miércoles, 11 de febrero de 2026

La arquitectura de la licuación. Análisis formal de la reforma del sistema de jubilaciones del sector público paraguayo

                                                                                    Dr. Victor Oxley

Resumen

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal no es un mecanismo de salvamento del sistema previsional. Es un dispositivo de licuación programada de las pensiones. El corazón de la reforma no está en la edad mínima ni en los años de aporte. Está en el Artículo 6, que cambia el indexador de las jubilaciones, se abandona el IPC y se adopta el salario mínimo, con un tope del veinticinco por ciento por beneficiario. El ajuste no se financia con ingresos patronales suficientes; se financia devaluando lo que se paga a los jubilados. Los cambios de edad y años de aporte son duros, pero finitos. Afectan a una generación. El cambio del indexador es perpetuo y universal. Afecta a todos los jubilados, hoy y siempre, durante todos los años que cobren su haber. Esta no es una reforma paramétrica; es una mutación estructural del pacto intergeneracional. Su resultado previsible no es la sostenibilidad del sistema, sino el empobrecimiento sistemático de quienes, habiendo cumplido su ciclo contributivo, dependen exclusivamente de la pensión pública para su subsistencia. El déficit fiscal no desaparece; se privatiza en forma de pérdida de bienestar de los jubilados. Esa es su verdad, y esa es su condena.

Análisis formalizado

La reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, sancionada con modificaciones por la Cámara de Diputados en febrero de 2026 y actualmente en tratamiento en el Senado, ha sido presentada oficialmente como un conjunto de medidas orientadas a garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja Fiscal. Este ensayo sostiene, sin embargo, una proposición distinta, la reforma no constituye primariamente un mecanismo de salvamento del sistema, sino un dispositivo de licuación programada de los haberes jubilatorios. El instrumento central de esta operación no es el aumento de la edad mínima ni la elevación de las tasas de aporte —aunque ambos concurren—, sino la modificación del indexador de las prestaciones, que pasa del Índice de Precios al Consumidor al salario mínimo legal, con el adicional confinamiento individual mediante un tope del veinticinco por ciento de dicho salario. La tesis se demostrará mediante el análisis formal de los enunciados normativos contenidos en el proyecto, aplicando reglas de inferencia lógica para despejar la semántica subyacente a su sintaxis aparentemente técnica.

El núcleo de la transformación reside en el Artículo 6 del proyecto. Su redacción, en la versión aprobada por Diputados, establece: “La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de oficio, actualizará anualmente las prestaciones previsionales en proporción a la variación del salario mínimo legal vigente, conforme a lo dispuesto en el artículo 103 de la Constitución de la República y en concordancia con el artículo 7, numeral 3° de la Ley N° 5098/2013 «DE RESPONSABILIDAD FISCAL».” Y añade, en su párrafo segundo: “En ningún caso el monto resultante de la actualización de cada beneficiario podrá superar el equivalente al 25% del salario mínimo legal vigente.”

Para comprender la magnitud del cambio, es necesario formalizar la diferencia entre ambos regímenes. Sea:

- Pt = haber jubilatorio en el año t.

- IPCt = Índice de Precios al Consumidor en el año t.

- SMLt = Salario Mínimo Legal en el año t.

- k = proporción constante (0,25) que opera como tope individual.

Bajo el régimen de la Ley 2345/03, cuyo mecanismo de actualización por IPC fue declarado inaplicable por la Corte Suprema —paradojalmente, por no corresponder al sistema de ajuste de los salarios activos—, la regla de actualización respondía a la función:

(1) Pt = Pt-1 × (IPCt / IPCt-1)

Esta función es neutral respecto del valor real. Si IPCt / IPCt-1 = 1 + π, donde π es la tasa de inflación, entonces Pt / Pt-1 = 1 + π. El poder adquisitivo, definido como Pt / IPCt, permanece constante t. La función (1) es, por tanto, una función de preservación.

La función introducida por el Artículo 6 es:

(2) Pt = Pt-1 × (SMLt / SMLt-1)

Sujeto a la restricción: Pt ≤ 0,25 × SMLt

La diferencia no es meramente formal. Mientras IPCt es una variable registrada, que mide retrospectivamente un fenómeno objetivo —el aumento del costo de vida—, SMLt es una variable discrecional, fijada anualmente por el Poder Ejecutivo mediante decreto. No existe una función biyectiva entre SMLt e IPCt. La evidencia empírica disponible para Paraguay muestra que, en series largas, ΔSMLt < ΔIPCt para la mayoría de los períodos. La función (2) no es una función de preservación, sino una función de devaluación sistemática. Su forma lógica puede expresarse así:

t, εt 0 tal que SMLt / SMLt-1 = (IPCt / IPCt-1) - εt

De donde se sigue que:

Pt = Pt-1 × [(IPCt / IPCt-1) - εt]

La aplicación iterada de εt produce una pérdida acumulativa no compensada. La reforma no corrige un defecto técnico; institucionaliza una pérdida.

La segunda cláusula del Artículo 6 introduce una restricción adicional de la forma:

Pt ≤ 0,25 × SMLt

Nótese que esta restricción no opera sobre el incremento, sino sobre el stock del haber resultante. Su efecto no es marginal, sino estructural. Sea un beneficiario cuya pensión inicial P0 equivale a n salarios mínimos, con n > 0,25. La aplicación de la función (2) estará limitada superiormente por el confinamiento 0,25 × SMLt. Una vez que Pt alcance dicho valor, cesa toda actualización futura, independientemente de la evolución de SMLt o IPCt. Formalmente:

Si t tal que Pt = 0,25 × SMLt, entonces t > t : Pt = Pt.

Mientras SMLt continúa su evolución (con εt), el cociente Pt / SMLt tiende asintóticamente a cero. El beneficiario, que inició su retiro con una pensión equivalente a n salarios mínimos, concluye su ciclo vital con una pensión confinada a una fracción fija del salario mínimo nominal, cuyo valor real se erosiona progresivamente.

La función de confinamiento no es una medida de “solidaridad” ni de “progresividad”. Es una función de nivelación descendente. Su efecto distributivo no es transferir recursos de los deciles altos a los bajos, sino extraer recursos del sistema mediante la no actualización de los haberes medios y superiores.

El discurso oficial sostiene que la reforma es necesaria para contener el déficit, que al cierre de 2025 alcanzó USD 380 millones. Sin embargo, el análisis de los flujos financieros del sistema revela que el Estado —empleador— ha omitido sistemáticamente su contribución patronal. El proyecto original del Ejecutivo preveía un aporte estatal del 3%. La Cámara de Diputados elevó esta cifra a un 5% gradual, con incrementos anuales de 1% hasta alcanzar dicho tope en el quinto año.

