Filósofo artefactualista estructural. Investigador en educación matemática y analista político. Su n

martes, 26 de mayo de 2026

Lo que ya se sabe y lo que aún no se podrá saber (Sobre la nueva verificación técnica de la ANR y el PLRA, a la luz de los informes de auditoría)

 

I. Una verificación que llega tarde y con las mismas reglas

Los partidos políticos —la ANR, el PLRA, y el resto de las organizaciones con representación parlamentaria— ya realizaron, entre el 2 y el 27 de febrero de 2026, una auditoría técnica de las máquinas de votación electrónica convocada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esa auditoría concluyó. Los equipos técnicos de cada partido elaboraron informes. Esos informes existen. Están documentados. Y en ellos, todos los auditores coincidieron en algo fundamental, no se les permitió auditar con la profundidad necesaria para garantizar una verificación independiente.

Ahora, a fines de mayo de 2026, la ANR y el PLRA realizan una nueva "verificación técnica". Los titulares hablan de "desarme de máquinas", de "explicación componente por componente", de "preguntas respondidas al cien por ciento". Se respira un aire de satisfacción. Los presidentes de los tribunales electorales partidarios declaran su confianza en el sistema.

Pero conviene recordar lo que ya se sabe. Y conviene preguntarse qué es lo que esta nueva verificación —con los mismos actores, bajo el mismo control del TSJE y la misma empresa MSA— podrá realmente esclarecer.

II. Lo que los auditores de los partidos ya informaron

Los informes técnicos de los auditores de los partidos políticos —no solo del PLRA, sino de todas las fuerzas que participaron en el proceso de febrero— documentaron, sin ambages, un conjunto de restricciones que cualquier persona de buena fe debería considerar graves:

Sobre el acceso al código fuente: se permitió revisar el código, pero únicamente en las computadoras del laboratorio del TSJE, sin conexión a internet, sin posibilidad de imprimir, sin capacidad de copiar fragmentos o tomar el código para analizarlo fuera de ese entorno controlado. El tiempo resultó manifiestamente insuficiente: cualquier período medido en días, dijeron los auditores, resulta insuficiente frente a la enormidad del código por investigar.

Sobre la contraseña root: los auditores la solicitaron, siguiendo las normas básicas de ciberseguridad. La respuesta de MSA fue que el sistema es un "appliance cerrado", que no ofrece interfaces de autenticación interactivas y que, en consecuencia, no existe contraseña que entregar. Técnicamente, esa respuesta puede ser coherente con el diseño de un sistema embebido. Pero también implica, por definición, que ningún auditor independiente podrá nunca acceder al sistema a nivel de kernel, y por lo tanto no podrá verificar lo que realmente ocurre en su interior.

Sobre las pruebas de escenarios de fraude: se probaron múltiples escenarios con USBs, credenciales y chips RFID. Pero no se probó —porque no se permitió o no se pudo— el escenario más elemental y más temido: aquel en el que la pantalla muestra una opción y el software suma otra distinta. Ese escenario, documentado en los informes, es el corazón de cualquier posible fraude electrónico. Y no fue probado.

Sobre la cadena de custodia del código: los informes consignan que no existe ningún mecanismo documentado que garantice que el código auditado en el laboratorio sea el mismo que se cargará en los USB que llegarán a las mesas el día de la elección. La escritura del código, la compilación, la firma digital, la custodia de las claves privadas, la definición del protocolo de auditoría, el control del laboratorio —todo, absolutamente todo— está en manos del TSJE y de MSA. Los partidos auditores no tienen control compartido sobre ninguna función crítica.

Sobre la auditoría postelectoral: los informes documentan que la máquina, una vez apagada, no retiene ningún estado. No existe memoria permanente. Por lo tanto, cualquier intento de auditoría después del cierre de la mesa es lógicamente imposible por diseño. No hay registro independiente que pueda ser auditado.

Sobre los boletines electrónicos: los chips RFID que contienen la información del voto —la única prueba independiente que permitiría verificar el resultado— son legalmente inaccesibles. El TSJE argumenta que no está estipulado su recuento. Así, la única evidencia que podría confrontarse con el acta firmada por los veedores duerme para siempre en un sobre que nadie abrirá.

Eso es lo que los auditores de los partidos ya informaron. No son especulaciones. Son hechos documentados, firmados, presentados.

III. La ironía técnica de la máquina "auditable pero inaccesible" (O cómo explicar Python y JavaScript no es lo mismo que permitir auditarlos)

La documentación técnica de las máquinas de votación Vot.Ar revela una arquitectura que, en apariencia, fue diseñada para ser transparente. El sistema operativo es un kernel Linux minimalista. El código de la lógica de votación está escrito en Python —para el control del hardware, la gestión del RFID, la impresión térmica y la criptografía— y en JavaScript —para la interfaz táctil, el renderizado de candidaturas y la navegación del elector. Son lenguajes de alto nivel, legibles, no ofuscados. En teoría, esta arquitectura debería facilitar la auditoría.

Pero la teoría se estrella contra una realidad tozuda, explicar cómo funcionan Python y JavaScript no es lo mismo que permitir auditarlos. Y lo que los auditores de los partidos documentaron es que, en la práctica, el acceso a ese código fue tan restringido que la ventaja teórica de la legibilidad se convirtió en una ironía amarga.

El rol de Python: el motor interno que nadie pudo inspeccionar

Python, en esta arquitectura, controla la lógica de bajo nivel, se comunica con los puertos de la placa madre, lee el chip RFID cuando se introduce el boletín, da la orden de grabación, traduce la selección del elector en comandos para la impresora térmica y ejecuta los algoritmos de firma digital de las actas de escrutinio. Es, literalmente, el núcleo de la decisión electoral. Lo que Python haga con el voto es lo que realmente cuenta.

Ahora bien, para auditar ese código Python, no basta con mirarlo en una pantalla. Hace falta poder ejecutarlo en un entorno controlado, introducir casos de prueba, modificar variables, verificar que las funciones de suma no contienen instrucciones condicionales ocultas. Hace falta, sobre todo, poder comparar el código Python que se mostró en el laboratorio con el código Python que efectivamente se carga en el USB maestro y se ejecuta el día de la elección.

Nada de eso fue posible. El código se revisó en computadoras del TSJE, sin posibilidad de copiarlo. No se pudo tomar ningún fragmento para analizarlo fuera del laboratorio. No se pudo ejecutar una prueba propia que verificara, por ejemplo, si la función `sumar_voto(candidato)` realmente suma al candidato que la pantalla mostró. El motor Python quedó, así, como un libro cerrado dentro de una vitrina: visible, pero intocable.

El rol de JavaScript: la interfaz que muestra pero no garantiza

JavaScript, por su parte, es el encargado de la experiencia del elector. Corre en un navegador ligero en modo kiosco —probablemente Chromium Embedded Framework— y se comunica con el backend de Python mediante llamadas internas. El elector toca la pantalla; JavaScript captura la coordenada, la traduce a una opción de candidato y envía esa opción a Python.

La pregunta que ningún auditor pudo responder —porque no se le permitió probar— es la siguiente ¿qué impide que JavaScript muestre en pantalla "Candidato A" pero envíe a Python "Candidato B"? La respuesta es: nada. Absolutamente nada, si el auditor no puede inspeccionar el código JavaScript real que se ejecuta y no puede inyectar su propio código de prueba para verificar la correspondencia entre lo que se muestra y lo que se envía.

Esta es la vulnerabilidad fundamental de cualquier sistema que separa la interfaz de usuario de la lógica de negocio. En una aplicación bancaria, eso se controla con auditorías continuas y trazabilidad. En una máquina de votación, donde el voto es secreto y no hay registro independiente accesible, esa separación es una puerta abierta a un fraude perfectamente indetectable para cualquier testigo humano.

La paradoja de la legibilidad sin acceso

La arquitectura basada en Python y JavaScript se presenta como una ventaja para la auditoría: al ser lenguajes de alto nivel, el código es más legible que un binario compilado en C o C++. Eso es cierto en abstracto. Pero en concreto, la legibilidad no sirve de nada si el auditor no puede copiar el código que se le muestra; ejecutarlo en su propio entorno; compararlo con el código que realmente se cargará en las máquinas; modificarlo para probar escenarios de fraude y verificar en tiempo de ejecución que el código que corre es el mismo que se auditó.

La ironía, entonces, es doble. Por un lado se usan tecnologías abiertas y transparentes para construir un sistema que se administra como si fuera un secreto de estado. Y por otro lado se celebra la legibilidad del código como garantía de transparencia, pero se impiden todas las acciones que harían efectiva esa legibilidad.

Es como si un bibliotecario le mostrara un libro a través de un vidrio blindado y le dijera, "Mire, está escrito en un idioma que usted entiende, puede leer el lomo. ¿No es maravilloso? Ahora confíe en que el contenido es el que dice ser, porque no le voy a dar el libro para que lo abra."

 IV. Lo que la nueva verificación técnica puede y no puede aportar

Ahora, en mayo de 2026, la ANR y el PLRA realizan una nueva verificación técnica. La noticia informa que se desarmó la máquina, que se explicaron las antenas, los sistemas físicos de seguridad, los componentes uno por uno. Que todos quedaron satisfechos. Que no hubo observaciones asentadas en actas.

Todo eso es, sin duda, útil. Verificar la integridad física del hardware —que no hay dispositivos ocultos de transmisión, que las soldaduras son las correctas, que los puertos USB están limitados como se declaró— es una condición necesaria. Nadie sensato podría objetarlo.

