Filósofo artefactualista estructural. Investigador en educación matemática y analista político. Su n

miércoles, 18 de noviembre de 2026

La Filosofía: entre la celebración y la irrelevancia

Una reflexión crítica con motivo del Día Mundial de la Filosofía

                                                                                         Victor Oxley

Hay una paradoja que merece ser examinada precisamente en el día en que celebramos la filosofía: pocas actividades intelectuales reciben tantos homenajes por su importancia histórica y, sin embargo, pocas parecen encontrarse tan desplazadas de los espacios donde actualmente se produce, organiza y legitima el conocimiento humano.

Celebramos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y tantos otros. Recordamos sus preguntas, reproducimos sus sentencias y reconocemos sus contribuciones a la formación del pensamiento. Pero cabe preguntarse si esa celebración no encierra una contradicción: ¿estamos celebrando una actividad intelectual todavía viva o rindiendo homenaje a una forma de conocimiento que hemos decidido relegar al pasado? La pregunta no es retórica.

Ya Bertrand Russell, en Los problemas de la filosofía (1912, cap. XV), advertía que la filosofía era frecuentemente considerada una actividad inútil, dedicada a distinciones excesivamente sutiles y controversias aparentemente irresolubles. Más de un siglo después, esa sospecha no ha desaparecido.

La ciencia contemporánea ha alcanzado niveles extraordinarios de especialización. Las tecnologías transforman nuestras condiciones de existencia con una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial interviene en actividades que hasta hace poco considerábamos expresiones distintivas de la inteligencia humana. Mientras tanto, las instituciones educativas privilegian cada vez más los conocimientos asociados con competencias operativas, productividad y resultados mensurables.

En ese escenario, la filosofía parece ocupar una posición incómoda: se reconoce su importancia cultural, pero se cuestiona su utilidad cognoscitiva. Y aquí comienza el verdadero problema.

I. La paradoja del reconocimiento filosófico

Conviene introducir una distinción conceptual que permita formular con mayor precisión esta situación. Llamemos reconocimiento simbólico a la valoración pública de una actividad intelectual expresada mediante celebraciones, homenajes, declaraciones institucionales y referencias a su importancia cultural. Llamemos, en cambio, reconocimiento epistemológico a la aceptación de esa actividad como una práctica legítima de producción, examen y justificación de conocimientos. Ambas formas de reconocimiento son conceptualmente diferentes. Una disciplina puede recibir abundantes homenajes sin que sus métodos, problemas y resultados sean considerados relevantes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre el conocimiento.

Si representamos mediante F la actividad filosófica, mediante Rₛ(F) su reconocimiento simbólico y mediante Rₑ(F) su reconocimiento epistemológico, podemos expresar la paradoja mediante la siguiente relación:

Rₛ(F) ↑ ∧ Rₑ(F) ↓

La expresión puede leerse sencillamente: mientras aumenta el reconocimiento simbólico de la filosofía, disminuye su reconocimiento epistemológico. El símbolo ∧ significa «y»; las flechas indican las direcciones contrapuestas de ambas tendencias. No estamos afirmando que exista una relación causal necesaria entre ellas, ni que esta evolución haya sido demostrada mediante una medición histórica. La expresión representa una hipótesis crítica sobre una situación que merece ser investigada. Lo importante es que ambas tendencias pueden coexistir sin contradicción lógica. Podemos celebrar públicamente la filosofía y, al mismo tiempo, excluirla de los espacios donde se considera que se produce conocimiento relevante.

De aquí surge una primera conclusión:

El reconocimiento cultural de una disciplina no implica necesariamente el reconocimiento de su legitimidad epistemológica.

Formalmente:

Rₛ(F) ⇏ Rₑ(F)

Es decir, del reconocimiento simbólico de la filosofía no se sigue, por sí solo, su reconocimiento como actividad productora de conocimiento.

La multiplicación de homenajes, congresos y conmemoraciones no constituye necesariamente una evidencia de vitalidad filosófica. La filosofía puede ocupar un lugar destacado en nuestros discursos culturales y, simultáneamente, uno marginal en nuestras prácticas de conocimiento.

II. ¿Para qué sirve la filosofía?

La pregunta por la utilidad de la filosofía no es nueva. Russell la abordó explícitamente en 1912, cuando sostuvo que su valor debía buscarse, en gran medida, en su propia incertidumbre. Su argumento era que la filosofía amplía nuestra comprensión de lo posible y nos libera de la aceptación irreflexiva de las creencias habituales. Esta observación merece ser examinada.

Si entendemos la utilidad exclusivamente como la capacidad de producir resultados técnicos inmediatos, la filosofía difícilmente podrá competir con las ciencias aplicadas. Pero si reconocemos que la comprensión, la justificación y el examen de presupuestos constituyen también actividades cognitivas valiosas, la cuestión cambia radicalmente.

Podemos construir sistemas capaces de ejecutar operaciones matemáticas extraordinariamente complejas sin haber resuelto por ello qué clase de objetos son los números. Podemos desarrollar sistemas de inteligencia artificial sin haber alcanzado un acuerdo filosófico sobre la naturaleza de la inteligencia. Podemos perfeccionar instituciones políticas sin haber esclarecido suficientemente las relaciones entre legitimidad, autoridad, representación y poder. Estos problemas no desaparecen cuando dejamos de formularlos. Simplemente permanecen ocultos bajo el éxito de nuestras operaciones.

La filosofía comienza precisamente donde la eficacia deja de constituir una respuesta suficiente.

No significa que la filosofía deba apropiarse de cualquier problema todavía irresuelto. Significa que existen cuestiones cuya respuesta exige algo diferente de la mera ejecución exitosa de procedimientos. La eficacia técnica puede mostrarnos que algo funciona. No siempre puede decirnos qué significa, qué presupone o bajo qué condiciones se encuentra justificado.

III. Mario Bunge y la filosofía que no puede permanecer indiferente

Mario Bunge ocupa un lugar especialmente significativo en esta discusión. Su proyecto filosófico constituye una de las expresiones más ambiciosas del esfuerzo contemporáneo por construir una filosofía rigurosa, sistemática y vinculada con el conocimiento científico. Bunge rechazó tanto la especulación desligada del conocimiento disponible como la pretensión de reducir toda investigación racional a procedimientos empíricos.

En The Philosophical Richness of Technology (1976), escribió: «There is philosophy in or behind every piece of human knowledge» (Hay filosofía en cada pieza de conocimiento humano, o detrás de ella). Esta afirmación introduce una cuestión decisiva.

La filosofía puede encontrarse presente en nuestras prácticas intelectuales incluso cuando quienes las realizan no reconocen explícitamente su presencia.

Las teorías científicas presuponen categorías ontológicas, compromisos epistemológicos y criterios metodológicos. Las tecnologías incorporan decisiones acerca de fines, medios, funciones y valores. Las instituciones políticas operan mediante conceptos de autoridad, representación, legitimidad y responsabilidad.

La filosofía no aparece necesariamente después de estas actividades, como un comentario externo. Puede intervenir en sus propias condiciones conceptuales de posibilidad. Pero la lección bungeana contiene también una exigencia dirigida a los filósofos. No basta con identificar presupuestos filosóficos. Es necesario examinarlos críticamente, reconstruirlos con precisión y evaluar su coherencia con los conocimientos disponibles.

En La ciencia, su método y su filosofía (1960), Bunge destacó la importancia de formular claramente los problemas, precisar los conceptos y someter las proposiciones al examen racional. Esta exigencia metodológica, aunque formulada en el contexto de la investigación científica, ofrece una orientación particularmente fecunda para la actividad filosófica. Una filosofía que no logra identificar con precisión sus problemas difícilmente podrá justificar sus respuestas. Y una filosofía que convierte la oscuridad discursiva en signo de profundidad intelectual termina debilitando sus propias pretensiones cognitivas.

La admiración por Bunge, sin embargo, no exige aceptar sin reservas todas sus tesis. Precisamente una filosofía inspirada en su exigencia de rigor debe estar dispuesta a revisar también sus compromisos ontológicos y epistemológicos. La fidelidad intelectual no consiste en conservar intactas las conclusiones de un maestro, sino en mantener viva la disposición crítica que hizo posible su obra.

IV. Wittgenstein y la responsabilidad del lenguaje

Ludwig Wittgenstein introdujo una perspectiva diferente. En el §109 de sus Investigaciones filosóficas (1953), caracterizó la filosofía como una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. La expresión encierra una advertencia fundamental: no todos los problemas que parecen profundos poseen necesariamente la estructura que les atribuimos.

En ocasiones, nuestras dificultades provienen de confusiones conceptuales, desplazamientos de significado o usos del lenguaje que nos conducen a formular preguntas engañosas. La tarea filosófica exige entonces examinar cómo utilizamos nuestros conceptos y qué condiciones permiten que nuestras afirmaciones tengan sentido.

No es necesario adoptar íntegramente la concepción wittgensteiniana de la filosofía para reconocer la importancia de esta exigencia. El análisis conceptual constituye una condición indispensable para distinguir problemas genuinos de dificultades producidas por nuestras propias formulaciones.

La precisión lingüística no garantiza por sí sola la verdad de una tesis, pero la imprecisión puede impedir incluso determinar qué estamos afirmando. Esto adquiere especial relevancia en una época en la que circulan enormes cantidades de información, opiniones y afirmaciones cuya apariencia de inteligibilidad no siempre corresponde con una estructura conceptual suficientemente determinada.

La filosofía no debería contribuir a multiplicar las confusiones del lenguaje, sino a esclarecerlas.

