INTRODUCCIÓN
La concentración de recursos públicos en una entidad financiera privada puede convertirse en un factor de deterioro económico cuando esos fondos terminan financiando actividades improductivas, operaciones de difícil recuperación o transferencias patrimoniales que no incrementan la producción nacional.
El problema no comienza necesariamente cuando la entidad financiera entra en crisis. Puede iniciarse varios años antes, durante el proceso de captación y utilización de los recursos.
Este escrito examina la posibilidad de que la concentración de fondos públicos en Ueno Bank, desde 2023, haya contribuido a generar desequilibrios económicos que afectaron progresivamente el poder adquisitivo de la población paraguaya.
La hipótesis central sostiene que una asignación improductiva del capital puede provocar presiones inflacionarias cuando sostiene una demanda nominal que no encuentra correspondencia en un aumento proporcional de la oferta de bienes y servicios.
La proyección económica desarrollada muestra que una distorsión persistente, caracterizada por una demanda nominal 2 % superior y una producción real 1 % inferior a las que existirían sin dicha distorsión, genera al cabo de cuatro años un nivel de precios aproximadamente 12,7 % mayor.
En ese escenario, el poder adquisitivo relativo disminuye aproximadamente 11,3 %.
La importancia de este escrito, creemos que consiste en mostrar que el deterioro adquisitivo puede producirse durante el proceso de asignación financiera, antes de que las pérdidas bancarias sean reconocidas públicamente.
1. EL PROBLEMA ECONÓMICO COMIENZA ANTES DEL COLAPSO
El análisis de una crisis bancaria suele concentrarse en sus consecuencias inmediatas: la situación de los depositantes, la recuperación de activos, las obligaciones pendientes y los posibles efectos sobre la estabilidad del sistema financiero.
Sin embargo, esta perspectiva puede dejar fuera un problema económico anterior.
Una entidad financiera puede experimentar una expansión extraordinaria durante varios años, captar importantes recursos públicos y aumentar su capacidad de intermediación, mientras una parte de sus operaciones genera rendimientos insuficientes o pérdidas que todavía no han sido reconocidas.
Cuando esas operaciones se financian mediante recursos administrados por instituciones estatales, la cuestión adquiere una dimensión económica y política adicional.
El Estado no actúa solamente como regulador. También puede convertirse en proveedor de recursos que facilitan la expansión de determinadas entidades financieras.
Por consiguiente, resulta necesario investigar si las decisiones de colocación de fondos públicos contribuyeron a financiar actividades productivas o si, por el contrario, facilitaron operaciones que no incrementaron proporcionalmente la capacidad de producción de la economía.
En el caso de Ueno Bank, la resolución bancaria dispuesta el 2 de noviembre de 2026 constituye el acontecimiento que hizo visible una crisis de solvencia.
Pero la fecha de resolución no necesariamente coincide con el comienzo de los desequilibrios económicos que pudieron precederla.
La pregunta central es, por tanto, la siguiente:
¿En qué medida la concentración y utilización de recursos públicos desde 2023 pudo contribuir a generar presiones sobre los precios y deteriorar el poder adquisitivo ciudadano antes de noviembre de 2026?
Esta pregunta exige reconstruir la secuencia económica y no limitarse a examinar el desenlace bancario.
2. LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y LA EXPANSIÓN FINANCIERA
Los antecedentes disponibles sitúan la exposición de fondos públicos en Ueno Bank en una magnitud aproximada de entre USD 800 y 850 millones hacia el momento de la crisis.
Para dimensionar el fenómeno, adoptamos USD 850 millones como referencia.
Esta cifra representa una exposición financiera de considerable magnitud.
Sin embargo, es necesario distinguir tres conceptos: depósitos, créditos improductivos y pérdidas patrimoniales.
Un depósito público constituye una obligación de la entidad bancaria frente a la institución depositante.
Un crédito improductivo representa un activo cuya capacidad de generar ingresos o recuperar el capital comprometido se encuentra deteriorada.
Una pérdida patrimonial se produce cuando el valor recuperable de los activos resulta inferior al valor reconocido de las obligaciones correspondientes.
Estos conceptos están relacionados, pero no son equivalentes.
No corresponde considerar automáticamente desaparecidos los USD 850 millones de referencia.
Lo que debe investigarse es qué proporción de los recursos captados permitió financiar operaciones de baja productividad, qué destino tuvieron los fondos y qué pérdidas terminaron produciéndose.
La concentración de depósitos públicos puede facilitar la expansión crediticia de una entidad bancaria, pero también genera una responsabilidad institucional proporcional a la magnitud de los recursos comprometidos.