Pero una condición necesaria no es una condición suficiente. Y aquí reside el límite infranqueable de esta nueva verificación, especialmente a la luz de la arquitectura Python/JavaScript que acabamos de describir.

Lo que esta verificación puede hacer es mostrar que la placa madre no tiene componentes extraños. Demostrar que las antenas RFID están correctamente instaladas. Explicar cómo la pantalla táctil traduce el toque en coordenadas —algo que, dicho sea de paso, no dice nada sobre lo que JavaScript hace con esas coordenadas. Verificar que los puertos USB no aceptan dispositivos no autorizados. Comprobar que el sistema arranca desde un USB firmado.

Lo que esta verificación no puede hacer, bajo las mismas reglas de febrero, y especialmente considerando la arquitectura Python/JavaScript, no puede garantizar que el código Python que se ejecutará el día de la elección sea el mismo que se auditó en febrero, porque no se permitió copiar ese código para una comparación posterior. No puede garantizar que el código JavaScript que muestra la interfaz no contiene instrucciones que desvíen el voto antes de enviarlo a Python, porque ese código sigue siendo inaccesible para una auditoría independiente. No puede probar el escenario de divergencia entre pantalla (JavaScript) y suma (Python), porque para probarlo se necesita ejecutar código propio en la máquina, y eso sigue sin estar permitido. No puede acceder al kernel del sistema operativo, porque la contraseña root sigue sin entregarse bajo el mismo argumento del "appliance cerrado". No puede verificar la cadena de custodia desde la compilación del código Python/JS hasta el USB de mesa, porque esa cadena sigue siendo controlada exclusivamente por el TSJE y MSA. No puede garantizar que el software no contiene instrucciones internas de desviación escritas en Python o JavaScript, porque sin acceso al código final y sin capacidad de ejecutar pruebas independientes, esa garantía es lógicamente imposible. No puede convertir los boletines electrónicos en evidencia accesible, porque la ley y el reglamento siguen sin estipular su recuento.

En otras palabras, esta nueva verificación opera exactamente bajo el mismo protocolo que los auditores de los partidos ya denunciaron como insuficiente. El hardware se desarma y se explica. El software —ese software escrito en Python y JavaScript que, por su propia naturaleza, debería ser el más fácil de auditar— sigue siendo una caja negra a la que nadie puede entrar.

Y esa es la ironía más fina de todas, se eligieron lenguajes transparentes para un sistema opaco, y ahora se celebra la transparencia de los lenguajes mientras se mantiene la opacidad del acceso.

V. La falacia de la "satisfacción" sin acceso completo

Que los representantes técnicos de la ANR y el PLRA declaren estar "sumamente satisfechos" es, por supuesto, su derecho. Pero conviene recordar que la satisfacción declarada no es lo mismo que la verificación independiente.

Un auditor puede estar satisfecho porque, dentro de las reglas que le impusieron, no encontró irregularidades evidentes. Eso es técnicamente cierto. Pero también es técnicamente cierto que esas reglas le impidieron buscar donde un fraude sofisticado podría esconderse —por ejemplo, en una función Python que suma correctamente 999 de cada 1000 votos, y desvía uno, o en una llamada de JavaScript que envía a Python una opción distinta a la que el elector vio en la pantalla.

La diferencia es crucial. Y puede formularse del siguiente modo:

- Afirmación A (verdadera): "En lo poco que nos dejaron ver, no vimos nada raro."

- Afirmación B (no demostrada): "No existe fraude posible."

La primera es una declaración de ausencia de hallazgos. La segunda es una declaración de ausencia de problemas. Son dos cosas lógicamente distintas. Y la primera no implica la segunda, como los propios auditores de los partidos se encargaron de señalar en sus informes.

Cuando un presidente de tribunal partidario declara que "desde las máquinas de votación es prácticamente nula la posibilidad de fraude", está haciendo la afirmación B. Pero la evidencia disponible —los informes de los auditores, con todas sus restricciones documentadas, y la imposibilidad de auditar el código Python/JavaScript en ejecución— solo respalda la afirmación A.

La diferencia entre una y otra es la diferencia entre una auditoría real y una auditoría teatral.

VI. Lo que aún falta para que una verificación sea creíble

Si el TSJE, MSA y los partidos políticos quisieran realmente generar confianza ciudadana, no bastaría con desarmar la máquina y explicar sus componentes. Haría falta, como mínimo, y atendiendo específicamente a la arquitectura Python/JavaScript:

Primero: permitir que los auditores copien el código fuente auditado —tanto el Python del backend como el JavaScript del frontend— y lo guarden bajo su propia custodia, para poder compararlo después con el código que se cargue en los USB.

Segundo: entregar la contraseña root o, en su defecto, proporcionar un método alternativo de acceso de bajo nivel que permita a los auditores verificar el estado interno del sistema operativo y, crucialmente, que el intérprete de Python y el motor de JavaScript que se ejecutan son los mismos que se declararon.

Tercero: diseñar y ejecutar pruebas específicas para el escenario de divergencia entre pantalla (JavaScript) y suma (Python), permitiendo a los auditores ejecutar su propio código de prueba en la máquina, inyectar eventos táctiles simulados y verificar qué llega realmente al backend.

Cuarto: documentar públicamente la cadena de custodia completa —desde la compilación del código Python/JS hasta la carga en los USB de mesa— con participación de los partidos en cada paso.

Quinto: modificar la normativa para que los boletines electrónicos (chips RFID) sean accesibles para una verificación posterior independiente, como única prueba que permitiría confrontar el acta firmada con el registro electrónico.

Nada de esto se ha hecho. Nada de esto se anuncia en la noticia. Y mientras no se haga, cualquier declaración de "satisfacción absoluta" será, cuanto menos, prematura.

VII. Conclusión: la verificación que no verifica lo que importa

La nueva verificación técnica de la ANR y el PLRA es, sin duda, un gesto político. Muestra que los partidos están presentes, que hacen preguntas, que desarman máquinas. Eso tiene valor en términos de imagen. Pero no tiene el valor que se le atribuye en términos de garantía técnica.

Porque la pregunta central —la que los ciudadanos harían si alguien se tomara el trabajo de explicársela con claridad— no es si la máquina tiene antenas bien soldadas o si la pantalla responde al tacto. La pregunta central es "¿Alguien que no sea el TSJE y MSA puede garantizar, con pruebas, que el software escrito en Python y JavaScript —ese software que controla el RFID, la impresora, la criptografía y la interfaz que el elector toca— es honesto, que suma lo que muestra, que no contiene instrucciones ocultas para desviar votos, y que el código que se ejecutará el día de la elección es exactamente el mismo que se mostró en la auditoría?"

La respuesta, a la luz de los informes de los auditores de los partidos y de la arquitectura técnica ahora conocida, es no.

Y esta nueva verificación —con las mismas reglas, las mismas limitaciones, el mismo control exclusivo del auditado, la misma imposibilidad de tocar el código Python/JavaScript en ejecución— no cambia esa respuesta.

El hardware se desarma. El software —ese software que, por estar escrito en Python y JavaScript, debería ser el más fácil de auditar— permanece cerrado. Las preguntas se responden. Las pruebas decisivas no se hacen. Los auditores declaran su satisfacción. Los informes previos documentan lo contrario.

El ciudadano, mientras tanto, solo puede esperar que esta vez —a diferencia de todas las veces en que la confianza ciega ha resultado traicionada— el lobo realmente esté cuidando el rebaño. O que alguien, algún día, le permita a los auditores abrir la caja negra de verdad. Porque mientras el código Python y JavaScript siga siendo un espectáculo que se mira sin tocar, la transparencia será solo eso: un espectáculo.


domingo, 24 de mayo de 2026

De la verificabilidad a la corroboración: una lección epistemológica para la controversia sobre las auditorías electorales en Paraguay

                                                                                 Dr. Victor Oxley

Análisis Filosófico y Metodológico

 

Resumen

Este artículo examina, desde la filosofía de la ciencia, la controversia surgida en Paraguay en torno a la exigencia de una auditoría a las máquinas de votación y la respuesta del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que ofrece una "verificación técnica" en lugar de reabrir el proceso de auditoría. Se contrastan tres concepciones epistemológicas: el verificacionismo del Círculo de Viena, el falsacionismo popperiano y el confirmacionismo carnapiano. Mediante formalizaciones lógicas y un análisis de los criterios de severidad y confirmación probabilística, se demuestra que la "verificación técnica" resulta insuficiente según los estándares científicos contemporáneos. Se concluye que la democracia no exige certeza absoluta, sino transparencia y la posibilidad de someter las hipótesis a intentos severos de falseamiento.

Palabras clave: verificabilidad, falsacionismo, corroboración, auditoría electoral, filosofía de la ciencia, Karl Popper, Rudolf Carnap.

1. Introducción: la pregunta por la verdad de las máquinas

Cuando los partidos políticos paraguayos exigen una auditoría a las máquinas de votación, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) responde ofreciendo una "verificación técnica", no están disputando meros plazos administrativos. Están, sin saberlo quizás, enfrentando dos concepciones profundamente distintas sobre qué significa validar una hipótesis. En el fondo, la pregunta es una sola: ¿bajo qué condiciones podemos afirmar que el sistema de votación computarizado es íntegro?

Para responderla, la filosofía de la ciencia ha desarrollado durante el siglo pasado un conjunto de criterios sutiles, a menudo incompatibles entre sí, que delimitan el territorio de lo que cuenta como evidencia suficiente. Recorrerlos no es un ejercicio académico ocioso: cada criterio lleva implícita una respuesta diferente a la controversia que hoy divide al Paraguay electoral.

