Competencia racionalizadora, composición de los bloques parlamentarios y propiedades emergentes
Resumen
La cantidad de escaños obtenidos por un partido político constituye un indicador de su representación parlamentaria, pero no determina por sí misma la calidad de las capacidades disponibles para el ejercicio legislativo. Este ensayo examina las relaciones entre los procedimientos de selección de candidaturas, las competencias individuales de los representantes y las capacidades colectivas de los bloques parlamentarios. Se sostiene que las habilidades que favorecen la competitividad electoral no coinciden necesariamente con aquellas requeridas para comprender, evaluar y decidir sobre problemas legislativos complejos. Sin embargo, la competencia colectiva tampoco puede explicarse mediante la simple agregación de capacidades individuales, pues depende de su distribución, complementariedad y articulación dentro de estructuras organizativas específicas. El análisis adopta una perspectiva sistémica y una reconstrucción de las dependencias constitutivas de la representación, integrando explicaciones ascendentes y descendentes. Se distinguen diversas configuraciones posibles de cantidad y calidad representativa, así como las condiciones bajo las cuales pueden emerger capacidades colectivas funcionales o disfuncionales. Finalmente, se argumenta que los partidos políticos poseen una responsabilidad institucional que trasciende la conquista de escaños: considerar la composición competencial que sus procedimientos de selección pueden incorporar al Parlamento. La propuesta no establece restricciones elitistas a la participación democrática ni identifica la competencia legislativa con credenciales académicas. Su contribución consiste en precisar las condiciones bajo las cuales una representación electoralmente legítima puede desarrollar capacidades suficientes para examinar los problemas sometidos a su responsabilidad.
Palabras clave: representación legislativa; selección electoral; partidos políticos; competencia racionalizadora; emergencia sistémica; calidad parlamentaria.
1. La paradoja de la representación: muchos escaños, ¿cuánta capacidad legislativa?
Un partido político puede conquistar numerosos escaños y, sin embargo, constituir un bloque parlamentario con limitaciones importantes para comprender y examinar los problemas sobre los cuales deberá legislar. Otro partido, con una representación considerablemente menor, puede reunir capacidades que le permitan identificar contradicciones normativas, evaluar consecuencias institucionales y formular alternativas legislativas mejor fundamentadas. Esta posibilidad revela una distinción que suele quedar oscurecida por el predominio de los criterios electorales: la cantidad de representantes obtenidos no determina, por sí misma, la calidad de las capacidades incorporadas al Parlamento. La distinción no implica que los bloques pequeños sean necesariamente más competentes ni que los numerosos deban presentar deficiencias. Señala que cantidad y calidad constituyen dimensiones diferentes, cuyas relaciones requieren explicación.
La democracia representativa establece procedimientos legítimos para determinar quiénes ejercerán las funciones legislativas. Sin embargo, la autorización electoral no garantiza automáticamente que quienes resultan elegidos posean todas las competencias necesarias para desempeñarlas. Pitkin (1967) mostró que la representación política comprende dimensiones diferentes, entre ellas la autorización formal y la actuación sustantiva. Mansbridge (2003) amplió esta perspectiva al examinar distintas formas de representación democrática y las relaciones de responsabilidad que involucran.
Estas contribuciones permiten reconocer que la legitimidad del acceso al cargo y la calidad de su ejercicio no son propiedades equivalentes. Podemos expresar la distinción mediante:
Lₑ(x) ⇏ Kₗ(x)
Donde Lₑ(x) representa la legitimidad electoral del representante y Kₗ(x) su competencia legislativa.
La expresión no cuestiona el mandato democrático. Simplemente establece que la legitimidad de la elección no constituye una prueba de suficiencia competencial. El problema adquiere particular importancia en las sociedades contemporáneas. La legislación interviene sobre sistemas económicos, financieros, tecnológicos, ambientales, sanitarios y administrativos cuyas relaciones exceden frecuentemente la experiencia inmediata de los representantes.
