Hay una diferencia fundamental entre robarle al Estado y conseguir que el propio Estado organice las condiciones para que sus recursos terminen beneficiando indebidamente a determinados intereses privados.
En el primer caso, el delincuente procura eludir los controles públicos. En el segundo, el problema es considerablemente más grave: los controles pueden debilitarse, las normas modificarse, las autoridades colocarse en posiciones estratégicas y las decisiones administrativas convertirse en instrumentos de una transferencia de ventajas económicas hacia particulares.
Esta segunda posibilidad constituye el núcleo de la crisis financiera que ha sacudido al Paraguay y que terminó alcanzando la propia Presidencia de la República.
Lo ocurrido alrededor de Ueno Bank no puede comprenderse adecuadamente si se examina como una simple sucesión de irregularidades bancarias. Tampoco basta con atribuirlo a la conducta de algunos empresarios o a la eventual negligencia de determinados funcionarios.
El verdadero objeto de investigación es la estructura de decisiones políticas, legislativas, regulatorias y financieras que permitió concentrar importantes recursos públicos en una entidad privada, mientras los organismos encargados de protegerlos no impidieron que se acumularan riesgos de extraordinaria gravedad.
La cuestión es determinar cómo se construyó esa estructura, quiénes participaron en sus decisiones y qué beneficios económicos produjo.
I. El principio fundamental: el dinero público no se desplaza por voluntad propia
Los recursos del Estado no llegan espontáneamente a una institución financiera.
Para que una entidad bancaria reciba depósitos de organismos públicos, fondos previsionales o empresas estatales, deben existir decisiones administrativas que autoricen esas operaciones.
Para que una institución financiera amplíe sus actividades, absorba otra entidad o modifique su estructura operativa, necesita autorizaciones del organismo regulador.
Para que los administradores públicos modifiquen sus criterios de inversión, deben aprobar nuevas disposiciones o aplicar las existentes de una manera determinada.
Y para que cambien las competencias de supervisión o las restricciones sobre conflictos de intereses, deben intervenir los órganos constitucionalmente facultados para legislar.
Por tanto, la primera conclusión es inevitable:
La concentración de recursos públicos en Ueno Bank fue el resultado de decisiones institucionales identificables, no de un fenómeno espontáneo del mercado.
Podemos expresar la estructura de autorización mediante una relación lógico-semántica:
A(o) ⇒ ∃a [C(a,o) ∧ D(a,o)]
Donde A(o) significa que la operación pública o fue válidamente autorizada; C(a,o), que el agente a tenía competencia para decidir sobre ella; y D(a,o), que dicho agente adoptó la decisión correspondiente.
La expresión establece que una autorización pública válida presupone la intervención de al menos un agente competente.
Pero existe una segunda relación, todavía más importante:
A(o) ⇏ P(o)
Que una operación haya sido autorizada no implica necesariamente que haya sido prudente.
Esto no significa que todas esas decisiones fueran ilegales. Significa que todas son susceptibles de evaluación y que ninguna puede quedar al margen de la investigación por el simple hecho de haber sido formalmente autorizada.
La legalidad de un procedimiento no garantiza, por sí sola, la prudencia de sus resultados ni la independencia de quienes intervinieron.
II. La primera condición: construir las reglas del juego
La estructura comenzó a adquirir una configuración particular mediante decisiones normativas adoptadas durante la Presidencia de Santiago Peña.
La Ley 7089/2023 estableció un régimen destinado a prevenir conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública.
Posteriormente, la Ley 7236/2024 modificó ese régimen y eliminó determinadas salvaguardas, especialmente restricciones posteriores al ejercicio del cargo y previsiones relacionadas con intereses familiares.
La importancia de esta modificación reside en su efecto institucional: las reglas que deben preservar la independencia de los funcionarios fueron alteradas precisamente en un Estado donde profesionales provenientes del sector financiero privado ocupaban posiciones relevantes en los organismos de regulación.
El caso de Carlos Carvallo, antiguo ejecutivo de Financiera Ueno y posteriormente presidente del Banco Central del Paraguay, obliga a examinar esta cuestión.
Su nombramiento fue anterior a la reforma de 2024. Por consiguiente, sería incorrecto afirmar que aquella modificación legislativa hizo posible su designación.