Si esa concentración se produjo mediante decisiones estatales que favorecieron indebidamente a una entidad, el problema deja de ser exclusivamente financiero.
Se convierte en una cuestión de asignación del capital bajo influencia del poder público.
3. EL DINERO IMPRODUCTIVO Y SU RELACIÓN CON LA INFLACIÓN
La relación entre asignación financiera e inflación exige comprender una distinción fundamental.
El dinero que deja de producir riqueza no necesariamente desaparece de la circulación monetaria.
Cuando un banco concede un préstamo y este posteriormente resulta incobrable, el dinero desembolsado puede haber sido gastado, transferido, convertido en moneda extranjera o utilizado para adquirir activos.
Lo que se deteriora es la capacidad de recuperar el valor del préstamo.
Desde el punto de vista macroeconómico, el problema surge cuando los recursos financieros sostienen una capacidad de gasto que no encuentra correspondencia en un aumento proporcional de la producción.
Consideremos dos situaciones.
En la primera, una entidad financiera utiliza sus recursos para financiar inversiones que incrementan la producción agrícola, industrial o comercial.
Estas inversiones pueden aumentar la disponibilidad de bienes y servicios.
En la segunda, los mismos recursos se destinan a operaciones que no producen un incremento comparable de la oferta.
Si esas operaciones sostienen gasto nominal, pero la producción no aumenta proporcionalmente, puede generarse una presión sobre los precios.
La diferencia es decisiva.
No es simplemente la cantidad de dinero disponible lo que determina el efecto inflacionario, sino la relación entre la demanda nominal que ese dinero sostiene y la capacidad real de producir bienes y servicios.
Una asignación improductiva del capital puede contribuir a la inflación mediante tres mecanismos principales.
El primero es la expansión del gasto nominal sin un aumento equivalente de la oferta.
El segundo es el desplazamiento de inversiones productivas hacia actividades que generan menores rendimientos económicos.
El tercero es la posible presión cambiaria cuando los recursos se convierten en divisas y generan una demanda neta adicional de moneda extranjera.
Estos mecanismos pueden actuar conjuntamente.
También pueden producirse efectos contrarios: si el crédito se contrae y disminuye el gasto, la presión sobre los precios puede reducirse.
Por eso, la hipótesis inflacionaria requiere identificar el destino económico de los recursos y no solamente la existencia de pérdidas financieras.
4. EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN ECONÓMICA
La secuencia causal investigada puede describirse de la siguiente manera:
Primero, determinadas decisiones estatales permiten concentrar importantes recursos públicos en una entidad financiera.
Segundo, esa concentración amplía la capacidad de intermediación de la entidad.
Tercero, una parte del financiamiento se dirige hacia operaciones de productividad inferior a la que podría haberse obtenido mediante una asignación alternativa.
Cuarto, la economía experimenta una menor expansión relativa de su capacidad productiva.
Quinto, si la demanda nominal se mantiene o aumenta, aparece una diferencia creciente entre el gasto y la disponibilidad de bienes y servicios.
Sexto, esa diferencia puede traducirse en un nivel general de precios superior al que habría existido sin la distorsión financiera.
Finalmente, cuando los ingresos nominales de los ciudadanos no acompañan el encarecimiento de los bienes, se produce una pérdida del poder adquisitivo.
Este mecanismo puede comenzar desde el momento en que se produce la asignación improductiva.
No necesita esperar a que el banco reconozca sus pérdidas ni a que las autoridades dispongan su resolución.
De esta manera, la crisis bancaria puede representar el desenlace visible de un proceso económico anterior.
5. SIMULACIÓN ECONÓMICA DEL PERÍODO 2023–2026
Para examinar cuantitativamente el mecanismo, utilizamos la identidad macroeconómica:
M × V = P × Y
Donde:
M representa la cantidad de dinero.
V representa la velocidad de circulación del dinero.
P representa el nivel general de precios.
Y representa la producción real.
Despejando el nivel de precios:
P = (M × V) / Y
La relación muestra que, si el gasto nominal aumenta más rápidamente que la producción real, el nivel de precios puede elevarse.
Para la simulación establecemos dos escenarios.
En el primero, denominado escenario de asignación eficiente, la demanda nominal y la producción real evolucionan proporcionalmente.
En el segundo, denominado escenario de asignación distorsionada, la demanda nominal resulta cada año un 2 % superior y la producción real un 1 % inferior a sus respectivos valores en el escenario eficiente.
El año 2022 se utiliza como punto de referencia, con un índice relativo de precios igual a 100.