2. El verificacionismo y su imposibilidad práctica

La escuela más antigua y, paradójicamente, la más exigente, es el verificacionismo del Círculo de Viena. Este movimiento científico y filosófico, fundado en 1921 por Moritz Schlick en Viena, se centró en la lógica de la ciencia y consideraba a la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. Sus miembros —Rudolf Carnap, Moritz Schlick, Otto Neurath— sostenían que una proposición solo es significativa si puede ser verificada empíricamente de manera completa y definitiva. Publicaron en 1929 su manifiesto programático, La visión científica del mundo, donde propusieron utilizar un lenguaje común basado en el lenguaje de la física, defendiendo el empirismo de David Hume, John Locke y Ernst Mach, el método de la inducción, la búsqueda de la unificación del lenguaje de la ciencia y la abolición de la metafísica en el ámbito científico (Círculo de Viena, 2024).

Aplicado a nuestro caso, esto equivaldría a exigir:

"Verifíquese que ninguna de las diez mil máquinas de votación contiene mecanismos ocultos capaces de alterar el resultado."

El problema es que dicha verificación es físicamente imposible. Para verificar completamente la integridad del sistema habría que examinar cada transistor de cada máquina, probar todas las combinaciones posibles de entradas —una tarea que requeriría tiempos mayores que la edad del universo— y descartar la existencia de cualquier comando oculto, backdoor o temporizador malicioso. Las hipótesis universales del tipo "ninguna máquina tiene fraude" no son verificables; solo son falsables.

El Círculo de Viena se disolvió en 1936 debido a la presión política y el ascenso del nazismo en Austria (Círculo de Viena, 2024). Pero su fantasma persiste en el debate público: cuando alguien exige una "verificación total", pide lo imposible. El TSJE podría escudarse en esta imposibilidad para negar cualquier control. Sin embargo, nadie serio —ni siquiera los partidos más críticos— demanda una verificación en este sentido absoluto. Lo que piden es otra cosa: algo más cercano a lo que Karl Popper denominó corroboración.

3. El falsacionismo popperiano: la severidad como virtud epistémica

Karl Popper, filósofo austriaco de la ciencia, nació en Viena en 1902 y se doctoró en filosofía por la universidad de su ciudad natal en 1928 (Herrera de Reyes, 2025). Aunque no fue miembro de la llamada Escuela de Viena, simpatizó con su actitud científica, pero criticó algunos de sus postulados. Su contribución más significativa a la filosofía de la ciencia fue su caracterización del método científico, publicada en su obra fundamental La lógica de la investigación científica (1934) (Popper, 1934/1980).

Popper dio la vuelta al problema. Para él, la ciencia no verifica hipótesis —no puede hacerlo— sino que intenta falsearlas. Propuso un criterio de comprobación que denominó falsabilidad (o falsacionismo), para determinar la validez científica, y subrayó el carácter hipotético-deductivo de la ciencia (Herrera de Reyes, 2025). Una hipótesis es científica si especifica las condiciones bajo las cuales sería refutada. Y una hipótesis es confiable —o, en su vocabulario, está corroborada— si ha sobrevivido a intentos rigurosos y severos de falseamiento.

Formalicemos esto lógicamente. Sean:

- H₁: "El sistema de votación computarizado es íntegro (no contiene mecanismos ocultos que puedan alterar el resultado)".

- ¬H₁: "El sistema contiene mecanismos ocultos que pueden alterar el resultado (hipótesis nula)".

Popper observó una asimetría fundamental:

Si existe al menos un contraejemplo (una máquina que modifica un voto en una prueba controlada), entonces H₁ es falsa. 

Si no existe ningún contraejemplo, esto no prueba que H₁ sea verdadera; solo la corrobora provisionalmente.

Es decir: basta una sola máquina que modifique un voto en una prueba controlada para falsear H₁. Pero ninguna cantidad de pruebas exitosas puede verificar H₁; solo puede corroborarla, y el grado de corroboración depende de cuán severas hayan sido esas pruebas. Si una hipótesis supera los esfuerzos por demostrar su falsedad, puede ser aceptada, al menos con carácter provisional.

La noción de severidad es aquí central. Una prueba es severa si pone en riesgo real la hipótesis nula. Por el contrario, una prueba es trivial si cualquier sistema —incluso uno fraudulento— la supera sin dificultad. El racionalismo crítico de Popper consiste precisamente en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia, y se opone expresamente al positivismo lógico (Popper, 1997).

Definición de severidad de una prueba:

Dada una evidencia E obtenida al someter el sistema a una prueba, definimos la severidad de la prueba como:

Severidad(E) = 1 - P(E | ¬H₁)

donde P(E | ¬H₁) es la probabilidad de que la evidencia E se observe si la hipótesis nula ¬H₁ (el sistema es fraudulento) fuera verdadera.

Si P(E | ¬H₁) es alta —esto es, si incluso un sistema fraudulento probablemente pasaría la prueba— entonces la severidad es baja. Y si la severidad es baja, la corroboración obtenida es epistemológicamente insignificante.

La ciencia, para Popper, comienza con teorías, prejuicios, supersticiones y mitos; comienza realmente cuando el mito es objeto de desafío (Herrera de Reyes, 2025). Un científico no parte de la observación directa del problema, sino del problema inicialmente dado por una teoría, y los problemas surgidos son producto de dificultades descubiertas por la refutación de dichas teorías (Herrera de Reyes, 2025).

¿Qué tipo de prueba ha ofrecido el TSJE? La denominada "verificación técnica" consiste en exhibir algunas máquinas, probar su funcionamiento en mesa, mostrar que los botones responden y que los votos se registran aparentemente bien. Desde la perspectiva popperiana, este es un intento de falseamiento débil, de baja severidad. Un intento severo de falseamiento incluiría, al menos: comparación hash por hash del código fuente auditado con el binario instalado en cada máquina; pruebas de caja blanca con acceso completo al código; inyección de comandos maliciosos conocidos para verificar que el sistema los rechaza; y muestreo aleatorio de máquinas, no solo aquellas que el tribunal elige exhibir.

La "verificación técnica" del TSJE no contiene ninguno de estos elementos. Por eso, desde el falsacionismo, es insuficiente.

4. El confirmacionismo carnapiano: la probabilidad como guía

Rudolf Carnap, uno de los miembros más destacados del Círculo de Viena, abandonó el verificacionismo absoluto en su etapa tardía y adoptó un enfoque probabilístico. Para él, la evidencia no verifica ni falsea, sino que confirma hipótesis en diversos grados. Carnap desarrolló esta posición en obras fundamentales como Testability and Meaning (1936-1937), publicada en Philosophy of Science, y Logical Foundations of Probability (1950) (Carnap, 1936-1937; Carnap, 1950).

Utilizando el teorema de Bayes:

P(H₁ | E) = [P(E | H₁) × P(H₁)] / P(E)

donde:

- P(H₁) es la probabilidad inicial (a priori) de que el sistema sea íntegro.

- P(E | H₁) es la probabilidad de obtener la evidencia E si el sistema es íntegro.

- P(E) es la probabilidad general de obtener la evidencia E.

- P(H₁ | E) es la probabilidad final (a posteriori) actualizada tras la evidencia.

El problema de la "verificación técnica" se vuelve aquí transparente. Si las pruebas E son triviales —como lo son las pruebas de funcionamiento superficial— entonces P(E) es alta, porque cualquier sistema, incluso uno fraudulento, las pasaría. Por lo tanto, el factor de actualización P(E | H₁) / P(E) es cercano a 1, y la probabilidad final P(H₁ | E) apenas difiere de la probabilidad inicial P(H₁).

Carnap habría dicho: "La verificación técnica no cambia casi nada nuestra confianza. Para aumentar significativamente la probabilidad de que el sistema sea íntegro, se necesitan pruebas con baja P(E) —es decir, pruebas que un sistema fraudulento difícilmente podría pasar". El requisito es idéntico al de Popper, aunque expresado en lenguaje probabilístico: la evidencia debe ser *sorpresiva* a la luz de la hipótesis nula.

5. Sobre el concepto de verificabilidad en la ciencia contemporánea

Más allá de estas escuelas clásicas, la filosofía de la ciencia actual ha refinado aún más la discusión. Un concepto clave es la verificabilidad en principio frente a la verificabilidad en la práctica. Una hipótesis puede ser teóricamente verificable —porque existe un procedimiento finito que, de ejecutarse, la confirmaría— pero prácticamente inverificable por limitaciones de tiempo, costo o tecnología. En nuestro caso, la hipótesis de integridad total es verificable en principio (podríamos, en un tiempo infinito y con recursos infinitos, examinar cada máquina) pero no en la práctica.

Es importante señalar que incluso dentro del propio Círculo de Viena existían tensiones respecto al principio de verificación. Autores como Sabine Knabenschuh de Porta han mostrado la incompatibilidad entre el principio de verificación neopositivista y las ideas de Wittgenstein acerca del método de verificación como criterio de significatividad (Knabenschuh de Porta, 2004). Para Wittgenstein, entender el sentido de una proposición significa saber cómo ha de encaminarse la decisión de si es verdadera o falsa. Sin embargo, su concepto de verificación apuntaba a un "saber moverse en un espacio lógico" que, en virtud de su multiplicidad, resulta pertinente para una proposición dentro de un contexto determinado, no a una estrategia deductiva que garantice un contacto decisivo con la realidad (Knabenschuh de Porta, 2004).