V. Popper y la filosofía como ejercicio de crítica racional

Karl Popper ofreció otra contribución fundamental: la defensa del conocimiento como una empresa abierta a la crítica y a la corrección de errores. En Conjectures and Refutations (1963), desarrolló una concepción del crecimiento del conocimiento centrada en la formulación de conjeturas y su sometimiento al examen crítico. Su racionalismo crítico cuestionó la pretensión de establecer sistemas de conocimiento definitivamente inmunes a la revisión. Esta orientación tiene consecuencias importantes para la propia filosofía.

Una doctrina filosófica no adquiere legitimidad porque pertenezca a una tradición prestigiosa, porque haya sido formulada por un pensador reconocido o porque sus seguidores hayan construido alrededor de ella una escuela intelectual. Su legitimidad depende de la calidad de sus argumentos y de su capacidad para responder a objeciones pertinentes. Desde esta perspectiva, el filósofo no debería ser un custodio de doctrinas, sino un investigador dispuesto a someter sus propias convicciones al examen racional. Aquí aparece una distinción fundamental entre practicar filosofía y limitarse a reproducir discursos filosóficos.

Conocer la historia de las doctrinas constituye una actividad intelectualmente valiosa. Pero conocer lo que otros filósofos han pensado no equivale necesariamente a filosofar. La investigación filosófica exige identificar problemas, formular tesis, construir argumentos y evaluar sus consecuencias.

La filosofía no puede reducirse a la administración académica de su propia historia.

VI. La filosofía analítica contemporánea ante su propia legitimidad

La preocupación por la legitimidad epistemológica de la filosofía no pertenece exclusivamente a los debates del siglo XX. Por el contrario, constituye una cuestión explícita en algunas de las investigaciones más interesantes de la filosofía analítica contemporánea.

Timothy Williamson, en The Philosophy of Philosophy (2007), cuestionó lo que denominó el excepcionalismo filosófico: la pretensión de que la filosofía constituye una actividad cognitiva radicalmente diferente de las demás formas de investigación. Su crítica obliga a reconsiderar una convicción frecuentemente aceptada: que la filosofía puede justificar su legitimidad apelando a una metodología enteramente propia, supuestamente independiente de los procedimientos ordinarios de razonamiento y conocimiento. Desde esta perspectiva, la filosofía no necesita reclamar un estatuto privilegiado. Necesita explicar cómo sus procedimientos permiten alcanzar conocimientos o esclarecer problemas genuinos.

Susan Haack, en Evidence and Inquiry (1993), defendió una concepción de la investigación racional que evita tanto el reduccionismo cientificista como las formas de relativismo que debilitan nuestras pretensiones de conocimiento. Su posición resulta particularmente significativa porque permite reconocer la importancia de las ciencias sin convertirlas en la única medida legítima de toda actividad intelectual. La alternativa no consiste en elegir entre una filosofía subordinada a las ciencias y una filosofía indiferente a ellas. Consiste en determinar qué exigencias de justificación corresponden a cada problema y qué formas de investigación permiten satisfacerlas.

Amie Thomasson ha llevado esta discusión al terreno de la metafísica. En Ontology Made Easy (2015) y Rethinking Metaphysics (2025), cuestiona la productividad de determinadas controversias metafísicas tradicionales y reconsidera el papel de nuestros recursos conceptuales en la formulación de problemas ontológicos. Este planteamiento introduce una posibilidad importante: algunas investigaciones filosóficas pueden contribuir al conocimiento no solamente mediante la formulación de proposiciones acerca de lo existente, sino también mediante la reconstrucción crítica de los instrumentos conceptuales con los cuales organizamos nuestras investigaciones.

Luciano Floridi ha desarrollado una propuesta convergente en ciertos aspectos, aunque filosóficamente distinta. En The Logic of Information (2019, cap. 2, pp. 27–52), concibe la filosofía en términos de diseño conceptual, destacando nuestra capacidad para construir, transformar y perfeccionar los instrumentos mediante los cuales organizamos la información y comprendemos la realidad. Estas perspectivas permiten recuperar una dimensión frecuentemente desatendida de la actividad filosófica: su capacidad constructiva. La filosofía no se limita necesariamente a examinar conceptos heredados. También puede contribuir a elaborar nuevas distinciones, reconstruir categorías y establecer estructuras conceptuales capaces de responder a problemas emergentes. Pero esta reivindicación debe enfrentar una dificultad adicional.

David Chalmers, en Why Isn't There More Progress in Philosophy? (2015), planteó explícitamente el problema del progreso filosófico. Su interrogación resulta especialmente pertinente: si la filosofía constituye una actividad racional orientada al conocimiento, ¿por qué muchas de sus controversias fundamentales parecen persistir sin alcanzar grados de convergencia comparables con los de las ciencias? Chalmers no niega que exista progreso filosófico. Su problema consiste en explicar por qué, pese a los avances argumentativos y conceptuales, persiste un desacuerdo considerable sobre muchas cuestiones fundamentales. La pregunta no admite una respuesta trivial.

Podemos reconocer avances en la precisión de los conceptos, en la formulación de argumentos y en la identificación de dificultades sin afirmar que todos esos avances equivalgan a la resolución definitiva de los problemas. En una investigación más reciente, Dellsén, Firing, Lawler y Norton (2024) propusieron comprender el progreso filosófico atendiendo a su capacidad para colocar a las personas en mejores condiciones de incrementar su comprensión de las relaciones de dependencia entre fenómenos. Esta formulación introduce una precisión importante: contribuir al progreso filosófico no equivale necesariamente a producir de manera inmediata una comprensión efectiva y definitiva. Una investigación puede representar un avance al proporcionar instrumentos conceptuales, distinciones o argumentos que hagan posible una comprensión posterior. Esto permite introducir una diferencia entre progreso como acumulación de respuestas y progreso como ampliación de las posibilidades racionales de comprensión. Ambas dimensiones pueden relacionarse, pero no deben identificarse.

La filosofía puede progresar cuando logra formular mejor un problema, eliminar una confusión conceptual, identificar una presuposición injustificada o reconstruir una relación de dependencia anteriormente inadvertida. No obstante, tampoco debemos convertir cualquier reformulación conceptual en evidencia automática de progreso. Una reconstrucción filosófica debe demostrar qué esclarece, qué dificultades resuelve y por qué constituye una mejora respecto de las alternativas disponibles. La discusión contemporánea nos conduce así a una conclusión particularmente relevante para nuestra reflexión: La filosofía no puede justificar su lugar en el conocimiento humano apelando únicamente a la importancia de sus preguntas. Debe mostrar también qué hace con ellas y qué resultados intelectuales produce al investigarlas.

Esta exigencia permite distinguir dos cuestiones que frecuentemente se confunden: el derecho de la filosofía a formular problemas y la justificación de sus respuestas. La primera no garantiza la segunda. Y precisamente porque la filosofía constituye una actividad crítica, debe aceptar que sus propios resultados permanezcan abiertos al examen racional. Una filosofía intelectualmente viva no necesita proclamarse indispensable. Necesita demostrar su pertinencia mediante el trabajo filosófico mismo.

VII. La responsabilidad de los propios filósofos

Sería intelectualmente deshonesto atribuir la marginación de la filosofía exclusivamente a las transformaciones sociales, educativas o tecnológicas. También debemos interrogarnos sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Hasta qué punto hemos convertido la actividad filosófica en una práctica autorreferencial? ¿Cuántas discusiones sobreviven más por fidelidad a determinadas tradiciones que por la relevancia de los problemas que pretenden resolver? ¿Cuántas veces la complejidad del lenguaje ha servido para ocultar la debilidad de un argumento?

Las exigencias de Russell, Wittgenstein, Popper y Bunge, así como las investigaciones de Williamson, Haack, Thomasson, Floridi y Chalmers, no constituyen un programa filosófico único. Sus concepciones difieren en cuestiones fundamentales. Pero sus contribuciones permiten reconocer, desde perspectivas distintas, una responsabilidad compartida: la filosofía debe justificar racionalmente su propia actividad.

Russell nos recuerda que su valor no puede medirse exclusivamente por la certeza de sus respuestas. Wittgenstein nos obliga a examinar las confusiones que produce nuestro lenguaje. Popper destaca la necesidad de mantener nuestras afirmaciones abiertas a la crítica. Bunge reclama claridad, rigor y una interlocución responsable con el conocimiento científico. Williamson cuestiona la pretensión de excepcionalidad metodológica. Haack permite defender la investigación racional sin reducirla al cientificismo. Thomasson y Floridi ponen de manifiesto la dimensión constructiva y reconstructiva del trabajo conceptual. Chalmers exige que examinemos seriamente la cuestión del progreso filosófico. De esta convergencia parcial podemos extraer una exigencia metodológica:

La filosofía debe distinguir entre la importancia de sus preguntas, la legitimidad de sus procedimientos y la solidez de sus respuestas.

Estas tres dimensiones no son equivalentes. Un problema puede ser importante y estar mal formulado. Un argumento puede ser formalmente válido y descansar sobre premisas injustificadas. Una doctrina puede resultar históricamente influyente y, sin embargo, contener errores conceptuales. Por eso, defender la filosofía no significa defender indiscriminadamente todo cuanto se produce bajo su nombre.

VIII. Sentido, referencia y legitimidad epistemológica

La tradición analítica ofrece instrumentos conceptuales para precisar todavía más esta discusión. Desde Frege, particularmente en Über Sinn und Bedeutung (1892), la distinción entre sentido y referencia ha ocupado un lugar central en el análisis del significado. Posteriormente, las investigaciones semánticas de Bunge ampliaron el examen de las relaciones entre construcciones conceptuales, significados y referentes. Sin identificar estas teorías entre sí, podemos aprovechar una exigencia común: distinguir lo que expresamos mediante nuestros conceptos de aquello a lo que pretendemos referirnos. Aplicada a nuestra reflexión, esta distinción permite formular una pregunta incómoda:

Cuando afirmamos que la filosofía es importante, ¿qué significa exactamente esa afirmación y a qué contribuciones intelectuales concretas nos estamos refiriendo?

