Juicio político a los ministros del TSJE por la vulneración de las garantías legales del voto electrónico

Fundamentos jurídicos y constitucionales para exigir responsabilidades por las elecciones municipales y generales del Paraguay

La actuación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) en la implementación del voto electrónico plantea una cuestión de responsabilidad constitucional que el Congreso Nacional debe examinar: la aplicación de un régimen de administración electoral que prescindió, en su fundamentación normativa, de las garantías expresamente establecidas por la Ley N.º 3017/2006.

No se trata de una controversia menor ni de una discusión sobre las ventajas de las máquinas de votación. Se trata de determinar si las máximas autoridades electorales respetaron las obligaciones que el legislador estableció para garantizar la fiscalización informática de las elecciones.

La vulneración grave de esas obligaciones, cuando es acreditada y atribuible a los ministros, constituye fundamento para una acusación por mal desempeño de funciones, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.

1. Una ley vigente que establece obligaciones de fiscalización

La Ley N.º 3017/2006 estableció garantías concretas para la utilización de urnas electrónicas en elecciones nacionales, departamentales y municipales.

Entre sus disposiciones figuran la intervención de apoderados informáticos, el acceso a documentación técnica, la fiscalización del software, las verificaciones de los dispositivos y los controles anteriores, simultáneos y posteriores a los comicios.

Estas obligaciones no constituyen recomendaciones ni procedimientos sujetos a la voluntad discrecional de las autoridades electorales.

Son mandatos legislativos.

La Ley N.º 6318/2019 dispuso posteriormente la implementación del voto electrónico, pero no derogó expresamente la Ley N.º 3017/2006.

La existencia de una ley posterior no elimina automáticamente otra anterior cuando ambas pueden regular aspectos compatibles de una misma materia.

Una norma establece la utilización de determinada tecnología. La otra dispone garantías para fiscalizarla.

Implementar el voto electrónico no significa adquirir la potestad de eliminar sus controles legales.

2. El Congreso intentó derogar la Ley N.º 3017, pero la derogación no prosperó

Este antecedente resulta fundamental para comprender la dimensión jurídica del problema.

En agosto de 2007 se presentó ante el Congreso Nacional el Proyecto de Ley N.º 56, expediente legislativo N.º 9309, que contemplaba expresamente la derogación de la Ley N.º 3017/2006.

Es decir, existió una iniciativa legislativa concreta destinada a eliminar del ordenamiento jurídico las disposiciones de dicha ley.

Sin embargo, el proyecto no prosperó.

La Cámara de Diputados lo rechazó y archivó mediante la Resolución N.º 1664, de fecha 13 de marzo de 2013.

La consecuencia jurídica inmediata es inequívoca: aquel intento legislativo no derogó la Ley N.º 3017/2006.

Este antecedente tiene una importancia que no puede minimizarse.

Si se consideró necesario presentar un proyecto legislativo para derogar expresamente la ley, y ese proyecto fue rechazado, resulta indispensable explicar con qué fundamento jurídico sus obligaciones habrían dejado posteriormente de aplicarse.

El rechazo de aquel proyecto no impide que una legislación posterior pudiera modificar o derogar tácitamente determinadas disposiciones incompatibles. Pero esa eventual derogación debe demostrarse mediante un análisis jurídico de incompatibilidad normativa.

No puede presumirse.

Y mucho menos puede producirse mediante una resolución administrativa.

La Ley N.º 6318/2019 no contiene una derogación expresa de la Ley N.º 3017/2006. Por tanto, corresponde demostrar cuáles disposiciones habrían resultado incompatibles y por qué las garantías de fiscalización no podían continuar aplicándose.

Una ley que el Congreso no derogó expresamente no puede ser tratada como inexistente por una decisión administrativa del TSJE.

3. El cambio de fundamentación normativa del propio TSJE

La Resolución N.º 124/2006 del Tribunal Superior de Justicia Electoral reconocía expresamente la Ley N.º 3017/2006 como parte del régimen aplicable a la utilización de urnas electrónicas.

Sin embargo, la Resolución N.º 72/2021, dictada para reglamentar las elecciones municipales, prescindió de su referencia expresa y fundamentó el procedimiento en otras disposiciones electorales.

La diferencia es documentalmente relevante.

El mismo organismo que anteriormente reconocía una legislación específica de fiscalización tecnológica dejó de incorporarla expresamente en una reglamentación posterior.

La ausencia de una cita normativa no demuestra por sí sola que todas las obligaciones hayan sido incumplidas. Pero exige determinar si el cambio de fundamentación estuvo acompañado del abandono material de los controles legalmente establecidos.

El TSJE debe demostrar qué procedimientos de la Ley N.º 3017 fueron efectivamente observados, cuáles fueron sustituidos y cuál fue el fundamento legal de cualquier sustitución.

La potestad reglamentaria no incluye la facultad de suspender, neutralizar o derogar obligaciones establecidas por el Poder Legislativo.

4. Cambiar el nombre de las máquinas no cambia la ley

La utilización de la expresión «máquina de votación», en lugar de «urna electrónica», no constituye una justificación suficiente para excluir la aplicación de las garantías legales.

La identidad jurídica de un dispositivo no depende exclusivamente del nombre que le asigne la administración.

Depende de sus características funcionales y del ámbito de aplicación de la legislación correspondiente.

Si las máquinas utilizadas para emitir, registrar o escrutar votos electrónicos están comprendidas en las características previstas por la Ley N.º 3017, deben observarse las obligaciones legales aplicables.

De lo contrario, bastaría modificar la denominación administrativa de un objeto regulado para sustraerlo del cumplimiento de la ley.

Eso significaría reconocer al TSJE una facultad que la Constitución no le concede: modificar el alcance de una ley mediante una decisión terminológica.

5. Las elecciones municipales y generales deben ser sometidas a examen

Las garantías previstas por la Ley N.º 3017 comprenden procesos electorales nacionales, departamentales y municipales.

Por tanto, corresponde examinar su cumplimiento en las elecciones municipales de 2021 y en las elecciones generales de 2023.

La cuestión debe resolverse mediante documentos verificables.

Es necesario determinar si se garantizó la intervención de los apoderados informáticos, si existió acceso a la documentación técnica exigible, si se realizaron las verificaciones previstas y si las auditorías practicadas satisficieron las obligaciones establecidas por la legislación.

No basta afirmar que las máquinas funcionaron correctamente.

Tampoco basta sostener que existieron auditorías si no se demuestra que estas cumplieron los requisitos legales correspondientes.

La confianza institucional no sustituye la fiscalización legalmente obligatoria.

Además, la inexistencia de una prueba de fraude electoral no demuestra que se hayan cumplido todas las obligaciones de control.

Son cuestiones diferentes.

Una elección puede no presentar adulteraciones demostradas y, sin embargo, haber sido administrada mediante procedimientos que incumplieron garantías legales.

La eventual responsabilidad de las autoridades por esas omisiones debe examinarse independientemente de la validez de los resultados proclamados.

6. El mal desempeño de funciones y la responsabilidad de los ministros

El artículo 225 de la Constitución Nacional incluye expresamente a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral entre las autoridades susceptibles de juicio político por mal desempeño de funciones.

La Constitución no exige que todo mal desempeño constituya un delito penal.

El incumplimiento sustancial de obligaciones legales puede configurar responsabilidad política cuando se acredita su gravedad y su atribución a las autoridades correspondientes.

La independencia de la Justicia Electoral no significa inmunidad constitucional.

Los ministros deben responder por las decisiones que adoptaron, por su participación en las resoluciones y por las omisiones que jurídicamente les sean imputables.

La responsabilidad debe individualizarse, pero no puede diluirse en la estructura institucional del Tribunal.

Quienes ejercen la máxima autoridad sobre la administración electoral también están sometidos a las obligaciones que regulan esa administración.

7. La responsabilidad del Congreso Nacional

La Cámara de Diputados posee la competencia constitucional para formular una acusación por mal desempeño de funciones contra los ministros del TSJE, mientras que la Cámara de Senadores tiene la atribución de juzgarlos.

El artículo 225 establece el procedimiento y las mayorías requeridas.

Los antecedentes expuestos justifican que se examine la conducta de las autoridades electorales respecto de las obligaciones de la Ley N.º 3017.

El Congreso debe determinar qué garantías eran aplicables, cuáles fueron efectivamente cumplidas, qué decisiones adoptaron los ministros y si existieron incumplimientos sustanciales que puedan configurar mal desempeño.

Este examen no constituye una interferencia indebida en la independencia de la Justicia Electoral.

Es el ejercicio de una competencia constitucional de control sobre autoridades expresamente sometidas a juicio político.

Conclusión: la legalidad electoral no puede quedar a discreción del TSJE

La secuencia normativa y documental plantea una cuestión de responsabilidad que exige una respuesta institucional.

Primero, el Congreso aprobó una ley que estableció garantías obligatorias de fiscalización del voto electrónico.

Después, se presentó un proyecto destinado a derogar esa ley.

El proyecto fue rechazado y archivado.

Posteriormente, se promulgó una legislación que dispuso la implementación del voto electrónico sin derogar expresamente aquellas garantías.

Finalmente, el TSJE adoptó reglamentaciones que dejaron de mencionar expresamente la Ley N.º 3017, pese a haberla reconocido en actuaciones anteriores.

Esta secuencia no demuestra por sí sola todas las omisiones materiales denunciadas, pero proporciona fundamentos concretos para exigir su esclarecimiento y la determinación de responsabilidades constitucionales.

Ningún ministro del TSJE tiene atribuciones para decidir discrecionalmente qué leyes cumplir, cuáles ignorar y qué garantías electorales conservar.

La soberanía popular no queda protegida únicamente porque se celebren elecciones y se proclamen resultados.

Queda protegida cuando los procedimientos de votación, escrutinio y fiscalización se ajustan a las leyes que los regulan.

Por eso, la responsabilidad de los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral debe ser examinada conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.

Cuando se acrediten incumplimientos graves de obligaciones legales y se establezca su responsabilidad individual, corresponde formular la acusación constitucional por mal desempeño de funciones.

