Filósofo artefactualista estructural. Investigador en educación matemática y analista político. Su n

viernes, 20 de noviembre de 2026

Del prestigio intelectual a la orfandad de cuadros en el PLRA

Hubo un tiempo en que el Partido Liberal Radical Auténtico llevó al Congreso Nacional una representación en la que sobresalían personalidades provenientes de la vida intelectual, la academia, las profesiones universitarias y la producción cultural. Durante los primeros períodos constitucionales de la transición democrática, entre 1989 y 1998, el liberalismo paraguayo reunió en sus bancadas figuras cuyas trayectorias permiten apreciar la importancia que podían adquirir el conocimiento, la formación y la experiencia profesional en el ejercicio de la representación política.

La recuperación de aquellos nombres no responde simplemente a un ejercicio de evocación histórica. Permite examinar una dimensión de la representación parlamentaria que suele quedar relegada frente a los resultados electorales: las capacidades intelectuales y profesionales que los partidos políticos incorporan a los órganos de decisión del Estado.

La generación parlamentaria de la transición democrática

Evelio Fernández Arévalos (senador, 1989–1993 y 1993–1998) encarnaba una tradición intelectual particularmente exigente. Su formación filosófica y jurídica, su ejercicio de la docencia universitaria y su producción escrita le permitían abordar las cuestiones públicas desde una perspectiva en la que convergían la reflexión conceptual, el razonamiento jurídico y el conocimiento de las instituciones. Su figura representaba esa fecunda relación entre filosofía, derecho y política que otorga profundidad a la deliberación parlamentaria.

José Félix Fernández Estigarribia (diputado, 1989–1993; senador, 1993–1998) aportaba una sólida formación jurídica, particularmente en el campo del Derecho Internacional. Su trayectoria como profesor universitario, estudioso de las relaciones internacionales y autor de publicaciones académicas expresaba una concepción del ejercicio político sustentada en el conocimiento especializado. Su presencia resultaba especialmente significativa en un período en el que Paraguay debía redefinir su inserción internacional y reconstruir sus instituciones democráticas.

Juan Manuel Benítez Florentín (diputado, 1989–1993) se distinguía por una formación jurídica de notable mérito académico. Graduado en Derecho por la Universidad Nacional de Asunción, donde obtuvo la medalla de oro, representaba una trayectoria en la que la excelencia universitaria constituía un antecedente relevante para el ejercicio de las responsabilidades públicas. Su perfil recordaba que la preparación intelectual y el rigor del estudio también podían encontrar expresión en la representación legislativa.

Domingo Laíno (senador, 1989–1993) reunía la experiencia de la lucha democrática con una sostenida actividad de reflexión y producción intelectual. Autor de obras dedicadas a la historia política, la economía y las relaciones de poder en el Paraguay, había construido una interpretación crítica de la realidad nacional que trascendía la actividad partidaria. Su trayectoria mostraba la dimensión del político que, además de actuar sobre los acontecimientos, procura comprenderlos y explicarlos.

Carmen Casco de Lara Castro (senadora, 1989–1993) representaba una tradición de compromiso cultural, humanista y democrático. Su prolongada participación en la defensa de los derechos humanos, su vinculación con iniciativas culturales y su contribución a la promoción de los derechos de las mujeres la situaban entre las figuras que habían desarrollado una intensa labor pública antes de ejercer la representación parlamentaria. Su trayectoria incorporaba a la política una experiencia forjada en la sociedad civil, la cultura y la defensa de las libertades.

Atilio Martínez Casado (diputado, 1989–1993 y 1993–1998) aportaba una formación universitaria que articulaba dos campos profesionales: las Ciencias Contables y el Derecho. Su preparación académica en ambas disciplinas constituía una base relevante para examinar cuestiones legislativas vinculadas con la organización institucional, la administración pública, la regulación económica y las responsabilidades del Estado. Era expresión de un perfil profesional en el que convergían el razonamiento jurídico y la formación técnica.

Luis Guanes Gondra (diputado, 1989–1993; senador, 1993–1998) provenía del ámbito de la Administración de Empresas, una formación vinculada con el análisis de organizaciones, la gestión de recursos y los procesos de decisión. Su trayectoria incorporaba a la representación parlamentaria conocimientos profesionales relacionados con el funcionamiento de las instituciones y las actividades económicas, dimensiones importantes para la discusión de políticas públicas.

