El país de los dos mundos: crecimiento para unos, desabastecimiento para todos

                                                                                Dr. Victor Oxley

Hay una idea que el gobierno repite hasta convertirla en mantra, que enfrenta una herencia maldita, que recibió un Estado en ruinas y que por eso no puede pagar sus cuentas. Pero si uno mira los nombres, los años y los números, la historia cuenta algo muy distinto. Porque el jefe del ejecutivo que hoy con sus acciones señala no tener plata para pagar a las farmacéuticas y a las constructoras es el mismo que hace diez años, siendo ministro de Hacienda de aquel gobierno, lideró la expansión del gasto que duplicó la deuda pública. El mismo equipo que entonces endeudó al país es el que hoy, desde el gobierno, decide no pagar las facturas. No hay dos administraciones opuestas, hay un mismo grupo que ejecuta las dos fases de un mismo plan. Primero se endeuda, después se licúa la deuda. Primero se justifica el gasto con la idea de que el país necesita inversión; después se justifica el impago con la idea de que hay que cuidar la estabilidad. En el medio, los costos se trasladan de un período a otro, y siempre termina pagando el que viene después.

El diseño de dos etapas:

Etapa ₁ (t₁, gobierno de Cartes): El equipo actual, entonces en funciones, expande el gasto financiado con deuda. Justificación: φ₄ (la inversión es necesaria para el crecimiento). 

Etapa ₂ (t₀, gobierno de Peña): El mismo equipo restringe el gasto y posterga pagos. Justificación: φ₁ y φ₅ (la disciplina fiscal y la estabilidad son el bien supremo). 

Consecuencia: Los costos generados en t₁ se trasladan a t₀, y los costos de t₀ se trasladan a t₂ (el período posterior al mandato). El ciclo no resuelve problemas, los administra mediante postergación.

Para entender por qué esto no es una casualidad sino una forma de gobernar previsible, hay que atender a cómo piensan quienes toman las decisiones. No es un tema de mala voluntad, sino de formación. El jefe de Estado y su ministro de Economía crecieron profesionalmente en el mundo de los organismos internacionales, del Banco Central, del Fondo Monetario. Estudiaron en universidades que enseñan una doctrina muy precisa, cuyos postulados pueden resumirse así, la disciplina fiscal es lo primero; el mercado sabe más que el Estado; la estabilidad de los números vale más que cualquier otra cosa. No importa si ese ministro se formó en Chicago y el presidente en Columbia; lo que importa es que comparten la misma jerarquía de valores, que puede expresarse como una cadena de prioridades, la estabilidad financiera está por encima de la libertad de los mercados, que está por encima de la disciplina fiscal, y todo eso queda muy por encima de cualquier consideración redistributiva o de bienestar concreto. En esa escala, la meta de déficit está arriba de todo. Pagar a los proveedores, garantizar que los hospitales tengan medicamentos, mantener las obras públicas en marcha, todo eso queda abajo, en un lugar secundario, si es que aparece.

La jerarquía de valores internalizada:

v₁ ≻ v₂ ≻ v₃ ≻ v₄

donde v₁ = estabilidad financiera, v₂ = libertad de mercados, v₃ = disciplina fiscal, v₄ = redistribución / bienestar concreto. 

La función de utilidad normativa U(a) asigna valor a cada acción según su coherencia con esta jerarquía. Una acción que viola v₁ no se considera, aunque mejore v₄. La meta de déficit, como expresión de v₁ y v₃, se vuelve innegociable.

Con esta forma de pensar, las decisiones se vuelven mecánicas. Si la meta de déficit es sagrada y no puede moverse, entonces cualquier gasto que la amenace debe ser postergado. Y como pagar mil cien millones de dólares a farmacéuticas y constructoras haría que el déficit se dispare, la conclusión es inevitable: no se paga.

El círculo argumental del discurso oficial:

P: "La economía crece a tasas sostenidas." 

Q: "La disciplina fiscal es condición necesaria para el crecimiento." 

R: "La disciplina fiscal exige mantener el déficit en 1,5% del PIB." 

S: "Mantener el déficit en 1,5% requiere postergar pagos a proveedores." 

T: "La postergación de pagos es necesaria para sostener el crecimiento." 

P ∧ Q → R

R → S 

S → T

T → P 

El sistema autorreferencial de legitimación. No contiene proposiciones sobre bienestar, salud, infraestructura o cumplimiento de contratos. Toda consideración sobre Ω₂ (condiciones materiales de vida) está excluida por definición.

Pero como no pagar directamente también genera problemas políticos, se inventa un mecanismo financiero que hace que el costo desaparezca del cálculo presente. El factoraje es eso, los bancos pagan a los proveedores ahora, y el Estado les devuelve el dinero en tres años, con intereses. El gobierno puede decir que "pagó", porque los bancos adelantaron la plata. Pero lo que hizo fue convertir una deuda comercial sin intereses en una deuda bancaria con intereses, cuyo vencimiento queda después de las elecciones de 2028. No resolvió nada, postergó. Y la postergación, en este esquema, es la respuesta natural para alguien que piensa que el futuro vale menos que el presente.

El factoraje como transformación de pasivos:

D_c: deuda comercial con proveedores, vencimiento en t₀, sin costo financiero. 

D_b: deuda bancaria, vencimiento en t₀+3, con costo financiero r · D_b. 

Factoraje: D_c → D_b, donde D_b > D_c y el vencimiento se desplaza de t₀ a t₀+3. 

Efecto fiscal en t₀: Si se pagara D_c, el déficit F(t₀) aumentaría y superaría la meta M. Al transformar D_c en D_b, D_c no ingresa en G(t₀), por lo que F(t₀) ≤ M. 

Efecto en t₀+3: El próximo gobierno enfrenta D_b mayor, con intereses, en un contexto donde la Caja Fiscal ya no tiene reservas.