La autoridad encargada de garantizar la legalidad electoral no puede quedar exenta de responder por sus propias vulneraciones de la ley.

Una mayoría puede ganar la votación y perder el control del desenlace: Apuntes preliminares para una reconstrucción lógico-política del juicio político presidencial en Paraguay

                                                                                         Víctor Oxley 

                                                                     Investigador nacional SISNI–CONACYT

                                                    8 de noviembre de 2026 (Día Nacional del Investigador paraguayo)

Hay acontecimientos políticos que parecen contradecir la lógica. Una mayoría parlamentaria abrumadora aprueba una acusación constitucional, el presidente anuncia su renuncia, se intenta abrir un procedimiento diferente, una sesión queda sin quórum y, finalmente, el juicio político sigue su curso.

A primera vista, la sucesión puede parecer una acumulación de improvisaciones, contradicciones y maniobras políticas. Pero una pregunta resulta mucho más interesante: ¿y si aquello que parecía contradictorio fuera perfectamente explicable mediante una reconstrucción rigurosa de las decisiones, las competencias y las reglas que constituyen cada acontecimiento?

Esa pregunta comenzó a orientar mis reflexiones mientras los hechos todavía se estaban desarrollando.

Durante esos días fui exponiendo en las redes sociales distintas observaciones sobre la acusación parlamentaria, la renuncia presidencial, las competencias constitucionales y las estrategias de los actores políticos. Aquellas intervenciones tenían necesariamente un lenguaje más directo, sin el aparato formal que exige una investigación académica.

Sin embargo, detrás de ellas había un problema teórico de considerable profundidad.

En paralelo, comencé a organizar esas intuiciones mediante herramientas de la filosofía analítica, la lógica, la teoría de juegos, la teoría de la decisión colectiva y el análisis constitucional. El propósito no era simplemente comentar los acontecimientos, sino construir un modelo capaz de explicar por qué ocurrían, qué relaciones guardaban entre sí y cuáles eran los límites de las conclusiones que podían extraerse de ellos.

Presento aquí algunos apuntes de ese trabajo, todavía en proceso de desarrollo y sistematización.

1. La primera paradoja: tener los votos no significa controlar el poder

La aprobación de la acusación por 78 diputados constituyó un acontecimiento político de extraordinaria significación.

Pero una cuestión que suele pasar inadvertida es que una mayoría parlamentaria puede ser suficientemente poderosa para producir una decisión y, al mismo tiempo, carecer de capacidad para controlar lo que sucederá después.

Esto parece contraintuitivo.

Si una coalición dispone de los votos necesarios, ¿por qué no habría de controlar el resultado?

La respuesta exige distinguir dos cosas: el poder de producir una decisión bajo una regla determinada y el poder de controlar la secuencia institucional posterior.

Formalmente, podemos representar la primera cuestión mediante una función de decisión:

Vᴅ = f(Pᴅ, Fᴅ, Rᴅ)

Donde Pᴅ representa la cantidad de legisladores presentes; Fᴅ, los votos favorables; Rᴅ, la regla constitucional aplicable; y Vᴅ, el resultado de la decisión parlamentaria.

Si se satisfacen las condiciones de la regla, la acusación queda aprobada.

Pero de allí no se deduce:

Vᴅ = 1 ⇏ Cₜ = 1

Donde Cₜ representa el control de la trayectoria institucional posterior.

Esta implicación no es lógicamente válida.

La acusación es un resultado producido por una competencia específica. El juzgamiento pertenece a otra instancia institucional, con sus propias reglas, actores y decisiones.

Por eso, una mayoría puede ganar una votación y perder el control del desenlace.

La paradoja desaparece cuando comprendemos que el poder parlamentario no es una magnitud única, sino una distribución de capacidades institucionales diferentes.

2. La segunda paradoja: una renuncia puede no resolver aquello que pretende resolver

Uno de los acontecimientos más interesantes fue la presentación de la renuncia presidencial cuando ya existía una acusación constitucional aprobada.

En las discusiones públicas apareció una interpretación aparentemente sencilla: si el presidente renuncia, desaparece el objeto del juicio político.

Pero esa afirmación encierra un salto lógico que merece ser examinado.

La Constitución distingue procedimientos con objetos y competencias diferentes.

Una cosa es presentar una renuncia. Otra, obtener su aceptación. Y otra, resolver una acusación constitucional.

Podemos representar estos objetos mediante:

R = Renuncia aceptada

A = Acusación constitucional aprobada

J = Juzgamiento constitucional

La cuestión consiste en determinar si de R puede inferirse automáticamente la extinción de A.

Es decir:

R ⇏ ¬A

Esa consecuencia no se obtiene por simple lógica.

Para sostenerla se necesita identificar una norma constitucional que establezca la relación correspondiente.

Incluso si dos procedimientos pudieran producir un efecto común —por ejemplo, el cese en el cargo—, eso no significa que sean jurídicamente equivalentes.

Producir una misma consecuencia no convierte dos actos distintos en un mismo acto.

Este principio resulta especialmente importante porque el juicio político no solamente involucra la separación del cargo. También plantea cuestiones relacionadas con la declaración de culpabilidad y las consecuencias constitucionales que pueden derivarse de ella.

La controversia exige interpretar conjuntamente las competencias y consecuencias previstas en los artículos 189, 202 y 225 de la Constitución paraguaya.

La lógica permite demostrar que la extinción no se deduce automáticamente de la renuncia. Pero determinar si una norma constitucional autoriza o impide continuar el juzgamiento requiere un argumento jurídico adicional.

Esa distinción es fundamental: una investigación rigurosa no debe presentar una conclusión interpretativa como si fuera un teorema lógico.

3. La tercera paradoja: impedir una decisión también puede ser una decisión estratégica

La pérdida del quórum durante el tratamiento de la renuncia introdujo otra cuestión.

Habitualmente se piensa que la actividad política consiste en votar a favor o en contra de una propuesta.

Pero la teoría de juegos permite advertir una tercera posibilidad: impedir que la decisión llegue a producirse.

No participar, retirarse o impedir el quórum pueden constituir acciones estratégicas con consecuencias relevantes.

Sin embargo, debemos distinguir entre impedir una decisión y producir su contrario.

Si una sesión no alcanza el quórum requerido, no puede inferirse que la propuesta haya sido aprobada ni rechazada.

En términos formales:

¬Q ⇏ R

¬Q ⇏ ¬R

Donde Q representa la existencia del quórum necesario y R la aceptación de la renuncia.

La falta de quórum impide producir una resolución válida en esa instancia, pero no equivale a resolver el fondo de la cuestión.

Aquí aparece otra conclusión contraintuitiva:

Se puede bloquear una decisión sin controlar el procedimiento que esa decisión pretendía desplazar.

La continuación posterior del juicio político permite apreciar el alcance de esta distinción.

Una sesión frustrada no necesariamente implica un procedimiento constitucional extinguido.

4. La cuarta paradoja: una mayoría puede decidir sin compartir una misma razón

Otro problema que merece especial atención es la tendencia a interpretar una votación parlamentaria como si expresara una voluntad colectiva homogénea.

Cuando 78 legisladores votan en un mismo sentido, podemos afirmar que existe una decisión colectiva producida bajo una regla institucional.

Pero no podemos deducir que los 78 compartan idénticas motivaciones, fundamentos o expectativas.

La teoría de la elección social y los problemas de agregación de juicios muestran que una mayoría puede coincidir en una conclusión aun cuando sus integrantes discrepen profundamente sobre las razones que la justifican.

Por tanto:

Vᵢ = Vⱼ ⇏ Fᵢ = Fⱼ

Donde Vᵢ y Vⱼ representan los votos de dos legisladores, mientras que Fᵢ y Fⱼ representan sus respectivos fundamentos.

Esta distinción es decisiva para interpretar la formación de coaliciones parlamentarias.

Unos legisladores pueden actuar por convicción jurídica; otros, por cálculo estratégico; otros, por compromisos partidarios; y otros, por expectativas sobre los acontecimientos posteriores.

El resultado institucional puede ser único, aunque las razones individuales sean heterogéneas.

No se trata de atribuir esas motivaciones a legisladores concretos sin evidencia, sino de mostrar por qué una mayoría aritmética no constituye necesariamente una unidad política estable.

5. La quinta paradoja: controlar la agenda no significa controlar la Constitución

Los acontecimientos también permiten distinguir entre dos formas de poder que suelen confundirse.

Una consiste en decidir qué asunto se tratará, cuándo se convocará una sesión y en qué orden se someterán las cuestiones a consideración.

Otra, muy diferente, consiste en disponer de competencia constitucional para producir determinados efectos jurídicos.

El control de la agenda puede modificar profundamente las oportunidades estratégicas de los actores.

Pero no puede, por sí solo, transformar la naturaleza jurídica de los procedimientos.

Que una autoridad pueda convocar una sesión para considerar una renuncia no demuestra que esa convocatoria tenga capacidad para extinguir una acusación aprobada por otro órgano.

Podemos expresar esta distinción de la siguiente manera:

C₍agenda₎ ⇏ C₍constitucional₎

Donde C₍agenda₎ representa el control de la agenda y C₍constitucional₎ la competencia constitucional para producir un determinado efecto jurídico.

Aquí aparece un principio que considero central:

El poder de decidir sobre un procedimiento no implica el poder de sustituir jurídicamente otro procedimiento.

La cuestión no consiste solamente en determinar quién dispone de mayor fuerza política.

Consiste en identificar qué actos pueden producirse, bajo qué competencias, mediante cuáles reglas y con qué consecuencias.

Es precisamente en este punto donde el análisis político necesita de la filosofía del derecho y de la lógica.

6. La sexta paradoja: una acusación no demuestra culpabilidad, y una declaración de culpabilidad no vuelve infalibles sus fundamentos

El juzgamiento senatorial introduce una distinción adicional.

La acusación aprobada por Diputados y la declaración de culpabilidad producida por el Senado son actos institucionales diferentes.

La primera habilita un procedimiento; la segunda constituye una resolución dentro de él.

Pero la existencia de una acusación no demuestra automáticamente la verdad de los hechos imputados.