Las decisiones legislativas pueden modificar incentivos, distribuir recursos, alterar competencias institucionales y producir consecuencias que no se encuentran expresamente previstas en las disposiciones aprobadas. Por consiguiente, legislar exige algo más que adoptar posiciones políticas o expresar preferencias. Requiere comprender problemas, examinar argumentos, reconocer dependencias y evaluar consecuencias. Esta exigencia conduce a una pregunta fundamental: ¿cómo llegan esas capacidades al Parlamento? La respuesta comienza antes de la elección, en los procedimientos mediante los cuales los partidos políticos determinan quiénes pueden convertirse en representantes.
2. La selección de candidatos: donde comienza la composición del Parlamento
Los partidos políticos cumplen una función decisiva en la configuración de la representación. No solamente organizan la competencia electoral y articulan intereses sociales. También intervienen en la selección de las personas que podrán acceder a los cargos públicos. Norris y Lovenduski (1995) analizaron el reclutamiento político atendiendo a las características de los aspirantes y a los procesos que condicionan sus oportunidades de selección. Hazan y Rahat (2006, 2010) estudiaron las consecuencias de los procedimientos de selección de candidatos sobre los partidos, las legislaturas y el comportamiento de los representantes. En el contexto latinoamericano, Siavelis y Morgenstern (2008) examinaron las relaciones entre reclutamiento político, selección de candidaturas e incentivos institucionales.
Estas investigaciones muestran que la composición parlamentaria no puede comprenderse adecuadamente si se prescinde de los mecanismos que preceden a la elección. Los partidos seleccionan candidatos conforme a reglas formales e informales, relaciones internas, estrategias electorales y criterios de valoración. Entre las propiedades que pueden resultar relevantes se encuentran la capacidad de movilización territorial, la trayectoria militante, el reconocimiento público, el liderazgo político, la experiencia institucional, la capacidad de negociación y los conocimientos especializados.
Ninguna de estas propiedades es necesariamente irrelevante. El problema aparece cuando los procedimientos de selección privilegian algunas de ellas sin considerar suficientemente otras que resultan importantes para el ejercicio legislativo. La capacidad de movilizar electores, por ejemplo, puede contribuir decisivamente a la obtención de un escaño. Sin embargo, esa capacidad no garantiza por sí misma que el candidato pueda examinar un proyecto normativo complejo, reconocer sus consecuencias institucionales o evaluar críticamente los argumentos de los especialistas.
Tampoco existe una incompatibilidad necesaria entre ambas capacidades. Un dirigente territorial puede poseer elevada competencia racionalizadora, mientras que una persona con formación académica extensa puede carecer de juicio político, comprensión institucional o capacidad deliberativa. Por tanto, el problema no consiste en establecer una oposición entre militantes y especialistas. Consiste en determinar si los criterios de selección permiten conformar una oferta electoral suficientemente diversa y competente para las funciones que deberán ejercerse. La importancia institucional de esta cuestión puede formularse mediante una restricción elemental.
Sea O el conjunto de candidaturas disponibles y E el conjunto de representantes elegidos entre ellas. Entonces:
E ⊆ O
Si una determinada competencia se encuentra completamente ausente de la oferta electoral, no podrá incorporarse inicialmente a la representación mediante la elección de esos candidatos. Formalmente:
¬∃x ∈ O : Rₐ(x) ⇒ ¬∃x ∈ E : Rₐ(x)
Donde Rₐ(x) representa la posesión de alta competencia racionalizadora.
Esto no significa que las capacidades de los representantes permanezcan invariables durante el mandato. Pueden desarrollarse mediante experiencia, aprendizaje y asesoramiento. Significa que los procedimientos de selección establecen una composición inicial que condiciona las posibilidades posteriores de actuación. La calidad competencial de la representación comienza, por tanto, a configurarse antes de que el Parlamento se constituya.
3. Conquistar un escaño y ejercerlo: dos competencias diferentes
La actividad electoral y la actividad legislativa comprenden funciones parcialmente diferentes. La primera exige construir apoyos, comunicar propuestas, movilizar voluntades, organizar recursos y competir por la representación. La segunda requiere intervenir en procesos normativos, examinar problemas públicos, evaluar argumentos, deliberar y asumir responsabilidad por decisiones institucionales.
