¿Cómo es posible que nuestro país crezca económicamente pero sin desarrollo?

                                                                                        Dr. Victor Oxley

La situación socioeconómica de Paraguay presenta una contradicción estructural fundamental: un crecimiento macroeconómico sostenido que no logra traducirse en desarrollo social ni en una distribución equitativa de la riqueza (Banco Mundial, 2023). Este desacople entre el Producto Interno Bruto (PIB) y el bienestar material se manifiesta en cifras concretas. Según el Banco Mundial (2023), Paraguay mantuvo una tasa promedio de crecimiento del PIB del 4.1% entre 2010 y 2022, destacándose como una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina. Sin embargo, ese mismo año, el 23.5% de la población vivía en pobreza monetaria y el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se situaba en 0.45, uno de los más altos de la región. Esta paradoja ejemplifica la distinción conceptual que Sen (1999) estableció entre crecimiento económico, medido por el PIB, y desarrollo humano, entendido como la expansión de las libertades y capacidades reales de las personas.

La explicación de esta paradoja tiene su origen en una matriz productiva desequilibrada y excesivamente dependiente de un sector primario extractivo (Banco Central del Paraguay, 2023). Según datos oficiales, las exportaciones de productos primarios representaron el 76.4% del total en 2022, mostrando una tendencia de reprimarización, pues en 2012 esta proporción era del 68%. Esta dinámica refleja lo que la literatura económica ha denominado la “maldición de los recursos”, donde la abundancia de recursos naturales, lejos de impulsar un desarrollo diversificado, puede reprimir la industrialización y concentrar el ingreso (Auty, 1993; Sachs & Warner, 1995). Como señala Stiglitz (2012), el crecimiento impulsado por commodities y ventajas comparativas estáticas tiende a concentrar la riqueza más que a distribuirla. En Paraguay, esto se evidencia en que el sector agropecuario, responsable del 24% del PIB (CEPAL, 2022), emplea solo al 18% de la población económicamente activa, pero concentra el 45% de las tierras productivas (INDI, 2021). Este tipo de crecimiento, desarticulado de cadenas productivas internas, crea pocos encadenamientos y limita severamente la creación de empleo decente (Rodrik, 2011).

En este contexto, el crecimiento del PIB opera como un indicador engañoso, pues se desvincula del bienestar de la mayoría. Como demostraron Hanushek y Woessmann (2015), lo que impulsa el progreso sostenible no es la magnitud del crecimiento, sino la calidad del capital humano y las habilidades cognitivas de la población. Así, la paradoja paraguaya es el resultado lógico de un patrón de acumulación que, en términos de Piketty (2014), permite que la tasa de retorno del capital supere persistentemente la tasa de crecimiento general de la economía, profundizando la brecha entre los dueños de los factores de producción y el resto de la sociedad. Los datos del Ministerio de Hacienda (2023) muestran que el 20% más rico de la población concentra el 54% del ingreso nacional, mientras que el 40% más pobre recibe apenas el 12%.

La superación de este estancamiento exige, de manera inexorable, la transformación estructural de la base productiva nacional mediante la industrialización orientada a la agregación de valor. Como demostró históricamente Kuznets (1966), este cambio estructural es el motor fundamental para elevar la productividad y el ingreso per cápita a largo plazo. No se trata de una mera ampliación del aparato industrial, sino de un proceso estratégico de incorporación de eslabones productivos posteriores a la extracción y cosecha, lo que Hirschman (1958) conceptualizó como la creación de “encadenamientos productivos” hacia atrás y hacia adelante. La evidencia empírica es contundente: como sostiene Rodrik (2013), no existe ejemplo histórico de un país que haya logrado un desarrollo amplio y sostenido sin atravesar una fase significativa de industrialización.

Sin embargo, esta transición industrial no es un proceso automático. Su viabilidad y éxito dependen de un presupuesto humano capacitado. Este principio fue claramente ilustrado por el éxito de los tigres asiáticos. Como documentó Amsden (1989), el milagro industrial de Corea del Sur se basó en una inversión masiva y estratégica en la formación de una fuerza laboral capaz de dominar, adaptar y finalmente innovar en procesos tecnológicos complejos. Una industria moderna requiere una fuerza laboral con competencias lógico-matemáticas sólidas para operar, mantener y optimizar tecnologías complejas; gestionar procesos bajo estándares de calidad; controlar variables logísticas y financieras; y analizar datos para la mejora continua. La ausencia de estas competencias convierte la inversión en infraestructura industrial en un gasto estéril. Este riesgo es especialmente alto en contextos de “industrialización tardía”, donde, como advierte Chang (2002), la mera transferencia de tecnología sin el correspondiente desarrollo de capacidades humanas locales conduce a dependencia tecnológica. En última instancia, como concluye el Banco Mundial (2013), la calidad de los empleos creados y la sostenibilidad del crecimiento industrial dependen directamente de las habilidades de la población.

Es en este nexo causal donde la educación, y de manera específica y prioritaria la educación matemática, emerge como la variable estratégica decisiva. Esta afirmación se sustenta en la teoría económica del capital humano, desarrollada por Becker (1964), que postula que la inversión en educación, particularmente en habilidades cognitivas complejas, es la principal fuente de crecimiento de la productividad laboral. El pensamiento lógico-matemático constituye el sustrato cognitivo indispensable para el desarrollo de las competencias antes mencionadas. No se trata del mero aprendizaje de algoritmos aritméticos, sino de la formación de una estructura mental rigurosa para la resolución de problemas, la modelización de sistemas y el pensamiento abstracto. Como demostraron empíricamente Hanushek y Woessmann (2015), son precisamente estas habilidades cognitivas de alto nivel, medidas a través del desempeño en matemáticas, las que tienen un poder predictivo sobre el crecimiento económico a largo plazo. La matemática, por tanto, deja de ser una disciplina académica aislada para erigirse en el componente fundamental de la empleabilidad en una economía industrializada, reflejando lo que Goldin y Katz (2008) denominaron la “carrera entre educación y tecnología”.

