El país de los dos mundos: crecimiento para unos, desabastecimiento para todos

                                                                                Dr. Victor Oxley

Hay una idea que el gobierno repite hasta convertirla en mantra, que enfrenta una herencia maldita, que recibió un Estado en ruinas y que por eso no puede pagar sus cuentas. Pero si uno mira los nombres, los años y los números, la historia cuenta algo muy distinto. Porque el jefe del ejecutivo que hoy con sus acciones señala no tener plata para pagar a las farmacéuticas y a las constructoras es el mismo que hace diez años, siendo ministro de Hacienda de aquel gobierno, lideró la expansión del gasto que duplicó la deuda pública. El mismo equipo que entonces endeudó al país es el que hoy, desde el gobierno, decide no pagar las facturas. No hay dos administraciones opuestas, hay un mismo grupo que ejecuta las dos fases de un mismo plan. Primero se endeuda, después se licúa la deuda. Primero se justifica el gasto con la idea de que el país necesita inversión; después se justifica el impago con la idea de que hay que cuidar la estabilidad. En el medio, los costos se trasladan de un período a otro, y siempre termina pagando el que viene después.

El diseño de dos etapas:

Etapa ₁ (t₁, gobierno de Cartes): El equipo actual, entonces en funciones, expande el gasto financiado con deuda. Justificación: φ₄ (la inversión es necesaria para el crecimiento). 

Etapa ₂ (t₀, gobierno de Peña): El mismo equipo restringe el gasto y posterga pagos. Justificación: φ₁ y φ₅ (la disciplina fiscal y la estabilidad son el bien supremo). 

Consecuencia: Los costos generados en t₁ se trasladan a t₀, y los costos de t₀ se trasladan a t₂ (el período posterior al mandato). El ciclo no resuelve problemas, los administra mediante postergación.

Para entender por qué esto no es una casualidad sino una forma de gobernar previsible, hay que atender a cómo piensan quienes toman las decisiones. No es un tema de mala voluntad, sino de formación. El jefe de Estado y su ministro de Economía crecieron profesionalmente en el mundo de los organismos internacionales, del Banco Central, del Fondo Monetario. Estudiaron en universidades que enseñan una doctrina muy precisa, cuyos postulados pueden resumirse así, la disciplina fiscal es lo primero; el mercado sabe más que el Estado; la estabilidad de los números vale más que cualquier otra cosa. No importa si ese ministro se formó en Chicago y el presidente en Columbia; lo que importa es que comparten la misma jerarquía de valores, que puede expresarse como una cadena de prioridades, la estabilidad financiera está por encima de la libertad de los mercados, que está por encima de la disciplina fiscal, y todo eso queda muy por encima de cualquier consideración redistributiva o de bienestar concreto. En esa escala, la meta de déficit está arriba de todo. Pagar a los proveedores, garantizar que los hospitales tengan medicamentos, mantener las obras públicas en marcha, todo eso queda abajo, en un lugar secundario, si es que aparece.

La jerarquía de valores internalizada:

v₁ ≻ v₂ ≻ v₃ ≻ v₄

donde v₁ = estabilidad financiera, v₂ = libertad de mercados, v₃ = disciplina fiscal, v₄ = redistribución / bienestar concreto. 

La función de utilidad normativa U(a) asigna valor a cada acción según su coherencia con esta jerarquía. Una acción que viola v₁ no se considera, aunque mejore v₄. La meta de déficit, como expresión de v₁ y v₃, se vuelve innegociable.

Con esta forma de pensar, las decisiones se vuelven mecánicas. Si la meta de déficit es sagrada y no puede moverse, entonces cualquier gasto que la amenace debe ser postergado. Y como pagar mil cien millones de dólares a farmacéuticas y constructoras haría que el déficit se dispare, la conclusión es inevitable: no se paga.

El círculo argumental del discurso oficial:

P: "La economía crece a tasas sostenidas." 

Q: "La disciplina fiscal es condición necesaria para el crecimiento." 

R: "La disciplina fiscal exige mantener el déficit en 1,5% del PIB." 

S: "Mantener el déficit en 1,5% requiere postergar pagos a proveedores." 

T: "La postergación de pagos es necesaria para sostener el crecimiento." 

P ∧ Q → R

R → S 

S → T

T → P 

El sistema autorreferencial de legitimación. No contiene proposiciones sobre bienestar, salud, infraestructura o cumplimiento de contratos. Toda consideración sobre Ω₂ (condiciones materiales de vida) está excluida por definición.