La magnitud de esta omisión puede cuantificarse. Si el Estado hubiera contribuido históricamente con una tasa patronal del 16% —similar a la exigida a los trabajadores—, el déficit actual sería sustancialmente inferior o inexistente. La reforma no subsana esta omisión; la perpetúa bajo una apariencia de gradualismo. La función de aporte estatal Et, definida como:

Et = 0,01 × t para t = 1,…,5, y Et = 0,05 para t ≥ 5

no restablece el equilibrio actuarial. Solo reduce la velocidad de crecimiento del déficit, proyectándose su persistencia en el horizonte de mediano plazo. La decisión de no incrementar Et a niveles compatibles con la sostenibilidad (v.gr., 14% o 16%, como exigen los gremios docentes) y, simultáneamente, modificar el indexador de Pt, revela la verdadera estructura de preferencias del legislador: el ajuste recae íntegramente sobre los beneficiarios (actuales y futuros), mientras la responsabilidad patronal se mantiene simbólica.

La reforma modifica también los parámetros de acceso al beneficio. Para los sectores del Magisterio Nacional, Docentes Universitarios y Magistrados Judiciales, se establece:

- Jubilación ordinaria: edad mínima 57 años, con 25 años de aporte.

- Jubilación extraordinaria: edad mínima 55 años, con 30 años de aporte.

- Tasa de sustitución: entre 70% y 85%, según edad y años de aporte.

- Remuneración base: promedio de los últimos 10 años.

Para las Fuerzas Públicas:

- Edad mínima: 57 años, con 25 años de aporte.

- Tasa de sustitución: 70% a 85%.

- Remuneración base: promedio de los últimos 5 años.

Estas modificaciones constituyen un endurecimiento paramétrico. Son relevantes y, para muchos afiliados en “mera expectativa”, implican un aplazamiento forzoso del retiro. Sin embargo, su efecto es finito y acotado a la generación de transición. El cambio del indexador, en cambio, es perpetuo y acumulativo. Afecta a todos los jubilados presentes y futuros, durante todo el período de percepción del haber. Su impacto cuantitativo, modelado como una serie geométrica de razón (1 - εt), es órdenes de magnitud superior al de los ajustes paramétricos.

Podemos ahora definir formalmente el concepto de licuación. Sea V(t) el valor real de la pensión en el año t, definido como:

V(t) = Pt / IPCt

Bajo el régimen anterior (indexador IPC), dV/dt = 0 (en tiempo continuo) o ΔV = 0 (en tiempo discreto). Bajo el nuevo régimen:

V(t) = [P0 × ∏i=1^t (SMLi / SMLi-1)] / IPCt)

Pero dado que (SMLi / SMLi-1) = (IPCi / IPCi-1) - εi, se sigue que:

V(t) = (P0 / IPC0) × ∏i=1^t [1 - (εi / (IPCi / IPCi-1)]

El término ∏i=1^t [1 - δi], con δi > 0, es una función monótonamente decreciente en t. Luego:

limt→∞ V(t) = 0

Esta es la proposición central: bajo el régimen del Artículo 6, el valor real de cualquier pensión tiende asintóticamente a cero. La velocidad de convergencia depende de la magnitud de εi, pero la dirección es inescapable. El sistema no se “salva”; se licúa.

La reforma de la Caja Fiscal, en su versión aprobada por la Cámara de Diputados, no es un instrumento de salvamento del sistema previsional público. Es, en su arquitectura profunda, un mecanismo de licuación programada de pasivos. El cambio del indexador (Artículo 6) no es una variable técnica neutra; es la variable estratégica que redefine la naturaleza del contrato previsional. La función de actualización por salario mínimo, complementada por la función de confinamiento del 25%, opera como un impuesto perpetuo y acumulativo sobre el stock de derechos previsionales. El Estado, al omitir su responsabilidad patronal (artículos 4 y 21) y simultáneamente degradar el indexador, transfiere íntegramente el costo del ajuste fiscal a los jubilados, presentes y futuros.

La proposición puede formularse en términos deónticos, lo que la reforma denomina “sostenibilidad” es, en su semántica operativa, la institucionalización de una obligación de pérdida. El sistema no se equilibra aumentando ingresos (vía aporte patronal suficiente), sino devaluando egresos (vía indexador degradado). Esta no es una reforma paramétrica; es una mutación estructural del pacto intergeneracional. Su resultado previsible no es la sostenibilidad del sistema, sino el empobrecimiento sistemático de quienes, habiendo cumplido su ciclo contributivo, dependen exclusivamente de la pensión pública para su subsistencia. El déficit fiscal no desaparece; se privatiza en forma de pérdida de bienestar de los jubilados. Esa es su verdad, y esa es su condena.



martes, 10 de febrero de 2026

Insostenibilidad de la Caja Fiscal: Anatomía de una irresponsabilidad

                                                                                          Dr. Victor Oxley

La insostenibilidad de la Caja Fiscal paraguaya no es un fenómeno natural, ni un accidente estadístico, ni el resultado de fuerzas económicas impersonales. Es, ante todo, un monumento a la irresponsabilidad política construido ladrillo a ladrillo, año tras año, por gobernantes y legisladores concretos que elevaron el cortoplacismo a virtud y la omisión a estrategia. La ficción jurídica del “Estado” como ente abstracto se disuelve al contacto con la evidencia, fueron hombres y mujeres, miembros de partidos políticos, los que desde sus escaños y despachos diseñaron, votaron y promulgaron un sistema previsional destinado al colapso desde su primer día de vida. Este fraude institucional no ocurrió en un vacío legal, sino que fue posibilitado por un marco constitucional incompleto y por leyes que, en lugar de corregir el defecto original, lo profundizaron con cálculo político.

La Constitución Nacional de 1992, en su artículo 103, consagró un derecho fundamental: “Los haberes jubilatorios [...] se actualizarán periódicamente, en igualdad de tratamiento con las remuneraciones del personal en actividad”. Sin embargo, en un acto de omisión grave, el constituyente calló respecto a la obligación esencial que haría posible ese derecho, el aporte del Estado como empleador. Estableció el qué —la igualdad de tratamiento— pero omitió deliberadamente el cómo —el financiamiento responsable. Sentó así la base para un edificio de derechos sin cimientos fiscales. Esta omisión no fue inocente; fue la puerta abierta para que el poder político de turno utilizara las promesas previsionales como moneda de cambio, sin asumir el costo de su garantía. El derecho quedó proclamado en el papel, mientras su viabilidad financiera se abandonaba al terreno movedizo de la discrecionalidad política.