El problema es que ese futuro no es abstracto. Es el gobierno que viene, el que tendrá que hacerse cargo de una deuda bancaria más grande, de una Caja Fiscal sin reservas y de un sistema de salud que arrastra meses de atraso en los pagos. El gobierno actual sabe que la Caja Fiscal se queda sin plata entre 2027 y 2028, justo cuando termine su mandato o cuando empiece el próximo. Por eso la reforma que aprobaron fue apenas un parche, subieron aportes, movieron edades, pero no tocaron el problema estructural. Alcanza para decir que hicieron algo, pero no para evitar que el colapso ocurra después. Es el mismo patrón, el costo se corre hacia adelante.

La temporalidad del descuento intertemporal:

t₀: presente 

t₁: horizonte electoral (2026-2028) 

t₂: período posterior al mandato 

δ(t₁) = 1, δ(t₂) = ε, con ε ≪ 1 (el futuro después del mandato tiene menor peso en la decisión presente). 

Esta función de descuento hace racional diferir costos hacia t₂, aunque eso hipoteque la capacidad de gestión del próximo gobierno.

Y mientras tanto, el discurso oficial sostiene una contradicción que en sus cabezas no lo es. Dicen que al país le va bien porque el PIB crece, porque la soja rinde, porque la energía se vende. Y al mismo tiempo dicen que al Estado no le alcanza la plata, que no pueden pagar las facturas más elementales. Para un observador común esto suena a que algo no cierra. Pero para ellos cierra perfectamente, porque el "país" del que hablan no es el país de los hospitales y las rutas, sino el país de los indicadores financieros. El crecimiento que celebran no paga impuestos, la soja y la energía tienen una carga tributaria bajísima, están casi exentas. Entonces el PIB sube, pero la plata del Estado no sube en la misma proporción. La contradicción no es un misterio; es la consecuencia de haber diseñado un sistema donde los que más ganan son los que menos aportan. Pero como tocar esa estructura violaría el principio de no interferir con el mercado, la única salida que ven es postergar pagos, licuar deudas, pasarle la factura al que sigue.

La separación ontológica entre dos países:

Ω₁: indicadores macroeconómicos agregados (PIB, reservas, riesgo país, déficit, inflación). 

Ω₂: condiciones materiales de vida, servicios públicos, obligaciones contractuales del Estado, bienestar poblacional. 

El discurso oficial opera exclusivamente sobre Ω₁: toda proposición con contenido empírico refiere a Ω₁. No hay proposiciones que tomen Ω₂ como fundamento de evaluación. 

E(G) = f(ΔΩ₁), independientemente de ΔΩ₂.

La estructura tributaria que produce la disociación:

Sea Y = Σᵢ Yᵢ el PIB, τᵢ la tasa efectiva de tributación del sector i, T = Σᵢ τᵢ·Yᵢ el ingreso fiscal. 

La estructura vigente satisface: ∃i, j | Yᵢ >> Y_j ∧ τᵢ << τ_j (los sectores que más crecen tienen las menores tasas impositivas). 

Por lo tanto, ΔY (crecimiento) no implica ΔT (aumento de ingresos), en términos lógicos ΔY⇏ΔT en la misma proporción. 

P ∧ Q (crecimiento sí, ingresos no) es una consecuencia necesaria de esta estructura, no una contradicción lógica. Pero el gobierno trata la estructura como inmodificable porque modificarla violaría φ₃ (no intervenir en los mercados).

A esto le suman un recurso retórico que suena a amenaza, la economía de guerra. Dicen que hay que actuar como si estuviéramos en una guerra, concentrar recursos, suspender lo accesorio. Pero no hay ninguna guerra. No hay invasión, no hay catástrofe, no hay emergencia declarada. Lo que hay es un gobierno que necesita justificar por qué no cumple sus obligaciones, y para eso toma prestada una categoría que en su origen servía para justificar excepciones. Es como si declararan la guerra a la propia administración para tener excusa de no pagar. La falacia es transparente, no porque se invoque la guerra aparecen las condiciones que hacen legítima la suspensión de reglas.

La falacia de la "economía de guerra":

W: conjunto de situaciones que califican como guerra (amenaza existencial, suspensión de garantías, emergencia declarada). 

F: situación fiscal actual, que no satisface ninguna condición de W. 

El discurso afirma: 

(i) ∀x (x ∈ W → justificación de medidas excepcionales). 

(ii) F es análogo a W (por analogía retórica). 

(iii) Por tanto, las medidas excepcionales están justificadas en F. 

La analogía no transfiere las propiedades normativas de W a F. Es una falacia de composición semántica, se usa la categoría de excepción para habilitar medidas que en condiciones normales serían incumplimientos.

El círculo argumental se cierra solo. La economía crece, entonces hay que cuidar la estabilidad, entonces hay que cumplir la meta de déficit, entonces hay que postergar los pagos, entonces se posterga, y esa postergación es presentada como parte de la estrategia que hace posible el crecimiento. Es una vuelta completa que no deja entrar ninguna otra consideración. En ese círculo no hay lugar para preguntarse qué pasa con el paciente oncológico que necesita un medicamento que la farmacéutica no puede importar porque el Estado no le paga. No hay lugar para preguntarse qué pasa con la constructora que entró en quiebra porque el Estado no le pagó los certificados de obra. Esas preguntas simplemente no forman parte del sistema de evaluación. Para quienes toman las decisiones, si no está en los números de la macroeconomía, no existe.

El próximo gobierno, cualquiera sea su signo, recibirá entonces tres herencias. La primera es la deuda bancaria del factoraje, más de mil cien millones de dólares que habrá que pagar con intereses entre 2027 y 2029. La segunda es la Caja Fiscal en las últimas, con reservas agotadas y un déficit anual que nadie resolvió. La tercera es el desabastecimiento inducido, hospitales que arrastran deudas con farmacéuticas, rutas paralizadas por falta de pago a constructoras. Pero quizás la herencia más pesada no sea financiera sino intelectual, la naturalización de la idea de que el crecimiento puede ir por un lado y el bienestar por otro, que la estabilidad de los números puede construirse sobre el incumplimiento de las obligaciones más básicas del Estado.

