés, pues estos verán claramente que deberían ahorrar más para beneficiarse de los rendimientos más altos. Serán cautelosos al tomar préstamos, especialmente si las tasas de interés son altas o variables. Si ya tiene deudas, considerara la consolidación de deudas a una tasa de interés más baja para facilitar el manejo del reembolso. Se mantendrá informado sobre la situación económica y las previsiones inflacionarias para tomar decisiones más informadas. Consultara con un asesor financiero para obtener consejos personalizados y estrategias de inversión. Evaluará y ajustará sus metas financieras a largo plazo, teniendo en cuenta el impacto de la inflación. Se asegurará de tener un fondo de emergencia adecuado para cubrir gastos inesperados sin recurrir a préstamos costosos. Los economistas esperan que los ciudadanos inviertan prudentemente, optando por inversiones que protejan su valor frente a la inflación, como bienes raíces o activos indexados a la inflación. Los economistas están seguros que los ciudadanos implementaran medidas para reducir el consumo de energía en el hogar, lo que puede ayudar a reducir las facturas y liberar más dinero para otros gastos. Buscarán oportunidades de ingresos adicionales, como trabajos a tiempo parcial o freelance. Iniciarán un pequeño negocio o vender productos o servicios en su tiempo libre para aumentar sus ingresos. Serán flexibles y estarán dispuestos a adaptar su estilo de vida y hábitos de consumo en respuesta a la evolución de la inflación.

Ahora, si miramos la situación desde los zapatos del ciudadano común ante la crisis inflacionaria, es muy diferente su actuar ante lo supuesto y lo dado por el modelo de elección racional del economista.

Un ciudadano común, utilizando su sentido común, valga la redundancia, adoptara varias estrategias para enfrentar la inflación. Estas estrategias son intuitivas y buscan proteger por sobre todo su poder adquisitivo y estabilidad financiera. De seguro ajustara su presupuesto recortando gastos innecesarios.

La psicología del comportamiento ha demostrado que las personas por lo común reaccionaran fuertemente a las pérdidas que a las ganancias. En una situación inflacionaria, las personas toman decisiones impulsivas para evitar la pérdida de poder adquisitivo, como compras de pánico o venta apresurada de activos. Ante la incertidumbre, las personas pueden preferir mantener su situación actual y evitar tomar decisiones, incluso si cambiar sería más racional. Las decisiones de los individuos se basan en experiencias recientes en lugar de información objetiva y racional. Si han experimentado inflación alta, pueden anticipar que continuará y ajustar su comportamiento en consecuencia. El estrés y la ansiedad provocados por la inflación lleva a decisiones menos racionales y más emocionales, como gastos impulsivos o inversiones arriesgadas.

Por si estos males de por si no fueran suficientes, en tiempos de crisis económica, especialmente durante periodos de alta inflación y aumento de tasas de interés, los usureros y otros oportunistas pueden aprovecharse de la situación. Cuando los bancos centrales aumentan las tasas de interés para frenar la inflación, el costo del crédito formal aumenta. Esto puede empujar a individuos y pequeñas empresas a buscar alternativas de crédito informal. Los usureros ofrecen préstamos a tasas de interés exorbitantes, aprovechándose de la desesperación de aquellos que no tienen acceso a crédito formal o que necesitan dinero urgentemente. En tiempos de crisis, muchas personas enfrentan restricciones de crédito en el sistema bancario formal debido a su historial crediticio o falta de garantías. La urgencia por obtener liquidez para cubrir necesidades básicas puede llevar a los ciudadanos a aceptar términos de préstamo desfavorables. La presencia de usureros y otros oportunistas en tiempos de crisis económica es un problema serio que empeora la situación de los ciudadanos más vulnerables. Es crucial que las autoridades implementen y refuercen medidas regulatorias efectivas, mejoren el acceso a crédito justo y proporcionen educación financiera para proteger a los ciudadanos y prevenir el abuso. La colaboración entre el gobierno, las instituciones financieras y las organizaciones comunitarias es esencial para crear un entorno más justo y equitativo en tiempos de crisis.

Para un ciudadano que ya vive al límite o por debajo del umbral de ingresos, afrontar la inflación puede ser extremadamente desafiante. Este ciudadano podría reducir aún más los gastos en bienes y servicios no esenciales, aunque esto puede implicar sacrificios significativos en su calidad de vida. Optará por las opciones más económicas disponibles, incluso si esto significa comprar productos de menor calidad o cambiar a marcas genéricas. Se enfocará en cubrir las necesidades básicas inmediatas, como alimentos y servicios esenciales, en lugar de planificar a largo plazo. Puede recurrir a préstamos a corto plazo, tarjetas de crédito o líneas de crédito de alto interés para cubrir gastos inmediatos, aunque esto pueda empeorar su situación financiera a largo plazo. La ansiedad y el estrés lo pueden llevar a decisiones impulsivas, como compras de pánico o venta de pertenencias personales para obtener liquidez inmediata. Puede evitar decisiones financieras complejas debido al estrés, optando por soluciones inmediatas y más fáciles de entender, incluso si no son las más beneficiosas a largo plazo. Buscará, lo más probable como opción cercana, ayuda financiera o material de familiares, amigos o vecinos, aprovechando redes sociales informales para obtener asistencia. En última instancia podría intentar solicitar ayudas sociales del gobierno o de organizaciones caritativas, como subsidios, cupones de alimentos o lo que sea.