La palabra «filosofía» puede evocar una tradición cultural extraordinaria. Pero esa evocación no basta para determinar qué problemas investiga actualmente, qué métodos utiliza o qué resultados produce. El prestigio histórico de una denominación no garantiza la legitimidad epistemológica de todas las actividades que se realizan bajo ella. Necesitamos, por tanto, precisar tanto el sentido de nuestras afirmaciones sobre la filosofía como sus referentes efectivos: investigaciones, problemas, argumentos, reconstrucciones conceptuales y resultados susceptibles de examen crítico. No se trata de reducir toda contribución filosófica a productos inmediatamente mensurables. Se trata de impedir que una valoración simbólica sustituya inadvertidamente a una justificación epistemológica. Podemos formular entonces nuestra tesis central:

La legitimidad epistemológica de la filosofía debe justificarse por la pertinencia de sus problemas, la racionalidad de sus métodos y la solidez de sus resultados, no por la magnitud de su reconocimiento simbólico.

Esta tesis tampoco exige que la filosofía imite los procedimientos de las ciencias empíricas. Exige algo más elemental: que pueda explicitar sus propios criterios de investigación y justificación, y que esos criterios permanezcan abiertos a la crítica.

IX. ¿Qué filosofía necesita nuestro tiempo?

Quizás la pregunta acerca del lugar de la filosofía esté mal formulada cuando presupone que existe un espacio institucional que debemos recuperar. El problema no consiste simplemente en obtener más asignaturas, más departamentos universitarios, más congresos o mayor reconocimiento público, aunque estas cuestiones también tengan importancia. El problema fundamental es epistemológico.

¿Qué tipo de conocimiento puede producir la filosofía? ¿Cuáles son sus procedimientos legítimos de justificación? ¿Qué problemas le corresponden y cuáles han sido transferidos, con razón, a otras disciplinas? ¿Cómo distinguir una investigación filosófica genuina de una especulación carente de controles racionales?

Estas preguntas no debilitan a la filosofía. Por el contrario, constituyen una condición para su renovación.

La filosofía no necesita conservar intactas sus antiguas fronteras disciplinares. Necesita conservar su capacidad de examinar críticamente las categorías mediante las cuales comprendemos, explicamos y transformamos el mundo. Y esa tarea adquiere particular importancia cuando los desarrollos científicos y tecnológicos introducen objetos, prácticas y relaciones que nuestras categorías heredadas no siempre permiten comprender adecuadamente.

La filosofía no se vuelve necesaria simplemente porque existan preguntas sin respuesta. Se vuelve pertinente cuando puede contribuir racionalmente a formularlas mejor, distinguir sus presupuestos y establecer qué contaría como una respuesta satisfactoria. Su relevancia no puede decretarse: debe manifestarse en el ejercicio mismo de la investigación.

X. Celebrar la filosofía es someterla a examen

El Día Mundial de la Filosofía (tercer jueves del mes de noviembre) debería ser algo más que una conmemoración de grandes pensadores. Debería constituir una oportunidad para interrogar el presente de nuestra propia actividad intelectual. No basta con afirmar que la filosofía enseña a pensar. También debemos explicar qué significa pensar filosóficamente, qué distingue esa actividad de otras formas de razonamiento y bajo qué condiciones sus resultados pueden considerarse aportaciones genuinas al conocimiento. Tampoco basta con proclamar que la filosofía es necesaria.

La necesidad de la filosofía debe poder argumentarse filosóficamente.

Volvamos entonces a nuestra distinción inicial. Si el reconocimiento simbólico no implica reconocimiento epistemológico, la recuperación del lugar de la filosofía no puede depender exclusivamente de la multiplicación de celebraciones públicas. Necesitamos algo más exigente: demostrar, mediante investigaciones y argumentos, que la filosofía continúa ofreciendo contribuciones intelectuales que no pueden ser sustituidas sin pérdida por otras prácticas de conocimiento. Esto no exige que todas sus preguntas tengan respuestas definitivas, pero sí que sus procedimientos permitan distinguir entre argumentos mejores y peores, conceptos más o menos precisos y problemas genuinos o aparentes.

La filosofía debe aceptar que su propia legitimidad constituye también un problema filosófico. Tal vez su mayor desafío contemporáneo consista en abandonar la comodidad de su prestigio histórico y aceptar la exigencia de justificar nuevamente su lugar en la cultura del conocimiento. Porque ninguna disciplina puede vivir indefinidamente de los méritos de quienes la cultivaron siglos atrás. La filosofía será intelectualmente relevante mientras sea capaz de identificar problemas que permanecen inadvertidos, examinar presupuestos que se aceptan sin suficiente justificación, reconstruir conceptos que han perdido precisión y formular argumentos que amplíen nuestra comprensión de la realidad. No necesitamos una filosofía venerada, pero intelectualmente inofensiva. Necesitamos una filosofía capaz de incomodar nuestras certezas, incluidas las suyas propias.

En este Día Mundial de la Filosofía, quizás la mejor manera de celebrarla no sea recordar cuánto le debe la humanidad, sino preguntarnos cuánto está contribuyendo efectivamente a comprender los problemas de nuestro tiempo.

La filosofía no necesita que la humanidad reconozca cuánto le debe por su pasado; necesita demostrar cuánto puede contribuir todavía a la comprensión racional de su presente. Porque el verdadero peligro para la filosofía no es que dejemos de celebrarla. Es que continuemos celebrándola cuando ya hayamos dejado de escuchar sus preguntas.

Referencias bibliográficas

Bunge, M. (1960). La ciencia, su método y su filosofía. Siglo Veinte.

Bunge, M. (1976). The philosophical richness of technology. PSA: Proceedings of the Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association, 1976(2), 153–172. https://doi.org/10.1086/psaprocbienmeetp.1976.2.192379

Chalmers, D. J. (2015). Why isn't there more progress in philosophy? Philosophy, 90(1), 3–31. https://doi.org/10.1017/S0031819114000436

Dellsén, F., Firing, T., Lawler, I., & Norton, J. (2024). What is philosophical progress? Philosophy and Phenomenological Research, 109(2), 663–693. https://doi.org/10.1111/phpr.13067

Floridi, L. (2019). The logic of information: A theory of philosophy as conceptual design. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780198833635.001.0001

Frege, G. (1892). Über Sinn und Bedeutung. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik, 100, 25–50.

Haack, S. (1993). Evidence and inquiry: Towards reconstruction in epistemology. Blackwell.

Popper, K. R. (1963). Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge. Routledge & Kegan Paul.

Russell, B. (1912). The problems of philosophy. Williams and Norgate.

Thomasson, A. L. (2015). Ontology made easy. Oxford University Press.

Thomasson, A. L. (2025). Rethinking metaphysics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/9780197787830.001.0001

Williamson, T. (2007). The philosophy of philosophy. Blackwell. https://doi.org/10.1002/9780470696675

Wittgenstein, L. (1953). Philosophical investigations. Basil Blackwell.

  


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sábado, 14 de noviembre de 2026

CASO UENO BANK: LA PUNTA DEL ICEBERG

Una reconstrucción lógico-semántica de las estructuras de poder, dependencia y beneficio que la imputación penal todavía no agota

I. Introducción: identificar responsables no equivale a explicar una estructura

La investigación fiscal sobre ueno bank ha incorporado una hipótesis de asociación criminal que comprende al expresidente Santiago Peña y a distintas autoridades del Banco Central del Paraguay. Según la imputación divulgada por Última Hora el 13 de noviembre de 2026, determinadas decisiones y omisiones habrían permitido prolongar las operaciones de una entidad financiera cuya situación patrimonial ya había generado advertencias técnicas.

La investigación atribuye a distintos participantes funciones de dirección política, protección regulatoria, omisión de medidas correctivas y alteración de información institucional.

Pero hay un problema analítico que no puede resolverse mediante la mera identificación de esas personas.

¿Constituye el conjunto de individuos imputados una explicación suficiente de la estructura que hizo posibles los hechos investigados?

Nuestra respuesta es que tal suficiencia todavía no ha sido demostrada.

La identificación de agentes constituye una operación descriptiva. La explicación de una estructura exige reconstruir las relaciones funcionales, económicas, normativas y causales mediante las cuales esos agentes pudieron producir determinados resultados.

Formalmente, sea:

  • A: conjunto de agentes identificados.

  • H: conjunto de hechos investigados.

  • R: conjunto de relaciones funcionales entre agentes, instituciones y operaciones.

  • E = ⟨A, R⟩: estructura explicativa considerada.

La distinción fundamental puede expresarse así:

Identificar(A) ⇏ Explicar(E)

La identificación de los participantes no implica, por sí misma, la explicación de sus relaciones.

El problema se vuelve especialmente relevante cuando los hechos comprenden operaciones bancarias, concentración de depósitos públicos, transferencias entre sociedades, omisiones regulatorias y decisiones políticas.

Tales acontecimientos pueden requerir la coordinación de funciones que exceden el ámbito de las autoridades formalmente imputadas.

Esto no demuestra la existencia de una organización criminal adicional. Demuestra que la explicación disponible debe someterse a una prueba de suficiencia estructural.

II. Antecedentes: de la captura financiera a la controversia constitucional

Este análisis continúa una línea argumentativa desarrollada en publicaciones anteriores del blog Liberalismo Radical Paraguayo.

En Resolución del banco UENO y condena del Presidente de la República: Captura financiera, asignación improductiva del capital y deterioro del poder adquisitivo en Paraguay (2023–2026), publicado el 7 de noviembre, examinamos la hipótesis de que la concentración de recursos públicos en una entidad privada podía generar efectos económicos anteriores a su intervención.

La tesis distinguía entre la crisis bancaria como acontecimiento visible y los procesos de asignación de capital que pudieron precederla.