El diagnóstico del sistema educativo paraguayo, sin embargo, revela una crisis profunda en este punto neurálgico. Evaluaciones nacionales e internacionales confirman un déficit masivo y persistente en el aprendizaje de las matemáticas. A nivel nacional, el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo (SNEPE) 2023 revela que solo el 28.8% de los estudiantes de 6to grado y un 22.8% de los de 3er curso de la Educación Media alcanzan el nivel satisfactorio (Ministerio de Educación y Ciencias [MEC], 2024). En las pruebas PISA de la OCDE, Paraguay se ha ubicado consistentemente en las últimas posiciones globales en Matemáticas, con un puntaje promedio de 327 puntos en 2022 y solo el 10% de los estudiantes en o por encima del nivel mínimo de competencia (OCDE, 2023). Esta trayectoria se origina tempranamente, como lo muestran los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) 2019 de la UNESCO, donde Paraguay obtuvo 689 puntos en 3er grado, con solo un 22.1% de estudiantes en niveles satisfactorio y avanzado (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE], 2021).

La explicación de esta crisis persistente va más allá de los datos de rendimiento y se adentra en las deficiencias epistémico-cognitivas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Una perspectiva crucial es la teoría de los campos conceptuales de Vergnaud (1990, 1998), que analiza la complejidad de la adquisición de conceptos matemáticos. Complementariamente, el modelo de los significados institucionales y parciales de los objetos matemáticos (Oxley, 2024) ofrece una lente precisa para diagnosticar la naturaleza del aprendizaje superficial que predomina. Según este modelo, el significado institucional representa la comprensión formal y completa aceptada por la comunidad matemática, mientras que el significado parcial corresponde a la comprensión limitada y contextual de un estudiante. El aprendizaje exitoso implica una transición guiada donde los significados parciales convergen hacia el significado institucional (Oxley, 2024). El problema central es que el sistema educativo falla sistémicamente en facilitar esta transición.

La raíz de este fracaso reside en una formación docente críticamente insuficiente. Los docentes, a menudo carentes de un Conocimiento del Contenido Pedagógico (PCK) específico en matemáticas (Shulman, 1986), no dominan ellos mismos los significados institucionales profundos de los conceptos que enseñan. Como se señala (Oxley, 2024), el docente es eficaz solo si logra que la interpretación parcial del estudiante pertenezca a la intersección entre los conjuntos de significado parcial e institucional. Sin embargo, la evidencia muestra que una proporción muy alta de docentes son inefectivos para lograr este objetivo (Oxley, 2023). Esta deficiencia conduce a una práctica pedagógica reduccionista, algorítmica y descontextualizada, que prioriza la ejecución de procedimientos (complejidad algorítmica) sobre la comprensión de las relaciones conceptuales subyacentes (Oxley Insfrán, 2024). Esta práctica refuerza en los estudiantes significados parciales estancados y genera confusión ontológica, donde confunden la representación de un objeto matemático (un dibujo) con el concepto abstracto en sí (Oxley Insfrán, 2020).

Esta problemática se alinea con las reflexiones sobre el aprendizaje mediado por representaciones semióticas, lo que puede generar una confusión entre el objeto y sus representaciones si no se media adecuadamente (Duval, 1993, citado en Oxley, 2023). Se configura así un círculo vicioso: docentes con significados parciales institucionalizados implementan una enseñanza que genera y consolida significados parciales estancados en los estudiantes, lo que se traduce en los bajos resultados crónicos que revelan las evaluaciones.

El núcleo de esta crisis cognitiva puede conceptualizarse como la incapacidad de los estudiantes para procesar la “Complejidad Ontológica” (CO) (Oxley Insfrán, 2020, 2024). La CO es una propiedad de los enunciados matemáticos verbales que mide la transformación estructural requerida para pasar del Lenguaje Natural (LN) al Lenguaje Matemático (LM). Esta transformación no es meramente sintáctica, sino ontológica: el estudiante debe reconocer qué entidades existen matemáticamente dentro del relato y cómo se relacionan, realizando una reducción ontológica para filtrar lo irrelevante y construir el modelo matemático correspondiente. El estudiante paraguayo promedio no logra traducir el lenguaje natural en esquemas lógicos formalizables. Su dificultad no es aritmética, sino semántico-ontológica: no comprende de qué se habla en el enunciado matemático. Esta complejidad ontológica no procesada bloquea la transición del pensamiento concreto al abstracto, esencial para el desarrollo matemático y para las competencias requeridas por la industria.

Si se suman estas variables, se evidencia un círculo vicioso de implicación nacional: baja competencia matemática → desinterés por carreras científicas → falta de profesionales en ciencia y tecnología → estancamiento del desarrollo nacional. Como documenta Oxley (2019/2023) al analizar los datos de ingreso a la Universidad Nacional de Asunción, carreras fundamentales como Matemática Pura o Física registran menos de 20 ingresantes anuales, una cifra insignificante comparada con las centenas que optan por carreras tradicionales. El problema de la educación matemática en Paraguay no se resuelve con más ejercicios de suma o más horas de clase. Se resuelve enseñando a pensar matemáticamente: a decodificar la ontología del lenguaje matemático, a distinguir entre objeto y representación, a estructurar relaciones lógicas. Mientras no se ataque este núcleo —la incapacidad para procesar complejidad ontológica—, cualquier reforma será cosmética.