Pero como no pagar directamente también genera problemas políticos, se inventa un mecanismo financiero que hace que el costo desaparezca del cálculo presente. El factoraje es eso, los bancos pagan a los proveedores ahora, y el Estado les devuelve el dinero en tres años, con intereses. El gobierno puede decir que "pagó", porque los bancos adelantaron la plata. Pero lo que hizo fue convertir una deuda comercial sin intereses en una deuda bancaria con intereses, cuyo vencimiento queda después de las elecciones de 2028. No resolvió nada, postergó. Y la postergación, en este esquema, es la respuesta natural para alguien que piensa que el futuro vale menos que el presente.

El factoraje como transformación de pasivos:

D_c: deuda comercial con proveedores, vencimiento en t₀, sin costo financiero. 

D_b: deuda bancaria, vencimiento en t₀+3, con costo financiero r · D_b. 

Factoraje: D_c → D_b, donde D_b > D_c y el vencimiento se desplaza de t₀ a t₀+3. 

Efecto fiscal en t₀: Si se pagara D_c, el déficit F(t₀) aumentaría y superaría la meta M. Al transformar D_c en D_b, D_c no ingresa en G(t₀), por lo que F(t₀) ≤ M. 

Efecto en t₀+3: El próximo gobierno enfrenta D_b mayor, con intereses, en un contexto donde la Caja Fiscal ya no tiene reservas.

El problema es que ese futuro no es abstracto. Es el gobierno que viene, el que tendrá que hacerse cargo de una deuda bancaria más grande, de una Caja Fiscal sin reservas y de un sistema de salud que arrastra meses de atraso en los pagos. El gobierno actual sabe que la Caja Fiscal se queda sin plata entre 2027 y 2028, justo cuando termine su mandato o cuando empiece el próximo. Por eso la reforma que aprobaron fue apenas un parche, subieron aportes, movieron edades, pero no tocaron el problema estructural. Alcanza para decir que hicieron algo, pero no para evitar que el colapso ocurra después. Es el mismo patrón, el costo se corre hacia adelante.

La temporalidad del descuento intertemporal:

t₀: presente 

t₁: horizonte electoral (2026-2028) 

t₂: período posterior al mandato 

δ(t₁) = 1, δ(t₂) = ε, con ε ≪ 1 (el futuro después del mandato tiene menor peso en la decisión presente). 

Esta función de descuento hace racional diferir costos hacia t₂, aunque eso hipoteque la capacidad de gestión del próximo gobierno.

Y mientras tanto, el discurso oficial sostiene una contradicción que en sus cabezas no lo es. Dicen que al país le va bien porque el PIB crece, porque la soja rinde, porque la energía se vende. Y al mismo tiempo dicen que al Estado no le alcanza la plata, que no pueden pagar las facturas más elementales. Para un observador común esto suena a que algo no cierra. Pero para ellos cierra perfectamente, porque el "país" del que hablan no es el país de los hospitales y las rutas, sino el país de los indicadores financieros. El crecimiento que celebran no paga impuestos, la soja y la energía tienen una carga tributaria bajísima, están casi exentas. Entonces el PIB sube, pero la plata del Estado no sube en la misma proporción. La contradicción no es un misterio; es la consecuencia de haber diseñado un sistema donde los que más ganan son los que menos aportan. Pero como tocar esa estructura violaría el principio de no interferir con el mercado, la única salida que ven es postergar pagos, licuar deudas, pasarle la factura al que sigue.

La separación ontológica entre dos países:

Ω₁: indicadores macroeconómicos agregados (PIB, reservas, riesgo país, déficit, inflación). 

Ω₂: condiciones materiales de vida, servicios públicos, obligaciones contractuales del Estado, bienestar poblacional. 

El discurso oficial opera exclusivamente sobre Ω₁: toda proposición con contenido empírico refiere a Ω₁. No hay proposiciones que tomen Ω₂ como fundamento de evaluación. 

E(G) = f(ΔΩ₁), independientemente de ΔΩ₂.

La estructura tributaria que produce la disociación:

Sea Y = Σᵢ Yᵢ el PIB, τᵢ la tasa efectiva de tributación del sector i, T = Σᵢ τᵢ·Yᵢ el ingreso fiscal. 

La estructura vigente satisface: ∃i, j | Yᵢ >> Y_j ∧ τᵢ << τ_j (los sectores que más crecen tienen las menores tasas impositivas). 

Por lo tanto, ΔY (crecimiento) no implica ΔT (aumento de ingresos), en términos lógicos ΔY⇏ΔT en la misma proporción. 

P ∧ Q (crecimiento sí, ingresos no) es una consecuencia necesaria de esta estructura, no una contradicción lógica. Pero el gobierno trata la estructura como inmodificable porque modificarla violaría φ₃ (no intervenir en los mercados).