Definamos:

C(t): existe una crisis bancaria manifiesta en el momento t.

D(t): existen distorsiones financieras en el momento t.

De la manifestación de una crisis en t₁ no se sigue que las distorsiones hayan comenzado en ese momento:

C(t₁) ⇏ ∀t [t < t₁ ⇒ ¬D(t)]

Por tanto, la fecha de intervención no constituye necesariamente la fecha de origen del fenómeno investigado.

En El Estado como instrumento del desfalco, desarrollamos otra distinción: la existencia de mecanismos públicos de protección financiera no equivale a la recuperación patrimonial de los recursos eventualmente perjudicados.

La intervención del Fondo de Garantía de Depósitos puede proteger a los ahorristas, pero no demuestra que los beneficiarios de operaciones irregulares hayan restituido los recursos.

Finalmente, en La renuncia presidencial y los límites lógicos del poder parlamentario: un análisis lógico-semántico de la controversia constitucional paraguaya, publicado el 5 de noviembre, examinamos la diferencia entre actos institucionales que pueden producir consecuencias parcialmente coincidentes sin pertenecer a la misma categoría jurídica.

Allí formulamos la distinción:

R(x) ≢ C(x)

Donde R(x) representa la aceptación de una renuncia y C(x) la declaración constitucional de culpabilidad.

La coincidencia de ciertos resultados no demuestra identidad entre procedimientos.

Ese principio puede extenderse al presente problema:

Responsabilidad individual ≢ Explicación estructural

Los dos conceptos pueden relacionarse, pero sus condiciones de determinación son diferentes.

III. La distinción entre estructura visible y estructura completa

Definamos:

Eᵥ = ⟨Aᵥ, Rᵥ⟩

como la estructura visible reconstruida mediante las imputaciones y la información públicamente disponible.

Sea:

E꜀ = ⟨A꜀, R꜀⟩

la estructura completa de relaciones causalmente relevantes para explicar los hechos.

La hipótesis de investigación sostiene que podría existir una inclusión propia de componentes:

Aᵥ ⊆ A꜀ ∧ Rᵥ ⊆ R꜀

con al menos una de esas inclusiones estricta.

Esta expresión debe interpretarse como una hipótesis, no como un hecho demostrado.

La afirmación de que la estructura visible es incompleta requiere identificar al menos una relación relevante que no pueda reconstruirse adecuadamente mediante Eᵥ.

Podemos formular el criterio:

∃r [r ∈ R꜀ ∧ r ∉ Rᵥ ∧ Rel(r,H)]

Donde Rel(r,H) significa que la relación r resulta causal o explicativamente relevante para los hechos H.

Si encontramos una relación de ese tipo, la explicación visible resulta incompleta respecto de los hechos considerados.

Pero si no podemos identificarla, la afirmación de incompletitud permanece como conjetura.

Esta precisión evita un error frecuente: inferir la existencia de participantes ocultos simplemente porque los hechos parecen complejos.

La complejidad de un fenómeno justifica ampliar la investigación, pero no demuestra por sí misma una conspiración de mayor alcance.

IV. Las funciones constitutivas del presunto esquema

La reconstrucción de una estructura requiere distinguir funciones de personas.

Podemos definir seis clases funcionales:

F = {Fₑ, Fₚ, Fᵣ, F𝒻, Fᵦ, F꜀}

Donde:

  • Fₑ: concepción y planificación estratégica.

  • Fₚ: articulación y protección política.

  • Fᵣ: control y actuación regulatoria.

  • F𝒻: diseño y ejecución financiera.

  • Fᵦ: recepción y aprovechamiento de beneficios.

  • F꜀: preservación, ocultamiento o continuidad de operaciones.

No afirmamos que las seis funciones hayan sido delictivas ni que necesariamente hayan existido como componentes de una organización coordinada.

Constituyen categorías analíticas para clasificar conductas y relaciones que deben investigarse.

Sea:

Φ(a,f,t)

el predicado que indica que el agente a desempeña la función f en el momento t.

No existe una correspondencia necesaria de uno a uno entre agentes y funciones.

Por tanto:

Φ(a,f₁,t) ∧ Φ(a,f₂,t)

es compatible con que una misma persona desempeñe varias funciones.

También es posible:

Φ(a,f,t) ∧ Φ(b,f,t)

cuando diferentes agentes participan en una misma función.

Esto permite comprender por qué un organigrama jerárquico puede ser insuficiente para representar una organización económica compleja.

La estructura podría depender de relaciones horizontales, coordinaciones indirectas y funciones distribuidas.

En particular, el agente que ocupa la posición de máxima autoridad política no necesariamente coincide con el agente que posee el mayor control patrimonial.

Formalmente:

Autoridad(a) > Autoridad(b) ⇏ Beneficio(a) > Beneficio(b)

El poder de decisión y el aprovechamiento económico son propiedades diferentes que deben determinarse mediante evidencia independiente.

V. La estructura patrimonial: seguir los recursos hasta su destino final

La investigación fiscal ha descrito operaciones con sociedades vinculadas y cesiones de cartera cuestionadas por los técnicos del BCP.

Entre los antecedentes divulgados aparecen inversiones por G. 876.640 millones en Redisa y Redipro, equivalentes al 34,7 % del capital neto de ueno bank, según la información atribuida a los informes técnicos.

También se mencionan operaciones con Vinanzas SA que habrían sido calificadas como prohibidas.

Estos datos obligan a reconstruir las relaciones patrimoniales entre las entidades participantes.

Representemos el sistema mediante un grafo dirigido:

G = (V, E)

Donde V contiene personas físicas, personas jurídicas, cuentas y entidades institucionales, mientras que E contiene relaciones documentadas de transferencia, crédito, propiedad, garantía o control.

Cada operación puede representarse como:

eᵢⱼ = (vᵢ, vⱼ, m, t, k)

Donde:

  • vᵢ: origen de la operación.

  • vⱼ: destino.

  • m: monto.

  • t: fecha.

  • k: naturaleza jurídica y económica de la operación.

La reconstrucción patrimonial exige determinar las trayectorias relevantes dentro del grafo.

Pero debe distinguirse entre receptor inmediato y beneficiario económico final.

Definamos:

Rec(x,m): x recibe recursos por el monto m.

Ben(x,m): x obtiene el aprovechamiento económico efectivo de esos recursos.

Entonces:

Rec(x,m) ⇏ Ben(x,m)

Una sociedad puede recibir fondos sin que todos ellos constituyan beneficios propios. Del mismo modo, una persona puede beneficiarse indirectamente de una operación sin figurar como receptora inmediata.

Por tanto, identificar transferencias no basta. Es necesario reconstruir la titularidad efectiva, las contraprestaciones, las garantías, los activos resultantes y los eventuales beneficios.

La investigación patrimonial debe terminar donde termina el beneficio económico, no necesariamente donde termina la primera transferencia bancaria.

VI. El conocimiento institucional y la responsabilidad por omisión

Uno de los elementos más relevantes de la imputación es la presunta existencia de advertencias técnicas conocidas por autoridades regulatorias antes de la intervención.

El problema puede examinarse mediante lógica deóntica.

Definamos:

Kₐ(p,t): el agente a conoce la proposición p en el momento t.

Oₐ(q,t): el agente a tiene obligación jurídica de realizar q en el momento t.

Aₐ(q,t): el agente a realiza q en el momento t.

Una posible omisión jurídicamente relevante puede representarse como:

Kₐ(p,t) ∧ Oₐ(q,t) ∧ ¬Aₐ(q,t)

Sin embargo, esa conjunción no basta por sí sola para establecer responsabilidad penal.

Es necesario determinar si la obligación era efectivamente aplicable, si el agente tenía competencia y posibilidad de actuar, si concurrían excepciones y si se cumplen los requisitos subjetivos y causales del tipo penal correspondiente.

Podemos expresar una condición más exigente:

Kₐ(p,t) ∧ Oₐ(q,t) ∧ Puedeₐ(q,t) ∧ ¬Aₐ(q,t)

La imputación deberá demostrar la relevancia jurídica de esa omisión.

Aquí aparece una cuestión institucional importante.

Cuando un organismo regulador dispone de información que exige una respuesta determinada, la omisión no puede evaluarse exclusivamente como ausencia de actividad.

Debe analizarse respecto de las funciones que justifican la existencia del órgano.

La pregunta es si la autoridad dejó de cumplir una función legalmente exigible y qué consecuencias produjo esa omisión.

VII. El problema semántico de los informes institucionales

La presunta alteración del informe remitido al Senado el 7 de octubre introduce una cuestión de particular interés para nuestra filiación filosófica analítica.

Debemos distinguir entre el documento como objeto institucional y las proposiciones que contiene.

Sea:

D = ⟨e, p, a⟩

Donde:

  • e: entidad emisora.

  • p: contenido proposicional.

  • a: acto institucional de emisión.

La validez formal del documento depende de determinadas condiciones de competencia, procedimiento y autenticidad.

La verdad de sus afirmaciones depende, en cambio, de su correspondencia con los hechos.

Definamos:

V(D): el documento D es formalmente válido.

T(p): el contenido proposicional p es verdadero.

Entonces:

V(D) ⇏ T(p)

Esta distinción es decisiva.

Un documento puede haber sido emitido por una autoridad competente y, sin embargo, contener afirmaciones materialmente falsas.

La autoridad institucional confiere determinadas propiedades jurídicas al acto de emisión, pero no transforma automáticamente en verdadero su contenido.

Aquí puede reconocerse una distinción semántica de filiación fregeana y bungeana: el contenido de una expresión y su referencia no deben confundirse con el estatuto institucional de quien la formula.

En términos bungeanos, interesa diferenciar el sentido de las proposiciones técnicas, sus referentes económicos y las condiciones de contrastación que permiten establecer su verdad o falsedad.