Los resultados son los siguientes:
Año | Sin distorsión | Con distorsión |
|---|---|---|
2022 | 100,00 | 100,00 |
2023 | 100,00 | 103,03 |
2024 | 100,00 | 106,15 |
2025 | 100,00 | 109,36 |
2026 | 100,00 | 112,68 |
Estos valores representan diferencias respecto de un escenario de referencia y no el índice de precios observado en Paraguay.
La proyección revela una trayectoria acumulativa.
Durante el primer año, la distorsión genera una diferencia aproximada de 3 %.
En el segundo año, la diferencia supera el 6 %.
En el tercero, se aproxima al 9,4 %.
Al cuarto año, alcanza aproximadamente el 12,7 %.
La importancia del resultado reside en que la distorsión no necesita ser extraordinaria en cada período para generar un efecto acumulado considerable.
Una desviación persistente entre demanda nominal y producción real puede producir un encarecimiento significativo durante varios años.
Esta es la principal consecuencia económica que permite visualizar el modelo.
6. EL DETERIORO DEL PODER ADQUISITIVO CIUDADANO
El aumento acumulado del nivel de precios tiene consecuencias directas sobre la capacidad de compra de los hogares.
Consideremos una familia con un ingreso mensual de G. 5.000.000.
Para aislar el efecto de la distorsión, suponemos que ese ingreso nominal es idéntico en ambos escenarios al finalizar el período.
En el escenario sin distorsión, su poder adquisitivo relativo permanece en G. 5.000.000.
En el escenario distorsionado, el aumento adicional del nivel de precios reduce ese poder adquisitivo a aproximadamente G. 4.437.000.
La diferencia equivale a G. 563.000 mensuales.
Expresada porcentualmente, representa una disminución aproximada del 11,3 % de la capacidad de compra relativa.
Este resultado permite dimensionar el significado social de la distorsión financiera.
La familia no necesita experimentar una reducción nominal de sus ingresos.
Puede continuar recibiendo exactamente la misma cantidad de dinero y, sin embargo, adquirir una menor cantidad de bienes y servicios.
El perjuicio económico se manifiesta mediante la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos.
Si, además, la asignación improductiva del capital reduce oportunidades laborales, inversiones o crecimiento salarial, el deterioro puede resultar mayor.
En consecuencia, una distorsión financiera persistente puede afectar a la ciudadanía mediante dos vías simultáneas: el encarecimiento relativo de los bienes y el debilitamiento de la capacidad de generar ingresos.
7. ESCENARIOS DE INTENSIDAD DEL DETERIORO
Para comprobar la sensibilidad de los resultados, se proyectan tres escenarios.
En el escenario moderado, la demanda nominal supera en un 1 % anual a la referencia, mientras la producción real resulta un 0,5 % inferior.
En el escenario central, la demanda nominal supera en un 2 % anual a la referencia y la producción real resulta un 1 % inferior.
En el escenario severo, la demanda nominal supera en un 3 % anual a la referencia y la producción real resulta un 1,5 % inferior.
Los resultados acumulados al cuarto año son:
Escenario | Diferencia acumulada de precios |
|---|---|
Moderado | +6,2 % |
Central | +12,7 % |
Severo | +19,7 % |
El escenario moderado produce una diferencia significativa incluso bajo supuestos relativamente pequeños.
El escenario central muestra un encarecimiento acumulado superior al 12 %.
El escenario severo aproxima la diferencia al 20 %.
La comparación permite establecer que la persistencia temporal constituye una variable fundamental.
Una distorsión económica de intensidad moderada puede generar consecuencias importantes cuando se mantiene durante varios años.
La proyección también muestra que el impacto sobre los precios depende de la magnitud de la desviación productiva y de la demanda nominal.
Por consiguiente, la investigación sobre el destino de los recursos públicos debe concentrarse en determinar qué actividades fueron financiadas, qué producción generaron y qué efectos tuvieron sobre el gasto y los mercados.
8. LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS
La concentración de fondos públicos en una entidad financiera requiere decisiones adoptadas por instituciones y autoridades concretas.
Estas decisiones deben examinarse según las competencias correspondientes.
Las instituciones depositantes tienen responsabilidades sobre la administración de los recursos bajo su custodia.
El Ministerio de Economía y Finanzas interviene en la gestión de las finanzas públicas dentro del ámbito de sus atribuciones.
El Banco Central del Paraguay tiene responsabilidades específicas sobre la regulación, supervisión y estabilidad del sistema financiero.
Las autoridades bancarias y los administradores de las entidades financieras son responsables de las operaciones realizadas bajo sus respectivas competencias.
Una investigación rigurosa debe reconstruir quién autorizó cada colocación, bajo qué criterios, qué información estaba disponible y qué mecanismos de supervisión se aplicaron.