Esta omisión constitucional se cristalizó y agravó con la Ley N° 2345 del año 2003, sancionada durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (ANR, 2003-2008). Esta norma, que pretendía “ordenar el sistema previsional del sector público”, consolidó el pecado original. Sus artículos, desde el 8 en adelante, detallan meticulosamente el aporte obligatorio del trabajador, pero en ninguna de sus páginas se encuentra un solo artículo que establezca una contribución patronal obligatoria y explícita para el Estado. El legislador, que conocía perfectamente los principios básicos de cualquier sistema de seguridad social, diseñó un esquema donde solo una de las partes debía poner dinero sobre la mesa. El Estado aparecía solo como un garante difuso, un rescatista de última instancia cuando el déficit estallara, pero nunca como un empleador responsable que cotiza por sus empleados en el presente. Fue en este periodo donde se sentaron las bases técnicas del desastre: se creó un sistema de reparto puro, sin fondo de capitalización, financiado unilateralmente por el trabajador, mientras se ofrecían beneficios cuya generosidad no guardaba relación alguna con la realidad de sus ingresos. El gobierno y la mayoría legislativa que lo acompañaba institucionalizaron la contradicción, prometieron seguridad en la vejez mientras desmantelaban, desde su diseño mismo, cualquier posibilidad de cumplirla.

La prueba irrefutable de que la omisión del aporte patronal en la Ley 2345/2003 fue un acto de mala fe política —y no de desconocimiento técnico— es que el principio del aporte patronal obligatorio ya estaba profundamente institucionalizado en Paraguay desde hacía más de medio siglo. El Instituto de Previsión Social (IPS), que rige al sector privado, consolidó su estructura moderna bajo el Decreto Ley Nº 1.860 del año 1950 (luego ratificado por la Ley 375/56), el cual en su artículo 17° estableció, desde su origen, la obligación ineludible de los empleadores de financiar el sistema. 

Este modelo de financiamiento tripartito —donde el empleador asume la mayor carga (actualmente el 16,5%), junto al trabajador y el Estado— era la norma de hierro para todo el sector privado cuando, en diciembre de 2003, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos y su mayoría legislativa sancionaron la Ley 2345 para la Caja Fiscal. En ella, se detalló minuciosamente el aporte del servidor público, pero se omitió toda mención a una contribución patronal equivalente por parte del Estado-Empleador. No fue un descuido, fue una decisión consciente de autoeximir al mayor empleador del país de una obligación que el propio Estado imponía rigurosamente a cualquier pequeño comerciante o gran industria. La arquitectura de la injusticia previsional estaba servida, un sistema con base técnica para los privados, y un castillo de naipes financiero, condenado al déficit, para los servidores públicos.

El daño no se detuvo allí. Los gobiernos siguientes, independientemente de su color partidario, optaron por explotar el sistema defectuoso en lugar de repararlo. Si bien hubo intentos de debate sobre la seguridad social, no se abordó el núcleo del problema, la inexistencia del aporte patronal estatal. En cambio, la práctica de crear regímenes especiales se aceleró. El gobierno de Horacio Cartes (ANR, 2013-2018) profundizó este camino clientelar. Bajo su administración y con el apoyo de un Congreso mayoritariamente colorado, se sancionaron o mantuvieron múltiples leyes que creaban beneficios previsionales específicos y generosos para sectores de presión —magisterio, fuerzas armadas, policía, judiciales— sin ningún mecanismo de financiamiento adicional. Cada una de estas leyes era un clavo más en el ataúd de la Caja Fiscal. Se priorizó la compra de paz social y lealtad política a corto plazo, hipotecando el futuro del sistema y transfiriendo la deuda a los funcionarios que aún no se jubilaban. La administración de Mario Abdo Benítez (ANR, 2018-2023) heredó una bomba de tiempo y, a pesar de las advertencias cada vez más urgentes de los organismos de control y las calificadoras internacionales, postergó nuevamente la reforma estructural. La crisis, ya inocultable, se manejó con parches y transferencias discrecionales del Tesoro, hasta que la imposibilidad matemática del sistema se volvió evidente para todos.

El resultado de esta ingeniería política del desastre es la realidad que hoy enfrenta el funcionario que, por ejemplo a los cincuenta y cinco años, llevando dieciocho aportando con disciplina. Él, que cumplió su parte del contrato fantasma, se encuentra ahora con que los arquitectos del fracaso le presentan la factura. La reforma necesaria llega, sí, pero como un ajuste que recae sobre sus hombros. Se le dice que deberá trabajar siete años más, hasta los sesenta y dos; que su jubilación ya no se calculará con el salario que tuvo al final, sino con un promedio de los últimos diez años que diluye sus mejores ingresos; que el Estado, por fin, comenzará a aportar un porcentaje gradual, como si empezar hoy borrara dieciocho años de ausencia. Es la injusticia perfecta, el que incumplió el pacto dicta los términos del nuevo acuerdo, y la víctima del incumplimiento financia la corrección. El Estado, es decir, los gobernantes de ayer y hoy, evita así el reconocimiento explícito de su deuda histórica. No hay bonos de reconocimiento como en otras experiencias regionales, ni reparación simbólica, ni siquiera una disculpa. Hay un “se acabó lo que se daba” disfrazado de modernización, y una transferencia masiva de riqueza —en años de vida, en calidad de vejez— desde los bolsillos de los trabajadores hacia las cuentas fiscales que ellos mismos mal administraron.

Hablar de “sostenibilidad” y “equidad intergeneracional” en este contexto es un ejercicio de cinismo. La verdadera equidad intergeneracional se quebró en 2003, cuando una generación de políticos sacrificó el futuro de las siguientes en el altar de su conveniencia inmediata. La sostenibilidad que hoy se busca se construye sobre un segundo sacrificio de los mismos que ya fueron sacrificados una vez, al hacerles aportar por décadas a un fondo sin fondo. Esta reforma es, en esencia, un pacto de silencio fiscal. El Estado dice: “Empezamos a aportar ahora, pero no hablemos del pasado”. Y los trabajadores, con la soga al cuello de un sistema al borde del colapso, aceptan. No por convicción, sino porque el abismo es la única alternativa.

La crudeza de esta realidad es que desnuda la verdadera naturaleza del poder. Muestra cómo las decisiones técnicas están siempre impregnadas de política, cómo los números sirven a las agendas y cómo la deuda más pesada no es la que figura en los balances, sino la moral. Los funcionarios públicos no son números en una planilla actuarial; son personas que planificaron sus vidas, criaron a sus hijos y soñaron su retiro bajo un conjunto de reglas que resultaron ser una mentira institucionalizada. La reforma puede salvar las cifras de la Caja Fiscal, pero no salda esta deuda. Queda, como una herida abierta en el contrato social, la evidencia de que en Paraguay se pudo construir un sistema justo y técnico para unos —el sector privado— mientras para sus propios servidores, bajo la Ley 2345/2003, se diseñó conscientemente un camino hacia el precipicio. El ajuste es la factura técnica. La traición a la confianza legítima de una vida de trabajo, esa factura política y moral contraída por los gobiernos pasados citados, todavía no se ha cobrado. Y tal vez, en la memoria colectiva y en la desconfianza hacia las instituciones que esto siembra, sea la más cara de todas.



lunes, 9 de febrero de 2026

Compilado de escritos sobre las palabras e intenciones de Josè Duarte Penayo y la figura de Alfredo Stroessner