Estas funciones pueden compartir determinadas capacidades, pero no son equivalentes. La competencia electoral puede definirse como el conjunto de capacidades que favorecen la obtención de representación dentro de determinadas condiciones políticas.
La competencia racionalizadora legislativa, en cambio, comprende la aptitud para identificar problemas, distinguir hechos de hipótesis y valoraciones, reconstruir argumentos, reconocer contradicciones, evaluar consecuencias y revisar juicios ante razones pertinentes. Esta definición no identifica la racionalidad con una determinada posición ideológica.
Tampoco exige que el legislador alcance siempre conclusiones correctas. Se refiere a las capacidades mediante las cuales puede examinar y justificar responsablemente sus decisiones. Podemos distinguir ambas competencias mediante:
M(x) ⇏ R(x, P)
Donde M(x) representa la capacidad de movilización electoral del candidato y R(x, P) su competencia racionalizadora respecto de una clase de problemas legislativos P.
La expresión establece que la capacidad de movilización no implica necesariamente competencia racionalizadora. Tampoco se sigue la implicación inversa:
R(x, P) ⇏ M(x)
Un candidato puede poseer competencias racionalizadoras relevantes sin disponer de las capacidades o condiciones necesarias para obtener representación electoral. Simon (1955) mostró que la racionalidad humana opera bajo restricciones cognitivas e informacionales. Su posterior análisis de la complejidad (Simon, 1962) proporciona elementos para comprender por qué los problemas organizativos no pueden resolverse suponiendo capacidades individuales ilimitadas. En el ámbito legislativo, Krehbiel (1991) examinó la importancia de la información y de las estructuras institucionales que permiten utilizarla. Estas perspectivas ayudan a distinguir tres situaciones.
Un representante puede disponer de información sin comprender suficientemente sus implicaciones. Puede comprender una explicación especializada sin poseer criterios adecuados para evaluar su consistencia. Y puede identificar correctamente las consecuencias probables de una medida sin compartir los valores políticos que justificarían adoptarla. Información, comprensión, juicio crítico y decisión política son dimensiones relacionadas, pero diferentes.
3.1. El problema del asesoramiento
La creciente complejidad de la legislación hace indispensable el asesoramiento especializado. Ningún legislador puede dominar individualmente todos los campos de conocimiento involucrados en la actividad parlamentaria. Sin embargo, la disponibilidad de asesores no elimina la necesidad de competencia racionalizadora del representante.
Un asesor puede proporcionar información técnica, formular alternativas y advertir consecuencias. Pero la responsabilidad institucional de examinar y decidir corresponde al legislador. Esta diferencia resulta importante porque recibir una explicación no equivale a poseer la capacidad necesaria para evaluarla. La autonomía cognitiva del representante no exige que reproduzca todos los conocimientos de sus asesores. Exige que pueda formular preguntas pertinentes, reconocer los límites de su comprensión, contrastar argumentos y justificar las razones por las cuales acepta o rechaza una recomendación.
Un legislador que depende completamente de comprensiones ajenas, sin posibilidad de examinarlas críticamente, puede conservar su autonomía formal de decisión mientras presenta una autonomía cognitiva limitada. Esto no implica que todas las decisiones deban resolverse mediante conocimiento especializado. Las decisiones legislativas comprenden desacuerdos valorativos legítimos. La competencia racionalizadora no sustituye esos desacuerdos: permite examinarlos con mayor claridad y distinguirlos de controversias sobre hechos, medios y consecuencias.