Podemos expresar esta distinción mediante:

A ⇏ G

Donde A representa la acusación constitucional y G la declaración institucional de culpabilidad.

Del mismo modo, la existencia de una declaración de culpabilidad no vuelve lógicamente infalibles todas las premisas utilizadas para justificarla:

G ⇏ (P₁ ∧ P₂ ∧ ⋯ ∧ Pₙ)

Donde P₁, P₂, …, Pₙ representan las premisas que intervienen en la fundamentación de la decisión.

Esto no relativiza la existencia ni los efectos jurídicos de la resolución.

Simplemente distingue dos problemas:

La validez institucional de una resolución y la suficiencia racional de sus fundamentos.

La primera depende de las competencias, reglas y condiciones constitucionales aplicables.

La segunda requiere examinar la imputación, la prueba, los argumentos de la acusación, las objeciones de la defensa y las inferencias que sostienen la conclusión.

La categoría constitucional de mal desempeño de funciones merece especial atención.

No basta identificar un resultado perjudicial y atribuirlo inmediatamente a un gobernante. Es necesario reconstruir las funciones comprometidas, las conductas u omisiones imputadas y los criterios mediante los cuales se establece la responsabilidad política.

Precisamente allí se encuentra uno de los desafíos más delicados de esta investigación.

7. Hacia una teoría de la constitución de los acontecimientos políticos

Las cuestiones anteriores conducen a un problema filosófico más general.

Los acontecimientos institucionales no son simples hechos físicos.

Una votación, una acusación, una renuncia, una sesión sin quórum y una declaración de culpabilidad adquieren identidad jurídica y política porque existen reglas, competencias, funciones y restricciones que permiten reconocerlos como determinados actos.

Desde la perspectiva del artefactualismo constitutivo que vengo desarrollando, esto exige reconstruir las condiciones bajo las cuales un acontecimiento llega a constituirse como objeto institucional.

La investigación examina siete dimensiones relacionadas: diferenciación, asignación funcional, dependencia estructural, restricciones constitutivas, transformaciones admisibles, invariantes y estabilización.

Podemos representar esquemáticamente este conjunto de condiciones mediante:

𝒞 =

Donde:

• Δ representa la diferenciación.

• F representa la asignación funcional.

• D representa la dependencia estructural.

• ℛ representa las restricciones constitutivas.

• T representa las transformaciones admisibles.

• ℐ representa los invariantes.

• S representa la estabilización.

Esta expresión identifica las dimensiones del análisis; no presupone que su mera enumeración constituya una demostración de suficiencia.

Su aplicación al juicio político permite formular una pregunta que considero filosóficamente decisiva:

¿Qué debe permanecer y qué puede transformarse para que una acusación constitucional siga siendo la misma acusación a lo largo de una secuencia de acontecimientos políticos?

Una renuncia puede modificar la situación del titular del cargo.

Una votación puede modificar el estado de un procedimiento.

Una decisión senatorial puede constituir una declaración de culpabilidad.

Pero esas transformaciones no son intercambiables.

Cada una requiere condiciones propias.

Por eso, el estudio de los acontecimientos no puede limitarse a describir quién ganó o quién perdió.

Debe explicar cómo se constituyeron las decisiones y qué relaciones lógicas, jurídicas y estratégicas hicieron posibles sus resultados.

8. Una investigación escrita al filo de los acontecimientos

Estas reflexiones no surgieron de una reconstrucción realizada mucho tiempo después de los hechos.

Su punto de partida fue la observación de los acontecimientos mientras todavía se sucedían, cuando sus desenlaces permanecían abiertos y las interpretaciones competían públicamente.

Varias de las cuestiones aquí expuestas fueron anticipadas en intervenciones difundidas en redes sociales, mediante un lenguaje necesariamente más coloquial.

En ese espacio señalé contradicciones aparentes, problemas de competencia constitucional, inferencias injustificadas y posibles estrategias de los actores.

La investigación académica comenzó a tomar forma al someter aquellas observaciones a una exigencia distinta: no bastaba con que una interpretación pareciera convincente; había que determinar sus premisas, reconstruir sus relaciones, examinar contraejemplos y establecer hasta dónde podían sostenerse sus conclusiones.

Por eso, el trabajo fue incorporando progresivamente modelos de votación, condiciones de estabilidad de coaliciones, juegos de agenda, problemas de quórum, axiomas de competencia y proposiciones sobre la identidad y persistencia de los actos institucionales.

El desarrollo también exigió revisar los modelos iniciales conforme aparecían nuevos acontecimientos.

Un modelo construido para explicar la aprobación de una acusación no podía considerarse completo cuando la renuncia presidencial introdujo otro procedimiento.

Y un modelo centrado en la acusación y la renuncia debía ampliarse nuevamente cuando el Senado avanzó hacia el juzgamiento.

Esta circunstancia tiene especial interés metodológico: los acontecimientos no fueron simplemente ilustraciones de una teoría previamente cerrada; también obligaron a examinar sus límites y ampliar su capacidad explicativa.

9. Lo que todavía estamos desarrollando

Los apuntes presentados constituyen solamente una parte de una investigación de mayor alcance.

Actualmente continúo trabajando en una reconstrucción más rigurosa de las relaciones entre las decisiones individuales, las coaliciones parlamentarias, las reglas de votación, el control de la agenda, las competencias constitucionales y la constitución de la responsabilidad política.

El objetivo es reunir estos desarrollos en un libro dedicado al juicio político y a la decisión política en Paraguay.

No pretendo producir únicamente una crónica de los acontecimientos, ni un escrito de adhesión o rechazo a sus protagonistas.

La aspiración es más exigente: mostrar cómo un acontecimiento político concreto puede convertirse en objeto de investigación filosófica y científica mediante modelos explícitos, argumentos contrastables y distinciones conceptuales rigurosas.

El caso paraguayo ofrece una oportunidad singular para ello.

Porque detrás de una votación, una renuncia, una sesión frustrada y un juzgamiento aparecen problemas universales sobre la naturaleza del poder, la racionalidad colectiva, la identidad de los actos institucionales y los límites constitucionales de las decisiones políticas.

Y quizá la conclusión más interesante que comienza a perfilarse sea esta:

En política, disponer de los votos necesarios para producir una decisión no significa disponer del poder para determinar todas sus consecuencias. Y disponer del poder para modificar el curso de los acontecimientos no significa disponer de competencia para modificar su significado constitucional.

Ese es, precisamente, el problema que seguimos investigando.

Resolucion del banco UENO y condena del Presidente de la República: Captura financiera, asignación improductiva del capital y deterioro del poder adquisitivo en Paraguay (2023–2026)

INTRODUCCIÓN

La concentración de recursos públicos en una entidad financiera privada puede convertirse en un factor de deterioro económico cuando esos fondos terminan financiando actividades improductivas, operaciones de difícil recuperación o transferencias patrimoniales que no incrementan la producción nacional.

El problema no comienza necesariamente cuando la entidad financiera entra en crisis. Puede iniciarse varios años antes, durante el proceso de captación y utilización de los recursos.

Este escrito examina la posibilidad de que la concentración de fondos públicos en Ueno Bank, desde 2023, haya contribuido a generar desequilibrios económicos que afectaron progresivamente el poder adquisitivo de la población paraguaya.

La hipótesis central sostiene que una asignación improductiva del capital puede provocar presiones inflacionarias cuando sostiene una demanda nominal que no encuentra correspondencia en un aumento proporcional de la oferta de bienes y servicios.

La proyección económica desarrollada muestra que una distorsión persistente, caracterizada por una demanda nominal 2 % superior y una producción real 1 % inferior a las que existirían sin dicha distorsión, genera al cabo de cuatro años un nivel de precios aproximadamente 12,7 % mayor.

En ese escenario, el poder adquisitivo relativo disminuye aproximadamente 11,3 %.

La importancia de este escrito, creemos que consiste en mostrar que el deterioro adquisitivo puede producirse durante el proceso de asignación financiera, antes de que las pérdidas bancarias sean reconocidas públicamente.

1. EL PROBLEMA ECONÓMICO COMIENZA ANTES DEL COLAPSO

El análisis de una crisis bancaria suele concentrarse en sus consecuencias inmediatas: la situación de los depositantes, la recuperación de activos, las obligaciones pendientes y los posibles efectos sobre la estabilidad del sistema financiero.

Sin embargo, esta perspectiva puede dejar fuera un problema económico anterior.

Una entidad financiera puede experimentar una expansión extraordinaria durante varios años, captar importantes recursos públicos y aumentar su capacidad de intermediación, mientras una parte de sus operaciones genera rendimientos insuficientes o pérdidas que todavía no han sido reconocidas.

Cuando esas operaciones se financian mediante recursos administrados por instituciones estatales, la cuestión adquiere una dimensión económica y política adicional.

El Estado no actúa solamente como regulador. También puede convertirse en proveedor de recursos que facilitan la expansión de determinadas entidades financieras.

Por consiguiente, resulta necesario investigar si las decisiones de colocación de fondos públicos contribuyeron a financiar actividades productivas o si, por el contrario, facilitaron operaciones que no incrementaron proporcionalmente la capacidad de producción de la economía.

En el caso de Ueno Bank, la resolución bancaria dispuesta el 2 de noviembre de 2026 constituye el acontecimiento que hizo visible una crisis de solvencia.

Pero la fecha de resolución no necesariamente coincide con el comienzo de los desequilibrios económicos que pudieron precederla.

La pregunta central es, por tanto, la siguiente:

¿En qué medida la concentración y utilización de recursos públicos desde 2023 pudo contribuir a generar presiones sobre los precios y deteriorar el poder adquisitivo ciudadano antes de noviembre de 2026?

Esta pregunta exige reconstruir la secuencia económica y no limitarse a examinar el desenlace bancario.

2. LA CONCENTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS Y LA EXPANSIÓN FINANCIERA

Los antecedentes disponibles sitúan la exposición de fondos públicos en Ueno Bank en una magnitud aproximada de entre USD 800 y 850 millones hacia el momento de la crisis.

Para dimensionar el fenómeno, adoptamos USD 850 millones como referencia.

Esta cifra representa una exposición financiera de considerable magnitud.