En síntesis, la secuencia lógica es clara y su dirección, irreversible: sin una fuerza laboral competente en matemáticas, no hay industrialización viable; sin industrialización que agregue valor, no hay transformación de la matriz productiva; y sin esta transformación, no hay posibilidad de superar la paradoja del crecimiento sin desarrollo. La educación matemática se revela, así, no como un gasto, sino como la inversión fundacional para el futuro económico y la justicia social en el Paraguay. Revertir la situación exige una transformación radical que interrumpa el círculo vicioso. La prioridad debe ser el desarrollo del conocimiento especializado del docente (MKT), asegurando que ellos mismos posean una comprensión institucional profunda de las matemáticas. Sobre esta base, la práctica debe reorientarse hacia una mediación pedagógica explícita que, a través del diálogo matemático auténtico, la exploración de invariantes y el uso múltiple de representaciones (Vergnaud, 1998), guíe activamente a los estudiantes en la evolución de sus significados parciales hacia el significado institucional. Solo así se superará la instrucción algorítmica y se sentarán las bases para un pensamiento matemático genuino y competente, que es, en última instancia, la condición de posibilidad para el desarrollo auténtico de la nación.

Referencias

Amsden, A. H. (1989). Asia's next giant: South Korea and late industrialization. Oxford University Press.

Auty, R. M. (1993). Sustaining development in mineral economies: The resource curse thesis. Routledge.

Banco Central del Paraguay. (2023). Informe de Comercio Exterior 2022. Asunción: BCP.

Banco Mundial. (2013). Informe sobre el desarrollo mundial 2013: Empleo. Banco Mundial. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11843

Banco Mundial. (2023). Paraguay: Panorama General. Washington D.C.: World Bank Group. Recuperado de https://www.bancomundial.org/es/country/paraguay/overview

Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.

CAF - Banco de Desarrollo de América Latina. (2023). Economía y Desarrollo: Paraguay 2023. Caracas: CAF.

CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2022. Santiago: Naciones Unidas.

Chang, H.-J. (2002). Kicking away the ladder: Development strategy in historical perspective. Anthem Press.

Duval, R. (1993). Registres de représentation sémiotique et fonctionnement cognitif de la pensée. Annales de Didactique et de Sciences Cognitives, 5, 37-65.

Fondo Monetario Internacional. (2023). World Economic Outlook Database. Washington D.C.: IMF.

Goldin, C., & Katz, L. F. (2008). The race between education and technology. Harvard University Press.

Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). The knowledge capital of nations: Education and the economics of growth. MIT Press.

Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development. Yale University Press.

INDI - Instituto Nacional del Indígena. (2021). Informe sobre Tenencia de Tierras en Paraguay. Asunción: INDI.

Instituto Nacional de Estadística. (2022). Encuesta Permanente de Hogares 2022. Asunción: INE.

Kuznets, S. (1966). Modern economic growth: Rate, structure, and spread. Yale University Press.

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación [LLECE]. (2021). Informe de Resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago).

Ministerio de Educación y Ciencias. (2024). Resultados SNEPE 2023: Informe Nacional.

Ministerio de Hacienda. (2023). Informe de Distribución del Ingreso 2022. Asunción: Ministerio de Hacienda.

OCDE. (2023). PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education. OECD Publishing.

Oxley, V. M. (2023). SNEPE 2018: La eficacia docente en matemáticas. Revista Científica de la UCSA, 10(1), 3–12.

Oxley, V. (2024). Exploring institutional and partial meanings in mathematics: A model of structure and dynamics. Journal of Educational Studies in Science and Mathematics (JESSM), 3(2), 77-86.

Oxley Insfrán, V. M. (2020). Complejidad ontológica y enunciados de problemas matemáticos. Revista Científica Estudios E Investigaciones, 9(1), 17–39.

Oxley Insfrán, V. (2025). Los Campos conceptuales y complejidad ontológica en resolución de problemas de matemáticas. UNIÓN - REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN MATEMÁTICA, 21(73). Recuperado a partir de https://revistaunion.org/index.php/UNION/article/view/1666

Piketty, T. (2014). El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica.

PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2021). Informe sobre Desarrollo Humano 2021-2022. Nueva York: Naciones Unidas.

Rodrik, D. (2011). The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. W. W. Norton & Company.

Rodrik, D. (2013). The past, present, and future of economic growth. Global Citizen Foundation.

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth. NBER Working Paper, 5398.

Sen, A. (1999). Development as freedom. Alfred A. Knopf.

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.

Stiglitz, J. E. (2012). The price of inequality: How today's divided society endangers our future. W. W. Norton & Company.

Vergnaud, G. (1990). La théorie des champs conceptuels. Recherches en Didactique des Mathématiques, 10(2), 133-170.

Vergnaud, G. (1998). El niño, las matemáticas y la realidad. Trillas.

La soberanía cautiva: Un análisis crítico del principio de soberanía popular en la Constitución paraguaya de 1992

                                                                                          Dr. Víctor Oxley

Introducción: El enigma de un principio vacío

La Constitución Nacional del Paraguay de 1992, piedra angular de la transición democrática, proclama con solemnidad en su artículo 2: "En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo". Esta declaración, aparentemente rotunda y fundacional, encierra una paradoja que atraviesa la vida política del país. Cuando se la contrasta con el mecanismo concreto que la Constitución establece para su ejercicio –la elección presidencial por mayoría simple (art. 230)– y con los resultados históricos de su aplicación (presidentes electos con pluralidades minoritarias), surge una pregunta incómoda: ¿es la "soberanía popular" un principio sustantivo que ordena el sistema político, o es meramente una fórmula retórica, vaciada de contenido operativo por un diseño constitucional pragmático y calculado? Este ensayo argumenta que la soberanía en la Constitución paraguaya es un concepto cautivo: declarado como supremo, pero deliberadamente despojado de herramientas para una expresión directa y mayoritaria, como resultado de una transición democrática negociada por la misma élite autoritaria en retirada. Esta problemática se inscribe en lo que Mainwaring (2018) identifica como los "dilemas de la representación" en las nuevas democracias latinoamericanas, donde las cartas magnas suelen oscilar entre principios ambiciosos y diseños institucionales conservadores.

