¿Quién controla aquello que decide cómo se cuentan nuestros votos?
La
incorporación de tecnología a las elecciones paraguayas ha modificado
profundamente las condiciones materiales en las que los ciudadanos ejercen el
sufragio. Hoy, una parte decisiva del procedimiento electoral depende de
dispositivos electrónicos, programas informáticos, sistemas de almacenamiento,
mecanismos de transmisión y operaciones técnicas que la mayoría de los electores
no puede observar ni verificar directamente.
Esta
transformación plantea un problema que merece una discusión jurídica mucho más
profunda: ¿hemos desarrollado las garantías legales necesarias para controlar
la tecnología electoral con la misma rigurosidad con que hemos autorizado su
utilización?
La
pregunta no es menor. En una democracia, no basta con que los ciudadanos puedan
votar. También debe ser posible comprobar que sus votos fueron correctamente
registrados, contabilizados y transformados en resultados electorales.
Y esa
comprobación no puede depender exclusivamente de las afirmaciones de quienes
administran la tecnología.
La
cuestión de fondo es sencilla: una elección no debe ser confiable porque una
autoridad asegura que lo es, sino porque existen procedimientos independientes,
verificables y jurídicamente exigibles para demostrarlo.
I. El problema que comienza en nuestras propias
leyes
Paraguay
cuenta con disposiciones legales que regulan la utilización de tecnología
electoral. Entre ellas destacan la Ley N.º 3017/2006 y la Ley N.º 6318/2019.
La
primera estableció un régimen específico de fiscalización de las urnas
electrónicas. La segunda introdujo modificaciones al sistema electoral,
incorporó las listas desbloqueadas y dispuso la utilización de sistemas de voto
electrónico, incluidos aquellos que expiden una versión impresa del sufragio.
El
problema surge cuando examinamos cómo se relacionan ambas leyes.
La Ley
N.º 3017/2006 no se limitó a autorizar máquinas. Estableció obligaciones
concretas de control: intervención de apoderados informáticos, acceso a
documentación técnica, verificación de programas, pruebas anteriores a los
comicios, controles durante la jornada electoral y verificaciones posteriores.
La Ley
N.º 6318/2019, por su parte, incorporó el voto electrónico dentro de una
reforma del sistema de representación política, pero no desarrolló nuevamente,
con igual detalle, todo aquel régimen de fiscalización tecnológica.
Aquí
aparece una cuestión jurídica fundamental.
¿Qué
ocurrió con las garantías establecidas en 2006?
¿Fueron
sustituidas? ¿Continúan siendo exigibles? ¿Cuáles resultan compatibles con los
sistemas actualmente utilizados? ¿Qué autoridad debe garantizar su
cumplimiento? ¿Qué ocurre cuando una obligación legal de fiscalización no se
ejecuta?
La
cláusula de derogación de disposiciones contrarias contenida en la legislación
posterior no equivale, por sí misma, a una derogación expresa e integral de
todas las obligaciones anteriores.
Por
tanto, no corresponde dar por desaparecida una garantía simplemente porque la
práctica administrativa haya evolucionado hacia otra tecnología o porque una
reglamentación haya establecido procedimientos diferentes.
Tampoco
basta afirmar que una disposición permanece vigente para demostrar que
efectivamente se cumple.
Estamos
ante tres problemas jurídicos diferentes: la vigencia de una norma, su
compatibilidad con otras disposiciones y la eficacia de los mecanismos que
permiten exigir su cumplimiento.
Confundirlos
puede producir una situación particularmente delicada: derechos de
fiscalización reconocidos en el ordenamiento jurídico cuya aplicación concreta
permanece incierta.
¿Cómo
podría resolverse esta incertidumbre mediante una ley?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Régimen integral de garantías
tecnológicas electorales.
La utilización de sistemas tecnológicos en los
procesos electorales estará sometida a un régimen legal integral de seguridad,
transparencia, verificabilidad y fiscalización independiente.
Las garantías esenciales de control no podrán ser
suprimidas, restringidas o sustituidas mediante disposiciones reglamentarias,
actos administrativos o contratos, salvo habilitación legal expresa.