El problema institucional adquiere mayor gravedad si se demuestra que las decisiones respondieron a intereses particulares en lugar de criterios de prudencia financiera y protección del patrimonio colectivo.
En ese supuesto, la concentración de recursos públicos podría haber facilitado una estructura de financiamiento cuya expansión no estuvo respaldada por una generación proporcional de riqueza.
Si, además, las autoridades de supervisión conocían riesgos relevantes y omitieron medidas preventivas que estaban obligadas a adoptar, correspondería examinar las responsabilidades derivadas de esas omisiones.
La eventual existencia de coordinación deliberada, captura regulatoria o conductas fraudulentas exige pruebas específicas.
Sin embargo, la importancia económica del problema no depende exclusivamente de que se demuestre una conducta penal.
Una supervisión deficiente y una asignación inadecuada de recursos públicos también pueden producir consecuencias económicas graves.
9. LA INFLACIÓN OFICIAL Y LA INFLACIÓN CONTRAFACTUAL
Un aspecto central del análisis consiste en distinguir la inflación observada de la inflación que habría existido en ausencia de una determinada distorsión.
Supongamos que la inflación observada disminuye de un año a otro.
Esto no demuestra necesariamente que todas las presiones inflacionarias hayan desaparecido.
Puede ocurrir que algunos factores contribuyan a elevar los precios mientras otros ejercen presiones en sentido contrario.
Por ejemplo, una asignación improductiva del capital puede contribuir al encarecimiento relativo de determinados bienes, mientras una política monetaria restrictiva o una disminución de precios internacionales modera la inflación general.
El resultado observado refleja la combinación de esas fuerzas.
Por consiguiente, una presión inflacionaria derivada de una distorsión financiera puede coexistir con una disminución de la tasa anual de inflación.
Esta distinción es particularmente importante para la hipótesis examinada.
No se pretende demostrar que la inflación oficial paraguaya haya aumentado ininterrumpidamente entre 2023 y 2026.
La hipótesis sostiene que determinadas decisiones financieras pudieron contribuir a que el nivel de precios resultara superior al que habría existido sin ellas.
La diferencia entre ambos escenarios constituye el efecto inflacionario contrafactual.
Ese efecto no puede identificarse mediante la simple observación de la inflación anual.
Requiere reconstruir las operaciones financieras, sus efectos sobre la producción y el gasto, y las condiciones macroeconómicas que actuaron simultáneamente.
La disminución de la tasa oficial de inflación no descarta que una distorsión financiera haya contribuido a encarecer el costo de vida respecto de su trayectoria alternativa.
10. LA CAPTURA FINANCIERA COMO POSIBLE MECANISMO DE EMPOBRECIMIENTO
La concentración de recursos públicos en una entidad financiera privada puede producir una distribución asimétrica de beneficios y riesgos.
Durante la expansión, determinados agentes pueden beneficiarse del acceso a financiamiento y de las operaciones realizadas con esos recursos.
Cuando las inversiones fracasan o los préstamos resultan incobrables, las pérdidas pueden afectar a depositantes, instituciones públicas y otros participantes del sistema financiero.
Si los recursos pertenecen a instituciones previsionales, el problema puede comprometer activos destinados a respaldar obligaciones futuras con trabajadores y jubilados.
Si pertenecen a organismos públicos, pueden afectar la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir funciones estatales.
Si, además, la asignación improductiva contribuye a generar presiones inflacionarias, el perjuicio puede extenderse hacia consumidores que nunca participaron en las decisiones financieras.
En este escenario, el costo social no se limita a las pérdidas contables.
También comprende la producción que pudo haberse generado y no se generó, las inversiones alternativas desplazadas y la capacidad adquisitiva que pudo haberse preservado.
Se configura así un mecanismo potencial de transferencia de beneficios hacia determinados agentes y distribución de costos sobre el conjunto de la sociedad.
Cuando esa estructura responde deliberadamente a la utilización de potestades públicas para favorecer intereses particulares, el problema adquiere características de captura institucional.
La dimensión económica de esa captura puede manifestarse mucho antes de que las irregularidades sean descubiertas.
11. QUÉ DEBE INVESTIGARSE PARA DETERMINAR EL IMPACTO REAL
La simulación desarrollada establece un mecanismo económico posible y cuantifica sus consecuencias bajo distintos supuestos.
El paso siguiente consiste en contrastarlo con la trayectoria efectiva de los recursos públicos colocados en Ueno desde 2023.