José Rodrigo Campos Cervera (senador, 1989–1993 y 1993–1998) formaba parte de una generación de representantes vinculados a la vida jurídica e institucional del país. Su actuación parlamentaria se inscribía en el proceso de reconstrucción democrática, cuando la discusión de las reglas de convivencia política y la organización de los poderes públicos adquiría una importancia decisiva. Su trayectoria constituye uno de los perfiles que merecen recuperarse en una historia intelectual y profesional de la representación liberal.

Adalita del Puerto de Schaerer (diputada, 1989–1993) aportaba una trayectoria vinculada con la educación, la cultura y la participación cívica. Su presencia expresaba la incorporación a la actividad parlamentaria de experiencias desarrolladas en espacios de formación y compromiso social, desde los cuales también se construyen las capacidades necesarias para comprender las necesidades colectivas y participar en la elaboración de respuestas institucionales.

Rodolfo A. González Garabelli (senador, 1989–1993) destacó por su intervención en cuestiones de especial complejidad jurídica y política. Como senador, impulsó iniciativas relacionadas con la seguridad de las zonas fronterizas y participó en instancias parlamentarias vinculadas con la integración regional y el MERCOSUR. Su actuación revela una atención particular a problemas de soberanía, ordenamiento territorial y relaciones internacionales, asuntos que exigen conocimiento de las instituciones y comprensión de sus consecuencias jurídicas y políticas.

La continuidad de los cuadros intelectuales y profesionales

El siguiente período constitucional permite ampliar esta reconstrucción. A las figuras que continuaron ejerciendo la representación parlamentaria se sumaron otras personalidades con trayectorias desarrolladas en la investigación histórica, la lingüística, el derecho, la docencia universitaria, las ciencias sociales y la comunicación.

Rafael Eladio Velázquez (senador, 1993–1994) representaba una de las expresiones más reconocibles de la historiografía paraguaya. Abogado, historiador y miembro de la Academia Paraguaya de la Historia, había dedicado una parte sustancial de su vida intelectual al estudio del pasado nacional, de sus instituciones y de los procesos políticos que contribuyeron a configurar el Paraguay contemporáneo. Su actividad investigadora y su producción historiográfica incorporaban al ámbito parlamentario una perspectiva construida mediante el examen de fuentes, la reconstrucción de acontecimientos y la interpretación de procesos históricos. Su presencia recordaba que la comprensión del presente político también exige un conocimiento riguroso de las condiciones históricas que lo hicieron posible.

Tadeo Zarratea (senador, 1994–1998) reunía una trayectoria intelectual singular por la convergencia entre el derecho, la lingüística, la literatura y la investigación de la lengua guaraní. Abogado, escritor y estudioso de los problemas lingüísticos del Paraguay, había contribuido al desarrollo de la narrativa en guaraní mediante obras como Kalaíto Pombéro, publicada en 1981. Su actividad académica y literaria expresaba una preocupación sostenida por las relaciones entre lengua, cultura, identidad y organización social. Su incorporación al Congreso significaba la presencia de un intelectual cuya producción trascendía el campo jurídico para situarse también en el terreno de la creación literaria y la reflexión lingüística.

Miguel Abdón Saguier Carmona (senador, 1993–1998) aportaba una formación jurídica vinculada estrechamente con la reflexión sobre las instituciones políticas y los fundamentos del orden constitucional. Abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción, ejerció la docencia universitaria en materias como Técnica Jurídica e Historia de las Ideas Políticas. Su trayectoria comprendía, además, la defensa de presos políticos durante la dictadura y su participación en los trabajos de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Su actividad como autor y su experiencia en la elaboración constitucional reunían conocimientos doctrinarios, ejercicio profesional y participación directa en la reconstrucción institucional del país.

Carlos Alberto González Garabelli (senador, 1993–1998) representaba una trayectoria jurídica y académica especialmente vinculada con el estudio de las instituciones sociales. Profesor universitario de Derecho Laboral y Derecho Agrario, ejerció el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas de la Universidad Católica y participó en procesos constituyentes, integrando instancias dedicadas a la redacción de normas fundamentales. Su actividad como investigador, docente y promotor de espacios de estudio interdisciplinario del derecho y la economía política expresaba una concepción del conocimiento jurídico que no se agotaba en la interpretación de las normas, sino que atendía también a sus relaciones con la organización económica y social.