Las políticas contra la inflación adoptadas por los bancos centrales se fundamentan en una combinación de teorías y contribuciones de autores varios. Así la teoría monetarista, y su principal impulsor Milton Friedman afirman que "La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario." Por ello es que abogan controlar la oferta de dinero. Los monetaristas sostienen que un crecimiento excesivo de la oferta de dinero conduce a la inflación. Por lo tanto, proponen políticas para controlar el crecimiento de la oferta monetaria. Dentro de sus medidas, harán que los bancos centrales utilicen herramientas como la tasa de interés de política para influir en la cantidad de dinero en circulación. Autores como David Ricardo, John Stuart Mill, Alfred Marshall, sostienen que los precios se ajustan en función de la oferta y la demanda. Pariendo de ello buscaran controlar la demanda agregada. Así estas políticas clásicas y neoclásicas a menudo implican ajustar las tasas de interés para influir en la demanda agregada. Pues un aumento en las tasas de interés reduce la demanda agregada al encarecer el costo del crédito, lo cual puede ayudar a controlar la inflación. Estas teorías proporcionan el marco conceptual para las acciones de política monetaria, que suelen centrarse en el control de la oferta de dinero y la demanda agregada a través del ajuste de las tasas de interés y otras herramientas monetarias, como ya se comentó varias veces anteriormente. Los bancos centrales modernos a menudo combinan elementos de estas teorías para diseñar políticas que sean adecuadas a las circunstancias económicas específicas.

La crítica a la elección racional del "homo económicos" ha sido objeto de debate considerable en la teoría económica. Esta aproximación simplificada asume que los individuos siempre actúan de manera completamente racional, maximizando su utilidad con información completa y perfecta. Sin embargo, la realidad del comportamiento humano y el funcionamiento de los sistemas económicos es mucho más compleja. En la práctica, los individuos rara vez tienen acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones óptimas. Además, la información disponible puede estar sesgada o ser difícil de interpretar. La teoría de la racionalidad limitada, propuesta por Herbert Simon, reconoce que los seres humanos toman decisiones bajo condiciones de incertidumbre y con capacidades cognitivas limitadas. Esto implica que las decisiones son "satisfactorias" en lugar de "óptimas".

Las decisiones económicas están fuertemente influenciadas por factores emocionales, psicológicos y sociales. Los sesgos cognitivos, como la aversión a la pérdida y el exceso de confianza, pueden distorsionar el proceso de toma de decisiones. Las decisiones individuales no se toman en un vacío; están influenciadas por el comportamiento de otros. Los efectos de red y el comportamiento de manada pueden llevar a resultados que no se predicen bien con modelos de elección racional. Las decisiones económicas están influenciadas por normas sociales y valores culturales que varían significativamente entre diferentes sociedades y contextos.

Afrontar la inflación en una sociedad donde una pequeña élite controla la macroeconomía y una gran parte de la población vive en la pobreza requiere una combinación de políticas económicas y sociales diseñadas para estabilizar los precios mientras se promueve la equidad y el bienestar social. Se podrían ajustar las tasas de interés para controlar la oferta de dinero y reducir la inflación. Sin embargo, es crucial hacerlo de manera que no afecte negativamente a los más pobres, quienes son más vulnerables a los cambios en el costo del crédito. Implementar impuestos progresivos que aseguren que los sectores más ricos contribuyan proporcionalmente más al financiamiento del estado. Reducir la evasión y elusión fiscal para aumentar los ingresos fiscales de los sectores más ricos. Aumentar el gasto en programas sociales que beneficien directamente a los sectores más vulnerables, como subsidios a alimentos, vivienda, salud y educación. Invertir en infraestructura pública que genere empleo y mejore la productividad económica a largo plazo. Crear programas de empleo público temporales para aliviar el desempleo y proporcionar ingresos a las familias más necesitadas. Regular precio de bienes y servicios esenciales para evitar abusos por parte de monopolios y oligopolios. Implementar controles temporales de precios en sectores estratégicos para evitar subidas especulativas. Asegurar el acceso universal a servicios básicos como salud, educación y vivienda. Promover políticas de desarrollo económico que beneficien a todos los segmentos de la sociedad. Fomentar la inversión en sectores que tengan el potencial de generar empleo y mejorar los ingresos de los más pobres. Implementar políticas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza y los ingresos. Crear programas que faciliten el acceso a la propiedad y los activos productivos para las clases más carenciadas.

Afrontar la inflación en una sociedad desigual requiere un enfoque multifacético que combine políticas monetarias, fiscales, de mercado y sociales. Es fundamental que estas políticas se diseñen e implementen de manera coordinada para asegurar que los más pobres no sufran desproporcionadamente y que se promueva un desarrollo económico inclusivo y sostenible. La colaboración entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil es crucial para lograr estos objetivos.