4. Del representante individual a la capacidad colectiva del bloque
Hasta aquí hemos considerado las competencias de los representantes individualmente. Sin embargo, el Parlamento no funciona como una simple colección de decisiones personales independientes. Los representantes integran bloques, comisiones y otras estructuras organizativas dentro de las cuales intercambian información, distribuyen responsabilidades, negocian posiciones y coordinan actuaciones. Por ello, la competencia individual constituye solamente una parte del problema. Un bloque integrado por personas altamente competentes puede producir resultados colectivos deficientes si sus integrantes no logran coordinarse, si las relaciones internas desalientan la crítica o si las decisiones se adoptan sin examinar suficientemente los argumentos disponibles. De manera inversa, un bloque cuyos integrantes poseen competencias parciales y complementarias puede desarrollar capacidades colectivas significativas mediante procedimientos adecuados de interacción.
La concepción sistémica de Bunge (1979, 2003) proporciona un fundamento para comprender esta diferencia. Las propiedades de un sistema dependen de sus componentes, de las relaciones que los vinculan y de sus interacciones con el entorno. Por tanto, la capacidad colectiva no puede identificarse sin más con la suma de las capacidades individuales. Podemos representar esta diferencia mediante:
Kᵣ(B, P) ≠ ∑ᵢ₌₁ⁿ Kᵢ(P)
Donde Kᵣ(B, P) representa la capacidad racionalizadora colectiva del bloque B respecto de los problemas P, mientras que Kᵢ(P) representa la competencia individual del integrante i.
La expresión no supone que ambas magnitudes hayan sido cuantificadas. Señala que la capacidad colectiva no puede definirse adecuadamente mediante una simple agregación de competencias personales.
4.1. La distribución de competencias
Supongamos dos bloques parlamentarios con igual cantidad de integrantes. En el primero, varios representantes poseen competencias semejantes, pero carecen de conocimientos relevantes para determinadas cuestiones legislativas. En el segundo, las capacidades se encuentran distribuidas entre integrantes con experiencia jurídica, económica, administrativa, territorial y política.
La segunda composición puede ofrecer mayores posibilidades de examinar problemas desde perspectivas complementarias. Sin embargo, la diversidad de competencias no garantiza automáticamente mejores resultados. Para que esas capacidades contribuyan al funcionamiento colectivo deben existir relaciones que permitan integrarlas. Hong y Page (2004) estudiaron, bajo condiciones específicas, las ventajas que pueden presentar grupos con diversidad de enfoques en la resolución de problemas. Woolley et al. (2010) encontraron evidencia experimental sobre diferencias en la inteligencia colectiva de grupos y su relación con características de interacción. Landemore (2013) desarrolló argumentos acerca del valor epistémico de la diversidad cognitiva en contextos democráticos. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. Thompson (2014) cuestionó generalizaciones indebidas sobre las ventajas de la diversidad derivadas de determinados modelos matemáticos.
Por consiguiente, no corresponde sostener que la heterogeneidad sea siempre superior a la homogeneidad. Su rendimiento depende de la pertinencia de las competencias, de las tareas consideradas y de las condiciones organizativas.
4.2. La emergencia de capacidades colectivas
La interacción entre representantes puede producir capacidades que no se encuentran disponibles de la misma manera en sus integrantes considerados aisladamente. Un legislador puede identificar un problema jurídico. Otro puede advertir sus consecuencias económicas. Un tercero puede reconocer dificultades de implementación administrativa. Mediante la integración crítica de estas perspectivas, el bloque puede elaborar una evaluación más completa que cualquiera de las contribuciones individuales.
Esta capacidad colectiva depende de las competencias disponibles, pero también de sus relaciones. En ese sentido, puede examinarse como una propiedad sistémica emergente. Podemos expresar sus dependencias mediante:
Kᵣ(B, P) = F(Kᵢ(B, P), Σᵣ(B), D(B, P), E)
Donde:
Kᵢ(B, P) representa la distribución de competencias individuales pertinentes.
Σᵣ(B) representa las relaciones organizativas relevantes.
D(B, P) representa los procedimientos efectivos de deliberación y evaluación.
E representa las condiciones institucionales del entorno.
La función F expresa un esquema de dependencias conceptuales y funcionales, no una ecuación empíricamente estimada.