Para ello, resulta necesario reconstruir:
1. Los montos de fondos públicos y previsionales depositados en cada año.
2. Las decisiones administrativas que autorizaron esas colocaciones.
3. Los criterios de evaluación financiera y de riesgo utilizados.
4. Los préstamos concedidos y la identificación de sus beneficiarios.
5. La proporción de operaciones vinculadas y su recuperabilidad.
6. El destino final de los recursos desembolsados.
7. La eventual conversión de recursos en divisas y su impacto sobre el mercado cambiario.
8. Los efectos de esas operaciones sobre la producción, el crédito y la actividad económica.
9. La relación entre dichos efectos y la evolución de los precios y los ingresos reales.
10. Las decisiones de supervisión adoptadas por las autoridades competentes durante el período.
La reconstrucción permitiría estimar cuánto del deterioro adquisitivo pudo estar asociado con la asignación financiera investigada.
También permitiría distinguir entre pérdidas patrimoniales, efectos contractivos y presiones inflacionarias.
Esta distinción resulta indispensable para determinar la naturaleza y magnitud del perjuicio económico.
12. CONCLUSIONES
El análisis permite establecer que una crisis bancaria puede representar la manifestación final de un proceso de deterioro económico iniciado varios años antes.
La concentración de recursos públicos en una entidad financiera puede facilitar una expansión crediticia significativa.
Si esa expansión se orienta hacia operaciones de baja productividad, puede debilitar la capacidad de generación de riqueza respecto de una asignación alternativa más eficiente.
Cuando esa menor producción relativa coincide con una demanda nominal sostenida, pueden producirse presiones sobre los precios.
El efecto puede acumularse progresivamente.
La simulación central muestra que una diferencia anual de 2 % en la demanda nominal y de 1 % en la producción real genera, después de cuatro años, un nivel de precios aproximadamente 12,7 % superior al escenario de referencia.
La pérdida correspondiente de poder adquisitivo relativo alcanza aproximadamente el 11,3 %.
Estos resultados muestran que una distorsión financiera persistente puede tener consecuencias significativas sobre la capacidad de compra de la población.
En el caso Ueno, la magnitud de los fondos públicos expuestos y los cuestionamientos sobre determinadas operaciones financieras justifican investigar si este mecanismo estuvo presente desde 2023.
La cuestión fundamental no consiste en determinar qué inflación producirá la resolución bancaria de noviembre de 2026.
Consiste en establecer qué consecuencias económicas pudieron generarse durante los años en que se concentraron y utilizaron los recursos públicos.
La investigación debe determinar si esas operaciones contribuyeron a una menor producción relativa, a una mayor demanda nominal o a presiones cambiarias que elevaron los precios respecto de su trayectoria alternativa.
La existencia de pérdidas bancarias no demuestra automáticamente ese efecto.
Pero tampoco puede descartarse una contribución inflacionaria anterior simplemente porque los indicadores oficiales hayan mostrado una disminución de la tasa anual de inflación.
La hipótesis económica examinada conduce, por tanto, a una conclusión precisa:
El perjuicio de una captura financiera de recursos públicos no comienza necesariamente cuando se descubre la insolvencia. Puede comenzar cuando esos recursos dejan de cumplir una función productiva y pasan a sostener operaciones que no generan riqueza equivalente.
Si esas operaciones contribuyen a desequilibrar la relación entre gasto nominal y producción real, el costo puede trasladarse progresivamente al poder adquisitivo ciudadano.
En ese caso, la crisis bancaria no sería el origen del deterioro económico, sino la manifestación tardía de un proceso que ya venía produciendo consecuencias.
La pregunta decisiva para Paraguay no es solamente cuánto dinero público podrá recuperarse de Ueno, sino cuánto valor económico pudo dejar de producirse desde 2023, qué efectos tuvo esa asignación sobre los precios y quiénes fueron responsables de las decisiones que la hicieron posible.
REFERENCIAS
Banco Central del Paraguay. (2026, 3 de noviembre). Banco Central inicia el procedimiento de resolución de Ueno Bank. https://www.bcp.gov.py/web/institucional/w/banco-central-inicia-el-procedimiento-de-resolucion-de-ueno-bank
Instituto de Previsión Social. (2026, 6 de noviembre). IPS presenta documentación ante el BCP y abre proceso de protección de fondos. https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=4901
FIX SCR. (2026, 3 de noviembre). Ueno Bank S. A.: Informe de actualización. https://www.bcp.gov.py/documents/d/institucional/cef_ueno_fix_03112026_2-cf
Associated Press. (2026, noviembre). Paraguay seizes major digital bank tied to president, leaving millions of customers in limbo. https://apnews.com/article/9d7521ddee45a185d2618c7e09a243a3
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