Las políticas deben estar basadas en un entendimiento realista del comportamiento humano y no en modelos idealizados. Esto incluye el diseño de incentivos que tengan en cuenta las limitaciones cognitivas y los sesgos de comportamiento. Las políticas deben ser flexibles y adaptarse a diferentes contextos y grupos demográficos, reconociendo que no hay una solución única para todos. Promover la educación financiera y la capacitación para mejorar la toma de decisiones económicas de los individuos. Asegurar que la información relevante sea accesible y comprensible para todos, ayudando a reducir la asimetría de información.

La crítica al modelo de elección racional del "homo económico" es bien fundada y ha llevado al desarrollo de enfoques más realistas y matizados en la teoría económica. Estos enfoques consideran las limitaciones y complejidades del comportamiento humano y proporcionan una base más sólida para el análisis y la formulación de políticas económicas. Reconocer la diversidad y la riqueza del comportamiento humano es esencial para construir modelos económicos con mayor poder predictivo y relevancia práctica.

MANDATO REPRESENTATIVO E IMPERATIVO. ANÀLISIS DE UN CASO CONTRADICTORIO EN LA LEY

                                                                                            Dr. Victor M. Oxley

La Ley nº 4995 de Educación Superior, en su sección I, de su creación y organización, art. 25, dice “Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley a propuesta del Poder Ejecutivo o de entidades privadas o mixtas. El Congreso autorizará el funcionamiento de las mismas, previo dictamen favorable y fundado del Consejo Nacional de Educación Superior, el cual tendrá carácter vinculante, conforme lo establecido en el Artículo 9º, Inc. c) de la presente Ley.

Ahora, la misma Ley nº 4995 de Educación Superior, en su sección II, de las funciones del Consejo Nacional de Educación Superior, art. 9º dispone que “Dictaminar sobre la creación y clausura de universidades e Institutos Superiores. Los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos Superiores tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional; y deberán fundarse en el informe técnico proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES).” 

Ahora, el art. 26, prescribe “La solicitud de creación de una universidad deberá estar acompañada por los siguientes documentos:

a. Estatutos que regirán el funcionamiento de la entidad, garantizando una organización y funcionamiento adecuados al mejor desempeño de las funciones educativas que le corresponden.

b. Los documentos justificativos del dominio y posesión de los inmuebles, edificaciones, equipos, instrumentos, materiales didácticos, y otros requerimientos necesarios en condiciones de seguridad, calidad y cantidad, necesarias para el eficiente funcionamiento de todos los planes y programas administrativos, académicos y de investigación que se describen en el proyecto.

c. Proyecto educativo institucional, que comprenda: 1) identidad institucional, 2) fines y objetivos del centro, 3) organización, 4) normativa interna, 5) recursos humanos (docentes con habilitación pedagógica, personal técnico, administrativo y de dirección, que se harán cargo de la ejecución de los fines de la institución), 6) recursos materiales (laboratorios, equipamiento e instalaciones), 7) recursos para llevar a cabo actividades académicas: enseñanza (grado y postgrado), investigación, y extensión, según cada caso específico, el cual estará determinado por las carreras a ser implementadas.

d. La institución educativa tendrá académicos con título de postgrado en un porcentaje a ser definido según los estándares de calidad indicados por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) para cada carrera.

e. Constancia de disponibilidad y de compromiso de cada uno de los componentes del cuerpo docente propuesto.

f. Un proyecto educativo por cada carrera a ser impartida, que contenga: 1) fundamentación, 2) objetivos (generales y específicos), 3) perfil del graduado, 4) requisitos de admisión, 5) planes y programas de estudios, 6) organización y estructura curricular, 7) sistema de evaluación, 8) requisitos de graduación, 9) recursos humanos dedicados a la carrera, 10) gestión de la carrera.

g. Proyecto económico que demuestre las fuentes de financiamiento, la viabilidad económico-financiera, la sostenibilidad y la utilización de los recursos.

h. Las inscripciones, certificaciones, licencias y autorizaciones que las diversas normas legales exigen a las inversiones de capital a los proyectos de obras, equipamientos. 

i. El cronograma de realización y desarrollo del proyecto educativo institucional.

j. Todas aquellas que el Consejo Nacional de Educación Superior estime necesarias para cada caso específico.

También en relación con el anterior, el art. 27, sostiene que “El Consejo Nacional de Educación Superior revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos y realizará una evaluación técnica de la propuesta, a partir de la solicitud de creación y de los respectivos documentos respaldatorios. Las solicitudes de creación que no cumplieren con los requisitos académicos, económicos, administrativos y legales correspondientes serán devueltas a los solicitantes con el dictamen que contenga los motivos del rechazo. Una vez subsanadas las falencias señaladas en el dictamen respectivo, los interesados podrán volver a presentar las solicitudes correspondientes para someterlas a una nueva consideración, una vez transcurridos 6 (seis) meses de la notificación del dictamen de rechazo. El Consejo Nacional de Educación Superior dispondrá un plazo máximo de 1 (un) año, a partir de la presentación de los proyectos de creación de Universidades para emitir su dictamen. Así también el art. 28, “Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley, el Consejo Nacional de Educación Superior remitirá el informe del proyecto de creación de la universidad al Congreso Nacional, adjuntando el dictamen vinculante, para su tratamiento correspondiente. Y el art. 29, “Sancionada la Ley de creación de una universidad por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo, durante los primeros 5 (cinco) años desde su creación, estas solo podrán desarrollar el proyecto que fuera aprobado, no pudiendo ofrecer otras carreras, programas de postgrados, ni crear otras facultades, unidades académicas o abrir filiales que las aprobadas en su proyecto de creación.