Pero la secuencia plantea un problema diferente: qué restricciones regían durante sus actuaciones posteriores, qué deberes de abstención correspondían y cómo se gestionaron sus vínculos profesionales anteriores.
La independencia de un regulador no puede descansar exclusivamente en su reputación académica o profesional.
Debe manifestarse en procedimientos verificables, decisiones justificadas y ausencia de interferencias indebidas.
La segunda modificación relevante fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones mediante la Ley 7235/2023.
En principio, una institución de supervisión previsional debe fortalecer la protección de los recursos administrados en beneficio de trabajadores y jubilados.
Sin embargo, su eficacia no depende del nombre que reciba ni de las intenciones declaradas al momento de su creación.
Depende de sus competencias efectivas, de su implementación, de sus facultades de control y de la manera en que responde frente a riesgos concretos.
Aquí aparece una primera paradoja: mientras el Estado reorganizaba formalmente su arquitectura de supervisión, los recursos previsionales terminaron acumulando una exposición significativa frente a una entidad bancaria que posteriormente entró en resolución.
La paradoja se comprende mejor mediante una distinción fundamental:
V(n) ⇏ E(n)
La validez jurídica de una norma no garantiza su eficacia institucional.
Donde V(n) representa la validez de la norma n y E(n) su eficacia para cumplir la finalidad institucional correspondiente.
Una institución puede existir jurídicamente, disponer de autoridades, presupuesto y competencias, y aun así fracasar en la realización de los objetivos para los cuales fue creada.
Por consiguiente, no basta con preguntar qué instituciones de supervisión fueron establecidas. Debemos preguntar qué hicieron, qué riesgos identificaron y qué decisiones adoptaron frente a ellos.
La coincidencia exige una explicación institucional rigurosa.
III. La segunda condición: convertir una entidad financiera en receptora de grandes recursos
El siguiente eslabón fue la expansión de Ueno.
Su transformación en banco y la posterior absorción de Visión Banco contaron con autorizaciones del Banco Central.
Estas decisiones modificaron sustancialmente la dimensión y las posibilidades operativas de la entidad.
Una autorización bancaria no constituye una garantía de éxito comercial. Tampoco convierte al regulador en responsable automático de todas las actuaciones futuras de los administradores privados.
Pero sí supone que el organismo competente evaluó determinados requisitos y consideró admisible la operación.
Por eso, la investigación debe reconstruir las condiciones bajo las cuales se concedieron las autorizaciones, los informes técnicos disponibles y las exigencias prudenciales impuestas.
El problema adquiere particular importancia cuando posteriormente aparecen cuestionamientos sobre la calidad de los activos, las operaciones con empresas relacionadas y el reconocimiento contable de los riesgos.
La pregunta resulta ineludible:
¿Las condiciones financieras que finalmente comprometieron la solvencia de Ueno surgieron después de las autorizaciones, o existían antecedentes que debieron motivar mayores restricciones y controles?
No se trata de juzgar retrospectivamente una decisión solo porque su resultado fue adverso.
Se trata de establecer si las autoridades actuaron conforme a la información que efectivamente tenían disponible.
La responsabilidad regulatoria no puede deducirse automáticamente del fracaso posterior de una entidad. Debe establecerse examinando las competencias, la información disponible y las obligaciones existentes en el momento de cada decisión.
IV. La tercera condición: dirigir los recursos públicos hacia el banco
Aquí encontramos el núcleo económico del entramado.
El Instituto de Previsión Social, la Caja Fiscal y otras instituciones públicas realizaron colocaciones significativas en Ueno.
Cada operación tuvo sus propios procedimientos, autoridades, montos, plazos y condiciones.
Pero sus efectos deben examinarse conjuntamente.
Una institución puede considerar razonable una inversión individual. Otra puede llegar a la misma conclusión respecto de una operación diferente. Una tercera puede seleccionar al mismo banco por ofrecer una tasa de interés superior.
Sin embargo, la suma de decisiones individualmente justificadas puede producir una concentración de riesgo que ninguna institución evaluó suficientemente desde una perspectiva agregada.
Este es uno de los problemas fundamentales de la administración pública fragmentada: cada autoridad observa su propia operación, mientras el riesgo total se acumula en el sistema.