Fernando Pfannl (senador, 1993–1998) incorporaba una formación universitaria desarrollada en el campo de las ciencias sociales, particularmente en Sociología y Economía Política y Social, con estudios realizados en la Universidad de París X–Nanterre. Su trayectoria reunía herramientas conceptuales relacionadas con el análisis de las estructuras sociales, los procesos económicos y la organización institucional. A ello se sumaban experiencias en planificación, gestión pública y relaciones internacionales. Su perfil expresaba la presencia de una formación especializada que permitía examinar los problemas del Estado desde perspectivas económicas, sociológicas y administrativas.

Martín Federico Sannemann Melinger (diputado, 1993–1998) provenía del ámbito de las Ciencias de la Comunicación, disciplina en la que desarrolló su formación universitaria, complementada con estudios en ciencias políticas y diplomáticas. Su trayectoria profesional se vinculó con la comunicación, la gestión institucional y las relaciones internacionales. La incorporación de este tipo de formación a la representación legislativa ampliaba el espectro de conocimientos disponibles para comprender los procesos de comunicación pública, la organización de las instituciones y las relaciones entre actores políticos y sociales.

De la presencia intelectual a la pregunta por su continuidad

La consideración conjunta de estas dos legislaturas permite recuperar una dimensión de la historia del PLRA que merece especial atención: la presencia de cuadros intelectuales, académicos, culturales y profesionales en la representación parlamentaria durante la primera década de la transición democrática.

En aquellos años podían encontrarse, dentro de la representación liberal, filósofos, historiadores, juristas especializados, profesores universitarios, escritores, lingüistas y profesionales formados en distintas disciplinas. Sus trayectorias expresaban una diversidad de conocimientos y experiencias que podían concurrir en la discusión de los problemas nacionales.

Esa diversidad posee una importancia que trasciende la suma de las capacidades individuales. Un órgano legislativo es una institución colectiva, y su funcionamiento depende también de las relaciones entre los conocimientos, las experiencias y las competencias de quienes lo integran.

La presencia simultánea de especialistas en derecho, economía, historia, filosofía, ciencias sociales y administración ofrece condiciones para que los problemas públicos puedan examinarse desde perspectivas diferentes, contrastar argumentos y reconocer consecuencias que una sola formación disciplinaria podría pasar por alto.

La calidad de una bancada parlamentaria no es simplemente la suma de los atributos individuales de sus integrantes. También depende de las capacidades colectivas que pueden constituirse mediante su interacción.

Desde esta perspectiva, la recuperación de aquellas trayectorias permite formular una pregunta que considero inevitable:

¿Qué ha ocurrido con aquella tradición de formación intelectual y profesional en el liberalismo paraguayo?

La orfandad actual: un problema de selección y reproducción de cuadros

La orfandad que hoy advierto en la representación parlamentaria del PLRA no se refiere simplemente a la ausencia de determinadas personalidades. Es una preocupación más profunda: la pérdida de centralidad del conocimiento, de la formación rigurosa y de la trayectoria profesional como criterios de reconocimiento y promoción de sus cuadros políticos.

La cuestión no consiste en exigir que cada legislador sea un académico ni en confundir títulos universitarios con capacidad política. Se trata de comprender que la función legislativa demanda conocimientos, aptitudes analíticas, dominio de problemas institucionales y capacidad para evaluar las consecuencias de las decisiones colectivas.

En mi artículo «La selección electoral y la calidad de la representación legislativa»[1] examino precisamente la relación entre los mecanismos mediante los cuales los partidos políticos seleccionan a sus candidatos y las capacidades que finalmente reúnen sus bancadas parlamentarias.

La selección electoral no es un procedimiento indiferente a los resultados institucionales. Constituye uno de los mecanismos mediante los cuales los partidos determinan qué perfiles humanos, intelectuales y profesionales accederán a los espacios de representación.

Por eso, la calidad de la representación no puede reducirse al número de escaños conquistados. También depende de las propiedades intelectuales y profesionales de quienes integran el órgano legislativo y de las capacidades colectivas que consiguen constituir.

Un partido puede conservar su historia, sus símbolos, su estructura y hasta su caudal electoral, mientras pierde progresivamente la capacidad de reunir los cuadros necesarios para ejercer una representación legislativa intelectualmente solvente.