Y sin embargo, la alternativa existe. No es una utopía. Si los sectores que generan el crecimiento pagaran impuestos en proporción a lo que producen, la recaudación alcanzaría para pagar las deudas sin tocar la meta fiscal. Eso no es un secreto ni una fórmula mágica; es aritmética. Pero esa alternativa no es siquiera considerada, no porque sea inviable técnicamente, sino porque choca con los principios que este gobierno trae internalizados desde su formación. Para ellos, aumentar impuestos a los sectores concentrados no es una opción, así como para un físico newtoniano no es una opción pensar en una gravedad variable. No es que no puedan; es que no pueden concebirlo.

La alternativa excluida:

Sea τᵢ' una estructura tributaria reformada tal que τᵢ' ∝ Yᵢ (tributación proporcional a la producción sectorial). 

ΔT = Σᵢ (τᵢ' - τᵢ)·Yᵢ. 

Dado que ΔT > D_c, el gobierno podría pagar D_c sin aumentar el déficit, manteniendo F(t₀) ≤ M. 

Esta alternativa no es considerada porque violaría φ₃ (no interferir en los mercados) y la condición de estabilidad del marco tributario para la confianza de los inversores. No es una limitación técnica; es un límite a lo pensable impuesto por la jerarquía de valores internalizada.

Lo que estamos viendo, entonces, no es una mala gestión circunstancial. Es la aplicación rigurosa de una doctrina que produce resultados previsibles, endeudamiento cuando la doctrina lo justifica, ajuste cuando la doctrina lo exige, postergación de costos como técnica de gobierno, y una ceguera estructural frente a las consecuencias humanas de esas decisiones. El riesgo sistémico no es que el gobierno se quede sin plata o que los mercados pierdan confianza. El riesgo es que esta forma de gobernar —que traslada costos, que disocia crecimiento de bienestar, que clausura alternativas por principio— termine acumulando tanto pasivo, tanto descontento y tanta fragilidad que el estallido, cuando llegue, arrase con todo. Y para entonces, los mismos que diseñaron las dos etapas ya no estarán en el gobierno. Habrán hecho la última jugada de su póker y se habrán ido, dejando que el que venga después pague las consecuencias de un plan que no fue improvisación sino coherencia. Una coherencia que, cuanto más rigurosa, más devastadora se vuelve.

El argumento que se muerde la cola: por qué la negativa a abrir el sobre 4 no es un razonamiento, sino un mecanismo de clausura

 

Un sistema institucional puede estabilizar la aceptación de una proposición como verdadera no por su adecuación a los hechos, sino mediante el control de las condiciones bajo las cuales dicha proposición podría ser verificada o refutada.

                                                                                           Dr. Victor Oxley

 

La gente del TSJE nos sale con la de siempre: “Ah, estos son los perdedores que quedan pichados, como en el fútbol de barrio cuando pierden y no aceptan”. Lindo cuento. Pero tienen un pequeño problemita con la comparación. En el fútbol de barrio, cuando termina el partido, cada uno se va a su casa. El que ganó se va contento, el que perdió se va con su pichadura, y listo. Mañana cada uno sigue su vida y el partido fue solo un partido.

Ahora, ¿ustedes se creen que las elecciones son un partido de barrio? Porque si ese fuera el caso, entonces el que ganó también se iría a su casa, ¿no? Pero no, acá el que gana no se va a ningún lado. Al otro día toman posesión de la Municipalidad, ocupan la Junta, distribuyen la plata, adjudican las licitaciones, disponen de todo. Y los que perdieron no es que se quedan “pichados” nomás, se quedan afuera de todo por cinco años.

Entonces, la diferencia es bastante simple, en la canchita, el que gana se lleva el honor. En las elecciones, el que gana —sobre todo si ganó con trampa— se lleva el poder para meter la mano en la olla los próximos años. Por eso cuando alguien pide que se abra el sobre 4, no es un capricho de quien no sabe perder, es la exigencia de saber si el partido de verdad —el que empieza después de las elecciones— arrancó con ventaja legítima o con ventaja amañada.

Y acá es donde el TSJE saca su propia jugada. Porque cuando le piden que muestre la evidencia, ellos responden con un argumento que a primera vista suena a puro sentido común, no existe una ley que autorice abrir el sobre 4, y sin ley no hay apertura posible. El plazo para generar esa norma ha vencido, y por tanto el asunto está cerrado. Parece una conclusión administrativa impecable. Pero si uno se detiene a mirar con atención, descubre que lo que parece un razonamiento es en realidad un círculo perfectamente cerrado, diseñado para que no se pueda salir de él sin aceptar de antemano lo que ellos quieren demostrar.

Para hacer visible esta estructura, designemos primero las proposiciones fundamentales:

L = “Existe una ley que autoriza abrir el sobre 4”

A = “Se abre el sobre 4”

E = “Existe evidencia material de fraude”

F = “Se demuestra fraude electoral”

M = “Hay motivo político o jurídico para impulsar una ley”

Con estas definiciones, el razonamiento del TSJE se despliega como una cadena de implicaciones que parte de una premisa inicial:

(1) ¬L (no hay ley que autorice la apertura)

De allí se sigue, por la norma institucional que el propio tribunal aplica, que no puede abrirse el sobre:

(2) ¬L → ¬A

De donde se obtiene:

(3) ¬A

Al no abrirse el sobre, no es posible obtener la evidencia material que allí reposa, pues la evidencia está dentro y sin apertura no hay acceso:

(4) ¬A → ¬E

Lo que arroja:

(5) ¬E

Sin evidencia, no hay manera de demostrar fraude, ya que la demostración requiere prueba:

(6) ¬E → ¬F

Por tanto:

(7) ¬F

Si no se demuestra fraude, no existe motivo para impulsar una ley que autorice la apertura, porque el impulso legislativo depende de que se haya acreditado la necesidad, o, dicho de otro modo, de que haya una exigencia social o política suficientemente fuerte que lo justifique:

(8) ¬F → ¬M

De donde se sigue:

(9) ¬M

Y si no hay motivo, entonces no se genera la ley:

(10) ¬M → ¬L

Lo que nos conduce de regreso a:

(11) ¬L

El punto de llegada es idéntico al punto de partida. Formalmente, lo que el TSJE ha construido es una secuencia deductiva cerrada:

¬L → ¬A → ¬E → ¬F → ¬M → ¬L

Por transitividad del condicional, esto conduce a una implicación trivial del tipo ¬L → ¬L. Pero el punto no es que se trate de una tautología en sentido lógico estricto, sino que el sistema completo constituye un circuito de dependencia cerrada en el cual ninguna de las proposiciones puede ser evaluada independientemente de las demás.

El argumento no progresa hacia ninguna conclusión nueva; simplemente recorre un anillo cerrado donde cada paso se justifica a sí mismo a través de los otros. Más precisamente, lo que aquí aparece es un caso de bloqueo epistémico estructural, las condiciones necesarias para producir evidencia dependen de una cadena de requisitos cuya satisfacción queda, a su vez, impedida por la ausencia de esa misma evidencia. El resultado no es una conclusión falsa, sino la imposibilidad sistemática de producir cualquier conclusión verificable.

Ahora bien, el problema es más profundo que la mera circularidad. Si observamos la estructura completa, advertimos que cada implicación funciona también en sentido inverso dentro de la lógica institucional que el TSJE ha establecido. No solo ocurre que sin ley no hay apertura, sino que sin apertura no puede haber ley, porque la ley depende del motivo, el motivo depende de la demostración de fraude, la demostración depende de la evidencia, y la evidencia depende de la apertura. Así, lo que aparece es un sistema de implicaciones encadenadas que, en la práctica institucional, operan como si fueran equivalencias:

L → A

A → E

E → F

F → M

M → L

De donde se sigue, por transitividad:

L → L

Y su contrapartida:

¬L → ¬L

En este sistema, L y ¬L funcionan como puntos de atracción excluyentes, si se acepta L, la cadena fuerza a concluir L; si se acepta ¬L, la cadena fuerza a concluir ¬L. La conclusión no se deriva de ninguna evidencia externa, sino exclusivamente del punto de partida elegido. Esto no es una petición de principio en su forma clásica, sino una forma más robusta de clausura, un sistema de dependencias recíprocas en el que la conclusión no está simplemente asumida, sino que queda estructuralmente bloqueada toda posibilidad de evaluación externa.

Para hacer visible esta estructura fuera del lenguaje formal, traduzcamos esto al lenguaje de la canchita, para que se entienda del todo. En el fútbol de barrio, si hay una jugada dudosa, cualquiera puede decir “mostrá el gol, mostrá la foto”. Pero el TSJE tiene guardado el sobre 4 —que es nada menos que la foto del partido— y su argumento equivale a lo siguiente, el árbitro dice que no va a mostrar la foto porque no hay una regla que lo obligue a mostrarla; que no hay regla porque nadie demostró que la jugada fue dudosa; que nadie demostró que fue dudosa porque no se puede demostrar sin la foto; y que no se puede pedir la foto porque no hay regla que permita pedirla. Y así, con ese mismo cuento, el árbitro se instala en una posición inexpugnable, la foto no se muestra, la jugada queda como está, y el que festejó el gol sigue festejando aunque nadie haya visto si la pelota entró o no.

Es como si en la canchita el árbitro dijera: “No voy a mostrar si la pelota entró o no, y si no te gusta, andá a llorar a tu casa. Pero primero traé una ley firmada por la liga que me obligue a mostrar la foto. Mientras tanto, el gol vale, y el que ganó ya está festejando”.

Eso es exactamente lo que el TSJE ha construido, un círculo argumental que no necesita mirar el sobre 4 para saber qué hay adentro, porque ya ha decidido que nunca va a mirarlo. Y la belleza perversa del mecanismo es que, al negarse a mirar, puede afirmar con toda tranquilidad que no hay fraude. Porque, claro, ¿cómo va a haber fraude si nunca se abrió el sobre para verlo?

El círculo revela así su verdadera naturaleza. El TSJE parte de ¬L como si fuera un hecho inapelable, pero ¬L no es un hecho natural, es una decisión institucional que el propio tribunal contribuye a mantener. Porque L no existe en el vacío; depende de que haya motivo (M), y el motivo depende de que se demuestre fraude (F), y la demostración depende de la evidencia (E), y la evidencia depende de la apertura (A), y la apertura depende de L. En este entramado de equivalencias, el TSJE ha colocado la llave que permite romper el círculo exactamente en el punto que decide no tocar. Podría impulsar una ley sin esperar la demostración previa; podría abrir el sobre sin esperar la ley; podría reconocer que el motivo para abrirlo es precisamente la necesidad de verificar la integridad del sistema, independientemente de que exista o no una demostración previa de fraude. Pero ninguna de estas opciones es elegida.