La concentración puede representarse mediante una relación sencilla:
C(b) = Σᵢ D(i,b) / Σᵢ Σⱼ D(i,j)
Donde C(b) representa la proporción de los depósitos públicos considerados que se encuentran en el banco b; D(i,b), los depósitos de la institución pública i en ese banco; y D(i,j), los depósitos de la institución i en cada entidad bancaria j comprendida en el análisis.
La expresión permite distinguir dos realidades que no deben confundirse: la razonabilidad individual de una colocación y la exposición agregada del conjunto de instituciones públicas.
Una inversión puede satisfacer los requisitos administrativos internos y, sin embargo, contribuir a una concentración financiera que exige controles adicionales.
En el IPS, además, se modificaron criterios internos de inversión y se produjo un crecimiento considerable de la participación de Ueno en determinadas categorías de depósitos.
La cuestión no consiste simplemente en señalar que el banco recibió más dinero después de las modificaciones.
Lo decisivo es determinar si las nuevas reglas permitieron operaciones que antes habrían estado restringidas y si esas modificaciones respondieron a fundamentos técnicos generales o favorecieron injustificadamente a una entidad determinada.
Esta distinción es indispensable.
Pero hay algo que ya no admite discusión conceptual: los recursos previsionales no fueron colocados por decisiones del banco receptor, sino por decisiones de quienes tenían la obligación de administrarlos en beneficio de sus legítimos titulares.
La responsabilidad por la selección de las inversiones pertenece, en primer término, a quienes estaban facultados para decidirlas.
Y la responsabilidad por su control corresponde a los organismos que tenían el deber de supervisarlas.
V. La cuarta condición: utilizar económicamente los recursos captados
Hasta este punto, las operaciones descritas podrían formar parte de una actividad bancaria legítima.
El problema cambia cuando examinamos el destino del financiamiento y las operaciones realizadas con empresas relacionadas.
La investigación penal y las actuaciones regulatorias sobre Ueno han puesto bajo examen préstamos, transferencias entre sociedades vinculadas, garantías, valoraciones de activos y operaciones de cesión de cartera.
Este es el punto donde la hipótesis de una operación financiera de guantes blancos adquiere contenido económico concreto.
Un banco recibe depósitos y concede créditos. Los créditos figuran como activos porque representan derechos de cobro.
Pero si determinados préstamos se conceden sin una evaluación independiente, con garantías insuficientes o a empresas relacionadas que no poseen capacidad real de pago, el valor económico de esos activos puede ser inferior al que reflejan los registros contables.
La diferencia puede permanecer oculta durante cierto tiempo.
Mientras tanto, los beneficiarios de las operaciones pueden haber recibido recursos, financiado otras actividades o realizado transferencias patrimoniales.
La institución bancaria conserva formalmente derechos de crédito, pero su capacidad efectiva de recuperación puede encontrarse deteriorada.
Aquí se encuentra una de las posibilidades más graves de la ingeniería financiera indebida:
El beneficio puede realizarse inmediatamente, mientras la pérdida permanece diferida y solo aparece cuando los activos deben ser examinados rigurosamente.
La estructura no necesita comenzar con una sustracción visible de dinero público.
Puede comenzar con depósitos formalmente autorizados y continuar mediante operaciones privadas cuya sustancia económica debe investigarse.
Ahora bien, no corresponde afirmar que cada depósito público financió directamente un crédito cuestionado. El dinero bancario es fungible.
La demostración exige reconstruir los flujos financieros, las relaciones societarias, los contratos y los beneficiarios efectivos.
Lo que debe probarse es la conexión económica y jurídica entre la captación de recursos, las operaciones irregulares y los beneficios patrimoniales.
VI. La quinta condición: el control que no consiguió impedir la crisis
Llegamos al punto más delicado.
El Banco Central existe, entre otras funciones, para supervisar el sistema financiero y exigir el cumplimiento de las condiciones prudenciales establecidas por la ley.
La resolución de Ueno puso de manifiesto un deterioro patrimonial grave.
Las actuaciones posteriores identificaron problemas relacionados con operaciones crediticias y empresas vinculadas.
Pero la existencia de una crisis no demuestra automáticamente que el supervisor haya participado en ella.
Es necesario distinguir tres situaciones.
La primera es que los administradores privados hayan ocultado información y que el regulador haya actuado cuando logró identificar las irregularidades.