Toda sustitución de disposiciones anteriores deberá
establecer expresamente las garantías que las reemplazan y los mecanismos para
exigir su cumplimiento.
El
alcance de una disposición de este tipo sería fundamental: impediría que una
garantía reconocida por ley desaparezca en la práctica por una interpretación
administrativa no suficientemente fundada.
II. Las garantías que ya estaban escritas
Conviene
detenerse en algunos detalles de la Ley N.º 3017/2006, porque muestran que la
preocupación por la fiscalización informática no es nueva.
Su
artículo 2.º establece la intervención de apoderados informáticos de las
organizaciones políticas en procesos relacionados con el código fuente, el
código ejecutable y su instalación.
El
artículo 3.º reconoce acceso a información y documentación técnica de los
programas y sistemas de seguridad, dentro del marco de protección
correspondiente.
El
artículo 5.º dispone una fiscalización quince días antes de los comicios,
mediante pruebas sobre máquinas seleccionadas aleatoriamente, con un mínimo de
una por distrito de votación.
El
artículo 7.º establece la selección, veinticuatro horas antes de la elección,
de máquinas correspondientes al menos al uno por ciento de las mesas
electorales, para su auditoría durante la jornada.
El artículo
10 contempla una verificación posterior a los comicios.
Y el
artículo 12 prevé la posibilidad de solicitar consecuencias electorales graves
ante determinados supuestos de adulteración del código fuente, sujetos a las
condiciones que establece la propia disposición.
Estos
mecanismos no son simples recomendaciones técnicas. Fueron formulados como
obligaciones legales.
Por eso
resulta indispensable establecer, documentalmente, cuáles de estos
procedimientos se realizan, cuáles han sido adaptados, cuáles podrían resultar
incompatibles con la tecnología actual y cuál es el fundamento jurídico de cada
modificación.
No se
trata de afirmar, sin pruebas, que todos esos controles fueron omitidos.
Se trata
de exigir una respuesta verificable a una pregunta legítima: ¿cómo se acredita
el cumplimiento de las garantías legales de fiscalización electoral?
Si los
procedimientos existen, deben poder identificarse sus fundamentos,
responsables, resultados y documentos respaldatorios.
Si fueron
reemplazados, debe explicarse con qué autoridad normativa y mediante qué
garantías equivalentes o superiores.
Y si
algunos resultan técnicamente obsoletos, corresponde al legislador
actualizarlos, no dejarlos en una zona indefinida de aplicación.
¿Cómo
convertir ese derecho de fiscalización en una obligación efectivamente
exigible?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Fiscalización informática obligatoria.
La autoridad electoral garantizará a los apoderados
informáticos acreditados la intervención efectiva en los procedimientos de
certificación, instalación, verificación y auditoría de los sistemas
tecnológicos electorales.
Toda actuación deberá documentarse mediante actas
que identifiquen los componentes examinados, las pruebas realizadas, sus
resultados y las observaciones formuladas por los fiscalizadores.
La negativa de acceso deberá constar por escrito,
expresar sus fundamentos legales y ser susceptible de revisión ante la
autoridad competente.
La
diferencia es sustancial. La fiscalización dejaría de depender de una
invitación administrativa o de una demostración organizada por el proveedor.
Existiría una obligación verificable, con documentación y mecanismos de
reclamación.
III. La diferencia entre utilizar una máquina y
poder fiscalizarla
Supongamos
que una organización política solicita verificar el programa informático
utilizado en las máquinas de votación.
¿Qué
debería poder comprobar?
En primer
lugar, que el programa examinado corresponde al que efectivamente se encuentra
instalado en los equipos utilizados durante las elecciones.
En
segundo lugar, que las candidaturas, opciones electorales y reglas de registro
y cómputo se encuentran correctamente implementadas.
En tercer
lugar, que no existen modificaciones no autorizadas entre la certificación del
sistema y su utilización efectiva.
Y,
finalmente, que los resultados producidos pueden contrastarse con evidencias
independientes.
Estas
verificaciones son distintas de una demostración funcional.