Otro concepto relevante es el de falsabilidad empírica. Una hipótesis es empíricamente falsable si existe al menos un enunciado de observación que la contradiga. La hipótesis "las máquinas son íntegras" es claramente falsable: el enunciado "en la máquina X, al votar por el candidato A, el registro interno mostró el candidato B" la contradiría. El problema no es la falsabilidad en abstracto, sino la accesibilidad de los potenciales falsadores. Si el diseño del sistema impide que los partidos accedan a los registros internos, entonces la hipótesis es falsable en teoría pero no en la práctica —un estado de cosas que Popper habría considerado profundamente antisientífico.

 6. Conclusión: ¿qué estándar es el adecuado para una democracia?

Recorrido este camino, podemos responder la pregunta inicial. El TSJE ofrece una "verificación técnica" que, a la luz de cualquier estándar epistemológico serio —excepto el verificacionismo imposible—, resulta insuficiente:

- Desde el falsacionismo popperiano: los intentos de falseamiento no son severos, por lo que la corroboración obtenida es insignificante. Popper propuso que las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados comprobables mediante la observación; si las observaciones experimentales adecuadas revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis es refutada (Herrera de Reyes, 2025). El TSJE no ha sometido su sistema a tales pruebas severas.

- Desde el confirmacionismo carnapiano: la evidencia es trivial (alta P(E)), por lo que la actualización probabilística es marginal. Carnap dedicó esfuerzos sustanciales a desarrollar una teoría de la probabilidad lógica que permitiera medir grados de confirmación (Carnap, 1950); su marco muestra por qué la "verificación técnica" no alcanza para aumentar significativamente la confianza racional.

Lo que los partidos políticos están pidiendo —aunque no lo expresen en este lenguaje— es un intento de falseamiento severo: acceso al código fuente, comparación hash con los binarios instalados, pruebas de caja blanca, muestreo aleatorio independiente. No piden la imposible verificación completa. Piden exactamente lo que la filosofía de la ciencia post-popperiana ha identificado como el único camino hacia la confianza racional: no la certeza, que es inalcanzable, sino la corroboración mediante pruebas arriesgadas.

El TSJE podría responder, legítimamente, que ninguna auditoría puede ofrecer certeza absoluta. Y tendría razón. Pero la democracia no exige certeza; exige transparencia y la posibilidad de que los desconfiados intenten refutar las hipótesis oficiales. Al cerrar la puerta a una auditoría completa y ofrecer en su lugar una mera "verificación técnica", el tribunal no está cometiendo un error técnico. Está, acaso sin saberlo, tomando partido en una de las disputas más profundas de la filosofía de la ciencia: la disputa entre quienes creen que la verdad se demuestra y quienes saben que solo se resiste a ser falseada.

Referencias

Carnap, R. (1936-1937). Testability and Meaning. Philosophy of Science, vol. 3 y 4.

Carnap, R. (1950). Logical Foundations of Probability. University of Chicago Press.

Círculo de Viena. (2024). Esto es Historia (publicación de Facebook). Recuperado de https://www.facebook.com/TodoEstoEsHistoria/posts/el-circulo-de-vienaesto-es-historiael-c%C3%ADrculo-de-viena-fue-un-importante-movimie/274218315405440/

Herrera de Reyes, E. (2025). El pensamiento de Karl Popper en la Lógica de la investigación científica. Reflexio Et Ratio, 2(2), 20-35. https://doi.org/10.69821/rer.v2i2.20

Knabenschuh de Porta, S. (2004). El mito de la "fase verificacionista" de Wittgenstein. Revista de Filosofía, 22(48). Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-11712004000300001

Popper, K. (1934/1980). La lógica de la investigación científica. Madrid: Editorial Tecnos.

Popper, K. (1997). El racionalismo crítico. (Citado en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo).
















jueves, 21 de mayo de 2026

"Tu propia torpeza": el argumento del TSJE para proteger al fraude y castigar a la víctima

Los días 25 y 26 de mayo, el TSJE realizará una "verificación técnica" del hardware y software de las máquinas de votación. Han convocado exclusivamente a representantes del Partido Colorado (ANR).

Lo que harán no es una auditoría independiente. Es un acto político con vestimenta técnica. Carece de los elementos mínimos que definirían un control serio, solo un partido, y funcionarios que pertenecen al sector oficialista, los mismos que controlan el TSJE, estarán presentes. Dos días son insuficientes para revisar código fuente, compiladores, binarios y hardware. Lo que allí ocurra no modificará el diseño del sistema ni abrirá el "sobre 4" para un recuento real. Este simulacro sirve para que el TSJE pueda declarar, después:  "Las máquinas ya fueron verificadas. No hay fraude." La disidencia interna del propio Partido Colorado fue la que denunció la falta de transparencia, y ni siquiera fue invitada directamente, deben acreditarse a través del Tribunal Electoral Partidario de la ANR.

En ese trágico-cómico número con guion de los más malos, lo que no se verificará será si el software compilado que corre en las máquinas es el mismo que el código fuente "auditado". Si el resultado de la máquina coincide con los votos depositados en la urna (porque las papeletas ya no valen legalmente). Si hay manipulación en tiempo real durante la votación. Si el "acta mata la papeleta" encubre un desajuste sistemático entre votos emitidos y votos registrados. Este simulacro no está diseñado para generar confianza. Está diseñado para poder decir que se hizo algo, sin hacer realmente lo único que generaría certeza, es decir, auditoría externa, participativa, sobre software y hardware, con recuento posterior de papeletas físicas (sobre 4) en una muestra estadísticamente significativa de mesas. Mientras el principio "el acta mata la papeleta" siga vigente, ninguna verificación técnica de dos días, hecha a puertas cerradas con un solo partido, merecerá el nombre de auditoría. Es teatro y de los de más mala calidad.

Pero vayamos a algo más básico y de carácter muy fundamental.

La premisa de la verdad electoral es que la veracidad del resultado electoral es la correspondencia exacta entre lo que el elector depositó en la urna (voto emitido) y lo que se registra como resultado oficial. El TSJE se atrinchera en el principio procedimental del que "el acta mata la papeleta", y esto se traduce en que una vez firmada el acta, la papeleta pierde todo valor legal. La verdad oficial ya no es la urna, es el papel firmado por los miembros de mesa. El TSJE ha desplazado el fundamento de la verdad electoral del acto material del voto (la papeleta en la urna) al acto administrativo de su registro (el acta firmada). Es como si un banco dijera que tu saldo real no es el dinero que depositaste, sino lo que el cajero anotó en un papel, y que ese papel no se puede verificar después. La consecuencia inevitable de todo esto es que se hace imposible verificar si el acta coincide con la urna. El sistema declara que la verdad es inverificable por diseño. El agravante viene, si luego se descubre un fraude, la víctima no puede reclamar, porque se le aplica el principio de que "nadie puede alegar su propia torpeza" (Nemo auditur propriam turpitudinem allegans). En este contexto, significa: "Usted, partido político o apoderado, tuvo la oportunidad de observar el escrutinio, impugnar las actas y defender sus votos en el momento exacto en que se contaban. Si no lo hizo, es por su culpa, por su negligencia, por su torpeza. Ahora no puede venir a reclamar. El daño que sufre es responsabilidad suya."

Este principio, que en el derecho civil tiene sentido para evitar abusos procesales (por ejemplo, no puedes reclamar daños por un accidente que tú mismo provocaste), se convierte en un escudo perverso para el fraude electoral cuando se aplica de esta manera.

Imaginemos el escenario en que el movimiento Fuerza Republicana no tiene apoderados en el 80% de las mesas del país en unas internas para elegir candidatos para las generales del 2028. Simplemente no tiene la estructura humana para cubrirlas. En una mesa sin su apoderado, los miembros de mesa (del movimiento oficialista) se adjudican 300 votos, más allá de la impresión del resultado de la urna electrónica. Firman el acta. El fraude está consumado. Días después, el partido afectado descubre, por un análisis estadístico o por un testigo, la anomalía masiva. Va al TSJE a reclamar. El TSJE responde: "Nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Usted no puso apoderado en esa mesa. Es su propia torpeza. Reclamo rechazado."

La ley, en este caso, protege al defraudador y castiga a la víctima por no haber tenido los recursos para estar en todas partes.

Aplicarlo en un contexto donde la parte afectada no tuvo la capacidad real de evitar el daño convierte un principio de justicia procesal en un instrumento de impunidad para el fraude. Mientras no se abra el sobre 4, o se admitan recuentos posteriores estadísticamente significativos (como el 5-10% de las mesas seleccionadas al azar), auditorías externas e independientes del software y hardware, no "verificaciones" del propio TSJE, mientras esto no ocurra, la ley está blindada contra cualquier reclamo posterior, y la única protección real contra el fraude es... ninguna. Así que nuestra desconfianza es la única actitud racional ante todo esto.



El hombre fuerte: Anatomía de una quimera política

Llamémoslo el hombre fuerte, aunque el nombre sea impreciso. No es solo fuerza lo que lo define, ni solo poder, ni solo voluntad. Es una constelación de atributos que, reunidos en un solo hombre, producen un fenómeno que el Paraguay ha visto nacer una y otra vez, desde mediados del siglo pasado hasta el día de hoy. No es un invento paraguayo, claro. Maquiavelo lo describió antes de que existiera el Paraguay (Maquiavelo, 1513). Pero aquí, en este rincón del mundo, el hombre fuerte ha encontrado un territorio fértil donde multiplicarse y persistir.