 De lo anterior expuesto tenemos que:

 1)      “Las universidades, tanto públicas como privadas, serán creadas por Ley”  

2)      “Los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos Superiores (que debe emitir el CONES) tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional”

3)       “Cumplidos los requisitos establecidos en la Ley, el Consejo Nacional de Educación Superior remitirá el informe del proyecto de creación de la universidad al Congreso Nacional, adjuntando el dictamen vinculante, para su tratamiento correspondiente”

4)       “Las solicitudes de creación que no cumplieren con los requisitos académicos, económicos, administrativos y legales correspondientes serán devueltas a los solicitantes con el dictamen que contenga los motivos del rechazo”

Ahora, partiendo de las condiciones, de un proyecto de creación de una Universidad Pública, en el caso que el proyecto presente documentos que describa tal formalidad, ¿cómo esta propuesta justificará, por ejemplo, Los documentos justificativos del dominio y posesión de los inmuebles, edificaciones, equipos, instrumentos, materiales didácticos, y otros requerimientos, o también recursos materiales (laboratorios, equipamiento e instalaciones), así como también “Constancia de disponibilidad y de compromiso de cada uno de los componentes del cuerpo docente propuesto” (véase el art. 26)? pues la Universidad mencionada por el lenguaje se encuentra en una opacidad referencial, no tiene referente real, así esta jamás los tendrá en el estado solo hipotético nominal en el cual se la refiere, pues para tenerlos debe tener naturaleza jurídica, y lo que la ley de creación justamente busca es dotarla de tal condición.

De principio, si el caso de proyecto de creación fuese una Universidad Pública, jamás podrá superar aquello de que el Consejo Nacional de Educación Superior revisará el cumplimiento de los requisitos establecidos y realizará una evaluación técnica de la propuesta, a partir de la solicitud de creación y de los respectivos documentos respaldatorios (véase el art. 27), pues este ente, llámese universidad, a crearse, está imposibilitado en el estado ficcional que se encuentra de cumplirlos.

Siendo esta la situación, es claro que el CONES, a partir de la evaluación de la ANEAES sobre el proyecto de creación de la Universidad Pública, emitirá un dictamen desfavorable (véase el art. 27) y en contra de la creación, pues no tiene salida ante tal condición.

Llevando más allá, lo anterior, contextualizando todo en un escenario más complejo lo expuesto, podemos describir que el “mandato imperativo” es una forma verbal, muy coloquial, utilizada para expresar órdenes, solicitudes, instrucciones o ruegos de manera directa. Se usa para dirigirse a una o varias personas y exigir una acción concreta. En castellano coloquial, el imperativo se conjuga de manera diferente según el número y la formalidad del interlocutor. Algunos ejemplos de mandato imperativo podrían ser:

- "¡Ven aquí!" (orden directa a una persona en tono informal)

- "Por favor, cierren la puerta." (solicitud a varias personas)

- "Haga su tarea." (orden a una persona en tono formal)

El imperativo puede ser positivo (para decir lo que alguien debe hacer) o negativo (para decir lo que alguien no debe hacer):

- Imperativo positivo: "Come tus verduras."

- Imperativo negativo: "No hables durante la película."

En el ámbito jurídico, el “mandato imperativo” se refiere a una instrucción o norma que debe ser cumplida de manera obligatoria. Es un precepto que emana de una autoridad con poder para imponerlo y que no deja margen de discrecionalidad o interpretación para quien recibe la orden. Este tipo de mandato se caracteriza por su carácter vinculante y coercitivo.

En el contexto del derecho, las leyes y reglamentos, pues estas son disposiciones legales que deben ser cumplidas por los ciudadanos y cuya infracción puede conllevar sanciones. Las órdenes judiciales, es decir los mandatos emitidos por un juez que deben ser acatados por las partes involucradas en un proceso judicial. También por ejemplo los mandatos administrativos, pues son instrucciones dadas por autoridades administrativas que tienen que ser obedecidas por los destinatarios.

El mandato imperativo en el derecho puede contrastarse con el “mandato dispositivo”, donde las partes tienen mayor libertad para decidir sobre la acción a tomar dentro de los límites de la ley. Así, una sentencia judicial que obliga a una parte a realizar una acción específica. Una ley que prohíbe cierto comportamiento (por ejemplo, una ley que prohíbe fumar en espacios públicos). Una orden administrativa que exige el cumplimiento de ciertas normas de seguridad en el trabajo.