Una
máquina puede mostrar correctamente las opciones, imprimir un boletín y
producir un resultado de prueba sin que esa demostración permita conocer
íntegramente las condiciones de seguridad, integridad y verificabilidad del
sistema.
Tampoco
alcanza con examinar un código fuente si no existe un procedimiento para
comprobar que ese código corresponde al programa ejecutable instalado.
El
problema es de correspondencia entre objetos diferentes: el programa declarado,
el programa examinado, el programa instalado y el programa efectivamente
ejecutado.
Fiscalizar
una tecnología no significa observar cómo funciona cuando alguien la demuestra.
Significa disponer de medios independientes para examinar si funciona conforme
a las condiciones legalmente exigidas.
Por eso,
una legislación electoral moderna debe precisar los derechos de acceso técnico,
las condiciones de auditoría, los procedimientos de identificación de versiones
y las obligaciones de documentación.
La
seguridad informática puede justificar restricciones razonables al acceso
público de ciertos elementos sensibles. Lo que no puede justificar, sin más, es
que toda comprobación independiente resulte imposible.
¿Cómo
evitar que la auditoría examine un programa distinto del utilizado en la
elección?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Identidad e integridad del software
electoral.
Los programas informáticos autorizados para su
utilización electoral deberán contar con mecanismos verificables de
identificación de versión e integridad.
Antes de su utilización, se comprobará que los
programas instalados corresponden a las versiones previamente certificadas.
Toda modificación posterior deberá ser autorizada,
documentada y sometida a los controles técnicos correspondientes. Queda
prohibida la utilización de componentes informáticos electorales cuya identidad
e integridad no puedan verificarse conforme al procedimiento legal.
Con una
disposición semejante ya no bastaría con afirmar que un programa fue auditado.
Habría que demostrar que el programa utilizado corresponde efectivamente al
examinado.
IV. El voto impreso: una garantía que debe tener
consecuencias
La
legislación paraguaya contempla la utilización de sistemas que expiden una
versión impresa del voto, posteriormente depositada en una urna convencional.
Esta
característica introduce una posibilidad fundamental: contar con una evidencia
física del sufragio que pueda ser examinada independientemente del sistema
electrónico.
Sin
embargo, la existencia de un boletín impreso plantea nuevas preguntas.
¿Qué
ocurre si la información visible en el papel no coincide con los datos
electrónicos que contiene?
¿Qué
valor debe prevalecer cuando existe una discrepancia?
¿Cómo se
verifica que el sistema de lectura interpreta correctamente el boletín?
¿En qué
condiciones puede realizarse un recuento manual?
¿Quién
puede solicitarlo y qué efectos jurídicos produce?
La
impresión del voto no constituye, por sí sola, una auditoría independiente.
Para que
el soporte físico funcione como garantía efectiva, deben existir reglas que
permitan utilizarlo para comprobar y, cuando corresponda, corregir los
resultados electrónicos.
De otro
modo, podríamos encontrarnos ante una paradoja: disponer de evidencia material
del sufragio sin contar con procedimientos suficientemente definidos para
hacerla prevalecer cuando se demuestra una discrepancia.
También
debe protegerse el secreto del voto. Los identificadores, registros
electrónicos y mecanismos de lectura no deben permitir reconstruir la relación
entre un elector determinado y su elección.
Una
garantía de verificabilidad no puede obtenerse sacrificando otra garantía
constitucional.
¿Cómo
conferir al voto impreso una función jurídica efectiva?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Prevalencia de la expresión física
verificable del sufragio.
Cuando el sistema de votación produzca un boletín
físico con información legible por el elector y datos electrónicos asociados,
deberá garantizarse la correspondencia entre ambas representaciones.
En los procedimientos de auditoría y recuento
manual legalmente autorizados, la expresión legible del voto contenida en el
boletín físico válidamente emitido constituirá la evidencia primaria para
determinar la voluntad electoral, sin perjuicio de las reglas legales de
validez y nulidad del sufragio.
Las discrepancias detectadas deberán documentarse y
someterse al procedimiento de verificación correspondiente.
El
alcance sería claro: el papel dejaría de ser solamente un comprobante
depositado en una urna. Tendría una función jurídica expresa para contrastar el
resultado electrónico.