 

Aqui un compilado de escritos sobre las palabras e intenciones de Josè Duarte Penayo y la figura de Alfredo Stroessner

El siguiente artìculo fue publicado en la red social Facebook el dìa 1 de febrero https://www.facebook.com/victor.oxley/posts/pfbid063XMM6yZREzHiNAYH6G5zrmrm9d9z13Z9nepWha77GLUbc1Pf9kuim3XSRHTfYNwl?__cft__[0]=AZb5QdKqDtjiSChl0i2jqOIe6nohhcVeKI9nqHWJhO2zwyXrjGvNfL-13CgiTLEmECfl2Qh2fcZyopKZzEXbyRFi0kcdNf9Nqn-d_r4_zBEMWWXjKHLZfFrEI0x2trNoRg65tYKmltgG66O8zP458INop84gvwXAxLuBOzYjMD-KmvvdG8GWjWPn3Z6bYggr1FM&__tn__=%2CO%2CP-R

Hemos escrito una serie de contrargumentos frente a un polemista de turno, no como respuesta personal ni como intercambio coyuntural, sino como un ejercicio deliberado de desarme discursivo. Desde el inicio asumimos que no estábamos ante un error ingenuo ni ante una discusión historiográfica legítima, sino frente a una operatoria retórica reconocible, reiterada y eficaz. Los enunciados que intentan revaluar la dictadura de Alfredo Stroessner —cuando se afirma que “mató menos que los gobiernos liberales previos, siendo benigno en materia de muerte” o que “fue presidente constitucional, no dictador”— no aparecen en nuestros textos como meras opiniones discutibles, sino como piezas de una maquinaria comunicacional cuya lógica interna hemos intentado hacer visible y explícita. Estas ideas fueron desarrolladas originalmente en Las palabras del poder o el poder de las palabras, publicado el 23 de enero de 2026 en:

https://www.facebook.com/victor.oxley/posts/pfbid0FrWByR7FzG9sMmWJXSzW8HwBx2F1CSvp4wM8vxNSw4Z6AvHGvCJmMxyvpqVYadp8l

En ese sentido, lo que fuimos mostrando a lo largo de estos escritos es que tales argumentos funcionan exactamente como propaganda política en el sentido clásico del término, esto es, como una forma de guerra simbólica orientada no a esclarecer el pasado, sino a volverlo tolerable mediante su distorsión. No se trata de negar hechos, sino de reconfigurarlos mediante reducciones estratégicas, comparaciones espurias y desplazamientos constantes del eje del debate. Como señalamos allí, el argumento comparativo no es un cálculo neutral, sino “un acto intencional de la conciencia que opera una reducción radical: reduce la experiencia totalitaria a una sola variable cuantificable (el número de muertes), excluyendo deliberadamente la dimensión vivida del terror”.

Al insistir en métricas aisladas y en balances macabros, el polemista abandona toda evaluación cualitativa del régimen y desplaza la discusión hacia un terreno donde el horror puede relativizarse. Ya no se juzga la naturaleza criminal del stronismo, sino su posición comparativa en una escala distorsionada de atrocidades. Esta lógica fue profundizada en el texto publicado el 24 de enero de 2026, donde advertimos que el relativismo moral opera como una falsa racionalidad que atenúa el mal por comparación y no por comprensión histórica. Ese desarrollo puede leerse en:

https://www.facebook.com/share/p/1ANduucKXT/

Cuando esta estrategia comienza a mostrar fisuras, el discurso vuelve a desplazarse. En lugar de defender los hechos que afirma, el polemista pasa a discutir el derecho mismo a debatirlos. El eje ya no es si Stroessner fue un dictador, sino si quienes lo sostienen participan de una supuesta “hegemonía historiográfica”. Tal como mostramos, en ese punto el debate deja de ser histórico y pasa a ser metadiscursivo: ya no se discuten los hechos, sino la legitimidad de quienes los nombran. Esta operatoria fue analizada con mayor detalle en el texto publicado el 27 de enero de 2026, donde se señala cómo el cambio de nivel lingüístico funciona como una trampa argumentativa:

https://www.facebook.com/share/p/1ANduucKXT/

Insistimos también en que la eficacia de este tipo de argumentos no reside en su solidez lógica —que es débil— sino en su potencia emocional y en su capacidad de repetición. Un enunciado pobre en términos racionales puede ser, sin embargo, enormemente eficaz en el mundo de la vida, allí donde operan la memoria, la afectividad y la necesidad de reconciliar biografías personales con un pasado violento. Esta dimensión fue abordada nuevamente al analizar la continuidad metodológica entre viejas y nuevas formas de distorsión histórica, en el texto publicado el 27 de enero de 2026 en:

https://www.facebook.com/share/p/1GLWBUSnSY/

En última instancia, lo que está en juego no es un matiz interpretativo sobre la historia reciente, sino la configuración misma de la memoria colectiva. Por eso afirmamos, sin ambigüedades, que estos argumentos no pertenecen al campo de la historia sino al de la propaganda, y que su éxito no se mide en términos de verdad, sino en su capacidad para volver tolerable lo que debería permanecer como límite moral infranqueable. La batalla contra ellos no es académica: es una disputa por la memoria, por el lenguaje público y, en última instancia, por las condiciones simbólicas que hacen posible una democracia que no se funda en el olvido ni en el eufemismo.


El siguiente artìculo fue publicado en la red social Facebook el dìa 27 de enero de 2026 en https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10229320968036555&id=1468595806&rdid=8GUqY09i8ujK5Q7H#

La trampa de las palabras: cuando la defensa de un dictador se esconde detrás de un debate sobre el debate

 Imaginemos que el lenguaje es como una caja de herramientas. A veces usamos las herramientas para trabajar (para hablar “de” algo), y a veces tomamos una herramienta en la mano, la señalamos y hablamos “de ella misma”. Esa diferencia, que parece un juego de palabras, es en realidad uno de los descubrimientos más útiles de la filosofía del siglo XX para acabar con discusiones que daban vueltas en círculo sin salida. Filósofos como Alfred Tarski, en obras como El concepto de verdad en los lenguajes formalizados (1933), y Willard Van Orman Quine, en Desde un punto de vista lógico (1953), nos ayudaron a ver esto con claridad. Ellos distinguieron entre el lenguaje-objeto y el metalenguaje. El lenguaje-objeto es el que usamos para hablar del mundo: "La mesa es de madera", "Stroessner fue un dictador". El metalenguaje es el que usamos para hablar “del propio lenguaje”: "La palabra 'dictador' tiene tres sílabas", "La frase 'Stroessner fue un dictador' es una afirmación histórica". La confusión surge, y se vuelve tramposa, cuando mezclamos estos niveles sin avisar, como cambiar las reglas a mitad de un partido.