Si un informe afirmaba que determinadas irregularidades habían sido subsanadas, la cuestión relevante no consiste únicamente en verificar quién firmó el documento.

Consiste en determinar si los hechos económicos satisfacían las condiciones que hacían verdadera esa afirmación.

Podemos representar el problema mediante:

Afirma(D,p) ∧ ¬T(p)

Si además se acredita que quienes produjeron el documento conocían la falsedad del contenido y actuaron deliberadamente para introducirlo, aparecería una dimensión adicional de responsabilidad.

Pero esa conclusión requiere pruebas sobre el conocimiento, la intervención personal y la intención de los participantes.

La producción institucional de una afirmación no constituye la verdad de aquello que se afirma.

Cuando se pierde esta distinción, la autoridad puede ser utilizada para sustituir la comprobación de los hechos por una apariencia de regularidad.

VIII. El Fondo de Garantía de Depósitos y la diferencia entre protección y recuperación

En El Estado como instrumento del desfalco examinamos el problema de la transferencia del riesgo desde una entidad privada hacia mecanismos colectivos de protección.

Conviene precisar la estructura lógica del argumento.

Definamos:

P(d): el depositante d recibe protección mediante el FGD.

R(m): el monto m ha sido recuperado de los activos o responsables correspondientes.

C(m): el monto m ha sido cubierto mediante recursos del fondo.

Entonces:

C(m) ⇏ R(m)

La cobertura de una obligación no implica necesariamente la recuperación de los recursos que originaron el perjuicio.

Del mismo modo:

P(d) ⇏ ReparaciónTotal(d)

porque la protección puede estar sujeta a límites y condiciones.

La distinción no cuestiona la legitimidad del FGD. Permite identificar funciones económicas diferentes.

La protección de depositantes es una función institucional.

La recuperación patrimonial es otra.

La atribución de responsabilidades constituye una tercera.

Confundirlas produce una apariencia de resolución que puede ocultar problemas todavía pendientes.

Si se demuestra que determinadas autoridades permitieron prolongar indebidamente la captación de depósitos, deberá establecerse si esa continuidad incrementó el costo efectivo o potencial para el sistema de garantía.

La relación causal debe comprobarse mediante los montos captados, su cobertura legal y los pagos efectivamente realizados.

IX. La estructura política y el problema de la destitución presidencial

Nuestro artículo del 5 de noviembre sobre la renuncia presidencial distinguía entre procedimientos constitucionales con objetos diferentes.

Esa distinción permite abordar ahora otra cuestión: la relación entre destitución individual y transformación estructural.

Definamos:

D(a): el agente a es destituido.

X(E): la estructura E queda desarticulada.

Entonces:

D(a) ⇏ X(E)

La destitución de una persona no implica necesariamente la desaparición de todas las relaciones económicas, políticas e institucionales en las que participaba.

También debemos evitar la inferencia inversa:

D(a) ⇏ ¬X(E)

La destitución tampoco demuestra que la estructura haya sobrevivido.

Ambos resultados son compatibles con el hecho inicial.

Por tanto, la cuestión debe resolverse mediante evidencia sobre las relaciones que continuaron existiendo después del cambio presidencial.

Esta precisión resulta especialmente importante frente a las interpretaciones políticas sobre la ruptura entre Santiago Peña y Horacio Cartes.

El retiro del respaldo político y el apoyo posterior al juicio político son acontecimientos relevantes. Pero no demuestran, por sí mismos, una estrategia de encubrimiento.

Para sostener esa hipótesis sería necesario identificar actos concretos orientados a preservar beneficios, impedir investigaciones o proteger a participantes.

La pregunta analítica debe formularse así:

¿Qué relaciones constitutivas de la estructura investigada fueron efectivamente interrumpidas por la destitución y cuáles, si existían, continuaron operando?

La respuesta requiere examinar decisiones posteriores, vínculos patrimoniales, estructuras empresariales y actuaciones institucionales.

X. La reconstrucción regresivo-constitutiva

El análisis puede organizarse mediante un procedimiento regresivo: partir de los hechos observados y reconstruir las condiciones necesarias para su producción.

Sea H un hecho investigado y C(H) el conjunto de condiciones relevantes para explicarlo.

La tarea consiste en determinar:

C(H) = {c₁, c₂, …, cₙ}

No todas las condiciones poseen la misma función.

Podemos distinguir:

  1. Condiciones normativas: competencias, autorizaciones y obligaciones.

  2. Condiciones institucionales: órganos, procedimientos y capacidades de decisión.

  3. Condiciones operativas: instrumentos, contratos y mecanismos financieros.

  4. Condiciones informacionales: conocimiento, informes y comunicaciones.

  5. Condiciones patrimoniales: recursos, titularidad, transferencias y beneficios.

Esta clasificación permite formular preguntas de dependencia.

Por ejemplo:

Dep(H,cᵢ)

significa que el hecho H depende, bajo una relación especificada, de la condición cᵢ.

Pero la dependencia debe tipificarse.

No es lo mismo una condición necesaria que una condición facilitadora; tampoco una relación causal que una relación de autorización jurídica.

Por tanto:

Dep꜀ₐᵤₛₐₗ ≠ Depₙₒᵣₘₐₜᵢᵥₐ

Y:

Condición necesaria ≠ Condición suficiente

Esta distinción evita atribuir responsabilidades a personas simplemente porque sus decisiones formaron parte del contexto institucional.

La reconstrucción debe demostrar qué función cumplió cada actuación y qué relación mantuvo con los resultados investigados.

El principio metodológico puede formularse así:

No debe atribuirse a una relación una propiedad que solo corresponde a otra clase de relación.

Una relación comercial no es, por sí misma, una relación criminal.

Una relación política no constituye automáticamente complicidad.

Una omisión administrativa no implica necesariamente dolo.

Y una transferencia patrimonial no demuestra, sin información adicional, apropiación indebida.

Estas distinciones no debilitan la investigación. Le proporcionan condiciones de rigor y control inferencial.

XI. La hipótesis de captura institucional

Con los elementos anteriores podemos formular una hipótesis general.

Sea I un conjunto de instituciones públicas y Fᵢ el conjunto de funciones legalmente asignadas a esas instituciones.

Sea B un conjunto de intereses privados.

Definamos:

Cap(I,B)

como la existencia de una captura institucional mediante la cual decisiones de I son orientadas sistemáticamente hacia la realización de intereses de B, contrariando restricciones o finalidades públicas jurídicamente relevantes.

La hipótesis de captura exige más que la existencia de decisiones favorables a una empresa.

Es necesario establecer:

Cap(I,B) ⇒ Influencia(B,I) ∧ Desviación(I,Fᵢ) ∧ Patrón(I,B)

Estas condiciones representan requisitos analíticos de nuestra definición, no una fórmula legal de responsabilidad penal.

La influencia debe ser demostrada.

La desviación debe contrastarse con competencias y obligaciones concretas.

El patrón debe reconstruirse mediante decisiones relacionadas y no mediante coincidencias aisladas.

De este modo, la hipótesis de captura se convierte en una proposición susceptible de contrastación.

El caso ueno bank ofrece elementos que justifican investigarla, especialmente las presuntas omisiones regulatorias y alteraciones de información institucional descritas por la Fiscalía.

Pero su confirmación requiere reconstruir la conexión entre los intereses económicos y las actuaciones públicas.

XII. La suficiencia explicativa y los límites de la imputación

La imputación penal identifica hechos y participaciones que deberán demostrarse judicialmente.

La explicación estructural exige algo diferente: determinar si el modelo propuesto permite comprender adecuadamente el conjunto de hechos relevantes.

Sea M un modelo explicativo y H el conjunto de hechos que pretende explicar.

Definamos:

S(M,H)

como la suficiencia explicativa de M respecto de H, bajo criterios previamente establecidos.

Un modelo puede resultar suficiente para explicar una parte de los hechos y ser insuficiente para explicar otros.

Por ejemplo, identificar quién omitió una medida regulatoria puede explicar la ausencia de esa medida.

Pero no necesariamente explica quién diseñó las operaciones financieras, cómo se distribuyeron los beneficios o por qué determinados recursos fueron dirigidos hacia ciertas entidades.

Formalmente:

S(M,H₁) ⇏ S(M,H₂)

Cuando H₁ y H₂ representan conjuntos diferentes de hechos.

Por eso, el alcance de una imputación no debe confundirse con el alcance de una teoría explicativa completa.

La Fiscalía puede cumplir sus objetivos procesales sin haber reconstruido todas las relaciones económicas relevantes.

Pero el análisis político-económico no debería detenerse donde termina la imputación.

Debe continuar hasta determinar si existen condiciones causales, patrimoniales o institucionales relevantes que permanecen sin explicación.

XIII. Las preguntas que definen la investigación pendiente

La reconstrucción completa exige responder cuestiones específicas.

¿Quiénes concibieron las operaciones financieras cuestionadas?

¿Qué personas autorizaron su ejecución?

¿Qué instituciones proporcionaron los recursos?

¿Qué decisiones regulatorias facilitaron o permitieron su continuidad?

¿Quiénes conocían las advertencias técnicas y desde cuándo?

¿Qué relaciones de propiedad y control vinculaban a las sociedades participantes?

¿Dónde terminaron los recursos transferidos?

¿Quiénes obtuvieron beneficios económicos efectivos?

¿Qué activos pueden recuperarse?

¿Qué relaciones institucionales y patrimoniales continuaron después de la destitución presidencial?

Estas preguntas constituyen un programa de investigación, no una acusación anticipada.

Cada respuesta debe vincularse con evidencia verificable y con criterios explícitos de atribución.

XIV. Conclusión: el iceberg como problema de constitución estructural

La investigación fiscal sobre ueno bank ha permitido identificar una presunta estructura de coordinación entre autoridades políticas y regulatorias.