V. El escrutinio electrónico y la necesidad de una
comprobación independiente
El
momento más delicado de una elección no termina cuando el ciudadano deposita su
voto.
Continúa
durante el escrutinio, la consolidación de resultados, la transmisión de
información y la adjudicación de cargos.
En estas
etapas, un error técnico puede tener consecuencias diferentes según su
naturaleza y alcance.
Una falla
de visualización puede ser irrelevante para el resultado. Un error de lectura
puede afectar el cómputo de determinados boletines. Una modificación no
autorizada de datos podría comprometer la integridad de una operación
electoral.
No todas
estas situaciones constituyen fraude. Tampoco todas justifican una nulidad.
Pero
todas requieren procedimientos jurídicos capaces de determinar qué ocurrió.
Esto es
especialmente importante en elecciones con listas desbloqueadas y voto
preferencial, donde la distribución de bancas y el orden de los candidatos
pueden depender de diferencias relativamente pequeñas.
La
verificación no debe limitarse a comprobar el total de votos de cada
organización política. También debe considerar las preferencias individuales y
su incidencia sobre la adjudicación de cargos.
Una
legislación suficientemente precisa debería establecer procedimientos de
auditoría, criterios de selección de muestras, reglas de ampliación de
controles y supuestos de recuento completo.
La
finalidad no es repetir innecesariamente cada escrutinio, sino garantizar que
exista un mecanismo independiente capaz de detectar errores relevantes y
corregirlos conforme a derecho.
¿Cómo
comprobar que el escrutinio electrónico corresponde a los votos efectivamente
emitidos?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Auditoría independiente de resultados.
Los resultados producidos mediante sistemas
electrónicos estarán sujetos a procedimientos de auditoría mediante el examen
de los boletines físicos legalmente válidos.
La selección de muestras deberá efectuarse mediante
procedimientos públicos, aleatorios, reproducibles y documentados.
Cuando las discrepancias detectadas superen los
criterios de tolerancia legalmente establecidos o comprometan la confiabilidad
de los resultados, corresponderá ampliar la auditoría y, en los supuestos previstos
por la ley, realizar el recuento manual correspondiente.
El
resultado de la máquina no sería inmune a la comprobación. Existiría un
procedimiento legal para contrastarlo y corregirlo cuando corresponda.
VI. ¿Quién controla al proveedor de la tecnología
electoral?
Otro
problema merece atención: la distribución de responsabilidades entre la
autoridad electoral y las empresas que proporcionan tecnología.
La
administración electoral tiene competencias públicas. Los proveedores, en
cambio, participan mediante relaciones contractuales y obligaciones técnicas.
Esta
diferencia importa porque ninguna contratación puede convertir a una empresa en
autoridad electoral ni permitir que la verificación pública dependa
exclusivamente de información que el propio proveedor decide entregar.
Es
necesario establecer quién controla los programas, quién conserva las versiones
certificadas, quién administra las credenciales críticas, quién autoriza las
actualizaciones y quién responde por una modificación no documentada.
También
debe definirse qué información puede examinar un auditor independiente y bajo
qué condiciones.
La
propiedad intelectual, los secretos comerciales y la seguridad informática
merecen protección jurídica, pero deben armonizarse con las exigencias de
transparencia y fiscalización de una función pública esencial.
La
cuestión no es desconfiar de una empresa determinada.
Es
impedir que la estructura institucional del proceso electoral produzca una
dependencia técnica que haga imposible comprobar sus resultados sin la
colaboración del mismo sujeto cuya actuación se pretende verificar.
¿Cómo
impedir que el proveedor se convierta en el único sujeto capaz de verificar su
propia tecnología?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Independencia de la verificación
tecnológica.
La certificación y auditoría independiente de los
sistemas tecnológicos electorales no podrán depender exclusivamente de
declaraciones, informes o demostraciones proporcionados por sus fabricantes o
proveedores.
Los contratos deberán garantizar a la autoridad
electoral y a los fiscalizadores legalmente acreditados el acceso a la
documentación, componentes y procedimientos necesarios para efectuar las
verificaciones autorizadas.