La recuperación de los nombres de Evelio Fernández Arévalos, José Félix Fernández Estigarribia, Juan Manuel Benítez Florentín, Domingo Laíno, Carmen Casco de Lara Castro, Rafael Eladio Velázquez, Tadeo Zarratea y de los demás representantes aquí mencionados permite plantear una cuestión que va más allá de la evocación de figuras históricas.

Se trata de examinar qué lugar ocupa actualmente la formación intelectual y profesional en los procesos de selección, promoción y renovación de la dirigencia liberal.

La pregunta, entonces, no es solamente cuántos liberales llegan al Congreso Nacional.

La pregunta fundamental es qué clase de representación intelectual, profesional e institucional está construyendo hoy el PLRA.

Porque la orfandad de cuadros no comienza cuando desaparecen las grandes figuras de una generación.

Comienza cuando un partido deja de producir, reconocer y promover a quienes podrían sucederlas.

 


[1] https://liberalismoradicalparaguayo.blogspot.com/2026/11/la-seleccion-electoral-y-la-calidad-de.html 



jueves, 19 de noviembre de 2026

La selección electoral y la calidad de la representación legislativa

Competencia racionalizadora, composición de los bloques parlamentarios y propiedades emergentes

Resumen

La cantidad de escaños obtenidos por un partido político constituye un indicador de su representación parlamentaria, pero no determina por sí misma la calidad de las capacidades disponibles para el ejercicio legislativo. Este ensayo examina las relaciones entre los procedimientos de selección de candidaturas, las competencias individuales de los representantes y las capacidades colectivas de los bloques parlamentarios. Se sostiene que las habilidades que favorecen la competitividad electoral no coinciden necesariamente con aquellas requeridas para comprender, evaluar y decidir sobre problemas legislativos complejos. Sin embargo, la competencia colectiva tampoco puede explicarse mediante la simple agregación de capacidades individuales, pues depende de su distribución, complementariedad y articulación dentro de estructuras organizativas específicas. El análisis adopta una perspectiva sistémica y una reconstrucción de las dependencias constitutivas de la representación, integrando explicaciones ascendentes y descendentes. Se distinguen diversas configuraciones posibles de cantidad y calidad representativa, así como las condiciones bajo las cuales pueden emerger capacidades colectivas funcionales o disfuncionales. Finalmente, se argumenta que los partidos políticos poseen una responsabilidad institucional que trasciende la conquista de escaños: considerar la composición competencial que sus procedimientos de selección pueden incorporar al Parlamento. La propuesta no establece restricciones elitistas a la participación democrática ni identifica la competencia legislativa con credenciales académicas. Su contribución consiste en precisar las condiciones bajo las cuales una representación electoralmente legítima puede desarrollar capacidades suficientes para examinar los problemas sometidos a su responsabilidad.

Palabras clave: representación legislativa; selección electoral; partidos políticos; competencia racionalizadora; emergencia sistémica; calidad parlamentaria.

1. La paradoja de la representación: muchos escaños, ¿cuánta capacidad legislativa?

Un partido político puede conquistar numerosos escaños y, sin embargo, constituir un bloque parlamentario con limitaciones importantes para comprender y examinar los problemas sobre los cuales deberá legislar. Otro partido, con una representación considerablemente menor, puede reunir capacidades que le permitan identificar contradicciones normativas, evaluar consecuencias institucionales y formular alternativas legislativas mejor fundamentadas. Esta posibilidad revela una distinción que suele quedar oscurecida por el predominio de los criterios electorales: la cantidad de representantes obtenidos no determina, por sí misma, la calidad de las capacidades incorporadas al Parlamento. La distinción no implica que los bloques pequeños sean necesariamente más competentes ni que los numerosos deban presentar deficiencias. Señala que cantidad y calidad constituyen dimensiones diferentes, cuyas relaciones requieren explicación.

La democracia representativa establece procedimientos legítimos para determinar quiénes ejercerán las funciones legislativas. Sin embargo, la autorización electoral no garantiza automáticamente que quienes resultan elegidos posean todas las competencias necesarias para desempeñarlas. Pitkin (1967) mostró que la representación política comprende dimensiones diferentes, entre ellas la autorización formal y la actuación sustantiva. Mansbridge (2003) amplió esta perspectiva al examinar distintas formas de representación democrática y las relaciones de responsabilidad que involucran.