Esto nos lleva a la diferencia entre “uso” y “mención”. Cuando “usamos” una palabra, la ponemos a trabajar con su significado habitual. Cuando “mencionamos” una palabra, la tratamos como un objeto, la ponemos entre comillas para examinarla. Si digo "Paraguay es un país", estoy "usando" la palabra "Paraguay". Si digo "'Paraguay' tiene ocho letras", estoy “mencionando” la palabra, hablando de ella como un objeto. Parece sencillo, pero esta distinción es un antídoto poderoso contra los juegos de palabras engañosos.

Y justo este es el juego que estamos viendo en el caso de un polemista de turno. Su estrategia es un abuso constante de estos dos niveles. Primero, en el nivel del lenguaje-objeto, usa las palabras para hacer afirmaciones contundentes sobre la historia, dice que Stroessner "mató menos que los gobiernos liberales previos, siendo benigno en materia de muerte" y que "fue presidente constitucional, no dictador". Aquí, las palabras "mató menos" y "presidente constitucional" están trabajando, están pretendiendo describir la realidad. Es una jugada en el tablero de la historia, y como tal, se gana o se pierde con datos y documentos.

El problema, y la trampa, viene cuando le pedimos que muestre sus cartas, que justifique esos datos. En ese momento, hace un movimiento furtivo, abandona el tablero del lenguaje-objeto y salta al del metalenguaje. Ya no defiende que Stroessner fuera constitucional. En lugar de eso, toma sus propias frases polémicas y las convierte en el tema de la conversación. Las menciona para hablar sobre ellas. Pregunta: "¿plantear este debate? ¿Significa tratar de comprender la historia larga del autoritarismo (...) hacer una apología a Stroessner? No, no significa." Fíjense el cambio: ya no está discutiendo los hechos de la dictadura, sino que está discutiendo el acto de discutir sobre la dictadura. Ha cambiado el partido de cancha. De repente, el tema ya no es si sus números son ciertos, sino si tiene derecho a plantear la pregunta. Es como si un jugador de fútbol, al ver que le van a marcar un gol, detuviera el juego para discutir fervientemente sobre las reglas del fair play, acusando al equipo rival de ser unos violentos que no entienden el verdadero espíritu del deporte.

Para sellar su jugada, desde este nuevo nivel metalingüístico lanza una acusación que pretende invalidar cualquier respuesta en el nivel original. Afirma que existe una "hegemonía historiográfica que ha dejado de pensar y se ha dedicado a reproducir ciertos sentidos comunes que al parecer no se pueden objetar". Esto ya no es un argumento sobre Stroessner; es un argumento sobre quienes lo critican a él. Es un juicio desde el metalenguaje diseñado para envenenar el pozo. Cualquier intento de refutarlo en el lenguaje-objeto ("mire, aquí están los archivos que muestran las torturas") puede ser descartado desde su metalenguaje como un simple acto de reproducción del "sentido común" hegemónico que él denuncia. Ha construido una trampa de espejos, criticar sus afirmaciones históricas parece confirmar su acusación metalingüística de que somos unos dogmáticos.

La única forma de salir de este laberinto es siendo más claros que el polemista con los niveles. En un primer momento, el polemista está confundiendo dos conversaciones distintas. En la primera conversación, la del lenguaje-objeto, hace afirmaciones concretas, 'mató menos' y 'presidente constitucional'. Es una exigencia que debe mantenerse aquí y sus respuestas deben ser pruebas. En la segunda conversación, la del metalenguaje, sobre si hay hegemonía o no, sobre si esto es un 'debate' o una 'apología', es una derivación que el polemista inventó para no tener que jugar en la primera. No se debe caer en esta confusión. Hay que hablar de lo que dijo, no de su derecho a decirlo. El polemista debe traer sus datos al tablero de la historia, que es donde los puso, y debe dejar de cambiar las reglas a mitad del partido. Al señalar este abuso de los niveles del lenguaje, se desinfla por completo la supuesta profundidad de su maniobra y queda al descubierto lo que es, una artimaña verbal para evadir el único debate que importa, el de los hechos.

Referencias

Quine, W. V. O. (1953). Desde un punto de vista lógico. Editorial Paidós.

Tarski, A. (1933). El concepto de verdad en los lenguajes formalizados. En A. Tarski, Logic, Semantics, Metamathematics (pp. 152-278). Clarendon Press.


El siguiente artìculo fue publicado en la red social Facebook el dìa 27 de enero de 2026 en https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10229298389152097&id=1468595806&rdid=eT20r5IzcGeOYqdh

Un siglo y una tesis separan las intervenciones de Juan Emiliano O'Leary y un posmoderno imitador, pero un mismo hilo metodológico —torcido, resistente— los une en la vasta y fracturada telaraña de la memoria paraguaya. No es un hilo de continuidad ideológica directa, sino uno de estrategia retórica, un mecanismo casi mimético para desmontar la crítica histórica sustituyendo su objeto. Allí donde la razón analítica busca causas, ellos ofrecen desvíos; donde se nombran realidades incómodas, proponen comparaciones oblicuas. Es la táctica del espejismo argumentativo.

O'Leary, en el alba turbulenta del siglo XX, se enfrentó a la demoledora tesis sociológica de Cecilio Báez. Báez no insultaba; diagnosticaba. Su argumento era estructural y causal: un siglo de despotismo, desde Francia hasta los López y más allá, había "cretinizado" —es decir, había desmoralizado, inculturado y corrompido— el cuerpo social paraguayo. El pueblo era la víctima terminal de un sistema. La viveza criolla retórica de O'Leary consistió en negarse a debatir en ese terreno. Con sagacidad, tomó el término "cretino", le arrancó su carga teórica y sociológica, y lo revistió de un significado puramente emocional e injurioso. Así, con prestidigitación, desplazó el debate desde las causas sistémicas del atraso —el verdadero núcleo de Báez— hacia el honor herido de la colectividad. Ya no se discutía sobre tiranía y sus efectos, sino sobre quién tenía derecho a hablar en nombre de un pueblo supuestamente ofendido. Fue una falacia de hombre de paja monumental: atacó una posición que Báez no sostenía como eje central. Su triunfo, nos revela el análisis, fue retórico y político, no intelectual; logró obnubilar la lógica con el sentimiento, sustituyendo el análisis por la arenga.