Sin embargo, es necesario distinguir tres conceptos: depósitos, créditos improductivos y pérdidas patrimoniales.

Un depósito público constituye una obligación de la entidad bancaria frente a la institución depositante.

Un crédito improductivo representa un activo cuya capacidad de generar ingresos o recuperar el capital comprometido se encuentra deteriorada.

Una pérdida patrimonial se produce cuando el valor recuperable de los activos resulta inferior al valor reconocido de las obligaciones correspondientes.

Estos conceptos están relacionados, pero no son equivalentes.

No corresponde considerar automáticamente desaparecidos los USD 850 millones de referencia.

Lo que debe investigarse es qué proporción de los recursos captados permitió financiar operaciones de baja productividad, qué destino tuvieron los fondos y qué pérdidas terminaron produciéndose.

La concentración de depósitos públicos puede facilitar la expansión crediticia de una entidad bancaria, pero también genera una responsabilidad institucional proporcional a la magnitud de los recursos comprometidos.

Si esa concentración se produjo mediante decisiones estatales que favorecieron indebidamente a una entidad, el problema deja de ser exclusivamente financiero.

Se convierte en una cuestión de asignación del capital bajo influencia del poder público.

3. EL DINERO IMPRODUCTIVO Y SU RELACIÓN CON LA INFLACIÓN

La relación entre asignación financiera e inflación exige comprender una distinción fundamental.

El dinero que deja de producir riqueza no necesariamente desaparece de la circulación monetaria.

Cuando un banco concede un préstamo y este posteriormente resulta incobrable, el dinero desembolsado puede haber sido gastado, transferido, convertido en moneda extranjera o utilizado para adquirir activos.

Lo que se deteriora es la capacidad de recuperar el valor del préstamo.

Desde el punto de vista macroeconómico, el problema surge cuando los recursos financieros sostienen una capacidad de gasto que no encuentra correspondencia en un aumento proporcional de la producción.

Consideremos dos situaciones.

En la primera, una entidad financiera utiliza sus recursos para financiar inversiones que incrementan la producción agrícola, industrial o comercial.

Estas inversiones pueden aumentar la disponibilidad de bienes y servicios.

En la segunda, los mismos recursos se destinan a operaciones que no producen un incremento comparable de la oferta.

Si esas operaciones sostienen gasto nominal, pero la producción no aumenta proporcionalmente, puede generarse una presión sobre los precios.

La diferencia es decisiva.

No es simplemente la cantidad de dinero disponible lo que determina el efecto inflacionario, sino la relación entre la demanda nominal que ese dinero sostiene y la capacidad real de producir bienes y servicios.

Una asignación improductiva del capital puede contribuir a la inflación mediante tres mecanismos principales.

El primero es la expansión del gasto nominal sin un aumento equivalente de la oferta.

El segundo es el desplazamiento de inversiones productivas hacia actividades que generan menores rendimientos económicos.

El tercero es la posible presión cambiaria cuando los recursos se convierten en divisas y generan una demanda neta adicional de moneda extranjera.

Estos mecanismos pueden actuar conjuntamente.

También pueden producirse efectos contrarios: si el crédito se contrae y disminuye el gasto, la presión sobre los precios puede reducirse.

Por eso, la hipótesis inflacionaria requiere identificar el destino económico de los recursos y no solamente la existencia de pérdidas financieras.

4. EL MECANISMO DE TRANSMISIÓN ECONÓMICA

La secuencia causal investigada puede describirse de la siguiente manera:

Primero, determinadas decisiones estatales permiten concentrar importantes recursos públicos en una entidad financiera.

Segundo, esa concentración amplía la capacidad de intermediación de la entidad.

Tercero, una parte del financiamiento se dirige hacia operaciones de productividad inferior a la que podría haberse obtenido mediante una asignación alternativa.

Cuarto, la economía experimenta una menor expansión relativa de su capacidad productiva.

Quinto, si la demanda nominal se mantiene o aumenta, aparece una diferencia creciente entre el gasto y la disponibilidad de bienes y servicios.

Sexto, esa diferencia puede traducirse en un nivel general de precios superior al que habría existido sin la distorsión financiera.

Finalmente, cuando los ingresos nominales de los ciudadanos no acompañan el encarecimiento de los bienes, se produce una pérdida del poder adquisitivo.

Este mecanismo puede comenzar desde el momento en que se produce la asignación improductiva.

No necesita esperar a que el banco reconozca sus pérdidas ni a que las autoridades dispongan su resolución.

De esta manera, la crisis bancaria puede representar el desenlace visible de un proceso económico anterior.

5. SIMULACIÓN ECONÓMICA DEL PERÍODO 2023–2026

Para examinar cuantitativamente el mecanismo, utilizamos la identidad macroeconómica:

M × V = P × Y

Donde:

M representa la cantidad de dinero.

V representa la velocidad de circulación del dinero.

P representa el nivel general de precios.

Y representa la producción real.

Despejando el nivel de precios:

P = (M × V) / Y

La relación muestra que, si el gasto nominal aumenta más rápidamente que la producción real, el nivel de precios puede elevarse.

Para la simulación establecemos dos escenarios.

En el primero, denominado escenario de asignación eficiente, la demanda nominal y la producción real evolucionan proporcionalmente.

En el segundo, denominado escenario de asignación distorsionada, la demanda nominal resulta cada año un 2 % superior y la producción real un 1 % inferior a sus respectivos valores en el escenario eficiente.

El año 2022 se utiliza como punto de referencia, con un índice relativo de precios igual a 100.

Los resultados son los siguientes:

Año	Sin distorsión	Con distorsión
2022	100,00	100,00
2023	100,00	103,03
2024	100,00	106,15
2025	100,00	109,36
2026	100,00	112,68

Estos valores representan diferencias respecto de un escenario de referencia y no el índice de precios observado en Paraguay.

La proyección revela una trayectoria acumulativa.

Durante el primer año, la distorsión genera una diferencia aproximada de 3 %.

En el segundo año, la diferencia supera el 6 %.

En el tercero, se aproxima al 9,4 %.

Al cuarto año, alcanza aproximadamente el 12,7 %.

La importancia del resultado reside en que la distorsión no necesita ser extraordinaria en cada período para generar un efecto acumulado considerable.

Una desviación persistente entre demanda nominal y producción real puede producir un encarecimiento significativo durante varios años.

Esta es la principal consecuencia económica que permite visualizar el modelo.

6. EL DETERIORO DEL PODER ADQUISITIVO CIUDADANO

El aumento acumulado del nivel de precios tiene consecuencias directas sobre la capacidad de compra de los hogares.

Consideremos una familia con un ingreso mensual de G. 5.000.000.

Para aislar el efecto de la distorsión, suponemos que ese ingreso nominal es idéntico en ambos escenarios al finalizar el período.

En el escenario sin distorsión, su poder adquisitivo relativo permanece en G. 5.000.000.

En el escenario distorsionado, el aumento adicional del nivel de precios reduce ese poder adquisitivo a aproximadamente G. 4.437.000.

La diferencia equivale a G. 563.000 mensuales.

Expresada porcentualmente, representa una disminución aproximada del 11,3 % de la capacidad de compra relativa.

Este resultado permite dimensionar el significado social de la distorsión financiera.

La familia no necesita experimentar una reducción nominal de sus ingresos.

Puede continuar recibiendo exactamente la misma cantidad de dinero y, sin embargo, adquirir una menor cantidad de bienes y servicios.

El perjuicio económico se manifiesta mediante la pérdida del valor adquisitivo de sus ingresos.

Si, además, la asignación improductiva del capital reduce oportunidades laborales, inversiones o crecimiento salarial, el deterioro puede resultar mayor.

En consecuencia, una distorsión financiera persistente puede afectar a la ciudadanía mediante dos vías simultáneas: el encarecimiento relativo de los bienes y el debilitamiento de la capacidad de generar ingresos.

7. ESCENARIOS DE INTENSIDAD DEL DETERIORO

Para comprobar la sensibilidad de los resultados, se proyectan tres escenarios.

En el escenario moderado, la demanda nominal supera en un 1 % anual a la referencia, mientras la producción real resulta un 0,5 % inferior.

En el escenario central, la demanda nominal supera en un 2 % anual a la referencia y la producción real resulta un 1 % inferior.

En el escenario severo, la demanda nominal supera en un 3 % anual a la referencia y la producción real resulta un 1,5 % inferior.

Los resultados acumulados al cuarto año son:

Escenario	Diferencia acumulada de precios
Moderado	+6,2 %
Central	+12,7 %
Severo	+19,7 %

El escenario moderado produce una diferencia significativa incluso bajo supuestos relativamente pequeños.

El escenario central muestra un encarecimiento acumulado superior al 12 %.

El escenario severo aproxima la diferencia al 20 %.

La comparación permite establecer que la persistencia temporal constituye una variable fundamental.

Una distorsión económica de intensidad moderada puede generar consecuencias importantes cuando se mantiene durante varios años.

La proyección también muestra que el impacto sobre los precios depende de la magnitud de la desviación productiva y de la demanda nominal.

Por consiguiente, la investigación sobre el destino de los recursos públicos debe concentrarse en determinar qué actividades fueron financiadas, qué producción generaron y qué efectos tuvieron sobre el gasto y los mercados.

8. LA RESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES ECONÓMICAS

La concentración de fondos públicos en una entidad financiera requiere decisiones adoptadas por instituciones y autoridades concretas.

Estas decisiones deben examinarse según las competencias correspondientes.

Las instituciones depositantes tienen responsabilidades sobre la administración de los recursos bajo su custodia.

El Ministerio de Economía y Finanzas interviene en la gestión de las finanzas públicas dentro del ámbito de sus atribuciones.

El Banco Central del Paraguay tiene responsabilidades específicas sobre la regulación, supervisión y estabilidad del sistema financiero.

Las autoridades bancarias y los administradores de las entidades financieras son responsables de las operaciones realizadas bajo sus respectivas competencias.

Una investigación rigurosa debe reconstruir quién autorizó cada colocación, bajo qué criterios, qué información estaba disponible y qué mecanismos de supervisión se aplicaron.