Un postulado Constitucional es el principio de separación de poderes que establece que las distintas ramas del gobierno (legislativa, ejecutiva y judicial) tienen funciones y competencias claramente definidas. Así, las agencias estatales, que forman parte del poder ejecutivo, pueden tener competencias delegadas por la legislación para emitir dictámenes vinculantes en ciertas materias, especialmente técnicas o especializadas.

Es muy cierto que un dictamen vinculante significa que las decisiones de una agencia deben ser acatadas por otras entidades y personas, y no pueden ser ignoradas o modificadas sin seguir procedimientos específicos, ya que la legislación que otorga esta potestad busca asegurar la uniformidad y la aplicación consistente de normas en áreas donde se requiere especialización técnica (por ejemplo, regulaciones institucionales, ambientales, telecomunicaciones, etc.).

Está muy claro que el poder legislativo, a través de cámaras parlamentarias, tiene la potestad de crear, modificar y derogar leyes. Las leyes establecen el marco dentro del cual las agencias estatales operan. La autoridad del poder legislativo es más amplia y abarca la creación de políticas públicas, mientras que las agencias ejecutivas aplican y administran esas políticas.

Ahora, aunque los dictámenes de una agencia puedan ser vinculantes, generalmente hay mecanismos de control y supervisión para garantizar que estas agencias no actúen fuera de sus competencias o de manera arbitraria. Los tribunales administrativos o constitucionales pueden revisar la legalidad de los actos administrativos, incluyendo los dictámenes vinculantes de las agencias estatales.

La naturaleza del mandato legislativo, es de carácter “representativo”.  Pues los legisladores son elegidos por los ciudadanos para actuar en su nombre y tomar decisiones en base a su propio juicio y criterio. Este mandato les otorga autonomía para deliberar y decidir, sin estar sujetos a instrucciones externas a las suyas o propias. Tienen la libertad de usar su propio juicio para tomar decisiones. El mandato representativo permite a los legisladores responder de manera más flexible y eficaz a situaciones cambiantes y complejas, sin estar atados a instrucciones rígidas.

Como se describió más atrás, en el ámbito jurídico, el “mandato imperativo” se refiere a una instrucción o norma que debe ser cumplida coercitivamente de manera obligatoria, así aquello de que “los dictámenes de creación de universidades y de los Institutos Superiores (que debe emitir el CONES) tendrán carácter vinculante ante el Congreso Nacional”, se entiende como un “mandato imperativo” y de naturaleza coercitiva.

Ahora, también está muy claro que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en su artículo 201 prescribe, “… Los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”,  de esto se deriva que la autoridad del parlamento para crear leyes, incluyendo la creación de universidades estatales, es superior a la de cualquier agencia estatal que emite dictámenes vinculantes, ya que en ejercicio de su mandato representativo, el parlamento puede decidir crear la universidad estatal a pesar del dictamen de la agencia, considerando que es una decisión de interés público. En el caso de un conflicto entre un dictamen vinculante de una agencia estatal y una decisión legislativa, la jerarquía normativa determina cuál prevalece.

La cuestión que zanja este dilema es la distinción básica de dos procesos distintos, distinguidos por la misma ley nº 4995 de Educación Superior, que por un lado diferencia un acto, y por otro un hecho. Una cosa es la creación y muy otra es el funcionamiento. Para la creación de universidades o institutos de educación superior públicos solo es necesaria la voluntad política en ambas cámaras del poder legislativo, cuya voluntad está legitimada en la cúspide, según descripción de la pirámide de Kelsen. Ahora, en cuanto al funcionamiento, todas las universidades o los institutos de educación superior ya sean públicos o privados, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por la ley y evaluados estos por el Consejo Nacional de Educación Superior quien las revisará en el cumplimiento de lo que la ley establece. Como se ve, la creación de una universidad pública no implica que ya está habilitada para funcionar, solo se la dota de existencia formal, y de aquí se posibilita pueda empezar el proceso para describir y poner a consideración su proyecto académico-institucional con miras a la concreción de su realidad material.

De hecho, como casos que cuadran con los comentarios anteriores tenemos la creación de la Universidad Nacional Taiwán-Paraguay y la Universidad Nacional de Misiones.

El sistema de separación de poderes permite que el poder legislativo ejerza control sobre las agencias del poder ejecutivo, incluyendo la posibilidad de contradecir sus dictámenes a través de la legislación. Así pues, el parlamento puede seguir los procedimientos legislativos establecidos para aprobar una ley que cree la universidad estatal. Si llevamos más allá el razonamiento, encontramos que también puede darse el caso, de que la agencia evaluadora dictamine favorablemente la creación de una universidad, pero por razones consideradas en el Parlamento, los legisladores consideren no llevarla a concreción, así resulta que estos no están sujetos coercitivamente al “mandato imperativo” de la agencia que les obliga a acatar tal disposición ajena a su potestad fundada en un mandato representativo. El equilibrio entre el poder legislativo y las agencias estatales se mantiene a través de mecanismos democráticos y constitucionales.