La segunda es que el regulador haya contado con advertencias suficientes, pero sus respuestas hayan resultado tardías o inadecuadas.
La tercera, considerablemente más grave, sería que determinadas autoridades hubieran omitido deliberadamente sus deberes para favorecer intereses particulares.
Las tres posibilidades deben investigarse.
Y no pueden confundirse, porque sus consecuencias jurídicas y políticas son diferentes.
Podemos precisar el problema mediante una relación entre conocimiento, obligación e intervención:
K(a,r) ∧ O(a,r) ∧ ¬I(a,r)
Donde K(a,r) significa que el agente a conoce el riesgo relevante r; O(a,r), que tiene la obligación institucional de intervenir frente a él; e I(a,r), que realiza la intervención exigible.
La conjunción describe una situación particularmente grave: una autoridad conoce un riesgo, tiene el deber de actuar y, sin embargo, no realiza la intervención correspondiente.
Pero todavía debemos introducir una distinción:
K(a,r) ∧ O(a,r) ∧ ¬I(a,r) ⇏ B(a)
La omisión frente a un riesgo conocido no demuestra automáticamente que haya existido intención deliberada de beneficiar indebidamente a terceros.
Aquí B(a) representa precisamente esa intención.
La omisión puede constituir negligencia, incumplimiento administrativo o una conducta de mayor gravedad, dependiendo de las circunstancias y de las pruebas.
Sin embargo, la pregunta sobre el control permanece:
¿Cómo pudo acumularse semejante exposición de recursos públicos mientras coexistían órganos de supervisión bancaria, previsional, administrativa y parlamentaria?
Una estructura institucional no demuestra su eficacia por la cantidad de organismos que posee.
La demuestra por su capacidad efectiva para identificar riesgos, exigir correcciones e impedir incumplimientos.
Cuando los controles actúan solamente después de que la crisis se vuelve irreversible, corresponde examinar si existieron deficiencias anteriores que pudieron evitarse.
VII. El verdadero entramado: cinco decisiones que convergen en un mismo resultado
La lógica del proceso puede resumirse en cinco relaciones.
Primera: las normas establecen las condiciones bajo las cuales pueden actuar los funcionarios y las entidades financieras.
Segunda: las autoridades aplican esas normas mediante autorizaciones, inversiones y decisiones regulatorias.
Tercera: esas decisiones permiten que recursos públicos ingresen al circuito de intermediación privada.
Cuarta: los administradores de las entidades receptoras determinan las operaciones económicas mediante las cuales se utilizan los recursos captados.
Quinta: los organismos de supervisión deben verificar que esas operaciones no comprometan indebidamente los derechos de depositantes, acreedores y demás interesados.
La crisis aparece cuando esa cadena no logra preservar las finalidades que justifican cada una de sus partes.
Si además se demuestra que algunos participantes actuaron coordinadamente para obtener beneficios indebidos, ya no estaríamos solamente ante un fracaso de supervisión.
Estaríamos ante un mecanismo de captura institucional.
La diferencia es fundamental.
La negligencia puede explicar una crisis.
La captura puede explicar por qué determinadas decisiones, aun cuando resultaban perjudiciales para el interés público, continuaron siendo adoptadas o toleradas.
La distinción puede expresarse así:
G(d₁,d₂,…,dₙ) ⇏ Q(d₁,d₂,…,dₙ)
Donde G representa la convergencia de varias decisiones institucionales hacia un mismo resultado y Q la coordinación deliberada entre sus responsables.
Los símbolos d₁, d₂, …, dₙ representan las distintas decisiones examinadas.
La conclusión es sencilla, pero fundamental:
Que varias decisiones produzcan un mismo resultado no demuestra que sus responsables se hayan puesto de acuerdo para producirlo.
Para establecer coordinación deliberada se necesitan pruebas adicionales: comunicaciones, instrucciones, vínculos relevantes, acuerdos, decisiones concertadas o cualquier otro elemento que permita demostrar la conexión entre los agentes y sus finalidades.
Sin embargo, si esa coordinación se acredita y su finalidad consiste en obtener beneficios indebidos mediante el uso de competencias públicas, la explicación deja de ser exclusivamente administrativa.
Entonces adquiere sentido hablar de captura institucional.