I. La arquitectura de la soberanía: Declaración sublime y mecanismo mínimo

El texto constitucional sitúa la soberanía en el "pueblo", un sujeto abstracto y colectivo. Sin embargo, su materialización se canaliza de forma inmediata y restrictiva. El artículo 3 ata irremisiblemente su ejercicio al "sufragio". Este no es un sufragio cualquiera, sino uno reglado por el propio texto constitucional que, para la elección presidencial, especifica el sistema de mayoría simple (art. 230). Esta cadena normativa –de lo sublime (soberanía) a lo específico (mayoría simple)– revela una opción de diseño fundamental que refleja lo que Garretón (2007) denomina una "ciudadanía empobrecida", donde los derechos políticos se limitan a la elección periódica de representantes sin canales efectivos de participación intermedia.

Desde la teoría política, este diseño es vulnerable a la crítica ilustrada por la Paradoja de Condorcet (Condorcet, 1785): en elecciones con más de dos candidatos, el ganador por mayoría simple puede no representar la voluntad de la mayoría del electorado, e incluso puede ser rechazado por una coalición mayoritaria en enfrentamientos cara a cara. Así, el sistema permite legalmente que un presidente gobierne con el mandato de una minoría plural, mientras una mayoría numérica votó en contra de él. Para una interpretación sustantiva de la soberanía –que la entiende como la expresión de la voluntad mayoritaria del cuerpo político– esto constituye una grave distorsión. La soberanía, en la práctica, no "reside en el pueblo" como un todo, sino que es secuestrada por la fracción más grande de un electorado fragmentado. Este riesgo es particularmente agudo en sistemas de partidos emergentes y fragmentados, como era el caso paraguayo post-dictadura (Sartori, 2005). El diseño paraguayo contrasta con las recomendaciones de la teoría contemporánea sobre sistemas electorales, que para elecciones presidenciales en sociedades plurales sugiere mecanismos de doble vuelta o voto alternativo para garantizar mayorías más amplias y consensuadas (Shugart & Carey, 1992).

II. La interpretación jurídico-positiva: El triunfo de la formalidad

Frente a esta crítica, la interpretación jurídico-formal ofrece una defensa aparentemente irrefutable. La Constitución es clara y explícita: "mayoría simple" (art. 230). Por lo tanto, cualquier resultado que emane de aplicar fielmente esa regla es, per se, la expresión de la voluntad soberana. La soberanía se define aquí de manera procedimental y minimalista: es el derecho del pueblo a seguir las reglas del juego que él mismo, a través de su Asamblea Constituyente, se dio. En esta visión, no hay tensión ni violación. La soberanía no es un estándar de resultados (gobierno con apoyo mayoritario), sino un principio de legitimidad de origen (el poder surge de una elección reglada). Esta lectura, técnicamente correcta, reduce la soberanía a un fantasma constitucional: un principio invocado en los preámbulos pero sin capacidad de influir en el diseño de los mecanismos que lo ejecutan. Como señala Nino (1996), una constitución puede consagrar principios "semánticamente inanes" si no se les dota de instituciones que los hagan operativos y justiciables. Esta disociación entre principio y práctica institucional genera lo que Bobbio (1987) identificó como una "promesa incumplida" de la democracia, donde el ideal de soberanía popular se mantiene en el plano discursivo pero se frustra en la operación concreta del sistema.

III. El contexto histórico-decisivo: El pragmatismo como estrategia de poder

La clave para resolver esta aparente contradicción entre principio grandioso y mecanismo mezquino no está en la filosofía política, sino en la sociología histórica del poder. La Asamblea Constituyente de 1992 no fue una reunión de filósofos desinteresados. Fue un ámbito donde el Partido Colorado, pilar del régimen stronista que gobernó por 35 años, conservó una mayoría decisiva (122 de 198 escaños, según datos del TSJE). Para esta fuerza en transición forzada, el desafío era doble: adoptar una fachada democrática creíble para la comunidad internacional y la ciudadanía, mientras preservaba las máximas ventajas posibles para perpetuarse en el poder bajo las nuevas reglas. Esta dinámica es característica de lo que O’Donnell y Schmitter (1986) denominaron "transiciones desde arriba" o "pactadas", donde las élites salientes negocian los términos de la salida para conservar importantes cuotas de influencia. En el caso paraguayo, como analiza Arditi (1992), la transición fue particularmente "controlada" por el régimen saliente, que mantuvo una posición dominante en el proceso constituyente.

En este contexto, el diseño constitucional de la soberanía y sus mecanismos deja de ser un ejercicio técnico para convertirse en una estrategia de supervivencia política. Un sistema de mayoría absoluta con segunda vuelta (ballotage) habría sido un riesgo existencial para el Colorado. Le habría obligado a formar amplias coaliciones y a ceder cuotas de poder a una oposición fragmentada para ganar en una segunda vuelta, poniendo en peligro su unidad interna y su control del aparato estatal (Abente Brun, 1995). En cambio, el sistema de mayoría simple era perfecto para sus fines. Premia al partido mejor organizado, con maquinaria territorial y clientelar intacta –precisamente las fortalezas del Colorado post-Stroessner–. Le permitía apostar a ganar en primera vuelta con su base fiel, sin necesidad de ampliar su atractivo hacia mayorías consensuales. La "soberanía popular", así, fue reducida a un mecanismo de cerradura: un concepto que legitimaba el nuevo sistema mientras las reglas finas aseguraban la continuidad de los actores tradicionales en el poder. Como analiza Corral (1999), se instauró así una "democracia de baja intensidad", con un pluralismo limitado por las reglas de origen. Esta configuración se ajusta a lo que Levitsky y Way (2010) conceptualizarían posteriormente como "autoritarismo competitivo", donde existen elecciones multipartidistas pero con condiciones desiguales que favorecen sistemáticamente al partido en el poder.