La consecuencia no es simplemente que el argumento del TSJE no demuestre la existencia o inexistencia de fraude, sino que establece un régimen en el cual la producción misma de evidencia queda institucionalmente condicionada. En otras palabras, el problema no es la ausencia de evidencia, sino la estructura que impide su producción. La ‘verdad’ del sistema no se deriva de los hechos, sino de las condiciones de acceso a los hechos, condiciones que el propio sistema regula y restringe. Y es precisamente en esa regulación donde reside el problema, no en lo que el sistema afirma, sino en lo que impide que pueda ser puesto a prueba. No estamos, por tanto, ante un problema de correspondencia entre proposiciones y hechos, sino ante un régimen de producción de verdad regulado institucionalmente. Lo único que demuestra es que, bajo las reglas que él mismo establece y mantiene, la conclusión ¬F se sigue de la premisa ¬L que él mismo ha fijado como punto de partida. Pero ¬L no es una conclusión demostrada, sino una premisa impuesta. Y el circuito que va de ¬L a ¬A, de ¬A a ¬E, de ¬E a ¬F, de ¬F a ¬M y de ¬M a ¬L no es otra cosa que la formalización de un circuito institucional cerrado, el sobre 4 no se abre porque no hay ley que permita abrirlo, y no hay ley porque no se ha demostrado la necesidad de tenerla, y no se ha demostrado la necesidad porque no se ha abierto el sobre.

La lógica circular no es un defecto accidental; es la esencia misma del argumento. Y su función no es probar algo, sino cerrar cualquier posibilidad de probar lo contrario sin tener que enfrentar el contenido del sobre. Porque si alguna vez se abriera, el círculo se rompería. En ese caso, A sería verdadera, y por la cadena de equivalencias:

A → E

E → F

F → M

M → L

Se seguiría L. El sistema completo se invertiría, y la conclusión ya no sería ¬F sino F. Por eso el TSJE mantiene el sobre cerrado con el cuidado de quien sabe que la única manera de que un círculo no se rompa es no dejar que nada entre ni salga de él.

Ahora bien, en un sistema democrático, la verificabilidad de los procesos no puede depender de la existencia previa de sospecha demostrada. La posibilidad de acceso a los mecanismos de control es una condición de legitimidad, no una consecuencia de su cuestionamiento. Cuando esa verificabilidad queda subordinada a un circuito como el descrito, lo que se compromete no es una elección particular, sino la estructura misma de confianza institucional. Así que disculpen si no me trago el cuento de los “pichados”. Porque si el calentamiento fue amañado, el partido de verdad recién empieza. Y el que ganó el calentamiento con trampa ya está en la cancha con una ventaja que no se ganó jugando.

Ellos quieren hacernos creer que el partido terminó. Pero la realidad es que para ellos recién empezó. Y nosotros lo único que pedimos es que muestren la foto del gol. Nomás eso. Porque si la muestran y la pelota entró limpia, entonces nos vamos a casa pichados pero tranquilos, sabiendo que perdimos en el juego que importa. Pero si no la muestran, si la mantienen guardada bajo llave mientras nos dicen que no hay ley para abrirla, entonces ya sabemos por qué, porque el círculo que construyeron no está hecho para proteger el reglamento, sino para proteger lo que hay adentro del sobre. Y mientras el círculo siga cerrado, ellos seguirán festejando un gol que nadie vio entrar.

La oposición que no se busca: Por qué una corrección desde dentro del partido hegemónico es una vía realista para la salida democrática en Paraguay

                                                                          Dr. Victor Oxley

1. El problema de la asimetría estratégica

En el debate político paraguayo, existe una demanda recurrente hacia la oposición, especialmente hacia el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), la de crear un milagro en sus filas, reestructurarse, liderar el cambio y convertirse en una alternativa viable al partido hegemónico. Esta exigencia, aunque comprensible en el plano del deseo democrático, incurre en una asimetría estratégica, se pide al actor más débil que realice el esfuerzo más titánico, mientras no se explora si el actor hegemónico contiene en su interior contradicciones que puedan ser catalizadas.

Esta asimetría no es inocente. Al centrar la responsabilidad del cambio exclusivamente en la oposición, se la condena a una tarea imposible, resurgir de sus cenizas en un sistema diseñado para mantenerla estructuralmente debilitada. Como ha documentado este autor en análisis previos, el sistema electoral paraguayo opera bajo un régimen de simulación democrática donde el fraude no es excepcional sino estructural, y donde la oposición carece no solo de fuerza electoral real, sino de los medios institucionales para verificarlo [Oxley, 2026a; 2026b].

La pregunta que emerge, entonces, es incómoda pero necesaria ¿y si la oposición más viable no está en los partidos de oposición, sino dentro del propio partido hegemónico?

2. Realismo histórico: cuando el cambio vino desde adentro

La ciencia política comparada ha identificado dos grandes vías de salida de regímenes autoritarios o hegemónicos, las bottom-up (desde la sociedad civil, protestas masivas) y las top-down (desde las élites del propio régimen) [Kendall-Taylor, Lindstaedt & Frantz, 2019, p. 143]. La literatura muestra que, si bien las transiciones bottom-up son las que con más frecuencia desembocan en democratización plena, las transiciones top-down son estadísticamente más comunes y, en contextos de alta cohesión del régimen, a menudo la única vía disponible.

Los casos históricos son elocuentes:

España (1975-1978)

La transición española no fue el resultado de una oposición capaz de derrotar al régimen, sino de una fractura en el seno del propio franquismo, encabezada por figuras como Torcuato Fernández-Miranda y Adolfo Suárez, que impulsaron una reforma desde dentro. La Ley para la Reforma Política de 1976, aprobada por las propias Cortes franquistas, utilizó los mecanismos del régimen para desmantelarlo desde su interior. Sin embargo, esta transformación no ocurrió en el vacío, fue posible en un contexto de desgaste del sistema, presión social y existencia de una oposición capaz de ser incorporada en un proceso de transición negociada. Como señala José María Maravall, la clave estuvo en la división de la élite autoritaria que abrió el camino a la legalización de la oposición y a la convocatoria de elecciones libres. [Maravall, 1982, p. 45].