La Constitución Nacional instituye en su art. 46, De la igualdad de las personas que “Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien …”; así también en el art. 47, De las garantías de la igualdad que “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: … 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura”; y en el art. 56, De la juventud “Se promoverán las condiciones para la activa participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país”, y más concisamente en su art. 73, Del derecho a la educación y de sus fines que “Toda persona tiene derecho a la educación integral y permanente, que como sistema y proceso se realiza en el contexto de la cultura de la comunidad. Sus fines son el desarrollo pleno de la personalidad humana y la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y la integración de los pueblos; el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos; la afirmación del compromiso con la Patria, la identidad cultural y la formación intelectual, moral y cívica, así como la eliminación de los contenidos educativos de carácter discriminatorio. La erradicación del analfabetismo y la capacitación para el trabajo son objetivos permanentes del sistema educativo”. La creación de una Universidad Pública viene a hacer factible y posible que los fines buscados en los preceptos y prescripciones constitucionales, como los de los artículos citados tengan la oportunidad de ser concretados.

 

FUNDACIÓN DEL PARTIDO LIBERAL EN EL PARAGUAY. IDEOLOGÍA Y FILOSOFÍA

                                                                            Dr. Victor Oxley/victoroxley@gmail.com

Comunicación presentada en el acto organizado por el presidente del PLRA Dr. Hugo Fleitas y autoridades del partido, bajo la denominación de “Conferencia sobre la Historia del Liberalismo Paraguayo”, realizada el lunes 8 de julio en el Centro Mayor Galería de arte.

El origen del Partido Liberal paraguayo se remonta a los memorables debates parlamentarios que tuvieron lugar a partir de 1880 en las cámaras del Congreso Nacional. En estos debates cívicos destacaron figuras como los senadores Cirilo Solalinde, Antonio Zayas, Francisco Soteras entre otros, así como los diputados Antonio Taboada, José María Fretes e Ignacio Ibarra. En la prensa, periodistas como José de la Cruz Ayala (Alón), Cecilio Báez, Fabio Queirolo, y muchos más, se destacaron con sus escritos. Durante el período entre 1880 y 1886, la integración de parlamentarios y periodistas, junto con grupos como la "Sociedad de Artesanos del Paraguay", la Escuela de Derecho y el Colegio Nacional de la Capital, dieron origen al Partido Liberal en Paraguay.

Después de la devastadora guerra contra la Triple Alianza, Paraguay se enfrentó a un proceso de reconstrucción. En este contexto, surgieron líderes militares y civiles que buscaban consolidar el poder y estabilizar el país. La influencia de los líderes militares que participaron en la guerra moldeó la cultura política hacia una tendencia autoritaria y centralizada. Este grupo de caudillos, que posteriormente formaría parte de la élite política, se enfocó en mantener el control en la capital a favor de una élite estrechamente ligada al ejército. Hubo una represión significativa de la oposición política y una resistencia marcada a cualquier reforma que pudiera alterar la distribución del poder o la estructura social existente. En las elecciones de junio de 1887 en Villarrica, un gran fraude a favor del Gral. Bernardino Caballero marcó un punto crítico. Este evento destruyó el optimismo de la oposición de alcanzar el poder democráticamente y los impulsó a organizarse. El Centro Democrático, firmó su acta constitucional el 10 de julio de 1887, y esta fecha es considerada el inicio oficial del Partido Liberal en Paraguay. Varios líderes del naciente Partido Liberal enfatizaban la lucha por la preservación del patrimonio fiscal, la educación popular y la democracia representativa. Taboada instaba a defender el patrimonio fiscal y la educación, mientras que Ibarra destacaba el papel del Centro Democrático como partido de oposición que buscaba justicia y orden. Ayala prometía devolver tierras a los campesinos, establecer escuelas y asegurar libertad electoral, llamando a unirse en defensa de los derechos civiles y las causas justas del pueblo. En los comicios de 1890 volvería el fantasma del fraude. Definitivamente por las urnas jamás se alternaría el poder. Esto llevaría a cambiar la estrategia de no ir por la revolución de las urnas y sí por la de las armas, con el saldo negativo de la trunca revolución del 18 de octubre de 1891.

El Dr. Cecilio Báez esgrimía palabras y argumentos muy duros en contra de las voluntades republicanas de los colorados que han ejercido los gobiernos hasta esos primeros años del siglo XX. Como intelectual de primera línea e ideólogo en igual cumbre prescribirá en los puntos principales, del ideario-programa de 1902 del partido Liberal lo que sigue: 