Las condiciones de confidencialidad y seguridad
deberán proteger la información sensible sin impedir el ejercicio de los
derechos legales de fiscalización.
Con ello,
la capacidad de verificar el sistema no quedaría subordinada a la voluntad del
proveedor.
VII. Las fallas tecnológicas también necesitan
respuestas legales
¿Qué
ocurre cuando una máquina deja de funcionar durante una elección?
¿Quién
decide sustituirla? ¿Cómo se conserva la evidencia de lo sucedido? ¿Qué sucede
con los votos ya emitidos? ¿Cómo se evita la duplicación o pérdida de
sufragios? ¿Cuándo puede utilizarse un procedimiento alternativo?
Estas
preguntas no deberían resolverse improvisadamente el día de los comicios.
Las
contingencias requieren protocolos previamente establecidos, responsables
identificables, documentación verificable y procedimientos compatibles con el
secreto del voto y la igualdad de los electores.
Especialmente
delicada resulta la eventual sustitución de una modalidad electrónica por otra
manual.
La
autoridad administrativa puede ejecutar procedimientos autorizados por la ley,
pero no debería poder alterar discrecionalmente las condiciones esenciales del
sufragio.
Por eso,
una regulación moderna debe determinar las contingencias admisibles, los
mecanismos de sustitución, las obligaciones de registro y las condiciones
jurídicas de continuidad o interrupción de las operaciones electorales.
¿Qué debe
ocurrir cuando una máquina falla durante la votación?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Contingencias y continuidad del
sufragio.
Las fallas tecnológicas que afecten la emisión, registro
o escrutinio de votos deberán atenderse mediante procedimientos previamente
establecidos por la legislación electoral.
Toda sustitución de equipos deberá documentarse,
preservar la integridad de los sufragios emitidos y garantizar la continuidad
de la cadena de custodia.
La utilización excepcional de una modalidad
alternativa de votación requerirá habilitación legal expresa y estará sujeta a
garantías equivalentes de secreto, igualdad, fiscalización y documentación.
Una
contingencia dejaría de ser una situación cuya solución esencial dependa de
decisiones improvisadas durante la jornada electoral.
VIII. Cuando una garantía llega demasiado tarde
Existe
otro problema que suele recibir menos atención: el tiempo.
Una
controversia tecnológica puede requerir una solución inmediata.
Si una
organización política denuncia una modificación no autorizada del programa, una
restricción indebida a la fiscalización o la posible pérdida de evidencias, una
respuesta judicial posterior a la destrucción o alteración de esos elementos
puede resultar materialmente inútil.
En
consecuencia, no basta con reconocer el derecho a impugnar.
Deben
existir mecanismos oportunos de preservación de evidencias, acceso a peritajes,
resolución de controversias y revisión de decisiones.
Al mismo
tiempo, las garantías procesales deben impedir que cualquier denuncia infundada
paralice automáticamente una elección.
La
legislación debe distinguir entre anomalías técnicas, irregularidades
jurídicas, alteraciones deliberadas y causales legales de nulidad.
Cada
supuesto requiere una respuesta proporcional, fundada y compatible con el
debido proceso.
La tutela
electoral debe ser suficientemente rápida para resultar eficaz y
suficientemente rigurosa para no convertirse en un instrumento arbitrario.
¿De qué
sirve descubrir una irregularidad si las evidencias desaparecen antes de que
pueda investigarse?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Preservación urgente de evidencias
tecnológicas.
Ante indicios objetivos de alteración, pérdida o
destrucción de evidencias relevantes para la integridad del proceso electoral,
los sujetos legitimados podrán solicitar medidas urgentes de preservación ante
el órgano competente de la Justicia Electoral.
La autoridad deberá resolver fundadamente en un
plazo compatible con la urgencia del caso y podrá ordenar la inmovilización de
equipos, conservación de registros, obtención de copias forenses y demás
medidas legalmente autorizadas.
Las medidas deberán respetar el debido proceso, el
secreto del sufragio y el principio de proporcionalidad.