Pero la identificación de esa estructura visible no demuestra que se haya explicado completamente el fenómeno.

La cuestión fundamental consiste en determinar si las relaciones identificadas bastan para explicar las operaciones financieras, la circulación de recursos, las decisiones regulatorias y la distribución de beneficios.

Nuestra hipótesis es que la explicación podría requerir una estructura de relaciones considerablemente más amplia.

Esta hipótesis no autoriza a inventar responsables ni a atribuir intenciones sin pruebas.

Exige exactamente lo contrario: reconstruir las relaciones mediante las cuales los hechos pudieron producirse y determinar cuáles de ellas cuentan con respaldo documental.

Desde nuestra perspectiva lógico-semántica, el error más grave sería confundir tres objetos diferentes:

Agentes ≠ Relaciones ≠ Estructura

Los agentes participan en relaciones.

Las relaciones, bajo determinadas restricciones y condiciones de organización, constituyen estructuras.

Y las estructuras permiten explicar resultados que no pueden comprenderse adecuadamente mediante la consideración aislada de sus integrantes.

Por eso, el problema no termina con identificar a quien presuntamente dirigió una organización criminal.

Debe examinarse qué funciones fueron necesarias para su funcionamiento, qué instituciones intervinieron, qué recursos circularon y qué intereses económicos se realizaron.

La destitución presidencial puede haber modificado una parte de las relaciones políticas.

La intervención bancaria puede haber interrumpido determinadas operaciones.

La imputación penal puede haber identificado responsables de conductas concretas.

Pero ninguno de esos acontecimientos demuestra, aisladamente, que todas las relaciones constitutivas del fenómeno hayan sido esclarecidas.

La caída de una persona no demuestra la desaparición de una estructura. La identificación de una estructura visible no demuestra su completitud. Y la determinación de responsabilidades individuales no sustituye la explicación de las relaciones que hicieron posibles los hechos.

La investigación debe llegar hasta los beneficiarios económicos finales, reconstruir las condiciones institucionales que permitieron las operaciones y determinar qué mecanismos hicieron posible su continuidad.

Solo entonces podremos establecer si el caso corresponde a una organización limitada a los agentes actualmente identificados o a una red de relaciones de mayor extensión.

La diferencia no es retórica.

Es una diferencia entre describir una parte del fenómeno y explicar sus condiciones de constitución.

La punta del iceberg ya es visible. La tarea pendiente consiste en determinar, con pruebas y no con conjeturas, la estructura que se encuentra debajo.


Referencias y antecedentes

Publicaciones del autor

Oxley, V. (2026, 5 de noviembre). La renuncia presidencial y los límites lógicos del poder parlamentario: un análisis lógico-semántico de la controversia constitucional paraguaya. Liberalismo Radical Paraguayo. https://liberalismoradicalparaguayo.blogspot.com/2026/11/la-renuncia-presidencial-y-los-limites.html

Oxley, V. (2026, 7 de noviembre). Resolución del banco UENO y condena del Presidente de la República: Captura financiera, asignación improductiva del capital y deterioro del poder adquisitivo en Paraguay (2023–2026). Liberalismo Radical Paraguayo. https://liberalismoradicalparaguayo.blogspot.com/2026/11/resolucion-del-banco-ueno-y-condena-del.html

Oxley, V. (2026, noviembre). El Estado como instrumento del desfalco. Liberalismo Radical Paraguayo. https://liberalismoradicalparaguayo.blogspot.com/2026/11/el-estado-como-instrumento-del-desfalco.html

Fuente periodística principal

Última Hora. (2026, 13 de noviembre). ¿Cómo funcionó el esquema criminal de ueno bank liderado por el “jefe” Santiago Peña? https://www.ultimahora.com/como-funciono-el-esquema-criminal-de-ueno-bank-liderado-por-el-jefe-santiago-pena

Nota metodológica: las imputaciones fiscales constituyen hipótesis acusatorias sujetas a prueba judicial. Los formalismos empleados son reconstrucciones analíticas del autor y no representan conclusiones judiciales ni demostraciones de culpabilidad.



jueves, 12 de noviembre de 2026

EL ESTADO COMO INSTRUMENTO DEL DESFALCO: Tecnocracia económica, poder político y captura institucional: la trama financiera que compromete al Paraguay

Hay una diferencia fundamental entre robarle al Estado y conseguir que el propio Estado organice las condiciones para que sus recursos terminen beneficiando indebidamente a determinados intereses privados.

En el primer caso, el delincuente procura eludir los controles públicos. En el segundo, el problema es considerablemente más grave: los controles pueden debilitarse, las normas modificarse, las autoridades colocarse en posiciones estratégicas y las decisiones administrativas convertirse en instrumentos de una transferencia de ventajas económicas hacia particulares.

Esta segunda posibilidad constituye el núcleo de la crisis financiera que ha sacudido al Paraguay y que terminó alcanzando la propia Presidencia de la República.

Lo ocurrido alrededor de Ueno Bank no puede comprenderse adecuadamente si se examina como una simple sucesión de irregularidades bancarias. Tampoco basta con atribuirlo a la conducta de algunos empresarios o a la eventual negligencia de determinados funcionarios.

El verdadero objeto de investigación es la estructura de decisiones políticas, legislativas, regulatorias y financieras que permitió concentrar importantes recursos públicos en una entidad privada, mientras los organismos encargados de protegerlos no impidieron que se acumularan riesgos de extraordinaria gravedad.

La cuestión es determinar cómo se construyó esa estructura, quiénes participaron en sus decisiones y qué beneficios económicos produjo.

I. El principio fundamental: el dinero público no se desplaza por voluntad propia

Los recursos del Estado no llegan espontáneamente a una institución financiera.

Para que una entidad bancaria reciba depósitos de organismos públicos, fondos previsionales o empresas estatales, deben existir decisiones administrativas que autoricen esas operaciones.

Para que una institución financiera amplíe sus actividades, absorba otra entidad o modifique su estructura operativa, necesita autorizaciones del organismo regulador.

Para que los administradores públicos modifiquen sus criterios de inversión, deben aprobar nuevas disposiciones o aplicar las existentes de una manera determinada.

Y para que cambien las competencias de supervisión o las restricciones sobre conflictos de intereses, deben intervenir los órganos constitucionalmente facultados para legislar.

Por tanto, la primera conclusión es inevitable:

La concentración de recursos públicos en Ueno Bank fue el resultado de decisiones institucionales identificables, no de un fenómeno espontáneo del mercado.

Podemos expresar la estructura de autorización mediante una relación lógico-semántica:

A(o) ⇒ ∃a [C(a,o) ∧ D(a,o)]

Donde A(o) significa que la operación pública o fue válidamente autorizada; C(a,o), que el agente a tenía competencia para decidir sobre ella; y D(a,o), que dicho agente adoptó la decisión correspondiente.

La expresión establece que una autorización pública válida presupone la intervención de al menos un agente competente.

Pero existe una segunda relación, todavía más importante:

A(o) ⇏ P(o)

Que una operación haya sido autorizada no implica necesariamente que haya sido prudente.

Esto no significa que todas esas decisiones fueran ilegales. Significa que todas son susceptibles de evaluación y que ninguna puede quedar al margen de la investigación por el simple hecho de haber sido formalmente autorizada.

La legalidad de un procedimiento no garantiza, por sí sola, la prudencia de sus resultados ni la independencia de quienes intervinieron.

II. La primera condición: construir las reglas del juego

La estructura comenzó a adquirir una configuración particular mediante decisiones normativas adoptadas durante la Presidencia de Santiago Peña.

La Ley 7089/2023 estableció un régimen destinado a prevenir conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública.

Posteriormente, la Ley 7236/2024 modificó ese régimen y eliminó determinadas salvaguardas, especialmente restricciones posteriores al ejercicio del cargo y previsiones relacionadas con intereses familiares.

La importancia de esta modificación reside en su efecto institucional: las reglas que deben preservar la independencia de los funcionarios fueron alteradas precisamente en un Estado donde profesionales provenientes del sector financiero privado ocupaban posiciones relevantes en los organismos de regulación.

El caso de Carlos Carvallo, antiguo ejecutivo de Financiera Ueno y posteriormente presidente del Banco Central del Paraguay, obliga a examinar esta cuestión.

Su nombramiento fue anterior a la reforma de 2024. Por consiguiente, sería incorrecto afirmar que aquella modificación legislativa hizo posible su designación.

Pero la secuencia plantea un problema diferente: qué restricciones regían durante sus actuaciones posteriores, qué deberes de abstención correspondían y cómo se gestionaron sus vínculos profesionales anteriores.

La independencia de un regulador no puede descansar exclusivamente en su reputación académica o profesional.

Debe manifestarse en procedimientos verificables, decisiones justificadas y ausencia de interferencias indebidas.

La segunda modificación relevante fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones mediante la Ley 7235/2023.

En principio, una institución de supervisión previsional debe fortalecer la protección de los recursos administrados en beneficio de trabajadores y jubilados.

Sin embargo, su eficacia no depende del nombre que reciba ni de las intenciones declaradas al momento de su creación.

Depende de sus competencias efectivas, de su implementación, de sus facultades de control y de la manera en que responde frente a riesgos concretos.

Aquí aparece una primera paradoja: mientras el Estado reorganizaba formalmente su arquitectura de supervisión, los recursos previsionales terminaron acumulando una exposición significativa frente a una entidad bancaria que posteriormente entró en resolución.

La paradoja se comprende mejor mediante una distinción fundamental:

V(n) ⇏ E(n)

La validez jurídica de una norma no garantiza su eficacia institucional.

Donde V(n) representa la validez de la norma n y E(n) su eficacia para cumplir la finalidad institucional correspondiente.

Una institución puede existir jurídicamente, disponer de autoridades, presupuesto y competencias, y aun así fracasar en la realización de los objetivos para los cuales fue creada.