A esto le suman un recurso retórico que suena a amenaza, la economía de guerra. Dicen que hay que actuar como si estuviéramos en una guerra, concentrar recursos, suspender lo accesorio. Pero no hay ninguna guerra. No hay invasión, no hay catástrofe, no hay emergencia declarada. Lo que hay es un gobierno que necesita justificar por qué no cumple sus obligaciones, y para eso toma prestada una categoría que en su origen servía para justificar excepciones. Es como si declararan la guerra a la propia administración para tener excusa de no pagar. La falacia es transparente, no porque se invoque la guerra aparecen las condiciones que hacen legítima la suspensión de reglas.

La falacia de la "economía de guerra":

W: conjunto de situaciones que califican como guerra (amenaza existencial, suspensión de garantías, emergencia declarada). 

F: situación fiscal actual, que no satisface ninguna condición de W. 

El discurso afirma: 

(i) ∀x (x ∈ W → justificación de medidas excepcionales). 

(ii) F es análogo a W (por analogía retórica). 

(iii) Por tanto, las medidas excepcionales están justificadas en F. 

La analogía no transfiere las propiedades normativas de W a F. Es una falacia de composición semántica, se usa la categoría de excepción para habilitar medidas que en condiciones normales serían incumplimientos.

El círculo argumental se cierra solo. La economía crece, entonces hay que cuidar la estabilidad, entonces hay que cumplir la meta de déficit, entonces hay que postergar los pagos, entonces se posterga, y esa postergación es presentada como parte de la estrategia que hace posible el crecimiento. Es una vuelta completa que no deja entrar ninguna otra consideración. En ese círculo no hay lugar para preguntarse qué pasa con el paciente oncológico que necesita un medicamento que la farmacéutica no puede importar porque el Estado no le paga. No hay lugar para preguntarse qué pasa con la constructora que entró en quiebra porque el Estado no le pagó los certificados de obra. Esas preguntas simplemente no forman parte del sistema de evaluación. Para quienes toman las decisiones, si no está en los números de la macroeconomía, no existe.

El próximo gobierno, cualquiera sea su signo, recibirá entonces tres herencias. La primera es la deuda bancaria del factoraje, más de mil cien millones de dólares que habrá que pagar con intereses entre 2027 y 2029. La segunda es la Caja Fiscal en las últimas, con reservas agotadas y un déficit anual que nadie resolvió. La tercera es el desabastecimiento inducido, hospitales que arrastran deudas con farmacéuticas, rutas paralizadas por falta de pago a constructoras. Pero quizás la herencia más pesada no sea financiera sino intelectual, la naturalización de la idea de que el crecimiento puede ir por un lado y el bienestar por otro, que la estabilidad de los números puede construirse sobre el incumplimiento de las obligaciones más básicas del Estado.

Y sin embargo, la alternativa existe. No es una utopía. Si los sectores que generan el crecimiento pagaran impuestos en proporción a lo que producen, la recaudación alcanzaría para pagar las deudas sin tocar la meta fiscal. Eso no es un secreto ni una fórmula mágica; es aritmética. Pero esa alternativa no es siquiera considerada, no porque sea inviable técnicamente, sino porque choca con los principios que este gobierno trae internalizados desde su formación. Para ellos, aumentar impuestos a los sectores concentrados no es una opción, así como para un físico newtoniano no es una opción pensar en una gravedad variable. No es que no puedan; es que no pueden concebirlo.

La alternativa excluida:

Sea τᵢ' una estructura tributaria reformada tal que τᵢ' ∝ Yᵢ (tributación proporcional a la producción sectorial). 

ΔT = Σᵢ (τᵢ' - τᵢ)·Yᵢ. 

Dado que ΔT > D_c, el gobierno podría pagar D_c sin aumentar el déficit, manteniendo F(t₀) ≤ M. 

Esta alternativa no es considerada porque violaría φ₃ (no interferir en los mercados) y la condición de estabilidad del marco tributario para la confianza de los inversores. No es una limitación técnica; es un límite a lo pensable impuesto por la jerarquía de valores internalizada.

Lo que estamos viendo, entonces, no es una mala gestión circunstancial. Es la aplicación rigurosa de una doctrina que produce resultados previsibles, endeudamiento cuando la doctrina lo justifica, ajuste cuando la doctrina lo exige, postergación de costos como técnica de gobierno, y una ceguera estructural frente a las consecuencias humanas de esas decisiones. El riesgo sistémico no es que el gobierno se quede sin plata o que los mercados pierdan confianza. El riesgo es que esta forma de gobernar —que traslada costos, que disocia crecimiento de bienestar, que clausura alternativas por principio— termine acumulando tanto pasivo, tanto descontento y tanta fragilidad que el estallido, cuando llegue, arrase con todo. Y para entonces, los mismos que diseñaron las dos etapas ya no estarán en el gobierno. Habrán hecho la última jugada de su póker y se habrán ido, dejando que el que venga después pague las consecuencias de un plan que no fue improvisación sino coherencia. Una coherencia que, cuanto más rigurosa, más devastadora se vuelve.