La emergencia no implica necesariamente una mejora. También pueden aparecer fenómenos colectivos disfuncionales. La subordinación acrítica a una autoridad interna puede impedir que se expresen conocimientos relevantes. La presión por mantener posiciones uniformes puede desalentar la revisión de argumentos. La reproducción de errores compartidos puede producir una apariencia de consenso sin suficiente examen crítico. Por tanto, debemos distinguir entre la existencia de capacidades individuales y las condiciones organizativas que permiten utilizarlas.
4.3. La relación entre individuos y estructuras
La explicación debe operar en dos direcciones. Desde los individuos hacia el bloque, interesa comprender cómo las competencias seleccionadas contribuyen a configurar sus capacidades colectivas. Desde las estructuras hacia los individuos, interesa examinar cómo las reglas, jerarquías, incentivos y procedimientos condicionan el ejercicio de esas competencias. Coleman (1990) proporciona un antecedente para analizar relaciones entre condiciones sociales, acciones individuales y resultados colectivos. Hedström y Swedberg (1998) ofrecen recursos para reconstruir mecanismos que conectan diferentes niveles explicativos.
Estas perspectivas permiten evitar dos reduccionismos. El primero consiste en suponer que basta con seleccionar representantes individualmente competentes para garantizar un bloque competente. El segundo consiste en atribuir la calidad colectiva exclusivamente a las estructuras organizativas, prescindiendo de las capacidades de quienes las integran. La explicación requiere ambos niveles y las relaciones que los conectan.
5. Las distintas configuraciones de calidad legislativa
La distinción entre cantidad de escaños, competencias individuales y organización colectiva permite identificar diversas configuraciones posibles de representación. No se trata de clasificaciones empíricas de partidos existentes, sino de situaciones analíticas que ayudan a esclarecer el problema.
5.1. Representación numerosa con competencias racionalizadoras distribuidas
Un bloque numeroso puede reunir capacidades pertinentes en diversos campos y contar con procedimientos que permitan integrarlas. Esta configuración ofrece posibilidades de especialización, distribución de responsabilidades y deliberación colectiva. Sin embargo, su rendimiento depende de la organización. La cantidad facilita la disponibilidad potencial de capacidades, pero también puede incrementar las dificultades de coordinación.
5.2. Representación numerosa con competencias insuficientes
Un bloque puede conquistar numerosos escaños mediante candidaturas electoralmente competitivas sin incorporar una distribución suficiente de competencias racionalizadoras. En esta configuración, la fuerza numérica puede coexistir con limitaciones cognitivas. La posibilidad resulta especialmente relevante cuando el bloque posee capacidad para influir decisivamente en la aprobación de leyes. Su poder institucional puede ser elevado sin que exista una capacidad equivalente para examinar críticamente las consecuencias de sus decisiones. No se afirma que esta configuración caracterice a una organización determinada. Se identifica una posibilidad que los procedimientos de selección deberían considerar.
5.3. Representación reducida con competencias complementarias
Un bloque pequeño puede reunir capacidades diversas y establecer relaciones de cooperación que favorezcan su integración. En determinados problemas, esta composición puede permitir una deliberación rigurosa. Sin embargo, su tamaño también puede limitar la disponibilidad de conocimientos y la distribución de tareas. La calidad de sus capacidades no elimina las restricciones derivadas de una representación numéricamente reducida.
5.4. Representación reducida con competencias insuficientes
Un bloque pequeño también puede presentar limitaciones tanto en la cantidad de integrantes como en la disponibilidad de competencias relevantes. En esta situación, las restricciones numéricas y competenciales pueden reforzarse. La organización y el asesoramiento pueden mitigar algunas dificultades, pero no garantizan su eliminación.
5.5. Competencias concentradas en pocos integrantes
Un bloque puede contar con representantes altamente competentes cuyas capacidades se encuentran concentradas en un grupo reducido. Esta configuración puede favorecer la elaboración especializada de posiciones. Pero también puede generar dependencia cognitiva. Si la mayoría de los integrantes carece de condiciones para examinar críticamente las propuestas del grupo especializado, la deliberación colectiva puede transformarse en aceptación de juicios ajenos. La presencia de especialistas no garantiza, por tanto, autonomía cognitiva distribuida.