Para entenderlo, hemos debido transitar por tres niveles de análisis que, como capas de una cebolla, van revelando su naturaleza esquiva. El primer nivel es el hamletiano: la pregunta por el ser. ¿Es el expresidente senador vitalicio? ¿Puede dejar de serlo? ¿Puede ser dos cosas a la vez? La duda existencial, la angustia ante la contradicción, el fantasma de la indecisión que paraliza (Shakespeare, 1603). El segundo nivel es el maquiavélico: la pregunta por la acción. ¿Cómo se obtiene y conserva el poder? ¿Qué medios son legítimos cuando el fin es la permanencia? La fuerza bruta de la discreción, la consumación de los hechos, el cálculo cínico de la eficacia (Maquiavelo, 1513). El tercer nivel es el nietzscheano: la pregunta por la voluntad. ¿Qué es la realidad última que subyace a las normas y a los hechos? La voluntad de poder, la interpretación como imposición, la verdad como aquello que la voluntad más fuerte decide que sea (Nietzsche, 1887).

El hombre fuerte del Partido Colorado es, a la vez, Hamlet que duda sin resolver, Maquiavelo que actúa sin escrúpulos, y Nietzsche que impone sin límites. Pero ninguna de estas máscaras es su esencia —porque no tiene esencia— sino los roles que asume según la coyuntura. Cuando la fuerza formal de la Constitución se le enfrenta, duda y pregunta "ser o no ser". Cuando ve una oportunidad, actúa con la frialdad del príncipe. Y cuando ninguna de las dos funciona, impone su voluntad por la fuerza bruta. La quimera cambia de rostro, pero el propósito es siempre el mismo: permanecer.

El hombre fuerte no nace como líder hegemónico. Se hace. Y para hacerlo, necesita una organización. Esa organización se llama Partido Colorado. No es que el partido lo cree, porque sería darle al partido una potencia que no tiene. El partido no es una madre que pare. El partido es un vehículo. O mejor: es un campo de fuerzas donde los hombres fuertes emergen, compiten, se devoran y, eventualmente, uno de ellos se impone a todos los demás. Entonces, por un tiempo, el campo se estabiliza. El hombre fuerte se sienta en la cima. Y desde allí, mira hacia abajo.

La historia del Partido Colorado desde 1947 es la historia de esta lucha intestina por la hegemonía. Los hombres fuertes se suceden. Algunos duran años. Otros, apenas meses. Pero todos comparten una misma lógica: el poder no se comparte. Se posee. No se delega. Se ejerce. No se negocia. Se impone. Al menos, esa es la aspiración. La realidad, como veremos, es más turbia y menos épica. Porque el hombre fuerte, por más que lo intente, nunca logra controlarlo todo. Siempre hay una fisura. Siempre hay un notable que dice no. Siempre hay un límite que la fuerza bruta no puede traspasar.

La trayectoria de esta quimera comienza, para nuestra historia, en 1947. El Partido Colorado gana la guerra civil y se convierte en el único partido. El historiador paraguayo Alfredo Boccia Romañach ha documentado este período fundacional con precisión quirúrgica, mostrando cómo la victoria militar se tradujo inmediatamente en un monopolio político que no admitía fisuras (Boccia Romañach, 1985). También Ricardo Scavone Yegros, en su análisis sobre la construcción del poder colorado, señala que la guerra civil de 1947 no fue solo un conflicto militar sino el parteaguas que definió la estructura de dominación del siglo XX paraguayo (Scavone Yegros, 2011). Pero la victoria no resuelve el problema de la sucesión. ¿Quién manda? Durante siete años, nadie logra imponerse del todo. Los hombres fuertes de esa época —Rolón, González, Chávez— tienen poder, pero no todo el poder. Las Fuerzas Armadas, en particular, son un poder autónomo. Y allí, en las sombras del cuartel, crece otro hombre fuerte que aún no es presidente. Se llama Alfredo Stroessner.

Stroessner es el arquetipo del hombre fuerte consumado. No pide permiso para tomar el poder. Lo toma. En mayo de 1954, da un golpe. No es un golpe contra el Partido Colorado, porque él mismo es colorado. Es un golpe dentro del partido, contra los que no aceptaban su liderazgo. Carlos R. Fernández (2020), en su estudio Stroessner: la construcción del poder absoluto, analiza cómo el golpe de 1954 representa el momento de cristalización de una lógica que venía gestándose desde la victoria de 1947: la eliminación sistemática de todo contrapeso interno. Milda Rivarola, en El stronismo: una historia de impunidad y violencia, sostiene que el régimen de Stroessner institucionalizó la confusión entre partido y Estado, transformando al Partido Colorado en una mera extensión de la voluntad dictatorial (Rivarola, 2005). El golpe es la expresión pura de su método: actuar primero, legalizar después. Durante un interinato, un títere ocupa formalmente la presidencia. Pero todos saben quién manda. En agosto, Stroessner asume como presidente. Las elecciones han sido un mero trámite. No había oponentes. No había dudas. El hombre fuerte ha llegado (Lewis, 1980).

Una vez en la cima, Stroessner no se detiene. No comparte. En 1956, destituye a Epifanio Méndez Fleitas, el caudillo colorado que lo había apoyado en el golpe pero que comenzaba a tener aspiraciones propias (Neri Farina, 2019). En 1959, disuelve el Congreso y detiene a los congresistas disidentes. Todos eran colorados. No importa. La lealtad al hombre fuerte es incondicional, o no es lealtad. El partido entero se pliega a su voluntad. No porque tenga una "esencia autoritaria", sino porque los notables que lo componen calculan que resistir cuesta más que obedecer. Y obedecen. Bernardo Neri Farina, en su obra El último dictador, documenta con detalle estos episodios de purga interna y disolución del Congreso, mostrando cómo Stroessner eliminó metódicamente cualquier atisbo de disidencia dentro del propio partido (Neri Farina, 2019).

En 1967, Stroessner necesita una Constitución que lo habilite a seguir siendo reelegido. La Constitución de 1940 se lo impedía. Entonces convoca a una Asamblea Constituyente controlada, y los constituyentes colorados —hombres fuertes menores, notables de segunda línea— le dan lo que pide. La nueva Constitución es un traje a medida. No es un límite al poder. Es una herramienta del poder. El hombre fuerte se viste de legalidad sin dejar de ser lo que es. Luis María Benítez Riera, constitucionalista paraguayo, ha analizado en profundidad este proceso, señalando que la Constitución de 1967 fue "la primera gran operación de ingeniería normativa del stronismo para perpetuarse en el poder" (Benítez Riera, 2021, p. 89).

Durante treinta y cinco años, Stroessner gobierna sin contrapesos reales. Pero ni siquiera el hombre más fuerte es eterno. En 1989, una facción del propio partido lo derroca. El general Andrés Rodríguez, otro hombre fuerte, otro colorado, toma el poder. No es un cambio de régimen. Es un recambio en la cúpula. El partido sigue siendo el mismo. Los notables, los mismos. La lógica del poder, la misma. Herib Caballero Campos ha estudiado la transición de 1989 como un caso paradigmático de "ruptura sin solución de continuidad", donde el partido hegemónico logró renovar su liderazgo sin alterar sus estructuras de dominación (Caballero Campos, 2005).

 Rodríguez gobierna apenas tres años. Le sucede Juan Carlos Wasmosy, el primer presidente colorado elegido en democracia (aunque con el partido todavía hegemónico). Wasmosy es un hombre fuerte de otra estirpe: no viene del cuartel, viene de los negocios. Pero el partido sigue siendo el vehículo. Y la lógica, la misma. Durante su mandato, estalla el conflicto con el general Lino Oviedo, otro hombre fuerte que aspira a la cima. La lucha es cruenta. Oviedo es encarcelado. El partido se fractura, pero no se rompe. Porque los notables saben que la fractura abierta beneficia a los de afuera, a los liberales, a los opositores. Y prefieren seguir dentro, aunque el líder de turno no les guste del todo. Horacio Galeano Perrone, en sus escritos sobre la transición democrática, analiza cómo la crisis de 1996-1999 evidenció la capacidad del Partido Colorado para absorber conflictos internos sin perder su hegemonía (Galeano Perrone, 2002).

En 2008, por primera y única vez, el Partido Colorado pierde el gobierno. Fernando Lugo, un obispo progresista, gana las elecciones (Soto, 2010). Durante cinco años, el hombre fuerte parece estar ausente. Pero el partido no desaparece. Se reorganiza. Espera. Y en 2013, emerge un nuevo hombre fuerte, otro empresario, otro colorado. Se llama Horacio Cartes. Line Bareiro y Clyde Soto (2015) han analizado el fenómeno Cartes como una reconfiguración de la tradicional "maquinaria política" colorada, donde el poder económico del líder se combina con la estructura clientelar del partido para producir un nivel de control interno sin precedentes. Milda Rivarola (2015) sostiene que Cartes representa "el retorno del caudillo", una figura que el Paraguay creía haber dejado atrás con la caída de Stroessner pero que resurgió con nueva vestidura empresarial.

Esteban Caballero Carrizosa (2018), en su análisis para el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ha estudiado la evolución del Partido Colorado hacia una lógica marcadamente transaccional, donde las decisiones políticas se basan más en el intercambio de favores, lealtades y recursos que en el diseño de políticas públicas eficaces. Este análisis, retomado por el CADEP en sus informes de 2025, advierte que el modelo clientelista, aunque eficaz para mantener cohesión interna, es incompatible con una gestión pública eficiente (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2025). Bareiro, ha señalado en múltiples trabajos que el clientelismo es el "pegamento" que mantiene unida a la ANR, pero también su principal fuente de fragilidad a largo plazo (Bareiro, 2014). Ignacio González Bozzolasco ha analizado las dinámicas facciosas dentro del Partido Colorado, mostrando cómo las disputas internas entre cartistas y disidentes reflejan una tensión irresoluble entre el control hegemónico y la necesidad de renovación de liderazgos (González Bozzolasco, 2020).

