La economía del exilio: cuando irse financia al Estado

                                                                                         Dr. Victor Oxley

Si un país no genera empleo productivo suficiente, la consecuencia necesaria es la expulsión de su fuerza de trabajo. Si expulsa trabajadores, estos solo pueden sobrevivir integrándose a economías ajenas. Si esos trabajadores envían dinero al país que los expulsó, entonces el sistema que los excluyó pasa a financiarse con su propio fracaso. Paraguay se encuentra exactamente en esa cadena lógica.

La estructura económica nacional se apoya en sectores altamente concentrados, poco intensivos en empleo y escasamente articulados con el resto de la economía. De ello se sigue, de manera directa, que una porción significativa de la población económicamente activa no encuentra lugar en el sistema productivo. No se trata de una contingencia, sino de una consecuencia estructural.

La migración masiva no es una elección individual libre, sino una derivación necesaria de un modelo que no absorbe trabajo. Y las remesas no son un indicador de éxito, sino la prueba empírica de esa expulsión, dinero que ingresa porque el trabajo no puede realizarse dentro del territorio nacional.

Cuando las remesas alcanzan magnitudes cercanas a los mil millones de dólares anuales, se configura un hecho político relevante, el Estado deja de ser el principal garante de la reproducción social y esa función es desplazada hacia ciudadanos que viven y trabajan fuera del país. El bienestar interno pasa a depender de ingresos generados en economías extranjeras. Esto produce un efecto lógico adicional, las deficiencias estructurales del Estado dejan de manifestarse como crisis abiertas. La pobreza se amortigua, el consumo se sostiene, el conflicto social se posterga. No porque el problema haya sido resuelto, sino porque ha sido externalizado. En este punto, la conclusión es ineludible.

Mantener un Estado ineficiente, sin políticas serias de industrialización, empleo y desarrollo, resulta funcional al poder político. El sistema expulsa a quienes no puede integrar, reduce la presión social interna y, paradójicamente, se sostiene gracias a las remesas enviadas por los mismos ciudadanos que fueron obligados a irse. Así, el gobierno administra un equilibrio perverso, expulsa población, pero importa divisas; fracasa en generar trabajo, pero recibe ingresos; abandona a sus ciudadanos, pero se beneficia de su esfuerzo.

En términos estrictamente lógicos, el modelo es claro, expulsar es rentable, porque los que se van terminan financiando la supervivencia del país que los expulsó, evitando que el sistema colapse y se desmorone en pedacitos.

Mayoría simple, encuestas y la violación estructural de la soberanía ciudadana en la democracia paraguaya

                                                                                         Dr. Victor Oxley

Desde el inicio de la transición democrática, el Paraguay ha organizado su vida política bajo un sistema electoral que, lejos de fortalecer la soberanía ciudadana, la ha erosionado de manera sistemática. El principio de mayoría simple —consagrado para la elección presidencial— ha operado como un dispositivo institucional que produce gobiernos minoritarios, debilita la legitimidad democrática y genera un patrón recurrente de inestabilidad política que ha obstaculizado seriamente el desarrollo del país.

La evidencia histórica es clara, entre 1993 y 2023, en la gran mayoría de las elecciones presidenciales, el candidato electo accedió al poder con menos del 50 % de los votos. No se trata de excepciones circunstanciales, sino de una regularidad estructural. Presidentes electos con el 37%, 40% o 45% de los votos han gobernado a una sociedad en la que la mayoría ciudadana expresó preferencia por otras alternativas. Este hecho, reiterado durante tres décadas, no puede ser interpretado como una mera curiosidad estadística, constituye un problema político, social y constitucional de primer orden.

Desde el punto de vista teórico, la paradoja de Condorcet demuestra que los sistemas basados en mayoría simple pueden seleccionar opciones rechazadas por la mayoría cuando existen más de dos alternativas. Aplicado al caso paraguayo, esto significa que el sistema electoral no solo es vulnerable a distorsiones, sino que las produce de forma previsible. El resultado es la institucionalización de lo que puede denominarse una minoríacracia, un régimen formalmente democrático, pero sustantivamente gobernado por minorías.

Las consecuencias sociales de este diseño son profundas. Gobiernos que nacen sin respaldo mayoritario carecen de la legitimidad necesaria para impulsar reformas estructurales, construir consensos duraderos y sostener políticas de desarrollo a largo plazo. La historia reciente del Paraguay muestra una secuencia de crisis políticas, conflictos interinstitucionales, protestas sociales e inestabilidad crónica que no puede explicarse únicamente por errores de gestión o disputas partidarias. Se trata, más bien, del efecto acumulado de un sistema que produce gobiernos débiles desde su origen.

Esta situación adquiere una gravedad mayor cuando se la examina a la luz del orden constitucional. El artículo 3 de la Constitución Nacional establece que la soberanía reside en el pueblo y que su ejercicio debe expresarse a través de mecanismos que reflejen fielmente la voluntad ciudadana. Sin embargo, un sistema electoral que elige de manera sistemática a gobernantes rechazados por la mayoría vulnera directamente este principio. No estamos ante una falla ocasional del procedimiento democrático, sino ante una violación estructural y reiterada de la soberanía popular.

En este proceso, las encuestas de opinión pública electoral han desempeñado un papel decisivo y frecuentemente subestimado. Al centrarse casi exclusivamente en la medición de la mayoría relativa —es decir, en quién obtiene más votos sin importar si alcanza o no el respaldo mayoritario—, las encuestas han contribuido activamente a legitimar este esquema institucional. Lejos de revelar la magnitud del problema, lo han ocultado.

Las encuestas tradicionales reducen la voluntad popular a una fotografía parcial, miden primeras preferencias, pero ignoran rechazos mayoritarios, preferencias de segundo orden y consensos latentes. De este modo, no solo describen una realidad distorsionada, sino que la refuerzan. Al presentar como “ganador” a quien lidera con un 40 % de intención de voto, naturalizan la idea de que esa cifra es suficiente para gobernar, anulando toda reflexión crítica sobre su legitimidad democrática y constitucional.

Este efecto no es neutro. Las encuestas moldean expectativas, inducen comportamientos estratégicos y consolidan la fragmentación del voto. En la práctica, funcionan como mecanismos de legitimación cognitiva de un sistema pernicioso, amortiguando la percepción pública de que la soberanía ciudadana está siendo sistemáticamente vulnerada. Así, el problema deja de percibirse como estructural y se transforma en una aparente normalidad procedimental.

La consecuencia final es una democracia formal que incumple su propio principio fundante. Cuando la soberanía popular se reduce a una pluralidad aritmética circunstancial, el mandato constitucional se vacía de contenido. El Paraguay no enfrenta únicamente un déficit de representación, sino una contradicción profunda entre su Constitución y su práctica electoral efectiva.

Superar esta situación exige un reconocimiento claro, la mayoría simple, tal como ha sido aplicada durante la transición democrática, ha sido un obstáculo para la estabilidad, la gobernabilidad y el desarrollo del país, y su legitimación mediante encuestas centradas en la mayoría relativa ha agravado ese daño. La defensa efectiva de la soberanía ciudadana requiere tanto una reforma del sistema electoral como una transformación de las prácticas de medición de la opinión pública.

Sin estas correcciones, la democracia paraguaya –en eterna transición o deberíamos llamarla democracia transitoria- continuará reproduciendo gobiernos constitucionalmente débiles, socialmente inestables y estructuralmente incapaces de conducir un proyecto genuino de desarrollo nacional. Lo que está en juego no es una preferencia técnica, sino la vigencia real del principio fundamental sobre el cual se edifica toda república: la soberanía del pueblo.