Por consiguiente, no basta con preguntar qué instituciones de supervisión fueron establecidas. Debemos preguntar qué hicieron, qué riesgos identificaron y qué decisiones adoptaron frente a ellos.

La coincidencia exige una explicación institucional rigurosa.

III. La segunda condición: convertir una entidad financiera en receptora de grandes recursos

El siguiente eslabón fue la expansión de Ueno.

Su transformación en banco y la posterior absorción de Visión Banco contaron con autorizaciones del Banco Central.

Estas decisiones modificaron sustancialmente la dimensión y las posibilidades operativas de la entidad.

Una autorización bancaria no constituye una garantía de éxito comercial. Tampoco convierte al regulador en responsable automático de todas las actuaciones futuras de los administradores privados.

Pero sí supone que el organismo competente evaluó determinados requisitos y consideró admisible la operación.

Por eso, la investigación debe reconstruir las condiciones bajo las cuales se concedieron las autorizaciones, los informes técnicos disponibles y las exigencias prudenciales impuestas.

El problema adquiere particular importancia cuando posteriormente aparecen cuestionamientos sobre la calidad de los activos, las operaciones con empresas relacionadas y el reconocimiento contable de los riesgos.

La pregunta resulta ineludible:

¿Las condiciones financieras que finalmente comprometieron la solvencia de Ueno surgieron después de las autorizaciones, o existían antecedentes que debieron motivar mayores restricciones y controles?

No se trata de juzgar retrospectivamente una decisión solo porque su resultado fue adverso.

Se trata de establecer si las autoridades actuaron conforme a la información que efectivamente tenían disponible.

La responsabilidad regulatoria no puede deducirse automáticamente del fracaso posterior de una entidad. Debe establecerse examinando las competencias, la información disponible y las obligaciones existentes en el momento de cada decisión.

IV. La tercera condición: dirigir los recursos públicos hacia el banco

Aquí encontramos el núcleo económico del entramado.

El Instituto de Previsión Social, la Caja Fiscal y otras instituciones públicas realizaron colocaciones significativas en Ueno.

Cada operación tuvo sus propios procedimientos, autoridades, montos, plazos y condiciones.

Pero sus efectos deben examinarse conjuntamente.

Una institución puede considerar razonable una inversión individual. Otra puede llegar a la misma conclusión respecto de una operación diferente. Una tercera puede seleccionar al mismo banco por ofrecer una tasa de interés superior.

Sin embargo, la suma de decisiones individualmente justificadas puede producir una concentración de riesgo que ninguna institución evaluó suficientemente desde una perspectiva agregada.

Este es uno de los problemas fundamentales de la administración pública fragmentada: cada autoridad observa su propia operación, mientras el riesgo total se acumula en el sistema.

La concentración puede representarse mediante una relación sencilla:

C(b) = Σᵢ D(i,b) / Σᵢ Σⱼ D(i,j)

Donde C(b) representa la proporción de los depósitos públicos considerados que se encuentran en el banco b; D(i,b), los depósitos de la institución pública i en ese banco; y D(i,j), los depósitos de la institución i en cada entidad bancaria j comprendida en el análisis.

La expresión permite distinguir dos realidades que no deben confundirse: la razonabilidad individual de una colocación y la exposición agregada del conjunto de instituciones públicas.

Una inversión puede satisfacer los requisitos administrativos internos y, sin embargo, contribuir a una concentración financiera que exige controles adicionales.

En el IPS, además, se modificaron criterios internos de inversión y se produjo un crecimiento considerable de la participación de Ueno en determinadas categorías de depósitos.

La cuestión no consiste simplemente en señalar que el banco recibió más dinero después de las modificaciones.

Lo decisivo es determinar si las nuevas reglas permitieron operaciones que antes habrían estado restringidas y si esas modificaciones respondieron a fundamentos técnicos generales o favorecieron injustificadamente a una entidad determinada.

Esta distinción es indispensable.

Pero hay algo que ya no admite discusión conceptual: los recursos previsionales no fueron colocados por decisiones del banco receptor, sino por decisiones de quienes tenían la obligación de administrarlos en beneficio de sus legítimos titulares.

La responsabilidad por la selección de las inversiones pertenece, en primer término, a quienes estaban facultados para decidirlas.

Y la responsabilidad por su control corresponde a los organismos que tenían el deber de supervisarlas.

V. La cuarta condición: utilizar económicamente los recursos captados

Hasta este punto, las operaciones descritas podrían formar parte de una actividad bancaria legítima.

El problema cambia cuando examinamos el destino del financiamiento y las operaciones realizadas con empresas relacionadas.

La investigación penal y las actuaciones regulatorias sobre Ueno han puesto bajo examen préstamos, transferencias entre sociedades vinculadas, garantías, valoraciones de activos y operaciones de cesión de cartera.

Este es el punto donde la hipótesis de una operación financiera de guantes blancos adquiere contenido económico concreto.

Un banco recibe depósitos y concede créditos. Los créditos figuran como activos porque representan derechos de cobro.

Pero si determinados préstamos se conceden sin una evaluación independiente, con garantías insuficientes o a empresas relacionadas que no poseen capacidad real de pago, el valor económico de esos activos puede ser inferior al que reflejan los registros contables.

La diferencia puede permanecer oculta durante cierto tiempo.

Mientras tanto, los beneficiarios de las operaciones pueden haber recibido recursos, financiado otras actividades o realizado transferencias patrimoniales.

La institución bancaria conserva formalmente derechos de crédito, pero su capacidad efectiva de recuperación puede encontrarse deteriorada.

Aquí se encuentra una de las posibilidades más graves de la ingeniería financiera indebida:

El beneficio puede realizarse inmediatamente, mientras la pérdida permanece diferida y solo aparece cuando los activos deben ser examinados rigurosamente.

La estructura no necesita comenzar con una sustracción visible de dinero público.

Puede comenzar con depósitos formalmente autorizados y continuar mediante operaciones privadas cuya sustancia económica debe investigarse.

Ahora bien, no corresponde afirmar que cada depósito público financió directamente un crédito cuestionado. El dinero bancario es fungible.

La demostración exige reconstruir los flujos financieros, las relaciones societarias, los contratos y los beneficiarios efectivos.

Lo que debe probarse es la conexión económica y jurídica entre la captación de recursos, las operaciones irregulares y los beneficios patrimoniales.

VI. La quinta condición: el control que no consiguió impedir la crisis

Llegamos al punto más delicado.

El Banco Central existe, entre otras funciones, para supervisar el sistema financiero y exigir el cumplimiento de las condiciones prudenciales establecidas por la ley.

La resolución de Ueno puso de manifiesto un deterioro patrimonial grave.

Las actuaciones posteriores identificaron problemas relacionados con operaciones crediticias y empresas vinculadas.

Pero la existencia de una crisis no demuestra automáticamente que el supervisor haya participado en ella.

Es necesario distinguir tres situaciones.

La primera es que los administradores privados hayan ocultado información y que el regulador haya actuado cuando logró identificar las irregularidades.

La segunda es que el regulador haya contado con advertencias suficientes, pero sus respuestas hayan resultado tardías o inadecuadas.

La tercera, considerablemente más grave, sería que determinadas autoridades hubieran omitido deliberadamente sus deberes para favorecer intereses particulares.

Las tres posibilidades deben investigarse.

Y no pueden confundirse, porque sus consecuencias jurídicas y políticas son diferentes.

Podemos precisar el problema mediante una relación entre conocimiento, obligación e intervención:

K(a,r) ∧ O(a,r) ∧ ¬I(a,r)

Donde K(a,r) significa que el agente a conoce el riesgo relevante r; O(a,r), que tiene la obligación institucional de intervenir frente a él; e I(a,r), que realiza la intervención exigible.

La conjunción describe una situación particularmente grave: una autoridad conoce un riesgo, tiene el deber de actuar y, sin embargo, no realiza la intervención correspondiente.

Pero todavía debemos introducir una distinción:

K(a,r) ∧ O(a,r) ∧ ¬I(a,r) ⇏ B(a)

La omisión frente a un riesgo conocido no demuestra automáticamente que haya existido intención deliberada de beneficiar indebidamente a terceros.

Aquí B(a) representa precisamente esa intención.

La omisión puede constituir negligencia, incumplimiento administrativo o una conducta de mayor gravedad, dependiendo de las circunstancias y de las pruebas.

Sin embargo, la pregunta sobre el control permanece:

¿Cómo pudo acumularse semejante exposición de recursos públicos mientras coexistían órganos de supervisión bancaria, previsional, administrativa y parlamentaria?

Una estructura institucional no demuestra su eficacia por la cantidad de organismos que posee.

La demuestra por su capacidad efectiva para identificar riesgos, exigir correcciones e impedir incumplimientos.

Cuando los controles actúan solamente después de que la crisis se vuelve irreversible, corresponde examinar si existieron deficiencias anteriores que pudieron evitarse.

VII. El verdadero entramado: cinco decisiones que convergen en un mismo resultado

La lógica del proceso puede resumirse en cinco relaciones.

Primera: las normas establecen las condiciones bajo las cuales pueden actuar los funcionarios y las entidades financieras.

Segunda: las autoridades aplican esas normas mediante autorizaciones, inversiones y decisiones regulatorias.

Tercera: esas decisiones permiten que recursos públicos ingresen al circuito de intermediación privada.

Cuarta: los administradores de las entidades receptoras determinan las operaciones económicas mediante las cuales se utilizan los recursos captados.

Quinta: los organismos de supervisión deben verificar que esas operaciones no comprometan indebidamente los derechos de depositantes, acreedores y demás interesados.

La crisis aparece cuando esa cadena no logra preservar las finalidades que justifican cada una de sus partes.