5.6. Competencias disponibles, pero insuficientemente integradas
Un bloque puede reunir una composición individualmente competente y, sin embargo, carecer de procedimientos adecuados para articular sus capacidades. Las relaciones internas pueden impedir el intercambio crítico, la cooperación o la revisión de posiciones. En esta situación, el problema principal no se encuentra en la selección inicial, sino en la organización colectiva. Esta configuración muestra por qué la calidad de la representación no puede explicarse exclusivamente desde las propiedades individuales.
5.7. Competencias limitadas inicialmente, pero desarrolladas durante el mandato
La composición competencial producida por una elección no permanece necesariamente invariable. Los representantes pueden adquirir conocimientos, desarrollar capacidades deliberativas y mejorar su comprensión institucional mediante la experiencia, la formación y el trabajo parlamentario. Por tanto, una composición inicialmente limitada no determina de manera irreversible el desempeño futuro del bloque. La selección establece condiciones iniciales, pero las relaciones organizativas y los procesos de aprendizaje pueden modificarlas. Esta posibilidad también debe considerarse al evaluar la responsabilidad de los partidos. No solamente importa a quiénes seleccionan, sino qué condiciones proporcionan para desarrollar las capacidades de sus representantes.
5.8. Una consecuencia general
Las configuraciones anteriores permiten establecer que la calidad de un bloque depende de relaciones entre varias dimensiones. No existe una correspondencia necesaria entre cantidad de escaños y capacidad racionalizadora. Tampoco existe una correspondencia automática entre competencias individuales y capacidad colectiva. Por consiguiente, el análisis de la representación debe considerar simultáneamente su dimensión numérica, su composición competencial y su organización funcional.
6. La responsabilidad de los partidos en la calidad de la representación
Los partidos políticos buscan legítimamente conquistar representación. La competencia electoral constituye una condición fundamental de su participación democrática. Sin embargo, obtener escaños no agota sus responsabilidades institucionales. Los partidos intervienen en la conformación de la oferta electoral y, mediante ella, condicionan las capacidades que podrán incorporarse al Parlamento. Esta función adquiere relevancia porque las decisiones legislativas no afectan solamente a quienes votaron por determinados representantes. Sus consecuencias pueden extenderse al conjunto de la sociedad.
Por tanto, existen razones para exigir que los procedimientos de selección consideren las capacidades necesarias para el ejercicio de las funciones legislativas. Esta exigencia no supone introducir requisitos académicos excluyentes ni restringir los derechos políticos. La competencia racionalizadora no puede identificarse con la posesión de títulos universitarios. La experiencia política, la participación social, el conocimiento territorial y el aprendizaje institucional pueden proporcionar capacidades relevantes.
Asimismo, la formación especializada no garantiza por sí misma buen juicio legislativo. El criterio fundamental debe ser funcional: qué capacidades son pertinentes para las responsabilidades que deberán ejercerse y cómo pueden complementarse dentro del bloque.
6.1. La selección como responsabilidad organizativa
La responsabilidad partidaria comprende al menos dos dimensiones. La primera es electoral: seleccionar candidaturas capaces de representar intereses, construir apoyos y competir legítimamente por los cargos. La segunda es institucional: procurar una composición que permita ejercer competentemente las funciones representativas. Estas dimensiones no son necesariamente incompatibles. Pero tampoco son equivalentes. Un procedimiento de selección puede resultar eficaz para conquistar escaños y, al mismo tiempo, presentar limitaciones para conformar una composición competencial adecuada. La cuestión no consiste en sustituir la legitimidad democrática por criterios tecnocráticos. Consiste en reconocer que los partidos pueden incorporar consideraciones competenciales a sus procesos de selección sin eliminar la participación política ni la decisión de los electores.