IV. Consecuencias: Una democracia de baja intensidad y la rebelión de la soberanía real

Las consecuencias de este diseño se hicieron evidentes en la práctica. Entre 1993 y 2003, el sistema produjo presidentes colorados electos con porcentajes que oscilaron alrededor del 40% o menos, confirmando que era funcional al continuismo partidario bajo formas electorales. La democracia paraguaya se consolidó como una democracia "minimalista" o "de baja intensidad", donde la alternancia parecía un horizonte lejano precisamente porque las reglas habían sido amoldadas para evitarla (Corral, 1999). Esta situación generó lo que Riquelme (1994) denominó una "democracia sin alternancia", que mantenía las formas republicanas pero vaciaba de contenido la competencia política real.

Sin embargo, la ironía histórica es que la propia Constitución, a pesar de sus sesgos, creó un espacio de disputa legítima. El acto soberano por excelencia –la reforma constitucional– quedó abierto. Y más importante aún, el sistema, aun siendo favorable al partido grande, no era una garantía absoluta. En 2008, ocurrió lo improbable: la oposición, capitalizando un desgaste monumental y una candidatura unificadora, logró vencer bajo las reglas diseñadas para otro fin. La elección de Fernando Lugo fue, en este sentido, la verdadera rebelión de la soberanía popular real contra el diseño constitucional que pretendía cauterizarla. Demostró que, a la larga, ningún mecanismo puede contener indefinidamente la voluntad política de una mayoría social determinada a cambiar su gobierno. Este evento resonó con lo que Linz y Stepan (1996) consideran un momento crítico en la consolidación democrática: cuando las reglas son aceptadas incluso por quienes las diseñaron para su beneficio, al perder una elección. El triunfo de Lugo constituyó, en términos de Przeworski (1991), el momento en que la incertidumbre sobre los resultados electorales –esencia de la democracia– se hizo realidad en Paraguay, rompiendo la predictibilidad que el sistema había garantizado por 15 años.

Conclusión: Hacia una reivindicación sustantiva de la soberanía

La soberanía popular en la Constitución paraguaya de 1992 es, pues, un concepto con una doble vida. En su vida textual y formal, es un principio declamado pero operativamente vaciado, cautivo de un diseño electoral que priorizó la gobernabilidad del partido hegemónico en transición sobre la representatividad mayoritaria. La Asamblea Constituyente no fue un foro neutral, sino el campo de batalla institucional donde el Partido Colorado, aún hegemónico, redactó las reglas del nuevo juego democrático con el objetivo principal de asegurar su propia supervivencia y ventaja competitiva (Flecha, 1993). La parquedad en el desarrollo del concepto de soberanía no fue un descuido filosófico, sino una consecuencia lógica y deliberada de este objetivo político, en línea con lo que Negretto (2013) identifica como un patrón regional donde las élites utilizan el diseño constitucional para proteger sus intereses en contextos de transición.

En su vida política e histórica, es una promesa incumplida pero potentemente evocadora, un estándar contra el cual la ciudadanía puede –y debe– juzgar la legitimidad de sus gobernantes y la justicia de sus reglas electorales. Este ideal de soberanía, aunque formalmente limitado, mantiene un poder normativo que, como argumenta Rosanvallon (2020), sigue orientando las demandas de profundización democrática incluso en sistemas con déficits representativos.

El debate, por tanto, no debe quedar atrapado en la disyuntiva estéril entre legalidad formal y espíritu democrático. Debe avanzar hacia un reconocimiento franco: la Constitución de 1992, producto de su tiempo y de una correlación de fuerzas específica, consagró un sistema electoral que no maximiza la expresión fiel de la soberanía popular entendida como voluntad mayoritaria. Superar esta limitación histórica no requiere una reinterpretación forzada, sino un nuevo acto constituyente –en forma de reforma constitucional– que sea capaz de dotar a la soberanía de mecanismos más robustos y directos para su expresión, tal como propone la teoría del constitucionalismo democrático (Nino, 1996). La experiencia comparada en América Latina muestra que la introducción de mecanismos de democracia directa y semidirecta, como el referéndum y la iniciativa popular, puede complementar la representación y dar mayor sustancia al principio de soberanía (Lissidini, 2011). Solo así el principio rector del Artículo 2 dejará de ser una cautiva declaración de fe para convertirse en el motor vivo de una democracia verdaderamente representativa y legítima.

Referencias

Abente Brun, D. (1995). La transición política en el Paraguay. Editorial Don Bosco.

Arditi, B. (1992). ¿Adiós a Stroessner? La reconstitución política del Paraguay. Nueva Sociedad, 122, 54-69.

Bobbio, N. (1987). El futuro de la democracia. Fondo de Cultura Económica.

Condorcet, M. d. (1785). Essai sur l'application de l'analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix. L'Imprimerie Royale.

Corral, F. (1999). La democracia de baja intensidad. Editorial Arandurã.

Flecha, M. V. J. (1993). La Constitución de 1992 en el proceso de transición política. En La Constitución de 1992. Análisis y Comentarios (pp. 15-38). Editorial El Lector.

Garretón, M. A. (2007). Del postpinochetismo a la sociedad democrática. Globalización y política en el bicentenario. Random House Mondadori.

Levitsky, S., & Way, L. A. (2010). Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes after the Cold War. Cambridge University Press.

Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Johns Hopkins University Press.

Lissidini, A. (2011). Democracia directa en América Latina: entre la delegación y la participación. CLACSO.

Mainwaring, S. (2018). Party Systems in Latin America: Institutionalization, Decay, and Collapse. Cambridge University Press.