Chile (1988)

El plebiscito de 1988 no fue el resultado de una derrota militar o insurreccional del régimen, sino de un proceso en el que el propio diseño institucional de la dictadura abrió una vía de salida controlada. Sectores del oficialismo reconocieron que los costos de sostener indefinidamente el régimen comenzaban a superar los beneficios, especialmente en un contexto de presión social interna y creciente aislamiento internacional. La Constitución de 1980 había establecido un mecanismo plebiscitario que, aunque concebido como instrumento de continuidad, terminó funcionando como canal de transición. Pinochet aceptó el resultado no como un acto de apertura voluntaria, sino dentro de un marco que le ofrecía garantías de supervivencia política e institucional. En este sentido, la transición chilena ilustra cómo un régimen puede estructurar las condiciones de su propia transformación, limitando sus riesgos incluso en la derrota. [Cavarozzi, 1992, p. 112-115].

Paraguay mismo (1989)

La caída de Stroessner no fue producto de la movilización opositora —que existió, pero fue reprimida— sino de un golpe desde adentro liderado por una facción del propio Partido Colorado. La dictadura cayó por una fractura en la cúpula del partido hegemónico, no por una derrota electoral o una insurrección popular [Nickson, 1989].

Estos casos sugieren una lección incómoda, en contextos donde un partido o régimen ha consolidado durante décadas su control sobre las instituciones, ha neutralizado a la oposición y dispone de mecanismos eficaces de reproducción del poder, las vías de alternancia externa no desaparecen, pero reducen significativamente su viabilidad. En tales condiciones, las fracturas internas del bloque dominante dejan de ser un fenómeno secundario y pasan a constituir una de las principales condiciones de posibilidad para una transformación del sistema.

3. El marco teórico: élites divididas, salidas posibles

La literatura sobre transiciones desde regímenes autoritarios o hegemónicos ha identificado consistentemente un factor clave, las divisiones internas en la élite gobernante aumentan significativamente la probabilidad de liberalización política [Kendall-Taylor, Lindstaedt & Frantz, 2019, p. 145-148].

Un estudio reciente de Adrián del Río y Masaaki Higashijima (2025) sobre élites autocráticas y reformas democráticas confirma que las divisiones entre élites generalmente aumentan la probabilidad de liberalización política. Sin embargo, los autores matizan, este efecto se reduce cuando el partido gobernante surgió de luchas nacionales fundacionales, como revoluciones o guerras de independencia, porque en esos casos el partido tiene mayores recursos para cooptar a los militares y reprimir a la disidencia [del Río & Higashijima, 2025].

¿Qué implica esto para Paraguay? El partido hegemónico no surgió de una lucha revolucionaria moderna, sino que su identidad se forjó en el control del Estado más que en la movilización popular. Sus facciones han sido más pragmáticas que ideológicas, basadas en lealtades personales y acceso al poder. Esta fragmentación latente es, precisamente, la grieta explotable.

El historiador Julio César Frutos, en un análisis publicado por El Independiente, señala que el partido hegemónico enfrenta una crisis interna profunda, donde la junta de gobierno ya no se reúne y las seccionales no funcionan para asistir a los ciudadanos. Frutos distingue entre una camada de políticos deshonestos y corruptos y lo que denomina los auténticos, aquellos que aún se identifican con los ideales fundacionales del partido [Frutos, 2019].

4. El punto de inflexión: 2018 como alarma interna

En mis análisis previos [Oxley, 2026c], he sostenido que 2018 fue el punto de inflexión que aceleró la implementación del voto electrónico. Ese año, la Concertación Nacional obtuvo 1.110.464 votos, rozando el umbral crítico de competitividad y poniendo al partido hegemónico a solo 0,7 puntos de perder la presidencia. El sistema mixto (TREP + adulteración selectiva de actas) había mostrado sus límites.

Pero esta lectura tiene una segunda cara, para los sectores más lúcidos del partido hegemónico, 2018 fue también una alarma sobre la insostenibilidad del modelo. Un sistema que depende del fraude para ganar por 0,7 puntos no es un sistema fuerte; es un sistema que agoniza. Si la tendencia real del electorado era adversa —como lo demostraban los modelos históricos [Oxley, 2022]—, entonces la única manera de garantizar la perpetuidad era profundizar el control tecnológico del voto.

Esta conciencia de vulnerabilidad, paradójicamente, es lo que abre la posibilidad de una fractura. Un sector del partido hegemónico puede reconocer que el fraude electoral sistemático, aunque funcional en el corto plazo, deslegitima al propio partido a largo plazo. Sin legitimidad, el poder se sostiene solo por la fuerza y la cooptación, pero no genera arraigo social. Y sin arraigo, cualquier crisis económica o política puede volverse terminal.

5. ¿Existen "auténticos" con peso?

La pregunta central es empírica, ¿existe dentro del partido hegemónico un sector con capacidad de influencia, conciencia crítica y disposición a impulsar una corrección?

La respuesta, aunque tentativa, es afirmativa. La historia del partido muestra la existencia de dirigentes que priorizaron la institucionalidad sobre la facción. El historiador Frutos menciona a figuras históricas que encarnaron "los ideales fundamentales" del partido [Frutos, 2019]. En la actualidad, aunque el liderazgo está concentrado en una facción predominante, existen voces críticas que han señalado la necesidad de diálogo para superar la fragmentación del partido y recuperar su esencia.

El desafío para estos sectores es que, para ser efectivos, necesitan articular una estrategia que no sea percibida como traición, sino como restauración de la esencia del partido. Esto implica:

- Distanciarse de los sectores corruptos sin abandonar la identidad partidaria

- Reconocer que el fraude electoral perjudica al sistema en su conjunto, incluso al partido que gana

- Apostar por una transición pactada que ofrezca garantías a los sectores más reacios

No es una tarea fácil. Pero es más realista que pedirle a la oposición que resucite de sus cenizas en un sistema diseñado para mantenerla debilitada.