El
derecho a impugnar tendría instrumentos concretos para impedir que la prueba
desaparezca mientras se tramita una controversia.
IX. El problema institucional: administrar no es lo
mismo que verificar
Todas
estas cuestiones conducen a un principio más general.
La
Justicia Electoral tiene la responsabilidad institucional de organizar y
administrar los procesos electorales dentro de sus competencias
constitucionales y legales.
Pero
administrar una tecnología y verificar independientemente su funcionamiento son
funciones conceptualmente distintas.
Una
institución puede realizar controles internos rigurosos y, aun así, necesitar
mecanismos externos de fiscalización que permitan contrastar sus actuaciones.
Esto no
supone desconocer la autoridad del Tribunal Superior de Justicia Electoral ni
trasladar sus competencias a organizaciones políticas o empresas privadas.
Significa
establecer garantías que hagan posible comprobar los actos de administración
electoral mediante procedimientos objetivos, documentados y jurídicamente
exigibles.
La
independencia de la fiscalización no debe confundirse con ausencia de reglas.
Los
auditores deben cumplir requisitos técnicos, obligaciones de confidencialidad y
procedimientos de seguridad. Pero esas condiciones no pueden convertirse en
instrumentos que vacíen de contenido el derecho de fiscalización.
El
principio puede formularse de manera precisa:
La
autoridad electoral debe conservar sus competencias de administración, pero no
debería disponer del monopolio de la comprobación de sus propios procedimientos
tecnológicos.
¿Cómo
garantizar jurídicamente esa separación de funciones?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Separación funcional y fiscalización
independiente.
La administración, operación y custodia de los
sistemas tecnológicos electorales corresponderán a las autoridades legalmente
competentes.
Su certificación y verificación estarán sujetas a
procedimientos que garanticen la participación de fiscalizadores independientes
y técnicamente acreditados, conforme a la ley.
Ningún sujeto responsable de la operación del
sistema podrá impedir, sustituir o monopolizar los procedimientos de
fiscalización independiente legalmente establecidos.
La norma
permitiría separar claramente las responsabilidades: una autoridad administra;
los fiscalizadores examinan; y las controversias se resuelven por los órganos
competentes conforme a derecho.
X. Lo que debe establecer expresamente una
legislación moderna
De los
problemas examinados se desprende la necesidad de revisar integralmente el
marco jurídico de la tecnología electoral.
Esa
revisión debería abordar, al menos, la vigencia y compatibilidad de las normas
existentes; los derechos efectivos de los fiscalizadores informáticos; el
acceso verificable a programas y documentación técnica; la identificación de
los componentes utilizados; la independencia de las auditorías; la protección
del secreto del sufragio; el valor jurídico del boletín impreso; la comprobación
del escrutinio; la custodia de evidencias; los procedimientos de contingencia;
los mecanismos de impugnación y las responsabilidades por incumplimiento.
Cada una
de estas materias necesita respuestas que no dependan exclusivamente de
contratos, manuales operativos o decisiones administrativas.
Las
normas reglamentarias son necesarias para ejecutar una ley, pero no deberían
sustituir al legislador en la definición de derechos, obligaciones, garantías
esenciales y consecuencias jurídicas.
También
es indispensable superar la incertidumbre acerca de las disposiciones
anteriores.
Si una
garantía continúa siendo aplicable, debe cumplirse.
Si
necesita adaptación tecnológica, corresponde establecerla mediante el
instrumento jurídico adecuado.
Si ha
perdido su justificación, debe ser sustituida expresamente por una regulación
que determine qué controles ocuparán su lugar.
Lo que no
resulta satisfactorio es mantener indefinidamente una zona de incertidumbre en
una materia donde se encuentran comprometidos derechos políticos fundamentales.
¿Cómo
impedir que las garantías reconocidas se conviertan en simples declaraciones
sin consecuencias?
EJEMPLO ILUSTRATIVO DE ARTICULADO
Artículo — Exigibilidad de las garantías
tecnológicas electorales.
El incumplimiento de las obligaciones de
fiscalización, certificación, auditoría, documentación y preservación de
evidencias previstas en la legislación electoral dará lugar a los
procedimientos de corrección, revisión y determinación de responsabilidades que
correspondan.