El Precedente: Nicanor Duarte Frutos y el ensayo de una estrategia

Antes de Cartes, hubo otro hombre fuerte que intentó la misma jugada. Se llamó Nicanor Duarte Frutos, y su fracaso allanó el camino para que otro, años después, ensayara los mismos movimientos con idéntico resultado.

Duarte Frutos fue presidente del Paraguay entre 2003 y 2008. Al final de su mandato, se enfrentó a la pregunta hamletiana por excelencia: ¿ser o no ser? ¿Ser senador vitalicio sin voz ni voto, condenado a la irrelevancia institucional? ¿O no serlo, negar su propia condición para reinventarse como senador activo? La Constitución le ofrecía una respuesta clara: sería senador vitalicio, y punto. Pero el hombre fuerte no acepta respuestas que no haya dado él mismo. Así que se embarcó en una travesía que lo llevaría por los tres niveles de nuestra indagación.

El primer intento de Duarte Frutos fue la reelección vía enmienda constitucional, impulsada en 2006 cuando pretendió presidir la Junta de Gobierno de la ANR sin dejar la Presidencia de la República. Aquella decisión fue judicializada por el entonces diputado Edmundo Rolón Osnaghi, argumentando la incompatibilidad de funciones. Aunque la Justicia habilitó su candidatura, la presión política lo obligó a retroceder parcialmente, solicitando un permiso indefinido. Aquí operaba como Maquiavelo: el cálculo estratégico, la manipulación de las reglas, la búsqueda de la eficacia por encima de la legalidad. La maniobra no prosperó del todo. Las resistencias internas y externas fueron demasiado grandes. Pero el hombre fuerte no se rindió. Simplemente cambió de tablero.

A principios de 2008, mientras aún ejercía la presidencia, Duarte Frutos se inscribió como candidato a senador activo en las elecciones generales de abril. El argumento jurídico era audaz: la Constitución no prohíbe explícitamente que un presidente en ejercicio sea candidato. La Corte Suprema, en un fallo que crearía escuela, lo habilitó. El 20 de abril de 2008, Duarte Frutos fue electo senador con 509.907 votos, el 27,23% de los sufragios. El Tribunal Superior de Justicia Electoral lo proclamó. El hombre fuerte tenía un pie dentro del Senado.

Pero había un problema de base: la duplicidad de funciones. El artículo 237 de la Constitución es claro: el Presidente de la República no puede ejercer otro cargo público mientras dure su mandato. Duarte Frutos seguía siendo presidente hasta el 15 de agosto de 2008. Y el Senado debía instalarse el 1 de julio de ese mismo año. Había cuarenta y cinco días de superposición inevitable.

La solución que ensayó Duarte Frutos fue la misma que intentaría Cartes una década después: renunciar a la presidencia antes de tiempo. El 23 de junio de 2008, Duarte Frutos presentó su renuncia al Congreso (Seitz, 2008). Su plan era que el vicepresidente, Francisco Oviedo, asumiera el mando hasta el 15 de agosto, liberándolo para jurar como senador activo el 1 de julio. La jugada estaba calcada: renunciar para no caer en duplicidad, consumar el juramento, y seguir en la política activa desde el Senado. Era el maquiavelismo en estado puro: el fin justifica los medios, y el fin era la permanencia.

Pero el Congreso —ese cuerpo que el hombre fuerte no controlaba del todo— se negó a tratar su renuncia. La oposición, encabezada por la Alianza Patriótica para el Cambio y el Partido Patria Querida, boicoteó la sesión. Argumentaban que la candidatura de Duarte Frutos era inconstitucional y que renunciar a la presidencia para evitar la duplicidad era una maniobra fraudulenta. Sin quórum, no hubo votación. La renuncia no fue aceptada. El primer movimiento falló. La pregunta hamletiana seguía sin respuesta: ¿podía ser o no ser?

Duarte Frutos cumplió su mandato hasta el 15 de agosto. Al día siguiente, ya como expresidente, se presentó en el Senado para reclamar su banca. Pero el presidente del Congreso, el liberal Miguel Abdón Saguier, se negó a convocarlo. En su lugar, convocó al suplente, Jorge Antonio Céspedes, quien juró como senador activo en su reemplazo (Última Hora, 2008). El argumento de Saguier era técnico: Duarte Frutos no podía jurar el 1 de julio porque era presidente; después del 15 de agosto, ya era senador vitalicio, no activo. La oportunidad se había perdido. El ser se había impuesto al no ser. La piedra, por esta vez, seguía siendo piedra (El Nacional, 2026).

El ex presidente no aceptó la derrota. Recurrió a la Corte Suprema. Y en septiembre de 2010 —dos años después de los hechos— la Sala Constitucional le dio la razón. La Corte anuló las resoluciones del Senado que habían convocado a Céspedes y declaró que Duarte Frutos tenía derecho a ocupar su banca como senador activo (Duarte Frutos, 2008). El fallo llegó tarde. La Legislatura ya estaba en marcha. El presidente Fernando Lugo ya había construido sus mayorías. Duarte Frutos recuperó formalmente su escaño, pero el daño político ya estaba hecho.

Sin embargo, el precedente judicial estaba sembrado: la Corte había reconocido el derecho de un expresidente a ser senador activo, y había establecido que la incompatibilidad era temporal, no absoluta. Era la jurisprudencia que Horacio Cartes aprovecharía años después. El voluntarismo nietzscheano —la voluntad de poder que se impone por encima de las normas— había encontrado un aliado inesperado: la letra de un fallo judicial. La verdad ya no era lo que la Constitución decía, sino lo que la Corte decidía que decía. El poder había producido su propia verdad.

El final de esta historia fue una jugada desesperada: el 26 de agosto de 2008, el presidente del Senado, Enrique González Quintana, tomó juramento a Duarte Frutos sin quórum, en un acto paralelo mientras la oposición realizaba su propia sesión (Notimérica, 2008). La crisis institucional fue mayúscula. El gobierno entrante de Lugo temió por la gobernabilidad. Pero no hubo muertos. No hubo incendios. La resistencia fue política, no sangrienta. Duarte Frutos, en el fondo, seguía siendo un Hamlet: dudaba, calculaba, pero no traspasaba el umbral de la violencia.

La ambición desmedida: El proyecto de la reelección

Cartes llegó a la presidencia en 2013 con una ventaja que sus antecesores no tuvieron: controlaba el partido desde antes de gobernar. No heredó la estructura partidaria. La construyó a su imagen y semejanza. Durante su mandato, tejió una red de lealtades que atravesó los tres poderes del Estado. Los jueces de la Corte Suprema fueron designados con su influencia. Los senadores y diputados colorados le debían favores. El partido, esa organización centenaria, se convirtió en su instrumento personal.

Pero no le bastaba con un solo mandato. Quería más. Quería la reelección. Aquí la pregunta hamletiana se reformulaba: ¿ser presidente por un período más, o no serlo y condenarse a la irrelevancia? La respuesta de Cartes fue inequívocamente nietzscheana: la voluntad de poder no admite límites. Si la Constitución se interponía, había que cambiarla.

Duarte Frutos lo había intentado antes y había fracasado. Cartes, que había aprendido de la experiencia de su antecesor, creyó que podría lograrlo donde el otro no pudo. La Constitución de 1992, paraguaya hasta la médula, había sido escrita para conjurar el fantasma de la dictadura. Su artículo 229 era un muro: el presidente durará cinco años en sus funciones y no podrá ser reelegido en ningún caso. No había ambigüedad. No había resquicio. Era la cláusula pétrea que separaba la democracia recuperada del stronismo que la había destrozado.

Cartes y su movimiento, Honor Colorado, decidieron que ese muro debía caer. No mediante una reforma total de la Constitución —el camino largo, complejo y sujeto a control popular— sino mediante una enmienda. El artículo 290 de la Constitución permitía modificaciones puntuales sin necesidad de una Convención Constituyente, siempre que fueran aprobadas por dos tercios del Congreso y refrendadas en referéndum. El plan era sencillo: cambiar el artículo 229, habilitar la reelección, y que Cartes pudiera presentarse nuevamente en 2018. De paso, la enmienda también beneficiaría a Fernando Lugo, el ex obispo y expresidente de izquierda, quien veía en la reelección la oportunidad de un retorno. Una alianza insólita: el empresario tabacalero y el ex obispo, unidos por la misma ambición. Era la quintaesencia del maquiavelismo: el enemigo de hoy es el aliado de mañana, si la conveniencia así lo dicta.

El 31 de marzo de 2017 fue el día elegido para consumar la maniobra. La Cámara de Senadores estaba presidida por el liberal Roberto Acevedo, un opositor a la reelección. Para sortear su autoridad, 25 senadores afines al oficialismo —colorados, luguistas y algunos liberales disidentes— se reunieron en una oficina del Frente Guasu, a puerta cerrada, y aprobaron el proyecto de enmienda en una sesión paralela. Fue un acto de ingeniería parlamentaria extrema: cambiaron el reglamento interno de la Cámara para vaciar de poder a la mesa directiva y luego aprobaron la enmienda en un cuarto, mientras el resto de los senadores ocupaba el hemiciclo. La forma se respetaba; el fondo, se violaba. Era la política como teatro, la legalidad como máscara.

La noticia se filtró. Y Asunción ardió.