        “El Partido Liberal, organizado en cuerpo político, tiene por objeto realizar los grandes propósitos consignados en el Preámbulo de la Constitución Nacional. Organizar la libertad es crear               instituciones a propósito, que garanticen los derechos individuales, es decir, el libre ejercicio de las facultades del hombre. Organizar la libertad es señalar lindes a la autoridad y señalar al ciudadano sus deberes y derechos, entre cuales sirve de base a todo el sistema, el derecho del sufragio. El Partido Liberal asume la responsabilidad de establecer un sistema electoral, con arreglo a los                 principios más avanzados, destinado a hacer efectiva la verdad del sufragio. El Partido Liberal debe ayudar eficazmente a todas las industrias lícitas creadas o por crearse en el país, en tanto que no afecten los intereses del consumidor, y al mismo tiempo, fomentar el espíritu de solidaridad nacional. Se compromete el Partido Liberal a reformar las leyes de tierras públicas, evitando la formación de latifundios o sea el acaparamiento en pocas manos de vastas extensiones de terrenos improductivos, y, asimismo, propender a que cada habitante tenga su solar suficiente para su hogar y el desarrollo de sus actividades, y que el Estado posea en todo tiempo tierras disponibles para los ciudadanos del porvenir y para la colonización. El Partido Liberal va a promover la acción combinada del Estado y de los  particulares para la realización de obras  públicas, que requiere el desarrollo  progresivo del país; tender a que la  educación común consista en la  enseñanza de la moral y en la elevación de los sentimientos, encaminándolos a despertar en el ciudadano hábitos de trabajo, de orden y de economía; a metodizar y morigerar sus costumbres, fortificar su carácter, estimular su amor a la patria y a sus instituciones, así como fomentar el espíritu de solidaridad nacional”.

La revolución armada, exitosa de 1904, derroca al Presidente Juan Gualberto González. Pero las discrepancias y oposiciones, a que conformen colorados el gabinete por parte del ala “radical” del liberalismo, ante los “conservadores “cívicos”, aleja a estos. En 1908 la revolución radical triunfante, empieza una nueva etapa en la política nacional, con acciones que buscan modernizar al país al calor del credo radical liberal. Podemos señalar que en el año de 1916 se modifica el Estatuto del Partido Liberal. Este fue redactado por el Dr. Eusebio Ayala. Justo Pastor Benítez recuerda que llega al Partido Liberal en 1916. En ese año dice: 

“ingresamos al Partido Liberal cerca de cuarenta jóvenes, con un caudal de ideas sociales, con preocupaciones que superaban el esquema individualista del siglo decimonónico”.  En otra parte también recuerda que en ese grupo “[…] figuraban poetas como Molinas Rolón y Ortíz Guerrero; Lisandro Díaz León y Federico García eran marcadamente socializantes […]”.  

En 1919, Justo Pastor Benítez –quien sostenía lucidamente que 

"un partido es una comunidad de ideales, y no un eslabonamiento de vínculos comunes de dependencia"- es uno de los redactores de un “ideario-programa” 

que luego será el programa del Partido Liberal cuando es candidato Eligio Ayala. El Dr. Benítez, doctrinariamente hablando se entendía muy bien con Eligio Ayala.  El ideario del año 1919 proponía posiciones políticas de avanzada para su época, y aunque fue resistido como es natural por algunos referentes más viejos del partido, con el tiempo se fue adoptando como programa de gobierno del Partido Liberal.  Ya al empezar, en el subcapítulo dedicado a los partidos políticos, anuncia que es la hora ―en que los antiguos valores, arrastrados por el tiempo, ceden su lugar a nuevas fuerzas, y dice explícitamente más adelante que 

"los partidos necesitan hoy programas definidos, no vagos preceptos de justicia y libertad. La política ha perdido su carácter genérico para adquirir otro más específico y concreto. La política contemplativa y liberal cede su puesto a una política más radical, que podríamos caracterizar llamándola constructiva. El Partido Liberal necesita renovar periódicamente su ideario político de acuerdo con las necesidades del momento. Esa constante renovación, que es su característica, es, también, la verdadera garantía de su vida y su progreso", un ejemplo de tales ideas es lo que opinan sobre la doctrina del laissez faire, que para ellos no tiene justificación en un país de baja organización como el Paraguay, por ello es que prefieren adoptar el punto en el que "en pueblos de organización incipiente como el nuestro, no tiene justificación el laissez faire. El Estado ha de concurrir con su ayuda, con su influencia, con su capital y con su autoridad a solucionar los problemas que la iniciativa particular no puede resolver o solo puede hacerlo deficientemente. La intervención del Estado en el Paraguay no es una teoría, sino una necesidad pública”.

John Locke, considerado el padre del liberalismo moderno, desafió el absolutismo monárquico al empoderar a los individuos y establecer los cimientos para las democracias liberales. Su pensamiento se centra en la defensa de los derechos naturales y la propiedad privada como derivados del trabajo. Locke sostenía que la propiedad privada es un derecho natural derivado del trabajo. Cuando una persona mezcla su trabajo con la naturaleza, adquiere derechos sobre el resultado de ese trabajo; de aquí deriva o mejor dicha asocia según su razonamiento, que la protección de la propiedad privada es una de las principales responsabilidades del gobierno y que la legitimidad del gobierno se basa en su capacidad para proteger los derechos naturales de los ciudadanos. Así, el gobierno tiene una función específica y limitada: proteger los derechos naturales de los ciudadanos. Cualquier acción que exceda esta función es ilegítima. Estas ideas sentaron las bases del liberalismo moderno.