VIII. La tecnocracia económica: cuando el conocimiento se convierte en instrumento de poder
Esta investigación comenzó con una observación sobre el papel de economistas y especialistas financieros en las decisiones estatales.
La referencia histórica a los Chicago Boys permite comprender cómo una concepción económica puede transformarse en un programa institucional mediante el ejercicio del poder político.
Pero sería intelectualmente incorrecto atribuir a Milton Friedman o a una escuela académica la responsabilidad por operaciones financieras particulares sin demostrar una conexión doctrinal y causal específica.
El problema que aquí examinamos es más preciso.
Una tecnocracia puede utilizar sus conocimientos para proteger los recursos públicos.
También puede emplear su capacidad técnica para diseñar operaciones cuya complejidad dificulta la comprensión y el control por parte de quienes no poseen conocimientos especializados.
La formación académica no garantiza ninguna de esas orientaciones.
Lo que importa es el uso concreto del conocimiento.
Un economista que administra recursos públicos debe responder por la calidad de sus decisiones y por los deberes de su cargo.
Un regulador debe justificar sus autorizaciones y sus omisiones.
Un administrador previsional debe demostrar que sus inversiones respondieron a los intereses de los asegurados y no a preferencias políticas o empresariales.
Y un gobernante debe responder por las intervenciones que efectivamente haya realizado en decisiones sometidas a investigación.
El conocimiento técnico no constituye una exención de responsabilidad. Por el contrario, cuando se combina con competencias públicas y acceso a información especializada, hace particularmente exigible una actuación diligente.
IX. El problema político: Peña, Cartes y la responsabilidad de quienes sostuvieron el poder
La destitución de Santiago Peña introduce una última dimensión.
Peña no gobernó aislado de una estructura partidaria y parlamentaria.
Su Presidencia estuvo vinculada a una coalición política en la que el cartismo desempeñó un papel determinante.
Las decisiones legislativas, los nombramientos y las orientaciones generales del gobierno se desarrollaron dentro de esa estructura.
Esto no significa que Horacio Cartes o todos los integrantes de la coalición hayan participado en operaciones financieras indebidas.
Esa afirmación requeriría pruebas concretas.
Pero sí significa que la responsabilidad política por las decisiones institucionales debe examinarse más allá del presidente destituido.
La coalición que proporciona mayorías para aprobar leyes, respalda nombramientos y sostiene políticas públicas participa políticamente en la configuración del gobierno.
Si posteriormente decide retirar su respaldo al presidente, esa ruptura no elimina su participación anterior.
Aquí encontramos una distinción que debe permanecer clara:
Destituir a quien encabezaba el gobierno no equivale a demostrar que quienes lo sostuvieron fueron ajenos a las decisiones de ese gobierno.
La relación entre respaldo político y responsabilidad puede expresarse mediante dos proposiciones.
S(a,g) ⇏ I(a,o)
Respaldar políticamente a un gobierno no demuestra participación ilícita en una operación determinada.
Donde S(a,g) significa que el actor a respaldó al gobierno g, e I(a,o), que participó ilícitamente en la operación o.
Pero existe una segunda relación, igualmente importante:
R(a,g) ⇏ ¬P(a,g)
Romper políticamente con un gobierno no elimina la participación en sus decisiones anteriores.
Donde R(a,g) representa la ruptura política del actor a con el gobierno g, y P(a,g), su participación en decisiones anteriores de ese gobierno.
Esta segunda proposición contiene una consecuencia política de extraordinaria importancia:
Se puede abandonar al presidente, pero no se puede abandonar el pasado.
Una coalición puede retirar su apoyo, promover una destitución e intentar presentarse como ajena a las consecuencias de las decisiones anteriores.
Pero ninguna ruptura posterior modifica retrospectivamente quiénes aprobaron las leyes, respaldaron los nombramientos o sostuvieron determinadas políticas.
El juicio político puede establecer la responsabilidad constitucional de una autoridad.
No constituye una absolución colectiva de los demás actores políticos.
Tampoco demuestra que todos ellos sean culpables.
Lo que exige es continuar la investigación sobre sus actuaciones concretas.
X. La paradoja final: el Estado como posible instrumento de su propio perjuicio
Toda la argumentación conduce a una conclusión.
El Estado paraguayo creó organismos para administrar recursos previsionales, regular instituciones financieras, controlar inversiones y proteger el patrimonio público.