Esa tarde, miles de personas rodearon el Congreso Nacional. La consigna era clara: "Dictadura nunca más". Era el grito de una sociedad que recordaba los 35 años de stronismo y no estaba dispuesta a permitir que la historia se repitiera. La policía reprimió con gases lacrimógenos y balines de goma. Los heridos fueron decenas. Entre ellos, el diputado liberal Edgar Acosta, quien recibió un disparo en la boca que le destrozó el rostro y requirió múltiples cirugías reconstructivas. Los manifestantes, enfurecidos, rompieron las vallas, ingresaron al edificio y le prendieron fuego. Las llamas devoraron parte del Senado. Era la imagen más violenta que el Paraguay democrático había producido desde el Marzo Paraguayo de 1999.

Pero la noche no había terminado. Pasada la medianoche, efectivos de la Policía Nacional irrumpieron en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el principal partido de la oposición. Los jóvenes que se refugiaban allí fueron golpeados. Y en medio del operativo, el suboficial Gustavo Florentín disparó a quemarropa y mató a Rodrigo Quintana, un joven dirigente liberal de 25 años.

La Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) ha documentado la impunidad que rodeó el caso y la posterior criminalización de quienes exigían justicia (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2023). Ocho años después, en abril de 2025, un tribunal sentenció a Gustavo Florentín a 24 años de cárcel por homicidio doloso (Infobae/EFE, 2025). La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo, aunque el caso estuvo plagado de chicanas procesales (Última Hora, 2024). La muerte de Rodrigo Quintana se inscribe, según Codehupy, "dentro de un atropello generalizado a las instituciones democráticas y una criminalización muy extendida de la protesta social" (Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, 2019).

Aquí la voluntad de poder nietzscheana mostró su rostro más brutal. No se trata ya de interpretar la Constitución de un modo favorable, ni de calcular estratégicamente los movimientos parlamentarios. Se trata de imponer la voluntad por la fuerza, de aplastar al que se interpone. El hombre fuerte, cuando la duda hamletiana se disuelve y el cálculo maquiavélico no alcanza, recurre a la violencia. Es su último recurso, pero también su naturaleza más auténtica.

Ante la magnitud de la crisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Velázquez, suspendió la sesión que debía ratificar la enmienda al día siguiente. El gobierno destituyó al ministro del Interior y al jefe de la Policía Nacional, como ofrendas expiatorias. Pero la sangre ya estaba derramada. La comunidad internacional reaccionó con horror: la CIDH habló de "presunta ejecución extrajudicial" y la ONU expresó su preocupación por los actos de tortura contra los detenidos.

El proyecto de reelección murió aquella noche. Meses después, el Congreso lo rechazó formalmente. Se había intentado torcer la Constitución y había fracasado. Pero el costo fue altísimo: un muerto, decenas de heridos, la sede del Parlamento incendiada, y la democracia paraguaya profundamente herida. La pregunta hamletiana —"ser o no ser" reelegido— había recibido una respuesta maquiavélica teñida de sangre nietzscheana.

La segunda jugada: El asalto al senado (El espejo de Duarte Frutos)

La reelección había fracasado, pero Cartes no se rindió. Si no podía seguir siendo presidente, quería ser otra cosa. Quería ser senador activo. Y de nuevo, la Constitución se lo impedía. El artículo 189 —aquel que convierte a los ex presidentes en senadores vitalicios pero sin voto ni capacidad de integrar el quórum— era su nueva muralla. Otra vez la pregunta hamletiana: ¿ser senador vitalicio sin poder, o no serlo para reinventarse como senador activo? (El Nacional, 2026).

Cartes había observado con atención la fallida jugada de Duarte Frutos. Había visto cómo su antecesor había intentado renunciar a la presidencia para jurar como senador, y cómo el Congreso se lo había impedido mediante el boicot y la falta de quórum. Ahora, una década después, Cartes controlaba el partido como Duarte Frutos nunca lo había hecho. Tenía la Corte de su lado. Tenía el TSJE de su lado. Tenía la mayoría en el Congreso. ¿Qué podía salir mal?

El 11 de abril de 2018, la Corte Suprema declaró constitucional su candidatura a senador. El argumento era el mismo que había beneficiado a Duarte Frutos una década antes: la incompatibilidad entre la presidencia y la senaduría era temporal, no absoluta. Era la voluntad de poder haciéndose ley: la Corte no interpretaba la Constitución; la doblegaba a la voluntad del hombre fuerte. El TSJE lo proclamó senador electo. El 22 de abril, Cartes fue el senador más votado del país, con más de 766.000 sufragios.

El 28 de mayo de 2018, a dos meses de terminar su mandato, Cartes presentó su renuncia a la presidencia. La maniobra era idéntica a la de Duarte Frutos en 2008: renunciar antes del 1 de julio para no caer en duplicidad de funciones, permitiendo que su vicepresidenta, Alicia Pucheta, asumiera el mando hasta el 15 de agosto, mientras él juraba como senador activo. Todo estaba calculado con precisión maquiavélica. Todo, menos la resistencia.

El miércoles 30 de mayo, el Congreso debía tratar su renuncia. Pero la oposición —el Partido Liberal, el Frente Guasu de Fernando Lugo— se ausentó. Y lo que era peor: dentro de su propio partido, la facción "Colorado Añetete" liderada por Mario Abdo Benítez, el presidente electo, también se negó a dar quórum. Sólo 13 de 45 senadores se presentaron. La renuncia de Cartes no fue tratada. El presidente electo, que asumiría el 15 de agosto, no quería un Cartes omnipresente en el Senado condicionando su gobierno. La unidad colorada, ese mito fundacional del partido hegemónico, se quebraba en el momento crucial.

Aquí se reveló la falacia del voluntarismo nietzscheano aplicado a la política. Cartes había supuesto que su voluntad de poder era omnívora, que podía doblegar todo a su paso. Pero se encontró con que la voluntad de otros notables —Mario Abdo Benítez, los senadores liberales, Fernando Lugo— era más fuerte, o al menos, estaba mejor posicionada. La voluntad de poder no es un atributo individual. Es un campo de fuerzas donde chocan múltiples voluntades. Y en ese campo, Cartes, por más poderoso que fuera, no pudo imponerse.

El 26 de junio de 2018, Cartes retiró su renuncia. En su cuenta de Twitter, escribió: "Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia al cargo de Presidente de la República. Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo periodo". La confesión era brutal: el hombre fuerte había supuesto que el partido era una extensión de su voluntad. La realidad le demostró lo contrario. La pregunta hamletiana —¿puedo ser senador activo?— recibió una respuesta que no esperaba: no, no puedes. Y la respuesta no vino de la Constitución, sino de la política.

El 1 de julio de 2018, Fernando Lugo —presidente del Congreso y enemigo histórico de Cartes— no convocó al presidente saliente a jurar. En su lugar, convocó al suplente. La jugada de Cartes se había desmoronado. Como Duarte Frutos antes que él, había ganado las elecciones, había obtenido el respaldo de la Corte, pero había perdido en el terreno de la política real: la votación en el Senado. La lección era la misma para ambos: el Congreso, ese cuerpo rebelde, seguía siendo el dueño de la llave del juramento. Sin sus votos, la proclamación electoral y el fallo judicial eran papel mojado.

Años después, en 2022, el abogado de Cartes desistió formalmente de las acciones judiciales para reclamar la banca. El archivo se cerró. La piedra, otra vez, siguió siendo piedra (El Nacional, 2026). El hombre fuerte, por segunda vez, admitió tácitamente la derrota.

La sangre y el fuego: El precio de la ambición

Hay una diferencia crucial entre los dos intentos, que ilumina la naturaleza del hombre fuerte y su evolución entre 2008 y 2018. Es la diferencia entre Hamlet y Maquiavelo, entre la duda y el cálculo, entre la angustia existencial y la fría estrategia. Y también es la diferencia entre Maquiavelo y Nietzsche, entre el cálculo y la imposición violenta.

En 2008, Duarte Frutos intentó forzar su juramento como senador activo sin la anuencia del Congreso. La crisis institucional fue mayúscula. El gobierno entrante de Fernando Lugo temió por la gobernabilidad. Pero no hubo muertos. No hubo incendios. No hubo allanamientos violentos (Notimérica, 2008). La resistencia fue política, no sangrienta. Duarte Frutos, en el fondo, seguía siendo un Hamlet: dudaba, calculaba, pero no traspasaba el umbral de la violencia.

En 2017, cuando Cartes intentó la reelección vía enmienda, la respuesta del poder fue radicalmente distinta. La noche del 31 de marzo, el aparato represivo del Estado se desplegó con toda su fuerza. El resultado fue un joven muerto y el Congreso en llamas. Aquí ya no había Hamlet. Tampoco era solo Maquiavelo. Era Nietzsche en su versión más cruda: la voluntad de poder que no acepta límites, que está dispuesta a aplastar todo lo que se interponga, que convierte la política en una guerra sin cuartel.

La diferencia entre 2008 y 2017 no es solo de contexto. Es de naturaleza del hombre fuerte. Duarte Frutos, a pesar de sus intentos, seguía siendo un producto de la transición democrática, con ciertos escrúpulos, con ciertos límites internos. Cartes es otra cosa: un empresario con poder omnívoro, acostumbrado a que nada ni nadie se le interponga en el mundo de los negocios, y que trasladó esa lógica a la política. Bareiro y Soto (2015) han señalado que esta diferencia marca una mutación en la naturaleza del liderazgo colorado: del caudillo político al empresario que trata al Estado como una empresa más. Cuando la política no le dio lo que quería, recurrió a la fuerza. Cuando la fuerza le falló, recurrió a la manipulación judicial. Y cuando la manipulación judicial no fue suficiente, se retiró y esperó. 