Estas contribuciones permiten reconocer que la legitimidad del acceso al cargo y la calidad de su ejercicio no son propiedades equivalentes. Podemos expresar la distinción mediante:

Lₑ(x) ⇏ Kₗ(x)

Donde Lₑ(x) representa la legitimidad electoral del representante y Kₗ(x) su competencia legislativa.

La expresión no cuestiona el mandato democrático. Simplemente establece que la legitimidad de la elección no constituye una prueba de suficiencia competencial. El problema adquiere particular importancia en las sociedades contemporáneas. La legislación interviene sobre sistemas económicos, financieros, tecnológicos, ambientales, sanitarios y administrativos cuyas relaciones exceden frecuentemente la experiencia inmediata de los representantes.

Las decisiones legislativas pueden modificar incentivos, distribuir recursos, alterar competencias institucionales y producir consecuencias que no se encuentran expresamente previstas en las disposiciones aprobadas. Por consiguiente, legislar exige algo más que adoptar posiciones políticas o expresar preferencias. Requiere comprender problemas, examinar argumentos, reconocer dependencias y evaluar consecuencias. Esta exigencia conduce a una pregunta fundamental: ¿cómo llegan esas capacidades al Parlamento? La respuesta comienza antes de la elección, en los procedimientos mediante los cuales los partidos políticos determinan quiénes pueden convertirse en representantes.

2. La selección de candidatos: donde comienza la composición del Parlamento

Los partidos políticos cumplen una función decisiva en la configuración de la representación. No solamente organizan la competencia electoral y articulan intereses sociales. También intervienen en la selección de las personas que podrán acceder a los cargos públicos. Norris y Lovenduski (1995) analizaron el reclutamiento político atendiendo a las características de los aspirantes y a los procesos que condicionan sus oportunidades de selección. Hazan y Rahat (2006, 2010) estudiaron las consecuencias de los procedimientos de selección de candidatos sobre los partidos, las legislaturas y el comportamiento de los representantes. En el contexto latinoamericano, Siavelis y Morgenstern (2008) examinaron las relaciones entre reclutamiento político, selección de candidaturas e incentivos institucionales.

Estas investigaciones muestran que la composición parlamentaria no puede comprenderse adecuadamente si se prescinde de los mecanismos que preceden a la elección. Los partidos seleccionan candidatos conforme a reglas formales e informales, relaciones internas, estrategias electorales y criterios de valoración. Entre las propiedades que pueden resultar relevantes se encuentran la capacidad de movilización territorial, la trayectoria militante, el reconocimiento público, el liderazgo político, la experiencia institucional, la capacidad de negociación y los conocimientos especializados.

Ninguna de estas propiedades es necesariamente irrelevante. El problema aparece cuando los procedimientos de selección privilegian algunas de ellas sin considerar suficientemente otras que resultan importantes para el ejercicio legislativo. La capacidad de movilizar electores, por ejemplo, puede contribuir decisivamente a la obtención de un escaño. Sin embargo, esa capacidad no garantiza por sí misma que el candidato pueda examinar un proyecto normativo complejo, reconocer sus consecuencias institucionales o evaluar críticamente los argumentos de los especialistas.

Tampoco existe una incompatibilidad necesaria entre ambas capacidades. Un dirigente territorial puede poseer elevada competencia racionalizadora, mientras que una persona con formación académica extensa puede carecer de juicio político, comprensión institucional o capacidad deliberativa. Por tanto, el problema no consiste en establecer una oposición entre militantes y especialistas. Consiste en determinar si los criterios de selección permiten conformar una oferta electoral suficientemente diversa y competente para las funciones que deberán ejercerse. La importancia institucional de esta cuestión puede formularse mediante una restricción elemental.

Sea O el conjunto de candidaturas disponibles y E el conjunto de representantes elegidos entre ellas. Entonces:

E ⊆ O

Si una determinada competencia se encuentra completamente ausente de la oferta electoral, no podrá incorporarse inicialmente a la representación mediante la elección de esos candidatos. Formalmente:

¬∃x ∈ O : Rₐ(x) ⇒ ¬∃x ∈ E : Rₐ(x)

Donde Rₐ(x) representa la posesión de alta competencia racionalizadora.

Esto no significa que las capacidades de los representantes permanezcan invariables durante el mandato. Pueden desarrollarse mediante experiencia, aprendizaje y asesoramiento. Significa que los procedimientos de selección establecen una composición inicial que condiciona las posibilidades posteriores de actuación. La calidad competencial de la representación comienza, por tanto, a configurarse antes de que el Parlamento se constituya.