Negretto, G. L. (2013). Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America. Cambridge University Press.

Nino, C. S. (1996). The Constitution of Deliberative Democracy. Yale University Press.

O’Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Johns Hopkins University Press.

Przeworski, A. (1991). Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press.

Riquelme, M. (1994). Por la razón o la fuerza: la transición del autoritarismo a la democracia en Paraguay, 1989-1992. Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios.

Rosanvallon, P. (2020). El siglo del populismo: Historia, teoría, crítica. Galaxia Gutenberg.

Sartori, G. (2005). Partidos y sistemas de partidos. Alianza Editorial.

Shugart, M. S., & Carey, J. M. (1992). Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge University Press.

La producción ganadera y sojera, económicamente brillantes y socialmente suicidas

                                                                                                 Dr. Victor Oxley

El sistema de jubilaciones se alimenta de trabajadores formales. La ganadería y la soja paraguayas los aniquilan. Su éxito no es económico; es un proyecto sistemático de erosión social. No producen empleo, producen fantasma laborales. Peones que duermen en galpones, roqueros que se envenenan con glifosato por un salario de miseria, capataces sin contrato que son dueños solo de sus deudas. Son sectores diseñados para el despojo, despojan al trabajador de su seguridad, a la tierra de su biodiversidad, al pueblo de su tejido social. Cada hectárea de soja es un cementerio verde donde murieron bosques, arroyos y el futuro de comunidades enteras; cada cabeza de ganado pasta sobre un desierto humano, donde antes hubo agricultura familiar y ahora solo hay alambrados y silencio.

Estas producciones no construyen nación, la desmiembran. Concentran la tierra en manos que no sudan, exportan nutrientes del suelo que nunca se reponen, fugan divisas que nunca se transforman en hospitales o escuelas. Su lógica es extractiva y nómada, cuando la tierra se agota, el capital se mueve, dejando atrás pueblos fantasma, suelos esterilizados y una estela de pobreza. Son economías de enclave que operan como colonias internas, conectando puertos chinos y mercados europeos mientras desconectan a paraguayos de sus propios derechos.

El daño es doble y letal. Primero, vacían el presente, condenan a generaciones a la informalidad crónica, sin seguridad social, sin horizonte. Segundo, hipotecan el futuro, al no crear aportantes, dinamitan la base del sistema de reparto. La paradoja es atroz, el campo, románticamente asociado al sustento, se convirtió en la fábrica de la inseguridad vital. La riqueza que brota de la tierra no moja los surcos de la justicia social; se evapora en cuentas offshore o se entierra en más tierra, en un ciclo de acumulación estéril y antisocial.

Así, estos sectores brillantes condenan al Estado a la esquizofrenia fiscal, celebra sus exportaciones mientras recoge, con los impuestos de todos, los desechos humanos que dejan. El IVA que paga la ciudadana común, financia la jubilación que el peón sojero nunca tendrá. Es un circuito perverso donde la prosperidad de unos pocos se subsidia con la precariedad de todos.

No son motores de desarrollo. Son máquinas de segregación. Fabrican desigualdad con la misma eficiencia con que fabrican granos y carne. Su cosecha más abundante no es la soja, es la exclusión; su producto final no es el filete, es un país fracturado donde la vejez será un lujo y la dignidad, un recuerdo. Brillan en los gráficos de exportación mientras apagan, uno a uno, los derechos de toda una nación. Esa no es inteligencia económica. Es un pacto suicida firmado con la tierra ensangrentada de los que nunca aparecerán en las estadísticas.

Caja de Jubilaciones en rojo: Sangre Fiscal para un Sistema Muerto

                                                                                                  Dr. Victor Oxley

El colapso de las jubilaciones en Paraguay no es una posibilidad, es la conclusión matemática de una ecuación rota. La lógica es impecable y cruel, un sistema de reparto exige una base amplia y constante de trabajadores formales que aporten. 

Sin embargo, la máquina económica paraguaya está diseñada para lo contrario, nuestro crecimiento, impulsado por campos mecanizados y un mar de comercio informal, produce commodities y supervivencia, no empleos formales masivos. NO GENERA EL INSUMO VITAL, EL APORTANTE. Peor aún, el Estado profundizó la falla. Mientras abandonaba a la inmensa mayoría a la informalidad sin políticas de inclusión, cultivó en su propio seno un régimen de privilegios jubilatorios absurdos, jubilaciones tempranas y millonarias financiadas por el Tesoro. 

El resultado es una lógica perversa, una base de aportantes cada vez más pequeña y esquiva debe sostener una promesa de beneficios cada vez más costosa. El déficit millonario no es un accidente, es el síntoma inevitable. 

Taparlo subiendo el IVA o retrasando la edad para los que recién empiezan es un acto de cinismo, es hacer pagar a la víctima por el crimen. 

La solución real no está en manipular la conclusión de la ecuación, sino en reescribir sus premisas. Requiere una transformación dolorosa, una guerra frontal contra la informalidad con incentivos reales, una revolución industrial que priorice la creación de empleo formal masivo sobre la mera exportación de materias primas, y la anulación sin miramientos de los regímenes privilegiados. 

Finalmente, exige la honestidad de admitir que el pacto intergeneracional está muerto y transitar hacia un sistema donde el ahorro individual sea la base, con una red solidaria mínima para que ningún anciano caiga en la indigencia. Todo lo demás es administrar la decadencia y condenar a generaciones enteras a una vejez sin dignidad. 

La lógica es clara. Ignorarla es una decisión política, y su precio será la pobreza masiva y la fractura social.