El problema institucional adquiere mayor gravedad si se demuestra que las decisiones respondieron a intereses particulares en lugar de criterios de prudencia financiera y protección del patrimonio colectivo.

En ese supuesto, la concentración de recursos públicos podría haber facilitado una estructura de financiamiento cuya expansión no estuvo respaldada por una generación proporcional de riqueza.

Si, además, las autoridades de supervisión conocían riesgos relevantes y omitieron medidas preventivas que estaban obligadas a adoptar, correspondería examinar las responsabilidades derivadas de esas omisiones.

La eventual existencia de coordinación deliberada, captura regulatoria o conductas fraudulentas exige pruebas específicas.

Sin embargo, la importancia económica del problema no depende exclusivamente de que se demuestre una conducta penal.

Una supervisión deficiente y una asignación inadecuada de recursos públicos también pueden producir consecuencias económicas graves.

9. LA INFLACIÓN OFICIAL Y LA INFLACIÓN CONTRAFACTUAL

Un aspecto central del análisis consiste en distinguir la inflación observada de la inflación que habría existido en ausencia de una determinada distorsión.

Supongamos que la inflación observada disminuye de un año a otro.

Esto no demuestra necesariamente que todas las presiones inflacionarias hayan desaparecido.

Puede ocurrir que algunos factores contribuyan a elevar los precios mientras otros ejercen presiones en sentido contrario.

Por ejemplo, una asignación improductiva del capital puede contribuir al encarecimiento relativo de determinados bienes, mientras una política monetaria restrictiva o una disminución de precios internacionales modera la inflación general.

El resultado observado refleja la combinación de esas fuerzas.

Por consiguiente, una presión inflacionaria derivada de una distorsión financiera puede coexistir con una disminución de la tasa anual de inflación.

Esta distinción es particularmente importante para la hipótesis examinada.

No se pretende demostrar que la inflación oficial paraguaya haya aumentado ininterrumpidamente entre 2023 y 2026.

La hipótesis sostiene que determinadas decisiones financieras pudieron contribuir a que el nivel de precios resultara superior al que habría existido sin ellas.

La diferencia entre ambos escenarios constituye el efecto inflacionario contrafactual.

Ese efecto no puede identificarse mediante la simple observación de la inflación anual.

Requiere reconstruir las operaciones financieras, sus efectos sobre la producción y el gasto, y las condiciones macroeconómicas que actuaron simultáneamente.

La disminución de la tasa oficial de inflación no descarta que una distorsión financiera haya contribuido a encarecer el costo de vida respecto de su trayectoria alternativa.

10. LA CAPTURA FINANCIERA COMO POSIBLE MECANISMO DE EMPOBRECIMIENTO

La concentración de recursos públicos en una entidad financiera privada puede producir una distribución asimétrica de beneficios y riesgos.

Durante la expansión, determinados agentes pueden beneficiarse del acceso a financiamiento y de las operaciones realizadas con esos recursos.

Cuando las inversiones fracasan o los préstamos resultan incobrables, las pérdidas pueden afectar a depositantes, instituciones públicas y otros participantes del sistema financiero.

Si los recursos pertenecen a instituciones previsionales, el problema puede comprometer activos destinados a respaldar obligaciones futuras con trabajadores y jubilados.

Si pertenecen a organismos públicos, pueden afectar la disponibilidad de recursos necesarios para cumplir funciones estatales.

Si, además, la asignación improductiva contribuye a generar presiones inflacionarias, el perjuicio puede extenderse hacia consumidores que nunca participaron en las decisiones financieras.

En este escenario, el costo social no se limita a las pérdidas contables.

También comprende la producción que pudo haberse generado y no se generó, las inversiones alternativas desplazadas y la capacidad adquisitiva que pudo haberse preservado.

Se configura así un mecanismo potencial de transferencia de beneficios hacia determinados agentes y distribución de costos sobre el conjunto de la sociedad.

Cuando esa estructura responde deliberadamente a la utilización de potestades públicas para favorecer intereses particulares, el problema adquiere características de captura institucional.

La dimensión económica de esa captura puede manifestarse mucho antes de que las irregularidades sean descubiertas.

11. QUÉ DEBE INVESTIGARSE PARA DETERMINAR EL IMPACTO REAL

La simulación desarrollada establece un mecanismo económico posible y cuantifica sus consecuencias bajo distintos supuestos.

El paso siguiente consiste en contrastarlo con la trayectoria efectiva de los recursos públicos colocados en Ueno desde 2023.

Para ello, resulta necesario reconstruir:

1. Los montos de fondos públicos y previsionales depositados en cada año.

2. Las decisiones administrativas que autorizaron esas colocaciones.

3. Los criterios de evaluación financiera y de riesgo utilizados.

4. Los préstamos concedidos y la identificación de sus beneficiarios.

5. La proporción de operaciones vinculadas y su recuperabilidad.

6. El destino final de los recursos desembolsados.

7. La eventual conversión de recursos en divisas y su impacto sobre el mercado cambiario.

8. Los efectos de esas operaciones sobre la producción, el crédito y la actividad económica.

9. La relación entre dichos efectos y la evolución de los precios y los ingresos reales.

10. Las decisiones de supervisión adoptadas por las autoridades competentes durante el período.

La reconstrucción permitiría estimar cuánto del deterioro adquisitivo pudo estar asociado con la asignación financiera investigada.

También permitiría distinguir entre pérdidas patrimoniales, efectos contractivos y presiones inflacionarias.

Esta distinción resulta indispensable para determinar la naturaleza y magnitud del perjuicio económico.

12. CONCLUSIONES

El análisis permite establecer que una crisis bancaria puede representar la manifestación final de un proceso de deterioro económico iniciado varios años antes.

La concentración de recursos públicos en una entidad financiera puede facilitar una expansión crediticia significativa.

Si esa expansión se orienta hacia operaciones de baja productividad, puede debilitar la capacidad de generación de riqueza respecto de una asignación alternativa más eficiente.

Cuando esa menor producción relativa coincide con una demanda nominal sostenida, pueden producirse presiones sobre los precios.

El efecto puede acumularse progresivamente.

La simulación central muestra que una diferencia anual de 2 % en la demanda nominal y de 1 % en la producción real genera, después de cuatro años, un nivel de precios aproximadamente 12,7 % superior al escenario de referencia.

La pérdida correspondiente de poder adquisitivo relativo alcanza aproximadamente el 11,3 %.

Estos resultados muestran que una distorsión financiera persistente puede tener consecuencias significativas sobre la capacidad de compra de la población.

En el caso Ueno, la magnitud de los fondos públicos expuestos y los cuestionamientos sobre determinadas operaciones financieras justifican investigar si este mecanismo estuvo presente desde 2023.

La cuestión fundamental no consiste en determinar qué inflación producirá la resolución bancaria de noviembre de 2026.

Consiste en establecer qué consecuencias económicas pudieron generarse durante los años en que se concentraron y utilizaron los recursos públicos.

La investigación debe determinar si esas operaciones contribuyeron a una menor producción relativa, a una mayor demanda nominal o a presiones cambiarias que elevaron los precios respecto de su trayectoria alternativa.

La existencia de pérdidas bancarias no demuestra automáticamente ese efecto.

Pero tampoco puede descartarse una contribución inflacionaria anterior simplemente porque los indicadores oficiales hayan mostrado una disminución de la tasa anual de inflación.

La hipótesis económica examinada conduce, por tanto, a una conclusión precisa:

El perjuicio de una captura financiera de recursos públicos no comienza necesariamente cuando se descubre la insolvencia. Puede comenzar cuando esos recursos dejan de cumplir una función productiva y pasan a sostener operaciones que no generan riqueza equivalente.

Si esas operaciones contribuyen a desequilibrar la relación entre gasto nominal y producción real, el costo puede trasladarse progresivamente al poder adquisitivo ciudadano.

En ese caso, la crisis bancaria no sería el origen del deterioro económico, sino la manifestación tardía de un proceso que ya venía produciendo consecuencias.

La pregunta decisiva para Paraguay no es solamente cuánto dinero público podrá recuperarse de Ueno, sino cuánto valor económico pudo dejar de producirse desde 2023, qué efectos tuvo esa asignación sobre los precios y quiénes fueron responsables de las decisiones que la hicieron posible.

REFERENCIAS

Banco Central del Paraguay. (2026, 3 de noviembre). Banco Central inicia el procedimiento de resolución de Ueno Bank. https://www.bcp.gov.py/web/institucional/w/banco-central-inicia-el-procedimiento-de-resolucion-de-ueno-bank

Instituto de Previsión Social. (2026, 6 de noviembre). IPS presenta documentación ante el BCP y abre proceso de protección de fondos. https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=4901

FIX SCR. (2026, 3 de noviembre). Ueno Bank S. A.: Informe de actualización. https://www.bcp.gov.py/documents/d/institucional/cef_ueno_fix_03112026_2-cf

Associated Press. (2026, noviembre). Paraguay seizes major digital bank tied to president, leaving millions of customers in limbo. https://apnews.com/article/9d7521ddee45a185d2618c7e09a243a3

La renuncia presidencial y los límites lógicos del poder parlamentario: un análisis lógico-semántico de la controversia constitucional paraguaya

1. Planteamiento del problema

La controversia no reside en el derecho del presidente a renunciar, sino en el intento de utilizar esa renuncia para desplazar una acusación constitucional ya aprobada por Diputados, modificando la vía de resolución y las consecuencias jurídicas que podrían corresponder al mandatario.

El problema puede formularse mediante una pregunta cuya respuesta exige algo más que consideraciones de oportunidad política:

¿Con qué fundamento constitucional puede dejarse sin efecto una acusación aprobada por 78 diputados mediante un procedimiento diferente, cuyo objeto es aceptar una renuncia y no resolver la responsabilidad política del acusado?

La cuestión no es retórica. Interroga la relación entre competencia, procedimiento y validez dentro de un sistema constitucional. Más precisamente, pregunta si el ejercicio de una competencia constitucionalmente atribuida puede neutralizar los efectos de otra competencia ya ejercida, sin que exista una regla expresa que autorice semejante resultado.