3. Conquistar un escaño y ejercerlo: dos competencias diferentes

La actividad electoral y la actividad legislativa comprenden funciones parcialmente diferentes. La primera exige construir apoyos, comunicar propuestas, movilizar voluntades, organizar recursos y competir por la representación. La segunda requiere intervenir en procesos normativos, examinar problemas públicos, evaluar argumentos, deliberar y asumir responsabilidad por decisiones institucionales.

Estas funciones pueden compartir determinadas capacidades, pero no son equivalentes. La competencia electoral puede definirse como el conjunto de capacidades que favorecen la obtención de representación dentro de determinadas condiciones políticas.

La competencia racionalizadora legislativa, en cambio, comprende la aptitud para identificar problemas, distinguir hechos de hipótesis y valoraciones, reconstruir argumentos, reconocer contradicciones, evaluar consecuencias y revisar juicios ante razones pertinentes. Esta definición no identifica la racionalidad con una determinada posición ideológica.

Tampoco exige que el legislador alcance siempre conclusiones correctas. Se refiere a las capacidades mediante las cuales puede examinar y justificar responsablemente sus decisiones. Podemos distinguir ambas competencias mediante:

M(x) ⇏ R(x, P)

Donde M(x) representa la capacidad de movilización electoral del candidato y R(x, P) su competencia racionalizadora respecto de una clase de problemas legislativos P.

La expresión establece que la capacidad de movilización no implica necesariamente competencia racionalizadora. Tampoco se sigue la implicación inversa:

R(x, P) ⇏ M(x)

Un candidato puede poseer competencias racionalizadoras relevantes sin disponer de las capacidades o condiciones necesarias para obtener representación electoral. Simon (1955) mostró que la racionalidad humana opera bajo restricciones cognitivas e informacionales. Su posterior análisis de la complejidad (Simon, 1962) proporciona elementos para comprender por qué los problemas organizativos no pueden resolverse suponiendo capacidades individuales ilimitadas. En el ámbito legislativo, Krehbiel (1991) examinó la importancia de la información y de las estructuras institucionales que permiten utilizarla. Estas perspectivas ayudan a distinguir tres situaciones.

Un representante puede disponer de información sin comprender suficientemente sus implicaciones. Puede comprender una explicación especializada sin poseer criterios adecuados para evaluar su consistencia. Y puede identificar correctamente las consecuencias probables de una medida sin compartir los valores políticos que justificarían adoptarla. Información, comprensión, juicio crítico y decisión política son dimensiones relacionadas, pero diferentes.

3.1. El problema del asesoramiento

La creciente complejidad de la legislación hace indispensable el asesoramiento especializado. Ningún legislador puede dominar individualmente todos los campos de conocimiento involucrados en la actividad parlamentaria. Sin embargo, la disponibilidad de asesores no elimina la necesidad de competencia racionalizadora del representante.

Un asesor puede proporcionar información técnica, formular alternativas y advertir consecuencias. Pero la responsabilidad institucional de examinar y decidir corresponde al legislador. Esta diferencia resulta importante porque recibir una explicación no equivale a poseer la capacidad necesaria para evaluarla. La autonomía cognitiva del representante no exige que reproduzca todos los conocimientos de sus asesores. Exige que pueda formular preguntas pertinentes, reconocer los límites de su comprensión, contrastar argumentos y justificar las razones por las cuales acepta o rechaza una recomendación.

Un legislador que depende completamente de comprensiones ajenas, sin posibilidad de examinarlas críticamente, puede conservar su autonomía formal de decisión mientras presenta una autonomía cognitiva limitada. Esto no implica que todas las decisiones deban resolverse mediante conocimiento especializado. Las decisiones legislativas comprenden desacuerdos valorativos legítimos. La competencia racionalizadora no sustituye esos desacuerdos: permite examinarlos con mayor claridad y distinguirlos de controversias sobre hechos, medios y consecuencias.