6. Una nota sobre el análisis de la oposición

Recientemente, tras un diagnóstico certero sobre la debilidad estructural de la oposición, se concluía exigiendo a esta —especialmente al PLRA— que creara un milagro en sus filas y liderara el cambio [Fariña, 2026]. El análisis parte de premisas sólidas, la oposición está fragmentada, carece de liderazgos competitivos, no ha sabido construir una narrativa alternativa. Pero la conclusión es asimétrica.

Si la oposición es tan débil como el propio análisis la describe, ¿por qué se le exige que realice el esfuerzo más titánico? ¿No sería más realista explorar si el cambio puede venir de otra parte? La paradoja del texto es que, al centrar toda la responsabilidad en el débil, se cierra la posibilidad de ver que la oposición más viable podría estar gestándose dentro del propio partido hegemónico.

El autor no puede explorar esta vía porque implicaría abandonar la identidad desde la que escribe y aceptar que la salida no vendrá de sus filas históricas, sino quizás de las filas del adversario. Pero esa incomodidad no la hace menos real.

La objeción inmediata a esta hipótesis suele formularse en términos de una metáfora, pretender que el cambio venga desde dentro del partido hegemónico sería como pedirle al lobo que cuide el rebaño. Pero, como se desarrolla en el apéndice, esa objeción descansa sobre un supuesto de homogeneidad interna que no se sostiene empíricamente.

7. Implicaciones estratégicas

Si esta lectura es correcta, entonces las prioridades estratégicas de los sectores democráticos deberían reorientarse:

Enfoque tradicional	Enfoque propuesto
Fortalecer a la oposición histórica	Mostrar al oficialismo que el fraude le cuesta legitimidad y estabilidad a largo plazo
Exigir transparencia al órgano electoral	Crear incentivos para que sectores del oficialismo exijan transparencia desde adentro
Apostar a movilizaciones masivas	Apostar a pactos entre facciones que permitan una salida negociada

 

Esto no implica abandonar la denuncia del fraude ni desmovilizar a la ciudadanía. Pero sí implica reconocer que la oposición más viable no es la que se organiza en contra del sistema, sino la que emerge desde dentro del sistema cuando este se fractura.

Como señalan O'Donnell y Schmitter en su obra fundacional Transitions from Authoritarian Rule, las transiciones exitosas suelen implicar pactos entre sectores reformistas del régimen y sectores moderados de la oposición, que acuerdan las reglas de una nueva democracia antes de que esta se instale [O'Donnell & Schmitter, 1986, p. 37-41]. En Paraguay, esos pactos no se han dado porque la oposición ha sido demasiado débil para negociar y el oficialismo demasiado fuerte para necesitarlo. Pero la debilidad de la oposición no es un dato inmutable; es el producto de un sistema diseñado para producirla.

8. Conclusión: la oposición que no se busca

Exigirle a la oposición que se convierta en una alternativa viable es sintomático de una forma de pensar que delega la responsabilidad del cambio en el actor más débil. Pero si la oposición carece de fuerzas y medios, no es por pereza o incompetencia, sino porque el sistema electoral está diseñado para mantenerla así.

La salida, entonces, no puede venir solo desde fuera. Tiene que venir también desde dentro. Y eso implica reconocer que dentro del partido hegemónico —aunque su cúpula esté dominada por lo que Frutos llama neocoloradismo [Frutos, 2019]— existen sectores que pueden ver con claridad que un sistema basado en el fraude y la exclusión es insostenible.

La cuestión no es si existen auténticos dentro del partido oficialista. La cuestión es si los sectores democráticos —incluyendo los analistas que desde la oposición escriben— están dispuestos a dejar de exigir milagros a los débiles y comenzar a buscar a los aliados potenciales entre los fuertes.

Referencias

Cavarozzi, M. (1992). Autoritarismo y democracia (1955-1990). Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

del Río, A., & Higashijima, M. (2025). Democratic Reforms in Dictatorships: Elite Divisions, Party Origins, and the Prospects of Political Liberalization. Comparative Political Studies.

Fariña, B. N. (2026, 22 de marzo). En busca de la oposición perdida. ABC Color. https://www.abc.com.py/opinion/2026/03/22/en-busca-de-la-oposicion-perdida/

Frutos, J. C. (2019, 10 de septiembre). Entre quiebre y conspiraciones. El Independiente.

Kendall-Taylor, A., Lindstaedt, N., & Frantz, E. (2019). Democracies and Authoritarian Regimes. Oxford University Press.

Maravall, J. M. (1982). La política de la transición. Madrid: Taurus.

Nickson, R. A. (1989). Paraguay: The Fall of Stroessner. Third World Quarterly, 11(2), 95-117.

O'Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Johns Hopkins University Press.

Oxley, V. (2022, diciembre 26). Elecciones generales 2023: El voto "duro" de la ANR y el voto "dinámico" de la oposición. Liberalismo Radical Paraguayo.

Oxley, V. (2026a). Elecciones generales Paraguay 2023: Análisis sistémico del fraude electoral. Liberalismo Radical Paraguayo.

Oxley, V. (2026b). El voto tendencia del PLRA y el fraude electoral de 2023: Un modelo integrado. Liberalismo Radical Paraguayo.

Oxley, V. (2026c). El fraude electoral en Paraguay: De la dictadura a la digitalización de la simulación democrática. Liberalismo Radical Paraguayo.

Apéndice: La no homogeneidad del "lobo" — una formalización del conflicto interno como condición de posibilidad política

Nota del autor: Este apéndice desarrolla formalmente la objeción que el ensayo aborda de manera discursiva. Su propósito es mostrar que la crítica de "poner al lobo a cuidar el rebaño" descansa sobre un supuesto de homogeneidad interna que, al ser explicitado, resulta insostenible. La formalización no sustituye al argumento principal, sino que fija su precisión semántica y anticipa objeciones basadas en intuiciones no analizadas.