La expresión que "Stroessner no fue tan dictador" o la afirmación que "mató menos que otros", hoy a caballo del ya entrado siglo XXI, opera con la misma lógica esencial, aunque su herramienta no es el agravio sentimental, sino la frialdad de una comparación perversa. Al defender, el que afirma de ese modo, la figura de Alfredo Stroessner, no se enfrenta a un Báez, sino al consenso histórico y a las evidencias irrefutables de la Comisión de Verdad y Justicia y de quienes pueden esgrimir contra argumentos a tal audacia. Su movimiento es gemelo en su estructura, pero distinto en su piel. Primero, una concesión táctica: admite "violaciones" en el "tramo final", un gesto que busca aparentar ecuanimidad para ganar credibilidad antes del giro. Luego, ejecuta el desvío. El debate cualitativo sobre la naturaleza dictatorial, represiva y criminal del régimen —su carácter ilegítimo, su maquinaria de terror— es bruscamente abandonado. En su lugar, este malabarista instala una pregunta cuantitativa y macabra: ¿quién mató más? Al afirmar que Stroessner "mató menos que los gobiernos liberales" y calificar su dictadura de "benigna en materia de muerte", traslada la discusión a un terreno de falso equilibrio. Ya no se juzga lo que fue el stronismo, sino que se lo mide en una escala distorsionada de atrocidades. Es la falacia de la falsa equivalencia y el relativismo moral llevada a su extremo: el mal se atenúa porque hubo, supuestamente, un mal mayor en otro lado. Finalmente, remata con el reencuadre lingüístico definitivo: Stroessner no fue un dictador, sino un "presidente constitucional". El lenguaje es vaciado de su significado histórico para servir a la rehabilitación.

La similitud, pues, es metodológica y profunda. Ambos polemistas, ante una crítica fundada, rehúsan el combate en el terreno elegido por su adversario. O'Leary cambia el tema de la tiranía al honor. El acusador de turno, cambia la métrica de la cualidad a la cantidad. El primero apela al pathos de la dignidad colectiva; el segundo, a una fría y espuria razón utilitaria. Los dos persiguen un mismo fin: desactivar un juicio histórico incómodo que pone en tela de juicio pilares de cierta narrativa nacional —el heroísmo lopista en un caso, el orden y progreso stronista en el otro— no refutándolo con evidencias superiores, sino nublando los términos del debate. Crean una inconmensurabilidad: hablan de algo distinto a lo que sus críticos plantean.

El siguiente artìculo fue publicado en la red social Facebook el dìa 24 de enero https://www.facebook.com/victor.oxley/posts/pfbid0HvXjTjbgW8JvgUduDVUDDWexF4TjUKx3KfWyS31Jg6bv4wcLKuLj67pkY4awEuFxl?__cft__[0]=AZZ7N9tWqsbZwrOeyq6mg5GkhY6u_PJRbZRyhwfyurE3A3yiNnpUCoBI-w9g0eIcR5o8j4B07YnjrsmhawImVGTh0MjXN0tF26vxgetciIFYFB_zzT0aETB9o-RbesT8tJls4UYimZ4j3ANJmegJyLlN7oxrUjZv_7OEkmxf2vxgCyudQmSuxy1bL94W2hGTpqU&__tn__=%2CO%2CP-R

Imagina que te digo: "Stroessner no fue tan dictador" o "mató menos que otros". Tu primera reacción podría ser pensar que soy un ignorante, alguien que simplemente no estudió historia. Pero aquí está el truco: no se trata de ignorancia. Se trata de algo mucho más sofisticado y peligroso. Se trata de una manipulación lógica perfectamente estructurada, un castillo de naipes argumentativo que parece sólido pero que se sostiene sobre violaciones sistemáticas de cómo pensamos correctamente. Te voy a mostrar los niveles de esta trampa, desde el engaño más superficial hasta la corrupción más profunda de la razón.

En la superficie, el juego es simple: tomar una verdad dura, fría e incuestionable y bañarla de "posibilidades". Es el viejo truco del "tal vez". "Tal vez no fue tan malo". "Tal vez las cifras están exageradas". "Tal vez había un contexto". El operador lógico de la posibilidad, ese "es posible que", se saca de contexto y se usa como un borrador mágico. Porque en lógica, cuando algo es necesariamente verdadero – como que una dictadura es, por definición, opresiva – afirmar que "es posible que no lo haya sido" no es una opinión, es una contradicción. Es como decir "es posible que este círculo cuadrado exista". La primera violación es ésta: tratar lo necesario como si fuera contingente, lo definitivo como si fuera debatible. Es convertir los hechos en opiniones, y los crímenes en puntos de vista.

Bajemos un nivel. Aquí encontramos la separación entre lo que se sabe y lo que se dice. El manipulador no es un ingenuo; conoce los archivos, ha visto las listas, escuchó los testimonios. Sabe que la afirmación "no fue tan dictador" es falsa. Pero la pronuncia igual. En lógica epistémica, que estudia el conocimiento, esto es un pecado capital: afirmar lo contrario de lo que se sabe. No es un error; es una doble conciencia. Se construye un personaje público que duda, mientras en la privacidad del conocimiento no hay duda alguna. Esta fractura entre el saber interno y el discurso externo es la marca de la mala fe, no de la equivocación.

Ahora penetremos más hondo, a la cocina de la motivación. ¿Por qué haría alguien esto? Aquí la lógica se mezcla con el deseo. El operador "creo que" se infecta con el virus del "quiero que". Ya no se cree algo porque la evidencia lo apoye, sino porque conviene que sea cierto. La racionalidad se subordina a la utilidad. El mecanismo es perverso: "Deseo absolver al dictador, por tanto afirmo que no fue tan dictador". La creencia deja de ser una relación con la verdad para convertirse en un instrumento de un deseo. La lógica doxástica, que modela las creencias, se tuerce: la creencia ya no se forma por evidencias, sino por conveniencias. Es el autoengaño convertido en estrategia discursiva.

Llegamos al núcleo moral. Todo este andamiaje conduce a una inversión de los operadores del deber. Lo que era moralmente obligatorio – recordar, nombrar, condenar – se transforma en algo optativo. Lo que era impermisible – olvidar, perdonar lo imperdonable, relativizar el horror – se presenta como un gesto de "madurez" o "paz". La lógica deóntica, que rige las obligaciones, es secuestrada. El imperativo "nunca más" se diluye en un "pasemos página". La estructura moral del mundo se revierte: el bien y el mal intercambian sus signos bajo el disfraz de la "reconciliación". Esto no es evolución moral; es corrupción de los fundamentos éticos.

Finalmente, en el nivel más abstracto y poderoso, está el ataque al tiempo mismo. La lógica temporal nos dice que los hechos pasados son fijos, necesarios, inalterables. Lo que ocurrió, ocurrió. La manipulación intenta lo imposible: modificar el valor de verdad de las proposiciones sobre el pasado. No con una máquina del tiempo, sino con una máquina del relato. "No fue lo que fue, sino lo que nosotros digamos que fue". Es una negación de la flecha del tiempo, una pretensión de soberanía sobre lo ya acontecido. Es querer ganar, en el tribunal de la historia presente, los juicios que se perdieron en el tribunal de los hechos pasados.

Este es el edificio completo de la manipulación: un piso de posibilidades falsas, levantado sobre una planta de conocimiento negado, sostenido por los pilares torcidos del deseo, decorado con una fachada de moralidad invertida, y coronado con la ambición de reescribir el tiempo. No es un discurso "alternativo"; es un discurso antilógico. Usa las formas del razonamiento – "tal vez", "creo", "debemos" – para vaciarlas de su contenido racional.