El liberalismo clásico-conservador prioriza los derechos individuales y la economía sin una intervención significativa del Estado, lo cual resulta en una concentración de riqueza y poder en pocas manos, agravando las desigualdades existentes. La falta de intervención estatal en áreas cruciales como educación, salud y vivienda perpetua diferencias de clase y limita la movilidad social, ya que no todos tienen acceso equitativo a estos recursos. Este enfoque en la responsabilidad individual deja a los individuos vulnerables durante crisis como desempleo o enfermedades, perpetuando ciclos de pobreza sin abordar adecuadamente las barreras estructurales como la discriminación o el acceso desigual a una educación de calidad. Además, el énfasis en el mérito individual y la competencia generan resistencia a políticas redistributivas y reformas estructurales que son necesarias para abordar las desigualdades sistémicas y promover un desarrollo más equitativo. El individualismo extremo del liberalismo clásico-conservador, debilita la cohesión social y la solidaridad necesaria para impulsar cambios sociales significativos. Esto fragmenta el compromiso colectivo necesario para una democracia saludable, al tiempo que las desigualdades económicas se traducen en desigualdades en el poder político, permitiendo que individuos o grupos con mayores recursos influyan desproporcionadamente en el proceso democrático. Si bien el liberalismo clásico ha sido crucial para promover derechos individuales y libertades económicas, su falta de atención a las desigualdades estructurales y necesidades colectivas presenta desafíos significativos para la justicia social y el progreso equitativo en las sociedades contemporáneas.

La palabra "radical" tiene su origen en el latín. Deriva de la palabra latina "radix", que significa "raíz". El término "radical" se utilizaba en latín medieval para referirse a algo que procede de la raíz o que es fundamental. En política, la palabra "radical" refiere a personas o movimientos que abogan por cambios profundos y fundamentales en la estructura social, económica o política, es decir, cambios que van a la raíz de los problemas. En este contexto, ser "radical" implica estar a favor de reformas profundas en contraste con enfoques más conservadores o graduales. Así, la etimología de "radical" refleja la idea de ir a la raíz o base de una cuestión, tanto en su sentido original como en su uso metafórico en contextos políticos y sociales. Entre los principales líderes de los liberales radicales, por ejemplo, en su cuna misma: Inglaterra, se encuentran figuras como William Gladstone, quien promovió varias reformas progresistas durante sus mandatos como Primer Ministro, Thomas Hill Green, Leonard Trelawny Hobhouse, David Lloyd George, y Joseph Chamberlain. Todos liberales impulsores y moldeadores de las políticas y el desarrollo social de Inglaterra en el cambio de siglo, con iniciativas y énfasis en la justicia social, la equidad y la democracia.

En nuestras latitudes, el Partido Colorado, tanto antes como después de su formalización en 1887 y hasta 1904, a pesar de su adhesión al liberalismo decimonónico de la época, se caracterizó por prácticas autoritarias, un poder centralizado, la defensa del estatus quo y el conservadurismo. Los presidentes y dirigentes de origen militar jugaron un papel clave en la formación y consolidación de su poder, manteniendo una política que favorecía la estabilidad a través del control centralizado y la represión de la oposición.

El ascenso y sostenimiento del Liberalismo Radical en la cúspide del poder en el Paraguay, podemos decir de 1908 hasta 1940, se debió en gran parte a que supo comprender la necesidad de articular su ideario, su discurso y la acción en conjunción con las demandas urgentes de las clases trabajadoras, pues siempre estuvo afín en pos de abogar acciones con el fin de abolir las asimetrías sociales que atomizaban al trabajador, por ello supo ganar las adherencias de estos en competencia directa a las agrupaciones llámense anarquistas o socialistas de aquella época; ya lo expresaba Justo Pastor Benítez cuando afirmaba que 

"solo un gran partido imbuido de su misión, alentado por ideas reformistas, de pensamiento creador y aglutinante y de espíritu combativo, puede colaborar en la creación de ese ambiente depurado. Ninguna revolución o transformación social se han podido hacer sin un pensamiento alentador, sin doctrina." 

Los primeros líderes liberales fueron hombres del pueblo, representantes de las aspiraciones colectivas de mejora. El Partido Liberal se fundó para defender a los pobres, a los trabajadores, a la masa proletaria tanto de la ciudad como del campo. Su objetivo era luchar por los atributos que convierten a una comunidad en un pueblo organizado, culto y libre, en oposición a ser simplemente una masa bien alimentada a expensas de su libertad. El partido se oponía a los privilegios y a las castas –comentaba Justo Pastor Benítez-.

Y queriendo cerrar esta perspectiva de la significación del partido liberal en su historia misma, citamos las palabras de Justo Pastor Benítez, quien dijo: 

"En nuestro país se filia mejor a las personas por el temperamento que por las ideas. Llamamos radicales a los intransigentes. El Radicalismo, sin embargo, debe significar amor a la reforma y a los cambios fundamentales, audacia de pensamiento y valentía de las ideas. Convencen más los hombres transigentes y radicales en el pensamiento, que los empecinados en la actitud y atrasados en mentalidad. De radicalismo, estos no tienen sino la fachada".

Expresamos nuestras felicitaciones al Partido Liberal Radical Auténtico por sus 137 años de vigencia, deseándole mejores vientos a favor por el bien del pueblo paraguayo y de la democracia en la República del Paraguay.