El argumento central de este trabajo descansa en una premisa que, aunque frecuentemente implícita, rara vez es formalizada: los actores hegemónicos no constituyen unidades homogéneas. Por el contrario, su aparente unidad encubre una estructura interna diferenciada en términos de acceso a recursos, posiciones de poder y beneficios derivados del sistema.

Sea A el conjunto de agentes que componen el actor hegemónico, y S ∈ S el sistema político vigente. Denotemos por U(a,S) la función de utilidad del agente aaa bajo dicho sistema.

El supuesto implícito en la objeción del “lobo cuidando el rebaño” puede formalizarse como:

∀ ai, aj ∈ A : U(ai, S) = U(aj, S)

Esto implica que todos los agentes del bloque dominante comparten intereses idénticos respecto de la preservación del sistema. Sin embargo, esta condición es empíricamente insostenible en estructuras de poder prolongadas.

Por el contrario, es más adecuado asumir:

∃ ai, aj ∈ A tal que U(ai, S) ≠ U(aj, S)

lo cual introduce heterogeneidad interna en términos de beneficios y posiciones relativas.

En particular, puede definirse un subconjunto de agentes subordinados:

Lh = { ak ∈ A | P(ak) << P(ad) }

donde P(a) representa el poder relativo del agente a, y ad​ denota a los sectores dominantes del bloque.

Estos agentes —los “lobos con hambre”— participan del sistema sin acceder plenamente a sus beneficios.

1. Equilibrio bajo condiciones de estabilidad

Mientras el sistema mantiene niveles suficientes de estabilidad y legitimidad, incluso estos actores subordinados encuentran racional permanecer en él. Formalmente:

∀ ak ∈ Lh : U(ak, S) > U(ak, S')

para cualquier sistema alternativo S′.

Este estado define un equilibrio en el cual la reproducción del sistema es funcional incluso para sus sectores menos beneficiados.

2. Dinámica de desgaste sistémico

Este equilibrio depende de condiciones que no son estáticas. Introducimos dos variables dinámicas:

dC(S)/dt > 0
dL(S)/dt < 0

donde C(S) representa el costo de sostenimiento del sistema y L(S) su legitimidad.

El aumento de costos y la disminución de legitimidad incrementan el riesgo asociado a la pertenencia al sistema:

R(a, S) = f(C(S), L(S))
∂R/∂C > 0
∂R/∂L < 0

La utilidad deja entonces de depender exclusivamente de los beneficios y pasa a incorporar el riesgo:

U(a, S) = B(a, S) − R(a, S)

Este desplazamiento es estructural: el sistema deja de ser únicamente una fuente de beneficios para convertirse también en una fuente de vulnerabilidad.

3. Punto de inflexión en los incentivos

Bajo ciertas condiciones de deterioro, puede producirse una inversión en la relación de preferencias de algunos actores subordinados:

∃ ak ∈ Lh tal que U(ak, S') > U(ak, S)

Es decir, existe al menos un agente para quien un sistema alternativo resulta racionalmente preferible al vigente.

De forma expandida:

B(ak, S') − R(ak, S') > B(ak, S) − R(ak, S)

Este cambio no implica transformación moral ni abandono de intereses estratégicos, sino una reconfiguración racional de preferencias en función del entorno.

4. Restricción de capacidad y necesidad de coalición

Sin embargo, estos actores carecen, por sí solos, de capacidad suficiente para producir un cambio sistémico. Sea P∗P^*P∗ el umbral de poder necesario para transformar el sistema. Entonces:

∀ ak ∈ Lh : P(ak) < P*

Por tanto, la transición requiere la formación de coaliciones con actores externos O:

∃ Om ⊆ O tal que P(ak ∪ Om) ≥ P* ⇒ S'

La transformación no es, en consecuencia, un acto unilateral, sino el resultado de una articulación entre fractura interna y agregación de poder externo.

5. Condición de posibilidad

El modelo no afirma que la transición ocurra necesariamente, sino que establece su condición de posibilidad:

◇ S'

La reconfiguración del sistema es posible bajo determinadas condiciones de heterogeneidad interna y desgaste sistémico.

6. Alcance del modelo

Este esquema permite reinterpretar situaciones en las que la oposición carece de fuerza suficiente para producir una alternancia directa. En tales contextos, las dinámicas internas del propio bloque dominante dejan de ser un elemento secundario y pasan a constituir un componente central en la explicación de posibles transformaciones.

El error analítico no consiste en considerar la posibilidad de cambio desde dentro, sino en suponer que los actores que componen el poder actúan como un bloque homogéneo, con intereses perfectamente alineados y estables en el tiempo.

7. Mecanismo de estabilización intra-élite: el “abrazo republicano”

El fenómeno conocido como “abrazo republicano” puede ser interpretado como un mecanismo de estabilización intra-élite que opera tras episodios de competencia interna. Tras una contienda, los actores derrotados no abandonan el sistema, sino que se reintegran a él.

Esto ocurre porque, aun en condiciones de subordinación, se mantiene la relación:

∀ ak ∈ Lh : U(ak, S) > U(ak, S')

Asimismo, estos actores carecen de capacidad suficiente para alterar el sistema:

∀ ak ∈ Lh : P(ak) < P*

En consecuencia, la recomposición no expresa unidad sustantiva, sino un equilibrio estratégico en el cual la permanencia resulta racionalmente preferible a la ruptura.

El “abrazo republicano” indica, por tanto, que aún no se ha producido un desplazamiento en la estructura de incentivos. Mientras esta condición se mantenga, el sistema será capaz de absorber conflictos internos sin transformarse.

Por el contrario, cuando se verifique que:

∃ ak ∈ Lh tal que U(ak, S') > U(ak, S)

la recomposición dejará de ser posible, y el conflicto interno podrá devenir en fractura.

Cierre

Bajo este marco, la metáfora del “lobo cuidando el rebaño” pierde su fuerza explicativa. No porque el lobo deje de ser depredador, sino porque deja de ser uno solo.