Por eso, cuando escuches estos argumentos, no discutas solo fechas o cifras. Señala la arquitectura de la trampa. Pregunta: ¿Están tratando lo necesario como posible? ¿Están separando lo que saben de lo que dicen? ¿Están disfrazando un deseo como una creencia? ¿Están invirtiendo los deberes morales? ¿Están pretendiendo reescribir el pasado?

Detectar esto no es solo un ejercicio intelectual; es un acto de defensa. Defensa de la memoria, que es el suelo de la identidad. Defensa de la verdad, que es el marco de la convivencia. Defensa de la lógica, que es el dique contra el caos de las palabras vacías. Al final, el arma más poderosa contra quien quiere que toleremos lo intolerable es recordar, con una claridad implacable, lo que necesariamente ocurrió. Porque lo necesario, en lógica y en historia, no admite "tal vez".


El siguiente artìculo fue publicado en la red social Facebook el dìa 23 de enero de 2026 en https://www.facebook.com/victor.oxley/posts/pfbid0FrWByR7FzG9sMmWJXSzW8HwBx2F1CSvp4wM8vxNSw4Z6AvHGvCJmMxyvpqVYadp8l

Las palabras del poder o el poder las palabras

 Los argumentos que buscan revaluar la dictadura de Alfredo Stroessner – aquel que sostiene que “mató menos que los gobiernos liberales previos, siendo benigno en materia de muerte”, y el que insiste en que “fue presidente constitucional, no dictador” – no son meras opiniones aisladas. Constituyen, más bien, un fenómeno discursivo complejo que podemos iluminar por lo menos, con cuatro tradiciones filosóficas fundamentales, cada una de las cuales revela una capa distinta de su significado e intencionalidad. En su aparente simpleza, estos enunciados condensan tensiones profundas entre la objetividad y la emoción, entre la lógica y la memoria vivida.

Desde la lente del filósofo Karl Popper, estos argumentos adquieren una existencia objetiva y autónoma en lo que él denominó el “Mundo 3”: el reino de los contenidos del pensamiento, las teorías y los problemas lógicos. Para Popper, autor de Conocimiento objetivo, una vez formulados, estos argumentos se independizan de su creador y se someten a un escrutinio crítico y lógico. El primero, el de la “benignidad comparativa”, se presenta como una hipótesis histórica falsable. Su validez popperiana dependería de su capacidad para ser refutada con datos empíricos: ¿Es rigurosamente cierto que hubo menos víctimas mortales directas? ¿Incluye el cálculo a los desaparecidos, los muertos por torturas o el exilio político como una forma de muerte civil? Popper, en Conjeturas y refutaciones, exigiría una precisión conceptual de la que el argumento carece, haciendo de él una entidad lógica débil, pero aun así existente en ese mundo de las ideas donde puede ser analizada y mejorada. El segundo argumento, el terminológico, se convierte en el Mundo 3 en un problema de definición política. Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, distinguía entre regímenes que permiten el cambio pacífico y aquellos que lo suprimen. La mera existencia de una constitución manipulada no convierte a un régimen en constitucional en sentido democrático. Así, el argumento puede ser refutado contrastando su definición con las características objetivas de una dictadura: concentración ilimitada del poder, supresión de la oposición y ausencia de mecanismos reales de alternancia. Lo crucial en la visión popperiana es que, más allá de su veracidad, ambos enunciados generan “consecuencias lógicas no intencionadas”. El primero plantea implícitamente la pregunta incómoda: ¿qué nivel de violencia estatal es socialmente tolerable? El segundo fuerza una reflexión sobre los límites conceptuales entre democracia y autoritarismo. Estas preguntas, una vez planteadas, viven una vida propia en el dominio del conocimiento objetivo.

Sin embargo, si con Popper examinamos la estructura lógica de los argumentos, con Edmund Husserl nos sumergimos en la intencionalidad que los anima. Para el fundador de la fenomenología, toda conciencia es conciencia de algo; está dirigida a un objeto y, en ese acto, lo constituye con un sentido particular. Desde Ideas relativas a una fenomenología pura, Husserl nos invita a suspender el juicio sobre la realidad exterior – aplicar la epoché – y examinar cómo se constituye el fenómeno en la vivencia. El argumento comparativo no es, entonces, un frío cálculo, sino un acto intencional de la conciencia que opera una “reducción” radical: reduce la experiencia totalitaria a una sola variable cuantificable (el número de muertes), excluyendo deliberadamente la dimensión vivida del terror. Como notó Maurice Merleau-Ponty en Fenomenología de la percepción, percibir es siempre destacar algo y relegar otro algo al fondo. Aquí, se destaca un presunto dato numérico y se relega al olvido fenomenológico la atmósfera de miedo, la censura autocensurada, la humillación y la pérdida de autonomía. La intencionalidad que se revela no es puramente descriptiva, sino justificativa: se constituye un “Stroessner” aceptable al compararlo con un pasado caótico seleccionado. El segundo argumento es aún más revelador como acto intencional. No busca describir, sino performar; busca cambiar la identidad del objeto mediante un acto de nominación. Husserl diría que estamos ante una lucha por la “constitución de sentido” dentro del Lebenswelt o mundo de la vida compartido. La palabra “dictador” no es un flatus vocis; está cargada, en el Paraguay post-Stroessner, con las vivencias de generaciones. Intentar sustituirla por “presidente constitucional” es un intento de reconfigurar esa memoria intersubjetiva, de alterar la capa afectiva y significativa que recubre al personaje histórico. Como Paul Ricoeur exploró en La memoria, la historia, el olvido, siguiendo la estela husserliana, la batalla por los nombres es siempre una batalla por el significado vivido y por el derecho a definir la identidad colectiva.

Esta batalla, sin embargo, tiene consecuencias prácticas y medibles, y es aquí donde el lente del utilitarismo consecuencialista enfoca con crudeza. Desde Jeremy Bentham, quien en su Introducción a los principios de moral y legislación postuló el principio de la mayor felicidad para el mayor número, hasta pensadores contemporáneos como Peter Singer, la ética utilitarista juzga los actos – y los discursos – por sus resultados en el bienestar general. Evaluados así, estos argumentos revelan su potencial toxicidad social. El argumento de la “benignidad” aplica un utilitarismo miope y reduccionista. Como argumentó John Stuart Mill en El utilitarismo, el bienestar humano no se compone sólo de la mera supervivencia biológica, sino de la libertad, la dignidad y la seguridad para proyectar una vida propia. Un cálculo utilitario honesto del régimen stronista debería incluir el trauma de las torturas, el desgarro del exilio, el costo económico de la corrupción sistémica y el déficit democrático que legó al país. Al omitir estos factores, el argumento no solo es históricamente incompleto, sino éticamente engañoso. Peor aún, sus consecuencias sociales son potencialmente dañinas. Como analizó Derek Parfit en Razones y personas, los discursos sobre el pasado tienen efectos a muy largo plazo. Minimizar la gravedad de una dictadura puede debilitar los anticuerpos sociales contra el autoritarismo, entorpecer los procesos de justicia y reparación, y perpetuar una cultura de impunidad. El segundo argumento, el del “presidente constitucional”, cae en lo que Bernard Williams, en Ética y los límites de la filosofía, criticó como el desprecio utilitarista por la verdad. Su defensa podría ser que usar un término más “suave” promueve la reconciliación social. Pero una reconciliación basada en un eufemismo es frágil y falsa. Socava la confianza en el lenguaje público y corrompe el espacio de la deliberación democrática, donde llamar a las cosas por su nombre es un requisito para la salud cívica. El utilitarismo sofisticado, por tanto, probablemente condenaría estos argumentos: sus beneficios (confort identitario para unos pocos) son ampliamente superados por sus costos sociales (obstaculización de una memoria curativa y de una cultura política robusta).