Si además se demuestra que algunos participantes actuaron coordinadamente para obtener beneficios indebidos, ya no estaríamos solamente ante un fracaso de supervisión.

Estaríamos ante un mecanismo de captura institucional.

La diferencia es fundamental.

La negligencia puede explicar una crisis.

La captura puede explicar por qué determinadas decisiones, aun cuando resultaban perjudiciales para el interés público, continuaron siendo adoptadas o toleradas.

La distinción puede expresarse así:

G(d₁,d₂,…,dₙ) ⇏ Q(d₁,d₂,…,dₙ)

Donde G representa la convergencia de varias decisiones institucionales hacia un mismo resultado y Q la coordinación deliberada entre sus responsables.

Los símbolos d₁, d₂, …, dₙ representan las distintas decisiones examinadas.

La conclusión es sencilla, pero fundamental:

Que varias decisiones produzcan un mismo resultado no demuestra que sus responsables se hayan puesto de acuerdo para producirlo.

Para establecer coordinación deliberada se necesitan pruebas adicionales: comunicaciones, instrucciones, vínculos relevantes, acuerdos, decisiones concertadas o cualquier otro elemento que permita demostrar la conexión entre los agentes y sus finalidades.

Sin embargo, si esa coordinación se acredita y su finalidad consiste en obtener beneficios indebidos mediante el uso de competencias públicas, la explicación deja de ser exclusivamente administrativa.

Entonces adquiere sentido hablar de captura institucional.

VIII. La tecnocracia económica: cuando el conocimiento se convierte en instrumento de poder

Esta investigación comenzó con una observación sobre el papel de economistas y especialistas financieros en las decisiones estatales.

La referencia histórica a los Chicago Boys permite comprender cómo una concepción económica puede transformarse en un programa institucional mediante el ejercicio del poder político.

Pero sería intelectualmente incorrecto atribuir a Milton Friedman o a una escuela académica la responsabilidad por operaciones financieras particulares sin demostrar una conexión doctrinal y causal específica.

El problema que aquí examinamos es más preciso.

Una tecnocracia puede utilizar sus conocimientos para proteger los recursos públicos.

También puede emplear su capacidad técnica para diseñar operaciones cuya complejidad dificulta la comprensión y el control por parte de quienes no poseen conocimientos especializados.

La formación académica no garantiza ninguna de esas orientaciones.

Lo que importa es el uso concreto del conocimiento.

Un economista que administra recursos públicos debe responder por la calidad de sus decisiones y por los deberes de su cargo.

Un regulador debe justificar sus autorizaciones y sus omisiones.

Un administrador previsional debe demostrar que sus inversiones respondieron a los intereses de los asegurados y no a preferencias políticas o empresariales.

Y un gobernante debe responder por las intervenciones que efectivamente haya realizado en decisiones sometidas a investigación.

El conocimiento técnico no constituye una exención de responsabilidad. Por el contrario, cuando se combina con competencias públicas y acceso a información especializada, hace particularmente exigible una actuación diligente.

IX. El problema político: Peña, Cartes y la responsabilidad de quienes sostuvieron el poder

La destitución de Santiago Peña introduce una última dimensión.

Peña no gobernó aislado de una estructura partidaria y parlamentaria.

Su Presidencia estuvo vinculada a una coalición política en la que el cartismo desempeñó un papel determinante.

Las decisiones legislativas, los nombramientos y las orientaciones generales del gobierno se desarrollaron dentro de esa estructura.

Esto no significa que Horacio Cartes o todos los integrantes de la coalición hayan participado en operaciones financieras indebidas.

Esa afirmación requeriría pruebas concretas.

Pero sí significa que la responsabilidad política por las decisiones institucionales debe examinarse más allá del presidente destituido.

La coalición que proporciona mayorías para aprobar leyes, respalda nombramientos y sostiene políticas públicas participa políticamente en la configuración del gobierno.

Si posteriormente decide retirar su respaldo al presidente, esa ruptura no elimina su participación anterior.

Aquí encontramos una distinción que debe permanecer clara:

Destituir a quien encabezaba el gobierno no equivale a demostrar que quienes lo sostuvieron fueron ajenos a las decisiones de ese gobierno.

La relación entre respaldo político y responsabilidad puede expresarse mediante dos proposiciones.

S(a,g) ⇏ I(a,o)

Respaldar políticamente a un gobierno no demuestra participación ilícita en una operación determinada.

Donde S(a,g) significa que el actor a respaldó al gobierno g, e I(a,o), que participó ilícitamente en la operación o.

Pero existe una segunda relación, igualmente importante:

R(a,g) ⇏ ¬P(a,g)

Romper políticamente con un gobierno no elimina la participación en sus decisiones anteriores.

Donde R(a,g) representa la ruptura política del actor a con el gobierno g, y P(a,g), su participación en decisiones anteriores de ese gobierno.

Esta segunda proposición contiene una consecuencia política de extraordinaria importancia:

Se puede abandonar al presidente, pero no se puede abandonar el pasado.

Una coalición puede retirar su apoyo, promover una destitución e intentar presentarse como ajena a las consecuencias de las decisiones anteriores.

Pero ninguna ruptura posterior modifica retrospectivamente quiénes aprobaron las leyes, respaldaron los nombramientos o sostuvieron determinadas políticas.

El juicio político puede establecer la responsabilidad constitucional de una autoridad.

No constituye una absolución colectiva de los demás actores políticos.

Tampoco demuestra que todos ellos sean culpables.

Lo que exige es continuar la investigación sobre sus actuaciones concretas.

X. La paradoja final: el Estado como posible instrumento de su propio perjuicio

Toda la argumentación conduce a una conclusión.

El Estado paraguayo creó organismos para administrar recursos previsionales, regular instituciones financieras, controlar inversiones y proteger el patrimonio público.

Esas instituciones recibieron facultades que debían ejercerse conforme a finalidades específicas.

Sin embargo, la crisis mostró que decisiones adoptadas dentro de esa misma estructura permitieron una concentración financiera de enorme relevancia y no evitaron un deterioro patrimonial grave.

Aquí se encuentra la paradoja.

El Estado no fue únicamente un actor externo que descubrió tardíamente los problemas de una empresa privada.

También fue depositante, inversor, legislador, regulador y supervisor.

Sus decisiones formaron parte de las condiciones bajo las cuales la entidad operó y creció.

Esto no demuestra que el Estado haya organizado deliberadamente un desfalco.

Pero sí demuestra por qué la investigación no puede limitarse a los administradores del banco.

Cuando una crisis privada compromete recursos públicos, resulta obligatorio investigar no solamente a quienes recibieron el dinero, sino también a quienes decidieron entregarlo, a quienes establecieron las condiciones de esa entrega y a quienes tenían la obligación de controlar su utilización.

La eventual responsabilidad debe determinarse en cada caso, con pruebas y conforme a las competencias legales correspondientes.

Lo inadmisible sería reducir todo el proceso a un escándalo empresarial y dejar intacto el examen de las decisiones públicas que lo acompañaron.

XI. Conclusión: no basta con encontrar culpables; hay que explicar cómo fue posible

El caso Ueno revela un problema que trasciende la suerte de un banco y la destitución de un presidente.

Revela la necesidad de investigar cómo las decisiones políticas pueden modificar las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, cómo los recursos públicos pueden concentrarse mediante actos administrativos sucesivos y cómo una estructura de supervisión puede resultar insuficiente frente a riesgos que se acumulan progresivamente.

También plantea una cuestión sobre el ejercicio del poder.

Las decisiones económicas del Estado no son acontecimientos naturales.

Tienen autores, fundamentos, procedimientos y consecuencias.

Una ley tiene promotores y legisladores que la aprueban.

Una inversión tiene responsables que la autorizan.

Una operación bancaria tiene administradores que la ejecutan.

Una autorización regulatoria tiene autoridades que la conceden.

Y una advertencia desatendida, cuando existe el deber de actuar, puede tener consecuencias jurídicas.

La investigación debe reconstruir esa cadena completa.

No corresponde convertir todas las sospechas en certezas ni confundir una imputación con una condena.

Pero tampoco corresponde utilizar la complejidad técnica del sistema financiero para disolver las responsabilidades en una explicación impersonal.

La complejidad no elimina la posibilidad de identificar decisiones. Hace más necesario identificarlas.

La hipótesis de una operación de guantes blancos será demostrable si se acredita que determinadas personas utilizaron conscientemente sus competencias públicas o sus posiciones empresariales para facilitar beneficios patrimoniales indebidos y trasladar riesgos hacia recursos administrados en interés de la sociedad.

Hasta que esa demostración se complete, debemos distinguir los hechos documentados de las conexiones que permanecen bajo investigación.

Pero hay una conclusión política que no necesita esperar a la última sentencia:

La crisis no puede explicarse únicamente por lo que hicieron los administradores privados de Ueno. También exige explicar las decisiones del Estado que permitieron su expansión, la concentración de fondos públicos y la insuficiencia de los controles que debían protegerlos.

Y tampoco puede cerrarse con la destitución de Santiago Peña.

Porque el presidente fue parte de una estructura de poder, no su único integrante.

Si esa estructura participó en la creación de las condiciones institucionales que hoy se cuestionan, sus decisiones deben ser examinadas con el mismo rigor.

La cuestión de fondo es mucho más grave que la caída de una entidad financiera.

Es determinar si las instituciones creadas para proteger el patrimonio público terminaron funcionando, por decisiones indebidas o por fallas graves de control, como instrumentos que facilitaron su exposición a intereses particulares.

Si la respuesta resulta afirmativa, no estaremos solamente ante una crisis bancaria.

Estaremos ante una crisis de la propia racionalidad institucional del Estado paraguayo.

Y esa es, precisamente, la cuestión que ninguna destitución presidencial, ninguna ruptura partidaria y ninguna explicación exclusivamente técnica debería conseguir ocultar.