Las autoridades competentes deberán adoptar medidas
proporcionadas a la naturaleza y gravedad del incumplimiento, sin perjuicio de
los recursos y acciones reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Ninguna disposición reglamentaria podrá excluir las
consecuencias jurídicas expresamente establecidas por ley.
La
garantía tendría entonces tres elementos inseparables: una obligación definida,
un procedimiento para comprobar su cumplimiento y una consecuencia jurídica
ante su vulneración.
XI. Una discusión que debe comenzar antes de la
próxima controversia
La
modernización de las garantías electorales no debería depender de que se
produzca una crisis, una denuncia de fraude o una elección particularmente
disputada.
Las
reglas de control deben existir antes de que aparezca el conflicto.
Una
legislación que define anticipadamente cómo se audita una máquina, cómo se
conserva una evidencia y cómo se impugna una irregularidad protege tanto a los
electores como a las organizaciones políticas y a la propia autoridad
electoral.
También
permite distinguir las denuncias fundadas de las sospechas que carecen de
respaldo.
La
transparencia verificable no consiste en afirmar que todo funciona
correctamente. Consiste en establecer procedimientos capaces de demostrarlo y, cuando
corresponda, identificar y corregir aquello que no funciona.
Por eso,
la discusión sobre tecnología electoral no debe reducirse a estar a favor o en
contra de las máquinas de votación.
El
verdadero problema es determinar bajo qué condiciones jurídicas y técnicas
puede utilizarse esa tecnología sin debilitar las garantías democráticas.
Conclusión: de la confianza exigida a la confianza
verificable
Paraguay
necesita examinar con rigor la relación entre sus normas electorales, los
sistemas tecnológicos utilizados y los mecanismos efectivos de fiscalización.
La
coexistencia de disposiciones legales, las transformaciones tecnológicas y la
creciente complejidad de los procedimientos electorales justifican una revisión
pública, sistemática y documentada de las garantías existentes.
Esa
revisión debe permitir identificar cuáles obligaciones se cumplen, cuáles
requieren actualización, cuáles resultan insuficientemente reguladas y cuáles
necesitan mecanismos más eficaces de exigibilidad.
No se
trata de presumir que las elecciones están siendo manipuladas. Se trata de
evitar que una eventual manipulación, un error relevante o una irregularidad
técnicamente comprobable carezcan de procedimientos adecuados para ser
detectados, documentados y corregidos.
Los
ejemplos normativos presentados muestran que esta discusión no tiene por qué
permanecer en el terreno de las declaraciones abstractas.
La
transparencia puede convertirse en una obligación de acceso y documentación.
La
seguridad informática puede convertirse en una obligación de verificar la
integridad del software.
El voto
impreso puede convertirse en evidencia jurídica para contrastar resultados.
La
auditoría puede convertirse en un procedimiento independiente, público y
reproducible.
Y el
derecho a impugnar puede convertirse en una garantía efectiva de preservación
de evidencias y tutela oportuna.
En todos
estos casos, la diferencia reside en pasar de una expectativa de buen
funcionamiento a una obligación cuyo cumplimiento pueda comprobarse y exigirse
jurídicamente.
La
democracia no puede exigir a sus ciudadanos una confianza que el propio
ordenamiento jurídico no les permite contrastar.
El
problema de fondo no es que las máquinas puedan equivocarse. Es que una
democracia no debería quedar jurídicamente indefensa ante la posibilidad de que
se equivoquen, sean alteradas o produzcan resultados que no puedan verificarse
independientemente.
Una
elección verdaderamente confiable no es aquella cuyos resultados nadie
cuestiona.
Es
aquella cuyos resultados pueden resistir una fiscalización independiente,
rigurosa y jurídicamente garantizada.
Nota: Las
disposiciones propuestas en los recuadros son ejemplos ilustrativos de técnica
legislativa. No constituyen transcripciones de normas vigentes ni implican que
se haya presentado formalmente una iniciativa legislativa. Su finalidad es
mostrar cómo pueden traducirse problemas jurídicos concretos en obligaciones
legales verificables.