Los acontecimientos del 5 de noviembre de 2026 ofrecen un caso particularmente relevante. La Cámara de Diputados aprobó la acusación política contra el presidente Santiago Peña con 78 votos y designó a los diputados acusadores. Posteriormente, desde la presidencia del Congreso, ejercida por Basilio Núñez, dirigente del oficialismo colorado, se promovió una sesión conjunta destinada a considerar la renuncia presidencial. La sesión quedó sin quórum antes de resolver la cuestión.

El problema filosófico no consiste en determinar si la renuncia era políticamente conveniente, sino en establecer qué relaciones de consecuencia pueden derivarse legítimamente de los actos institucionales realizados.

2. La distinción semántica entre renuncia y juicio político

El primer requisito del análisis consiste en evitar una confusión categorial.

La renuncia presidencial y el juicio político pertenecen a clases diferentes de actos institucionales.

La renuncia constituye un acto mediante el cual el titular de una función manifiesta su voluntad de abandonar el cargo, sujeto a las condiciones constitucionales de eficacia.

El juicio político constituye un procedimiento de responsabilidad institucional mediante el cual los órganos constitucionalmente competentes pueden producir una declaración de culpabilidad y la separación del cargo.

Aunque ambos procedimientos pueden conducir al cese presidencial, sus condiciones constitutivas son diferentes.

Definamos:

• R(x): se acepta válidamente la renuncia de x.

• A(x): la Cámara de Diputados acusa constitucionalmente a x.

• J(x): el Senado sustancia el juicio político contra x.

• C(x): el Senado declara culpable a x.

• E(x): x adquiere la condición de expresidente.

• V(x): x adquiere la condición de senador vitalicio.

El hecho de que dos procedimientos puedan producir una consecuencia común no implica que sean equivalentes.

Formalmente:

R(x) → E(x)

C(x) → E(x), cuando la declaración produce la separación del cargo.

Pero de estas proposiciones no se sigue:

R(x) ↔ C(x)

Ni tampoco:

R(x) → ¬A(x)

La renuncia no constituye, por definición, la negación de una acusación previamente formulada.

La equivalencia de resultados parciales no establece identidad entre procedimientos. Confundir ambas cosas constituye una falacia de identificación por consecuencia común.

3. La acusación como acto constitucional perfeccionado

El artículo 225 de la Constitución Nacional atribuye a la Cámara de Diputados la competencia para acusar y al Senado la competencia para juzgar públicamente a los acusados.

Esta distribución establece una estructura procedimental:

Acusación por Diputados → Juzgamiento por el Senado → Resolución constitucional.

No se trata de tres acontecimientos accidentalmente relacionados. Constituyen momentos diferenciados de un procedimiento cuya validez depende de competencias específicas.

La aprobación de la acusación por 78 diputados produjo un hecho institucional: la Cámara ejerció su competencia constitucional de acusar.

La existencia de ese acto no depende de la voluntad posterior del presidente del Congreso.

Definamos:

• K(D,A): Diputados posee competencia para acusar.

• K(S,J): el Senado posee competencia para juzgar.

• P(A): la acusación fue válidamente perfeccionada.

• X(A): la acusación quedó jurídicamente extinguida.

La relación constitucional permite sostener:

K(D,A) ∧ P(A)

Pero no autoriza inferir:

R(x) → X(A)

Para que esta última implicación fuese válida, debería identificarse una regla adicional que estableciera que la aceptación de la renuncia extingue una acusación política ya aprobada.

Precisamente esa regla constituye el elemento ausente en la justificación que debe examinarse.

La Constitución atribuye al Congreso la facultad de aceptar o rechazar la renuncia presidencial en el artículo 202, inciso 16. Sin embargo, una competencia para decidir sobre la renuncia no equivale semánticamente a una competencia para revocar una acusación formulada por Diputados.

La competencia para producir un acto no incluye necesariamente la competencia para extinguir otro acto de naturaleza diferente.

Este principio resulta central para comprender la controversia.

4. El problema de la inferencia constitucional ilegítima

Reconstruyamos el argumento que permitiría considerar extinguida la acusación como consecuencia de una renuncia aceptada.

Premisa 1. El Congreso tiene competencia para aceptar la renuncia presidencial.

Premisa 2. La aceptación de la renuncia produce el cese presidencial.

Conclusión propuesta. La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento de juicio político.

La conclusión no se sigue lógicamente de las premisas.

Podemos expresarlo así:

K(C,R) ∧ [R(x) → E(x)]

⊬ X(A)

El símbolo ⊬ indica que la conclusión no es derivable de las premisas indicadas.

Para obtenerla sería necesario incorporar una tercera premisa:

P3. Todo cese presidencial producido por renuncia extingue cualquier acusación política pendiente.

Sin embargo, esta premisa no está expresamente contenida en los artículos 189, 202 o 225 de la Constitución.

Podría intentarse justificar mediante una interpretación sistemática o teleológica del juicio político, especialmente por su finalidad de separación del cargo. Pero esa justificación tendría que formularse y defenderse independientemente.

No basta con presuponerla.

Aquí reside el problema lógico-semántico fundamental: se pretende obtener una consecuencia jurídica adicional a partir de una competencia cuyo objeto normativo es diferente.

La aceptación de una renuncia responde a la pregunta: ¿debe admitirse la voluntad presidencial de abandonar el cargo?

El juicio político responde a otra pregunta: ¿corresponde declarar la responsabilidad política del funcionario conforme al procedimiento constitucional?

Responder afirmativamente a la primera pregunta no equivale, por necesidad lógica, a resolver la segunda.

5. El artículo 189 y la diferencia entre consecuencias institucionales

La distinción adquiere mayor relevancia cuando incorporamos el artículo 189 de la Constitución Nacional.

La disposición establece:

«Los ex presidentes de la República, electos democráticamente, serán senadores vitalicios de la Nación, salvo que hubiesen sido sometidos a juicio político y hallados culpables. No integrarán el quórum. Tendrán voz pero no voto».

La regla puede reconstruirse, para los fines de este análisis, mediante la siguiente implicación:

[E(x) ∧ D(x) ∧ ¬C(x)] → V(x)

Donde D(x) representa la elección democrática y C(x) la declaración de culpabilidad mediante juicio político.

La fórmula presupone que C(x) designa una declaración constitucional válida y no una valoración política informal. Asimismo, constituye una representación parcial de la norma, no una caracterización exhaustiva de todos los requisitos institucionales de incorporación.

La renuncia no aparece expresamente como excepción a la senaduría vitalicia.

En cambio, la declaración de culpabilidad en juicio político sí aparece como condición excluyente.

Por tanto, los procedimientos poseen consecuencias potencialmente distintas:

Renuncia aceptada: cese presidencial sin que de ese acto se derive, por sí mismo, una declaración de culpabilidad.

Juicio político concluido con declaración de culpabilidad: separación del cargo y configuración de la excepción prevista en el artículo 189.

La diferencia no es secundaria.

Si se admite que la aceptación de la renuncia extingue el juicio político, la decisión sobre la renuncia podría impedir que se produzca la condición constitucional que excluye la senaduría vitalicia.

No obstante, esta consecuencia depende de una premisa todavía controvertida: que el juicio político no pueda continuar una vez producido el cese.

Por ello, el argumento debe distinguir entre el efecto jurídico demostrado y el efecto jurídico condicionado.

6. La secuencia procedimental como variable constitutiva

Los acontecimientos permiten introducir una dimensión que la lógica proposicional clásica no representa suficientemente: el orden temporal de los actos institucionales.

Consideremos dos secuencias posibles.

Secuencia A:

Acusación → Juzgamiento → Declaración de culpabilidad → Exclusión de la senaduría vitalicia.

Secuencia B:

Acusación → Aceptación de renuncia → Eventual extinción del juzgamiento → Posible senaduría vitalicia.

Ambas secuencias parten del mismo acto constitucional: la acusación aprobada por Diputados.

Sin embargo, pueden producir resultados diferentes.

La diferencia depende de una decisión procedimental intermedia: qué asunto se tramita y qué efecto se atribuye a su resolución.

Sea Tᵣ la transformación institucional producida por la aceptación de la renuncia y Tⱼ la transformación producida por una declaración de culpabilidad en juicio político.

El problema consiste en determinar si:

Tᵣ(Tⱼ(s)) = Tⱼ(Tᵣ(s))

Es decir, si el orden de las transformaciones conserva el mismo resultado jurídico.

La hipótesis de una divergencia procedimental sostiene que, bajo ciertas interpretaciones constitucionales:

Tᵣ(Tⱼ(s)) ≠ Tⱼ(Tᵣ(s))

Esta no conmutatividad no queda demostrada por la mera existencia de dos procedimientos. Requiere establecer qué transformaciones siguen siendo jurídicamente admisibles después de cada acto.

Pero permite identificar el núcleo del problema: el control de la secuencia puede convertirse en control indirecto de las consecuencias institucionales.

7. La agenda parlamentaria y los límites de la competencia

El dato políticamente relevante es que, después de la aprobación de la acusación por Diputados, la presidencia del Congreso, ejercida por un dirigente del sector oficialista vinculado al presidente acusado, promovió el tratamiento de la renuncia mediante una sesión conjunta.

La relación partidaria es un hecho pertinente para examinar los incentivos de los actores, aunque no constituye por sí misma una demostración de sus motivaciones.

Lo jurídicamente significativo es el cambio de objeto procedimental.

El procedimiento que debía desarrollarse ante el Senado tenía por objeto juzgar la acusación.

La sesión conjunta convocada posteriormente tenía por objeto aceptar o rechazar la renuncia.

Ambos objetos son diferentes.

Definamos:

O(J) = resolución de la acusación política.

O(R) = aceptación o rechazo de la renuncia.

Por tanto:

O(J) ≠ O(R)

La sustitución del tratamiento de J por el tratamiento de R no produce una identidad entre sus respectivos objetos.

Tampoco establece que la resolución de R implique necesariamente la extinción de J.

La facultad de convocar una sesión y establecer su orden del día es una competencia procedimental. No puede suponerse que incluya, sin fundamento normativo adicional, la facultad de alterar los efectos jurídicos de una decisión válidamente adoptada por otro órgano constitucional.