La pregunta que atraviesa toda nuestra indagación —¿puede el hombre fuerte doblegar la Constitución a su voluntad?— tiene, pues, una respuesta trágica. En el plano de la necesidad formal, la respuesta es no: la Constitución dice lo que dice, y la lógica muestra que el expresidente no puede ser senador activo. En el plano de la política real, la respuesta es más compleja: a veces puede, a veces no. Duarte Frutos no pudo. Cartes, a pesar de todo su poder, tampoco pudo. Pero en el intento, se llegó a los extremos. Esa es la diferencia que ilumina la evolución del hombre fuerte en el Partido Colorado: de la duda hamletiana a la acción maquiavélica, y de la acción maquiavélica a la violencia nietzscheana. La quimera se ha vuelto más peligrosa con el tiempo, no menos.

Las vías muertas y la persistencia de la quimera

¿Qué queda después de dos intentos fallidos? Duarte Frutos nunca fue senador activo. Su fallo favorable de la Corte llegó tarde y no logró revertir la realidad política. Terminó siendo un senador vitalicio sin voto, como la Constitución siempre había dispuesto. Su intento de burlar el artículo 189 fracasó en todos los frentes. La piedra siguió siendo piedra. La pregunta hamletiana —"ser o no ser" senador activo— recibió una respuesta negativa, y el fantasma de la duda se disipó en el fracaso.

Cartes, a pesar de controlar el partido, la Corte y el TSJE, no pudo vencer la última barrera: la votación en el Senado. La facción "Colorado Añetete" de Mario Abdo Benítez, los liberales y el Frente Guasu coincidieron en negarle el quórum. El hombre fuerte más poderoso desde Stroessner tuvo que retirar su renuncia y admitir la derrota. En 2022, su abogado desistió formalmente de las acciones judiciales para reclamar la banca. El archivo se cerró. La piedra, otra vez, siguió siendo piedra (El Nacional, 2026).

Pero la quimera no muere. Sigue ahí, acechando. En 2025, el proyecto de ley para reinterpretar el artículo 189 sigue durmiendo en las comisiones del Senado (El Nacional, 2026). Los notables colorados calculan costos y beneficios. Algunos quieren aprobarlo. Otros, no. El hombre fuerte presiona, negocia, ofrece, amenaza. Pero los números no le dan. El partido no es una máquina perfecta. Es un campo de fuerzas con fisuras. Mientras las fisuras existan, la consumación no se completa.

La lección final es la siguiente: el hombre fuerte no es un dictador omnívoro que todo lo puede. Es un estratega que calcula costos, que mide resistencias, que a veces gana y a veces pierde. Stroessner pudo porque tuvo 35 años, porque eliminó físicamente a sus oponentes, porque controló las FFAA sin fisuras. Cartes no tiene 35 años. Tiene una democracia —frágil, pero democracia— que impone costos a la represión abierta. Tiene una oposición que, aunque débil, aún puede bloquear. Tiene, sobre todo, un partido que ya no es el de 1954. Los notables colorados de hoy son más autónomos, más calculadores, menos leales (Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya, 2025). Siguen a Cartes mientras les conviene. Cuando deja de convenirles, lo abandonan. Como abandonaron a Stroessner en 1989. Como estuvieron a punto de abandonar a Cartes en 2018 si intentaba forzar la jura por decreto.

Por eso, el hombre fuerte del Partido Colorado es una quimera. No porque no exista —existe, y es poderoso—, sino porque su poder tiene límites que él mismo no puede traspasar. La fuerza bruta de la discreción choca una y otra vez contra la fuerza de la necesidad formal, y en ese choque, ni una ni otra vencen del todo. La Constitución no se pliega a la voluntad del poderoso, pero el poderoso no se pliega a la Constitución. La tensión persiste. Y mientras persiste, la política sigue siendo ese campo de batalla donde se dirimen, las preguntas fundamentales: ¿quién manda? ¿hasta dónde? ¿a costa de qué?

Epílogo: El Ser o No Ser del derecho frente al Poder

El intelectual paraguayo Augusto Roa Bastos, en su monumental obra Yo el Supremo, ya había anticipado esta lógica: el poder absoluto que se funda a sí mismo, que crea su propia legalidad, que no reconoce más límite que su propia voluntad (Roa Bastos, 1974). La novela de Roa Bastos es, en el fondo, una radiografía anticipada del hombre fuerte paraguayo. El crítico literario Helio Vera (1985) profundizó esta lectura, mostrando cómo la figura del dictador en la literatura paraguaya refleja una estructura de poder que trasciende a los individuos y se instala en el imaginario colectivo.

El sociólogo Tomás Palau ha estudiado las continuidades estructurales entre el stronismo y el cartismo, señalando que "el cambio de época no implicó un cambio en las lógicas profundas de acumulación de poder" (Palau, 2022, p. 145). Luis Rojas (2019), en El asedio a la democracia, analiza cómo las élites coloradas han desarrollado una "cultura política" basada en la impunidad y la captura institucional.

Ciento ochenta mil caracteres no alcanzarían para describir todas las metamorfosis del hombre fuerte en el Partido Colorado. Hay tantas como hombres fuertes hubo. El rasgo común, sin embargo, se mantiene a lo largo de las décadas: ninguno de ellos acepta que haya algo por encima de su voluntad. La Constitución es un obstáculo a sortear, no un límite a respetar. El derecho es un instrumento, no un marco. La oposición es un enemigo, no un interlocutor. Y cuando las instituciones no ceden, la violencia es la respuesta.

Esta es la conclusión que nos golpea en la cara, como un puñetazo que viene de lejos. Comenzamos con Hamlet, con la pregunta por el ser: ¿puede el expresidente ser senador activo? ¿Puede la piedra convertirse en agua? La lógica nos mostró que no. La necesidad formal es implacable: una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. El senador vitalicio no vota, no integra el quórum. Si vota, no es senador vitalicio. La contradicción es clara.

Pero luego llegó Maquiavelo, con su sonrisa cínica, para recordarnos que la lógica no gobierna el mundo. Lo gobierna la eficacia, la fuerza, la capacidad de imponer la propia voluntad. El hombre fuerte no pregunta "¿es lógicamente posible?" Pregunta "¿puedo hacerlo?" Y si puede, lo hace. La consumación de los hechos, esa doctrina maquiavélica por excelencia, nos enseñó que un acto ilegal, si se consuma y nadie lo detiene a tiempo, se vuelve irreversible. La piedra se convierte en agua porque el poder dice que es agua.

Y finalmente, llegó Nietzsche, con su martillo, para mostrarnos que detrás de las normas y los hechos hay algo más profundo: la voluntad de poder. La Constitución no es un hecho objetivo. Es una interpretación. Y toda interpretación es un acto de voluntad. El poderoso interpreta como quiere, y su interpretación se vuelve verdad porque tiene el poder para imponerla. La piedra no es piedra ni el agua es agua. Todo es voluntad. Todo es poder. Todo es interpretación.

Pero nuestra radiografía histórica del Partido Colorado —desde 1947 hasta hoy, pasando por Stroessner, Duarte Frutos y Cartes— nos muestra que ninguna de estas tres perspectivas es suficiente por sí sola. El hombre fuerte no es solo Hamlet, porque duda y a veces se paraliza. No es solo Maquiavelo, porque su estrategia a menudo fracasa. No es solo Nietzsche, porque su voluntad de poder encuentra límites insalvables. Es las tres cosas a la vez, y ninguna exclusivamente. Es una quimera: un ser compuesto de partes heterogéneas que, sin embargo, funciona como una máquina de poder.

La pregunta final no es, entonces, "¿qué es el hombre fuerte?" La pregunta es "¿hasta dónde puede llegar?" La historia del Partido Colorado es la historia de esa pregunta, planteada una y otra vez, respondida una y otra vez con sangre, con fuego, con fallos judiciales a medida, con renuncias frustradas y juras imposibles. La respuesta provisional es: puede llegar lejos, muy lejos. Puede intentar cambiar la Constitución. Puede intentar torcer el sentido del artículo 189. Puede intentar imponer su voluntad por la fuerza. Pero no puede todo. Siempre hay un límite. Siempre hay un notable que dice no. Siempre hay una facción que se rebela. 

Esa es la única certeza que nos queda. El hombre fuerte, esa quimera que ha dominado la política paraguaya durante más de setenta años, no es invencible. No es omnipotente. No es eterno. Es contingente. Es histórico. Es humano. Y como todo lo humano, encuentra límites. La pregunta no es si los encontrará, sino cuándo, y cómo, y quién estará ahí para aprovechar la oportunidad. Porque después del hombre fuerte, suele venir otro hombre fuerte. Pero también puede venir otra cosa. En eso, quizás, consiste la política: en la impredecible posibilidad de que, algún día, la piedra deje de querer ser agua y acepte ser piedra. O que el agua, por fin, aprenda a fluir sin romper todo lo que toca.

Hasta entonces, nos queda el análisis. Mostrar la contradicción. Registrar los movimientos. Señalar las fisuras. No porque eso vaya a detener al hombre fuerte —quizás no pueda—, sino porque alguien tiene que dejar constancia de que la piedra era piedra, aunque el poder dijera que era agua. Alguien tiene que recordar que la sangre fue sangre, aunque el poder pretenda que fue un accidente. Alguien tiene que decir, cuando la noche termine y el humo se disipe, que Rodrigo Quintana no murió en vano. Que murió defendiendo la Constitución contra quienes querían romperla para seguir mandando.

Ese alguien, quizás, somos nosotros.

 

Referencias

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