Esas instituciones recibieron facultades que debían ejercerse conforme a finalidades específicas.
Sin embargo, la crisis mostró que decisiones adoptadas dentro de esa misma estructura permitieron una concentración financiera de enorme relevancia y no evitaron un deterioro patrimonial grave.
Aquí se encuentra la paradoja.
El Estado no fue únicamente un actor externo que descubrió tardíamente los problemas de una empresa privada.
También fue depositante, inversor, legislador, regulador y supervisor.
Sus decisiones formaron parte de las condiciones bajo las cuales la entidad operó y creció.
Esto no demuestra que el Estado haya organizado deliberadamente un desfalco.
Pero sí demuestra por qué la investigación no puede limitarse a los administradores del banco.
Cuando una crisis privada compromete recursos públicos, resulta obligatorio investigar no solamente a quienes recibieron el dinero, sino también a quienes decidieron entregarlo, a quienes establecieron las condiciones de esa entrega y a quienes tenían la obligación de controlar su utilización.
La eventual responsabilidad debe determinarse en cada caso, con pruebas y conforme a las competencias legales correspondientes.
Lo inadmisible sería reducir todo el proceso a un escándalo empresarial y dejar intacto el examen de las decisiones públicas que lo acompañaron.
XI. Conclusión: no basta con encontrar culpables; hay que explicar cómo fue posible
El caso Ueno revela un problema que trasciende la suerte de un banco y la destitución de un presidente.
Revela la necesidad de investigar cómo las decisiones políticas pueden modificar las condiciones de funcionamiento del sistema financiero, cómo los recursos públicos pueden concentrarse mediante actos administrativos sucesivos y cómo una estructura de supervisión puede resultar insuficiente frente a riesgos que se acumulan progresivamente.
También plantea una cuestión sobre el ejercicio del poder.
Las decisiones económicas del Estado no son acontecimientos naturales.
Tienen autores, fundamentos, procedimientos y consecuencias.
Una ley tiene promotores y legisladores que la aprueban.
Una inversión tiene responsables que la autorizan.
Una operación bancaria tiene administradores que la ejecutan.
Una autorización regulatoria tiene autoridades que la conceden.
Y una advertencia desatendida, cuando existe el deber de actuar, puede tener consecuencias jurídicas.
La investigación debe reconstruir esa cadena completa.
No corresponde convertir todas las sospechas en certezas ni confundir una imputación con una condena.
Pero tampoco corresponde utilizar la complejidad técnica del sistema financiero para disolver las responsabilidades en una explicación impersonal.
La complejidad no elimina la posibilidad de identificar decisiones. Hace más necesario identificarlas.
La hipótesis de una operación de guantes blancos será demostrable si se acredita que determinadas personas utilizaron conscientemente sus competencias públicas o sus posiciones empresariales para facilitar beneficios patrimoniales indebidos y trasladar riesgos hacia recursos administrados en interés de la sociedad.
Hasta que esa demostración se complete, debemos distinguir los hechos documentados de las conexiones que permanecen bajo investigación.
Pero hay una conclusión política que no necesita esperar a la última sentencia:
La crisis no puede explicarse únicamente por lo que hicieron los administradores privados de Ueno. También exige explicar las decisiones del Estado que permitieron su expansión, la concentración de fondos públicos y la insuficiencia de los controles que debían protegerlos.
Y tampoco puede cerrarse con la destitución de Santiago Peña.
Porque el presidente fue parte de una estructura de poder, no su único integrante.
Si esa estructura participó en la creación de las condiciones institucionales que hoy se cuestionan, sus decisiones deben ser examinadas con el mismo rigor.
La cuestión de fondo es mucho más grave que la caída de una entidad financiera.
Es determinar si las instituciones creadas para proteger el patrimonio público terminaron funcionando, por decisiones indebidas o por fallas graves de control, como instrumentos que facilitaron su exposición a intereses particulares.
Si la respuesta resulta afirmativa, no estaremos solamente ante una crisis bancaria.
Estaremos ante una crisis de la propia racionalidad institucional del Estado paraguayo.
Y esa es, precisamente, la cuestión que ninguna destitución presidencial, ninguna ruptura partidaria y ninguna explicación exclusivamente técnica debería conseguir ocultar.
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