Este es el punto donde la controversia sobre la agenda parlamentaria adquiere relevancia constitucional.

La convocatoria para tratar la renuncia podía ser jurídicamente válida como ejercicio de una atribución del Congreso. Pero de esa validez no se sigue automáticamente que fuese jurídicamente correcto utilizar su eventual resultado para impedir el juzgamiento.

La validez de un acto institucional no garantiza la validez de todas las consecuencias que se pretendan derivar de él.

8. La pérdida del quórum y la persistencia de la acusación

La posterior pérdida del quórum en la sesión conjunta introduce otra distinción necesaria.

Una sesión que queda sin quórum puede encontrarse impedida de adoptar determinadas decisiones.

Pero la imposibilidad de decidir en esa sesión no equivale a la inexistencia de decisiones previamente adoptadas por otro órgano competente.

Sea:

• Q(s): existe quórum en la sesión s.

• P(A): la acusación fue válidamente aprobada.

• X(A): la acusación quedó extinguida.

La pérdida del quórum permite afirmar:

¬Q(s)

Pero no autoriza concluir:

¬Q(s) → X(A)

La acusación no desaparece lógicamente porque otra sesión no consiga adoptar una resolución.

La retirada de legisladores puede analizarse políticamente como una forma de controlar o bloquear una decisión parlamentaria. Sin embargo, atribuirle la intención específica de preservar una determinada salida requiere examinar la secuencia de votación y las actuaciones documentadas.

Desde el punto de vista estrictamente constitucional, el resultado inmediato es más preciso: la sesión conjunta no produjo una decisión válida de aceptación de la renuncia y tampoco resolvió la acusación política.

En consecuencia, mientras no se identifique un acto extintivo jurídicamente válido, la acusación conserva su condición de decisión formalmente adoptada.

9. La objeción más importante: la finalidad del juicio político

Un análisis riguroso debe considerar la principal objeción contra la tesis de continuidad.

El artículo 225 establece que el Senado puede declarar culpable al acusado «al sólo efecto de separarlo de su cargo».

Podría argumentarse que, una vez aceptada la renuncia, desaparece el objeto del procedimiento, porque ya no existe un cargo del cual separar al acusado.

La objeción posee fundamento textual y no puede descartarse mediante una simple apelación a la autonomía de las competencias.

Sin embargo, el artículo 189 introduce una consecuencia constitucional adicional vinculada a la declaración de culpabilidad: la exclusión de la senaduría vitalicia.

Surge entonces una tensión interpretativa entre dos disposiciones.

Una interpretación estrictamente funcional del artículo 225 puede conducir a considerar que el cese extingue el juicio político.

Una interpretación sistemática de los artículos 189 y 225 puede sostener que la declaración de culpabilidad conserva relevancia constitucional incluso respecto de la condición institucional posterior del expresidente.

La cuestión exige resolver si el artículo 189 simplemente atribuye una consecuencia adicional a una declaración producida mientras el funcionario estaba en ejercicio, o si también permite mantener el procedimiento después del cese.

El texto constitucional no responde expresamente a esa alternativa.

Por tanto, la tesis de continuidad no debe presentarse como una consecuencia lógica inevitable. Es una interpretación que requiere fundamentación constitucional.

Pero lo mismo ocurre con la tesis de extinción.

Quien afirma que la renuncia extingue automáticamente la acusación debe identificar la regla jurídica que autoriza esa consecuencia.

La ausencia de una prohibición expresa no equivale a la existencia de una competencia extintiva.

10. Conclusión: el problema de la sustitución procedimental

Los hechos examinados permiten identificar una controversia que no se reduce a la renuncia presidencial ni a la oportunidad política de aceptarla.

La Cámara de Diputados ejerció su competencia constitucional y aprobó una acusación política por 78 votos. Posteriormente se promovió una vía procedimental distinta, destinada a considerar la renuncia presidencial, cuya eventual aceptación podía modificar las condiciones bajo las cuales continuaría el juicio político y, con ello, las consecuencias institucionales para el mandatario.

La cuestión central es determinar si ese desplazamiento procedimental poseía fundamento constitucional suficiente para producir el efecto extintivo que se le atribuía.

Desde el análisis lógico-semántico pueden establecerse cuatro resultados.

Primero. La renuncia y el juicio político son actos institucionales distintos. La posibilidad de que ambos produzcan el cese presidencial no establece su equivalencia jurídica.

Segundo. La competencia del Congreso para aceptar una renuncia no contiene analíticamente la competencia para extinguir una acusación aprobada por Diputados.

Tercero. La pérdida del quórum en una sesión conjunta no anula, por sí misma, la validez de una acusación previamente perfeccionada.

Cuarto. La interpretación según la cual una renuncia aceptada extingue el juicio político requiere una premisa jurídica adicional, cuya justificación no puede sustituirse por razones de conveniencia política.

Estos resultados permiten caracterizar el episodio como un intento de desplazar la resolución de una acusación política hacia otro procedimiento constitucional, con posibles consecuencias diferentes para el presidente acusado.

La coincidencia partidaria entre los promotores de esa vía y el mandatario constituye un elemento relevante para interpretar políticamente la decisión. No obstante, la demostración de una finalidad deliberada de protección exige evidencia independiente.

El problema filosófico permanece incluso si se prescinde de las motivaciones particulares de los actores.

Un ordenamiento constitucional distribuye competencias para producir determinados actos institucionales. Si el ejercicio de una competencia pudiera neutralizar cualquier otra sin una regla de coordinación que lo autorizara, la distribución constitucional de funciones perdería parte de su eficacia normativa.

La cuestión puede condensarse en un principio:

Ningún acto constitucionalmente válido adquiere, por su sola validez, la capacidad de extinguir los efectos de otro acto constitucionalmente válido. Esa capacidad requiere una regla que establezca la relación entre ambos.

Este principio no implica que las decisiones institucionales sean irrevocables. Significa que su modificación, suspensión o extinción también debe encontrar fundamento en el ordenamiento.

Por eso, la pregunta que atraviesa toda la controversia permanece sin respuesta suficiente mientras no se identifique esa regla:

¿Con qué fundamento constitucional puede dejarse sin efecto una acusación aprobada por 78 diputados mediante un procedimiento diferente, cuyo objeto es aceptar una renuncia y no resolver la responsabilidad política del acusado?

No se trata de negar el derecho presidencial a renunciar ni la competencia del Congreso para considerar esa renuncia.

Se trata de exigir que la pretensión de extinguir una acusación constitucional ya aprobada sea justificada mediante una norma constitucionalmente pertinente.

La competencia para decidir sobre la renuncia no es, por sí misma, competencia para decidir sobre la acusación. Confundirlas equivale a transformar una atribución procedimental en una potestad extintiva no demostrada.

Ahí reside el núcleo lógico de la controversia y el límite que debe examinarse frente a cualquier intento de utilizar el control de la agenda parlamentaria para modificar las consecuencias de decisiones constitucionales previamente adoptadas por otro órgano competente.

Estructura de decisiones, coaliciones y poder de veto en el juicio político al presidente Santiago Peña: Estudio de caso desde la teoría de la elección racional, los juegos legislativos y el institucionalismo de elección racional

 

LO ADVERTIMOS EN MARZO: LA CRISIS DEL PODER COLORADO NO ES UNA SORPRESA

Un análisis que parecía anticiparse a los acontecimientos y que hoy permite comprender buena parte de lo que está sucediendo en la política paraguaya.

El 23 de marzo de 2026 publiqué el ensayo «La oposición que no se busca». Allí desarrollé una hipótesis sobre la estructura del poder político en Paraguay, sus mecanismos de reproducción, sus contradicciones internas y las posibilidades reales de transformación del sistema hegemónico.

Hoy, apenas unos meses después, los enfrentamientos entre los principales dirigentes del Partido Colorado, las tensiones entre el presidente de la República, Santiago Peña, el vicepresidente Pedro Alliana y el liderazgo de Horacio Cartes, las acusaciones cruzadas, la crisis financiera que involucra a ueno bank y las iniciativas parlamentarias para promover juicios políticos permiten reconocer varios de los mecanismos que había identificado.

Lo que entonces formulé como una posibilidad estructural comienza a manifestarse en acontecimientos políticos concretos.

Pero conviene explicar por qué.

1. El poder hegemónico nunca fue una unidad homogénea

Uno de los argumentos centrales de mi ensayo era que el Partido Colorado, pese a su extraordinaria capacidad de permanencia en el poder, no constituye una organización internamente homogénea.

Su aparente unidad descansa sobre una distribución desigual de beneficios, posiciones institucionales, oportunidades económicas, recursos políticos y expectativas de ascenso.

No todos sus integrantes poseen el mismo poder. Tampoco obtienen las mismas ventajas de su permanencia dentro de la estructura.

Mientras el sistema consigue distribuir beneficios suficientes entre sus facciones, las diferencias pueden mantenerse subordinadas a un interés común: conservar el poder.

Sin embargo, cuando esos beneficios comienzan a distribuirse de manera conflictiva, cuando algunos sectores consideran amenazadas sus posiciones o cuando los costos de pertenecer a determinada alianza aumentan, aparecen las condiciones para la ruptura.

Esto permite interpretar los actuales enfrentamientos entre dirigentes colorados sin reducirlos a diferencias personales, rivalidades temperamentales o simples disputas electorales.

Lo que estamos observando puede ser la expresión visible de contradicciones que ya estaban presentes en la estructura del poder.

2. Las acusaciones recíprocas tienen una explicación política más profunda

Resulta llamativo observar cómo dirigentes que compartieron responsabilidades gubernamentales y defendieron públicamente un mismo proyecto político comienzan a distanciarse cuando aparecen crisis que comprometen la credibilidad del gobierno.

Las acusaciones, los silencios, los intentos de deslindar responsabilidades y las exigencias públicas de rendición de cuentas no deben interpretarse únicamente como expresiones de indignación.

También pueden constituir estrategias de preservación política.

Cuando una administración enfrenta costos reputacionales elevados, sus antiguos aliados pueden descubrir que continuar identificándose con ella resulta menos conveniente que tomar distancia.