6.2. Democracia interna y competencia legislativa
La democratización de los procedimientos internos constituye un problema distinto del de la suficiencia competencial. Un proceso ampliamente participativo puede producir candidaturas con capacidades diversas. Pero la amplitud de la participación no garantiza automáticamente que la composición resultante sea funcionalmente adecuada. De manera inversa, un procedimiento centralizado tampoco garantiza la selección de candidatos más competentes. Por tanto, no corresponde identificar democracia interna con calidad competencial ni presentar ambas dimensiones como necesariamente opuestas. El desafío consiste en diseñar procedimientos que respeten la participación y permitan considerar razonablemente las capacidades necesarias para el ejercicio legislativo.
6.3. La calidad del bloque como responsabilidad continuada
La responsabilidad partidaria no termina con la elección. La distribución de funciones, la organización de equipos de trabajo, la promoción de la deliberación crítica y las oportunidades de formación pueden contribuir al desarrollo de capacidades colectivas. Esto significa que la selección inicial y la organización posterior forman parte de un mismo problema institucional, aunque intervengan mediante mecanismos diferentes. La primera condiciona qué competencias ingresan al Parlamento. La segunda condiciona cómo esas competencias pueden desarrollarse y articularse. Una organización partidaria preocupada por la calidad legislativa debería considerar ambas dimensiones.
7. Conclusiones: la calidad legislativa comienza antes de la elección
La representación legislativa posee una dimensión cuantitativa evidente: la cantidad de escaños obtenidos por los partidos políticos. Sin embargo, esa dimensión no determina por sí misma la calidad de las capacidades disponibles para el ejercicio parlamentario. La selección electoral incorpora personas con determinadas competencias, conocimientos, experiencias y limitaciones. Estas propiedades individuales constituyen componentes relevantes de la capacidad legislativa, pero no explican completamente el funcionamiento de los bloques.
Las capacidades colectivas dependen también de la distribución de competencias, de las relaciones entre integrantes y de los procedimientos mediante los cuales se integran conocimientos y argumentos. La interacción puede favorecer la emergencia de capacidades racionalizadoras colectivas. También puede producir fenómenos disfuncionales que limiten el aprovechamiento de las competencias disponibles. Por ello, la calidad legislativa no puede reducirse a la competencia de determinados representantes ni a la cantidad de integrantes de un bloque. Debe comprenderse como una propiedad funcional dependiente de la composición y organización de la representación.
Esta conclusión permite precisar la responsabilidad de los partidos políticos. Los procedimientos de selección no solamente determinan quiénes competirán electoralmente. También condicionan qué capacidades podrán incorporarse inicialmente a las instituciones legislativas. Cuando esos procedimientos privilegian predominantemente las propiedades que favorecen la obtención de votos, sin considerar suficientemente las competencias necesarias para ejercer los cargos, pueden producir una composición funcionalmente limitada. La consecuencia no es que deba restringirse la participación democrática ni que la representación corresponda exclusivamente a especialistas.
La actividad legislativa exige capacidades diferentes y complementarias. La experiencia territorial, la movilización política, el conocimiento institucional, la formación especializada y el juicio crítico pueden contribuir de maneras distintas a su ejercicio. El problema consiste en procurar que esas capacidades se encuentren suficientemente presentes y puedan articularse dentro de los bloques parlamentarios.
En definitiva, la calidad de la representación legislativa comienza a configurarse antes de la elección, pero no queda definitivamente determinada por ella.
Los partidos intervienen en esa configuración mediante la selección de candidaturas y mediante la organización posterior de sus representantes. De ahí que su responsabilidad institucional no pueda evaluarse exclusivamente por la cantidad de escaños conquistados. Debe considerar también las condiciones bajo las cuales esos escaños podrán convertirse en capacidades efectivas para examinar, deliberar y decidir sobre los problemas públicos. La representación democrática establece legítimamente quiénes ejercen las funciones legislativas. La calidad de su ejercicio depende, además, de las competencias que ingresan al Parlamento y de las relaciones mediante las cuales pueden transformarse en capacidades colectivas.
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