La economía del exilio: cuando irse financia al Estado

                                                                                         Dr. Victor Oxley

Si un país no genera empleo productivo suficiente, la consecuencia necesaria es la expulsión de su fuerza de trabajo. Si expulsa trabajadores, estos solo pueden sobrevivir integrándose a economías ajenas. Si esos trabajadores envían dinero al país que los expulsó, entonces el sistema que los excluyó pasa a financiarse con su propio fracaso. Paraguay se encuentra exactamente en esa cadena lógica.

La estructura económica nacional se apoya en sectores altamente concentrados, poco intensivos en empleo y escasamente articulados con el resto de la economía. De ello se sigue, de manera directa, que una porción significativa de la población económicamente activa no encuentra lugar en el sistema productivo. No se trata de una contingencia, sino de una consecuencia estructural.

La migración masiva no es una elección individual libre, sino una derivación necesaria de un modelo que no absorbe trabajo. Y las remesas no son un indicador de éxito, sino la prueba empírica de esa expulsión, dinero que ingresa porque el trabajo no puede realizarse dentro del territorio nacional.

Cuando las remesas alcanzan magnitudes cercanas a los mil millones de dólares anuales, se configura un hecho político relevante, el Estado deja de ser el principal garante de la reproducción social y esa función es desplazada hacia ciudadanos que viven y trabajan fuera del país. El bienestar interno pasa a depender de ingresos generados en economías extranjeras. Esto produce un efecto lógico adicional, las deficiencias estructurales del Estado dejan de manifestarse como crisis abiertas. La pobreza se amortigua, el consumo se sostiene, el conflicto social se posterga. No porque el problema haya sido resuelto, sino porque ha sido externalizado. En este punto, la conclusión es ineludible.

Mantener un Estado ineficiente, sin políticas serias de industrialización, empleo y desarrollo, resulta funcional al poder político. El sistema expulsa a quienes no puede integrar, reduce la presión social interna y, paradójicamente, se sostiene gracias a las remesas enviadas por los mismos ciudadanos que fueron obligados a irse. Así, el gobierno administra un equilibrio perverso, expulsa población, pero importa divisas; fracasa en generar trabajo, pero recibe ingresos; abandona a sus ciudadanos, pero se beneficia de su esfuerzo.

En términos estrictamente lógicos, el modelo es claro, expulsar es rentable, porque los que se van terminan financiando la supervivencia del país que los expulsó, evitando que el sistema colapse y se desmorone en pedacitos.

Mayoría simple, encuestas y la violación estructural de la soberanía ciudadana en la democracia paraguaya

                                                                                         Dr. Victor Oxley

Desde el inicio de la transición democrática, el Paraguay ha organizado su vida política bajo un sistema electoral que, lejos de fortalecer la soberanía ciudadana, la ha erosionado de manera sistemática. El principio de mayoría simple —consagrado para la elección presidencial— ha operado como un dispositivo institucional que produce gobiernos minoritarios, debilita la legitimidad democrática y genera un patrón recurrente de inestabilidad política que ha obstaculizado seriamente el desarrollo del país.

La evidencia histórica es clara, entre 1993 y 2023, en la gran mayoría de las elecciones presidenciales, el candidato electo accedió al poder con menos del 50 % de los votos. No se trata de excepciones circunstanciales, sino de una regularidad estructural. Presidentes electos con el 37%, 40% o 45% de los votos han gobernado a una sociedad en la que la mayoría ciudadana expresó preferencia por otras alternativas. Este hecho, reiterado durante tres décadas, no puede ser interpretado como una mera curiosidad estadística, constituye un problema político, social y constitucional de primer orden.

Desde el punto de vista teórico, la paradoja de Condorcet demuestra que los sistemas basados en mayoría simple pueden seleccionar opciones rechazadas por la mayoría cuando existen más de dos alternativas. Aplicado al caso paraguayo, esto significa que el sistema electoral no solo es vulnerable a distorsiones, sino que las produce de forma previsible. El resultado es la institucionalización de lo que puede denominarse una minoríacracia, un régimen formalmente democrático, pero sustantivamente gobernado por minorías.

Las consecuencias sociales de este diseño son profundas. Gobiernos que nacen sin respaldo mayoritario carecen de la legitimidad necesaria para impulsar reformas estructurales, construir consensos duraderos y sostener políticas de desarrollo a largo plazo. La historia reciente del Paraguay muestra una secuencia de crisis políticas, conflictos interinstitucionales, protestas sociales e inestabilidad crónica que no puede explicarse únicamente por errores de gestión o disputas partidarias. Se trata, más bien, del efecto acumulado de un sistema que produce gobiernos débiles desde su origen.

Esta situación adquiere una gravedad mayor cuando se la examina a la luz del orden constitucional. El artículo 3 de la Constitución Nacional establece que la soberanía reside en el pueblo y que su ejercicio debe expresarse a través de mecanismos que reflejen fielmente la voluntad ciudadana. Sin embargo, un sistema electoral que elige de manera sistemática a gobernantes rechazados por la mayoría vulnera directamente este principio. No estamos ante una falla ocasional del procedimiento democrático, sino ante una violación estructural y reiterada de la soberanía popular.

En este proceso, las encuestas de opinión pública electoral han desempeñado un papel decisivo y frecuentemente subestimado. Al centrarse casi exclusivamente en la medición de la mayoría relativa —es decir, en quién obtiene más votos sin importar si alcanza o no el respaldo mayoritario—, las encuestas han contribuido activamente a legitimar este esquema institucional. Lejos de revelar la magnitud del problema, lo han ocultado.

Las encuestas tradicionales reducen la voluntad popular a una fotografía parcial, miden primeras preferencias, pero ignoran rechazos mayoritarios, preferencias de segundo orden y consensos latentes. De este modo, no solo describen una realidad distorsionada, sino que la refuerzan. Al presentar como “ganador” a quien lidera con un 40 % de intención de voto, naturalizan la idea de que esa cifra es suficiente para gobernar, anulando toda reflexión crítica sobre su legitimidad democrática y constitucional.