En ese contexto, cada facción procura diferenciar su propia responsabilidad de la responsabilidad colectiva.

Y aquí aparece una paradoja: quienes participaron de una misma estructura de poder pueden terminar presentándose como sus principales críticos, sin necesariamente cuestionar las condiciones institucionales que hicieron posible su funcionamiento.

Esta distinción es fundamental para comprender la coyuntura paraguaya.

3. La crisis de ueno bank introduce un factor que puede alterar los incentivos políticos

La situación de ueno bank ha trasladado el conflicto desde el terreno de las rivalidades partidarias hacia una controversia sobre la administración de recursos, la supervisión financiera, los intereses privados y las responsabilidades públicas.

Las acusaciones formuladas contra el presidente y el vicepresidente deberán ser examinadas por las instancias competentes. Pero, independientemente de su resultado jurídico, la crisis ya tiene consecuencias políticas.

¿Por qué?

Porque introduce costos que no pueden resolverse exclusivamente mediante negociaciones entre dirigentes.

Cuando una crisis afecta la confianza de los depositantes, compromete la credibilidad de las instituciones de supervisión y genera cuestionamientos sobre la utilización de recursos previsionales, el problema deja de ser exclusivamente partidario.

La población comienza a exigir respuestas y los sectores políticos deben calcular las consecuencias de continuar respaldando determinadas decisiones.

Es precisamente aquí donde mi hipótesis adquiere relevancia.

La estabilidad de una alianza política depende también de que sus integrantes consideren más conveniente permanecer dentro de ella que abandonarla.

Cuando esa relación comienza a invertirse, las lealtades pueden modificarse rápidamente.

4. La oposición puede encontrar aliados donde tradicionalmente solo veía adversarios

Otro argumento importante de mi ensayo era que la oposición paraguaya enfrenta una profunda asimetría frente al partido hegemónico.

Durante décadas, las organizaciones opositoras han intentado construir alternativas electorales enfrentándose a una estructura con enormes ventajas territoriales, institucionales y organizativas.

Mi planteamiento consistía en cuestionar si la transformación política debía depender exclusivamente de la capacidad de la oposición externa para derrotar a esa maquinaria.

La hipótesis era diferente: las contradicciones internas del propio bloque dominante podían generar oportunidades que la oposición, por sí sola, difícilmente conseguiría producir.

Los acontecimientos actuales ofrecen una manifestación especialmente interesante.

La presentación de pedidos de juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana, acompañada por legisladores opositores y sectores disidentes del coloradismo, muestra que las fronteras partidarias pueden volverse políticamente permeables cuando cambian los incentivos.

Esto no significa que exista una nueva alianza democrática consolidada. Tampoco demuestra que los sectores colorados disidentes hayan abandonado sus intereses tradicionales.

Significa algo más preciso: en determinadas circunstancias, actores que normalmente sostienen estructuras políticas enfrentadas pueden encontrar objetivos coyunturales coincidentes.

Y esa posibilidad estaba contemplada en el razonamiento desarrollado en marzo.

5. La disputa por la sucesión presidencial también forma parte de la explicación

Las tensiones entre los principales referentes colorados no pueden separarse de la competencia por el control del partido y por la candidatura presidencial de 2028.

La sucesión introduce una variable particularmente conflictiva.

Mientras una estructura política concentra sus esfuerzos en conservar el gobierno, las diferencias internas pueden permanecer relativamente contenidas. Pero cuando comienza la disputa por determinar quién heredará el liderazgo, las expectativas de poder futuro pueden entrar en contradicción con las lealtades presentes.

El presidente, el vicepresidente, el liderazgo partidario y las distintas facciones no necesariamente comparten los mismos horizontes políticos.

Cada sector puede comenzar a calcular qué configuración le garantiza mayores posibilidades de supervivencia y crecimiento.

Por eso, una crisis gubernamental puede convertirse simultáneamente en una crisis de sucesión.

Y una crisis de sucesión puede acelerar contradicciones que anteriormente permanecían contenidas.

No hace falta suponer que todos los actores buscan destruir el sistema. Basta con reconocer que pueden competir intensamente por controlar su continuidad.

6. El llamado «abrazo republicano» puede ser una respuesta del propio sistema

Este es probablemente uno de los aspectos más importantes de mi ensayo.

La historia política paraguaya muestra que el Partido Colorado ha desarrollado una notable capacidad para absorber conflictos internos mediante mecanismos de reconciliación, redistribución de posiciones y recomposición de alianzas.

El denominado abrazo republicano representa mucho más que una ceremonia de reconciliación entre adversarios internos.

Puede funcionar como un mecanismo de estabilización de la hegemonía.

Las facciones se enfrentan, negocian, redefinen sus posiciones y finalmente encuentran una fórmula para preservar aquello que comparten: el control del poder político.

Por eso, los enfrentamientos actuales no permiten concluir automáticamente que estamos ante el final de la hegemonía colorada.

Podríamos estar ante una nueva crisis que termine resolviéndose mediante otra redistribución interna del poder.

Una cosa es que los dirigentes se enfrenten entre sí. Otra, muy distinta, es que estén dispuestos a transformar las reglas que les permiten conservar sus privilegios.

La primera situación puede terminar fortaleciendo al sistema. La segunda podría comenzar a modificarlo.

7. La reorganización opositora puede alterar el comportamiento del oficialismo

Hay otro fenómeno que merece especial atención.

Los recientes esfuerzos de articulación entre organizaciones opositoras, particularmente los impulsados desde el PLRA, pueden adquirir una importancia que trasciende la simple búsqueda de una candidatura presidencial común.

Una oposición fragmentada ofrece pocos incentivos para que las facciones del partido dominante abandonen sus posiciones.

¿Por qué arriesgar los beneficios de pertenecer al bloque gobernante si no existe una alternativa política suficientemente competitiva?

Pero la situación cambia cuando comienza a configurarse una oposición con capacidad real de disputar el poder.

La existencia de una alternativa creíble puede modificar los cálculos de quienes ocupan posiciones subordinadas dentro del oficialismo.

Así, la reorganización opositora y las contradicciones internas del coloradismo pueden reforzarse mutuamente.

La oposición no necesita esperar pasivamente que el oficialismo se divida. Debe construir una alternativa institucional y programática capaz de aprovechar democráticamente las oportunidades que esas contradicciones produzcan.

Esto también permite comprender por qué la unidad opositora no puede reducirse a una fotografía de dirigentes ni a un acuerdo circunstancial de candidaturas.

Necesita reglas legítimas de selección, un programa compartido y garantías institucionales que hagan creíble su propuesta de gobierno.

8. La verdadera cuestión no es quién reemplaza a quién, sino qué sistema permanecerá después

Esta es la conclusión filosófica y política más importante de mi planteamiento.

La caída de un presidente, el desplazamiento de un dirigente, la sustitución de una facción por otra o incluso una derrota electoral del partido gobernante no garantizan por sí mismos una transformación del sistema político.

Puede cambiar el ocupante del poder sin que cambien los mecanismos que permiten concentrarlo.

Puede modificarse el liderazgo sin alterar la dependencia de las instituciones.

Puede producirse una alternancia electoral y conservarse intacta la lógica de distribución de beneficios que sostenía al sistema anterior.

Por eso, una verdadera transformación exige examinar las reglas de funcionamiento del poder, sus mecanismos de control, las condiciones de competencia electoral, la independencia de las instituciones y las posibilidades efectivas de participación ciudadana.

La transformación política no consiste simplemente en sustituir a quienes gobiernan, sino en modificar las condiciones que permiten reproducir indefinidamente las mismas relaciones de dominación.

9. ¿Qué anticipaba realmente mi ensayo?

No anticipaba nombres, fechas ni acontecimientos particulares.

Tampoco pretendía predecir una crisis bancaria, un enfrentamiento determinado o una iniciativa específica de juicio político.

Lo que formulé fue una explicación estructural.

Sostuve que la hegemonía colorada contiene contradicciones internas; que su estabilidad depende de una distribución de beneficios e incentivos; que esas condiciones pueden modificarse; que las facciones pueden reconsiderar sus lealtades y que la oposición debe comprender esos mecanismos si pretende construir una estrategia efectiva de transformación.

Los acontecimientos actuales permiten reconocer varias de esas condiciones.

La crisis del gobierno, las tensiones entre sus principales referentes, las acusaciones cruzadas, los intentos de diferenciación política, la participación de sectores colorados en iniciativas opositoras y la disputa por el liderazgo futuro son fenómenos que pueden examinarse conjuntamente desde aquel modelo.

Por supuesto, todavía no sabemos si estas contradicciones conducirán a una ruptura duradera o a una nueva recomposición del poder.

Pero precisamente esa alternativa también estaba contemplada en el análisis.

UNA REFLEXIÓN FINAL

Lo verdaderamente premonitorio de aquel ensayo no fue haber anunciado una pelea entre colorados, sino haber identificado las condiciones bajo las cuales la propia estructura hegemónica podía comenzar a producir conflictos capaces de amenazar su estabilidad.

Hoy vemos a sus principales actores enfrentarse, acusarse, diferenciar responsabilidades y reconsiderar alianzas.

Vemos también a una oposición que comienza a encontrar oportunidades de articulación en medio de esas contradicciones.

Pero todavía falta responder la pregunta decisiva:

¿Estamos asistiendo al comienzo de una transformación del sistema político paraguayo o simplemente a una nueva disputa entre quienes pretenden administrarlo?

En marzo propuse un modelo para comprender esa posibilidad.

En noviembre, la realidad política nos ofrece un escenario extraordinariamente significativo para contrastarlo.

Porque una hegemonía no necesariamente comienza a debilitarse cuando sus adversarios se fortalecen. A veces, sus contradicciones más peligrosas nacen de las mismas relaciones de poder que durante décadas garantizaron su supervivencia.

Los invito a leer el ensayo original, publicado el 23 de marzo de 2026, y a juzgar su pertinencia frente a los acontecimientos que hoy vive nuestro país.

«La oposición que no se busca»

https://liberalismoradicalparaguayo.blogspot.com/2026/03/la-oposicion-que-no-se-busca-por-que.html?m=0