Finalmente, si nos adentramos en la teoría emotivista del lenguaje, asociada a A.J. Ayer y, de forma más matizada, a C.L. Stevenson, descubrimos el núcleo afectivo que late bajo la cáscara lógica de estos enunciados. Para Ayer, en Lenguaje, verdad y lógica, los juicios de valor son expresiones de emoción disfrazadas de proposiciones fácticas. Bajo este prisma, el primer argumento se traduce menos como “X es un hecho” y más como “¡Qué alivio que no fue peor!” combinado con el imperativo emotivo “¡No sientas una indignación moral tan profunda!”. La comparación numérica es el andamiaje retórico que da una apariencia de racionalidad a lo que es, en esencia, una petición emocional de moderación del juicio histórico. Stevenson, en Ética y lenguaje, profundizó esta idea, argumentando que tales enunciados tienen un “componente descriptivo” (a veces muy débil) y un “componente dinámico” o prescriptivo-emotivo, que es el dominante. El segundo argumento es un caso de libro de texto. “Fue presidente constitucional” funciona, en el nivel emotivo, como un grito de “¡Rehabilitémoslo!” o “¡Trátenlo con el respeto debido a un mandatario!”. No es un debate semántico frío, sino una lucha por la carga afectiva de un símbolo histórico. Como ha argumentado el filósofo Simon Blackburn desde su “cuasi-realismo”, estas expresiones no son irracionales, sino que operan dentro de una economía de sentimientos y actitudes complejas. El deseo de suavizar la imagen de Stroessner puede emanar de necesidades psicológicas legítimas: el anhelo de coherencia en la biografía familiar, la búsqueda de elementos positivos en un período oscuro, o el intento de integrar lealtades contradictorias. El problema surge – y aquí el emotivismo se encuentra con la crítica popperiana – cuando estas expresiones de deseo se presentan con el ropaje de la objetividad histórica, bloqueando así la posibilidad de un examen racional y honesto de los hechos.

La conjunción de estas cuatro perspectivas – popperiana, husserliana, utilitarista y emotivista – no nos ofrece una respuesta simple, sino una comprensión ampliada de por qué ciertos argumentos persisten y generan tanta pasión. Nos muestran que el discurso sobre el pasado dictatorial es un campo de fuerza donde chocan la lógica y el deseo, la intención justificativa y la consecuencia social, la construcción de sentido y la expresión de emoción. Un argumento aparentemente débil en el Mundo 3 popperiano puede ser enormemente potente en el mundo de la vida husserliano o en la economía emocional del hablante. Entender esto no implica conceder validez a los argumentos, sino reconocer que su refutación completa exige más que presentar contra-datos. Exige desentrañar las intencionalidades que los animan, evaluar conscientemente las consecuencias de su circulación y reconocer con honestidad las emociones que los alimentan. Solo una crítica que sea, enriquecida, y con esos fines, nos sumergimos en terrenos de la lógica, la fenomenología, la ética y la psicología, aspirando a disolver, con rigor, los nudos discursivos que atan a las sociedades a versiones empobrecidas y justificativas de su propio pasado. La calidad de la democracia paraguaya del presente se juega, en no poca medida, en la capacidad para sostener este tipo de reflexión compleja sobre los ecos, todavía vibrantes, de su historia reciente.

Estos argumentos son propaganda pura, no historia. Intentan operar con la lógica goebbelsiana: simplifican, repiten, emocionan y redefinen. Su éxito no se mide en veracidad, sino en cuánto consiguen que una sociedad tolere su propia vergüenza histórica al envolverla en eufemismos y falsas comparaciones. La batalla contra ellos no es académica; es por la memoria misma.

Ludwig Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas (§109) afirma: "Los problemas filosóficos surgen cuando el lenguaje está de fiesta. (Y para añadir: también cuando el lenguaje, por así decirlo, hace dieta.) La filosofía es una lucha contra el embrujo de nuestro entendimiento por medio del lenguaje”; el "chichón" que las palabras nos causan —la incomodidad que sentimos ante estos argumentos— es precisamente la señal de que hemos topado con un uso engañoso del lenguaje. Y ese dolor, lejos de ser inútil, es valioso: nos obliga a despertar del embrujo y a ver el mundo con mayor claridad.

Referencias

Ayer, A. J. (1936). Lenguaje, verdad y lógica. Editorial Gredos.

Bentham, J. (1789). Introducción a los principios de moral y legislación. Fondo de Cultura Económica.

Blackburn, S. (1998). Ruling Passions: A Theory of Practical Reasoning. Oxford University Press.

Goebbels, J. (1934). Der Kampf um Berlin [La lucha por Berlín]. Franz Eher Verlag.

Husserl, E. (1913). Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. Fondo de Cultura Económica.

Klemperer, V. (2001). LTI. La lengua del Tercer Reich: Apuntes de un filólogo. Minúscula. (Traducción de Adán Kovacsics). ISBN: 978-84-95587-05-6.

Merleau-Ponty, M. (1945). Fenomenología de la percepción. Editorial Planeta.

Mill, J. S. (1863). El utilitarismo. Alianza Editorial.

Parfit, D. (1984). Reasons and Persons. Oxford University Press.

Popper, K. (1945). La sociedad abierta y sus enemigos. Paidós.

Popper, K. (1963). Conjeturas y refutaciones: el desarrollo del conocimiento científico. Paidós.

Popper, K. (1972). Conocimiento objetivo: un enfoque evolucionista. Tecnos.

Ricoeur, P. (2000). La memoria, la historia, el olvido. Fondo de Cultura Económica.

Singer, P. (1993). Ética práctica. Cambridge University Press.

Stevenson, C. L. (1944). Ética y lenguaje. Paidós.

Williams, B. (1985). Ethics and the Limits of Philosophy. Harvard University Press.

*caricatura de Jean Cabut para el semanario Charlie Hebdo (París)