Este efecto no es neutro. Las encuestas moldean expectativas, inducen comportamientos estratégicos y consolidan la fragmentación del voto. En la práctica, funcionan como mecanismos de legitimación cognitiva de un sistema pernicioso, amortiguando la percepción pública de que la soberanía ciudadana está siendo sistemáticamente vulnerada. Así, el problema deja de percibirse como estructural y se transforma en una aparente normalidad procedimental.

La consecuencia final es una democracia formal que incumple su propio principio fundante. Cuando la soberanía popular se reduce a una pluralidad aritmética circunstancial, el mandato constitucional se vacía de contenido. El Paraguay no enfrenta únicamente un déficit de representación, sino una contradicción profunda entre su Constitución y su práctica electoral efectiva.

Superar esta situación exige un reconocimiento claro, la mayoría simple, tal como ha sido aplicada durante la transición democrática, ha sido un obstáculo para la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo del país, y su legitimación mediante encuestas centradas en la mayoría relativa ha agravado ese daño. La defensa efectiva de la soberanía ciudadana requiere tanto una reforma del sistema electoral como una transformación de las prácticas de medición de la opinión pública.

Sin estas correcciones, la democracia paraguaya –en eterna transición o deberíamos llamarla democracia transitoria- continuará reproduciendo gobiernos constitucionalmente débiles, socialmente inestables y estructuralmente incapaces de conducir un proyecto genuino de desarrollo nacional. Lo que está en juego no es una preferencia técnica, sino la vigencia real del principio fundamental sobre el cual se edifica toda república: la soberanía del pueblo.

La carne paraguaya es para todos menos para los paraguayos

                                                                                     Dr. Victor Oxley

Existe una verdad numérica, incontrovertible en las planillas del Banco Central, Paraguay es una potencia cárnica cuyos índices de exportación rompen récords mientras su PIB exhibe un vigor envidiable. Sin embargo, esta realidad abstracta choca contra la evidencia tangible que se respira en las carnicerías y se refleja en los presupuestos familiares recortados. El pueblo paraguayo está siendo progresivamente exiliado de su propia mesa, y la parrilla, ese núcleo cultural y nutricional, se enfría. Esta disonancia estructural obliga a una pregunta definitoria ¿hasta qué punto es sostenible un modelo que capitaliza las estadísticas nacionales mientras descapitaliza el plato de sus ciudadanos?

Para disecar esta paradoja debemos abandonar toda sentimentalidad y observar la lógica implacable del mecanismo económico. No existe escasez, Paraguay produce suficiente carne para alimentar a su población y exportar más del ochenta por ciento. El problema es de asignación, no de volumen. El motor de la industria ya no es la necesidad local, sino la demanda solvente internacional, donde un contrato en dólares con un importador chino u otro, ejerce una fuerza gravitacional infinitamente superior a la demanda dispersa del mercado interno. Aquí surge el teorema del precio-piso, el valor internacional establece un mínimo racional para cualquier transacción. Para que un carnicero en Concepción pueda acceder a un animal, debe ofrecer un precio en guaraníes que equivalga al que recibiría un exportador en divisas. Así, el consumidor paraguayo compite en una arena global donde su poder adquisitivo es estructuralmente inferior. La conclusión es lógica e inexorable, la carne no desaparece, se transacciona donde maximiza su valor, transformando el mercado interno en un subproducto residual donde la ecuación "precio alto, volumen bajo" resulta más rentable que su alternativa, porque el volumen principal ya tiene un destino asegurado y más lucrativo.

Esta lógica se torna socialmente corrosiva cuando analizamos el papel del Estado. Lejos de ser un mero espectador, se convierte en cómplice a través de un mecanismo de subsidiaridad perversa. El Estado, utilizando capital público o su capacidad de garantía, proporciona créditos y políticas favorables al sector ganadero-exportador. Este sector, optimizando su rentabilidad, canaliza la producción hacia el mercado externo, inflando el precio interno hasta niveles inaccesibles. La conclusión es crudamente deductiva, el dinero del contribuyente paraguayo está financiando un sistema que luego priva a ese mismo contribuyente del acceso al producto final de dicha inversión. El gobierno, atrapado en su encrucijada, prioriza el mandato de crecimiento—divisas y PIB—vulnerando su mandato social de seguridad alimentaria. Y el PIB per cápita, ese espejismo estadístico, enmascara la verdad, el crecimiento, cuando es concentrado, no gotea; se evapora en la cúspide, dejando un suelo social más árido.

Un modelo que sacrifica el consumo básico en el altar de la exportación no es económicamente inteligente; es socialmente pirotécnico. Quema rápido y deja cenizas. La sostenibilidad de un país reside en su cohesión social, un activo intangible pero fundamental. ¿Qué legitimidad conserva un contrato social donde el ciudadano percibe que las instituciones trabajan para un proyecto ajeno, uno donde el fruto de su tierra le es arrebatado por la lógica implacable de un mercado que su propio Estado subsidia? La fractura no es económica; es cívica. La pregunta "¿por qué no puedo comer lo que produce mi país?" contiene la semilla de una deslegitimación profunda. La disyuntiva real no es entre actores buenos o malos, sino sobre la arquitectura política que Paraguay debe revisar. Se requiere una reingeniería del pacto social mediante instrumentos de precisión que reconcilien rentabilidad y abastecimiento interno, una política fiscal genuinamente redistributiva y el abandono del fetichismo del PIB por una métrica que incluya el acceso a la alimentación como indicador central de éxito. El verdadero desarrollo no consiste en que las cifras nacionales prosperen mientras la mesa ciudadana se empobrece. O Paraguay construye una prosperidad que sus ciudadanos puedan saborear, o el éxito de sus gráficas no será más que el epitafio de su cohesión como nación.