4. Del representante individual a la capacidad colectiva del bloque

Hasta aquí hemos considerado las competencias de los representantes individualmente. Sin embargo, el Parlamento no funciona como una simple colección de decisiones personales independientes. Los representantes integran bloques, comisiones y otras estructuras organizativas dentro de las cuales intercambian información, distribuyen responsabilidades, negocian posiciones y coordinan actuaciones. Por ello, la competencia individual constituye solamente una parte del problema. Un bloque integrado por personas altamente competentes puede producir resultados colectivos deficientes si sus integrantes no logran coordinarse, si las relaciones internas desalientan la crítica o si las decisiones se adoptan sin examinar suficientemente los argumentos disponibles. De manera inversa, un bloque cuyos integrantes poseen competencias parciales y complementarias puede desarrollar capacidades colectivas significativas mediante procedimientos adecuados de interacción.

La concepción sistémica de Bunge (1979, 2003) proporciona un fundamento para comprender esta diferencia. Las propiedades de un sistema dependen de sus componentes, de las relaciones que los vinculan y de sus interacciones con el entorno. Por tanto, la capacidad colectiva no puede identificarse sin más con la suma de las capacidades individuales. Podemos representar esta diferencia mediante:

Kᵣ(B, P) ≠ ∑ᵢ₌₁ⁿ Kᵢ(P)

Donde Kᵣ(B, P) representa la capacidad racionalizadora colectiva del bloque B respecto de los problemas P, mientras que Kᵢ(P) representa la competencia individual del integrante i.

La expresión no supone que ambas magnitudes hayan sido cuantificadas. Señala que la capacidad colectiva no puede definirse adecuadamente mediante una simple agregación de competencias personales.

4.1. La distribución de competencias

Supongamos dos bloques parlamentarios con igual cantidad de integrantes. En el primero, varios representantes poseen competencias semejantes, pero carecen de conocimientos relevantes para determinadas cuestiones legislativas. En el segundo, las capacidades se encuentran distribuidas entre integrantes con experiencia jurídica, económica, administrativa, territorial y política.

La segunda composición puede ofrecer mayores posibilidades de examinar problemas desde perspectivas complementarias. Sin embargo, la diversidad de competencias no garantiza automáticamente mejores resultados. Para que esas capacidades contribuyan al funcionamiento colectivo deben existir relaciones que permitan integrarlas. Hong y Page (2004) estudiaron, bajo condiciones específicas, las ventajas que pueden presentar grupos con diversidad de enfoques en la resolución de problemas. Woolley et al. (2010) encontraron evidencia experimental sobre diferencias en la inteligencia colectiva de grupos y su relación con características de interacción. Landemore (2013) desarrolló argumentos acerca del valor epistémico de la diversidad cognitiva en contextos democráticos. No obstante, estos resultados deben interpretarse con cautela. Thompson (2014) cuestionó generalizaciones indebidas sobre las ventajas de la diversidad derivadas de determinados modelos matemáticos.

Por consiguiente, no corresponde sostener que la heterogeneidad sea siempre superior a la homogeneidad. Su rendimiento depende de la pertinencia de las competencias, de las tareas consideradas y de las condiciones organizativas.

4.2. La emergencia de capacidades colectivas

La interacción entre representantes puede producir capacidades que no se encuentran disponibles de la misma manera en sus integrantes considerados aisladamente. Un legislador puede identificar un problema jurídico. Otro puede advertir sus consecuencias económicas. Un tercero puede reconocer dificultades de implementación administrativa. Mediante la integración crítica de estas perspectivas, el bloque puede elaborar una evaluación más completa que cualquiera de las contribuciones individuales.

Esta capacidad colectiva depende de las competencias disponibles, pero también de sus relaciones. En ese sentido, puede examinarse como una propiedad sistémica emergente. Podemos expresar sus dependencias mediante:

Kᵣ(B, P) = F(Kᵢ(B, P), Σᵣ(B), D(B, P), E)

Donde:

  • Kᵢ(B, P) representa la distribución de competencias individuales pertinentes.

  • Σᵣ(B) representa las relaciones organizativas relevantes.

  • D(B, P) representa los procedimientos efectivos de deliberación y evaluación.

  • E representa las condiciones institucionales del entorno.

La función F expresa un esquema de dependencias conceptuales y funcionales, no una ecuación empíricamente estimada.

La emergencia no implica necesariamente una mejora. También pueden aparecer fenómenos colectivos disfuncionales. La subordinación acrítica a una autoridad interna puede impedir que se expresen conocimientos relevantes. La presión por mantener posiciones uniformes puede desalentar la revisión de argumentos. La reproducción de errores compartidos puede producir una apariencia de consenso sin suficiente examen crítico. Por tanto, debemos distinguir entre la existencia de capacidades individuales y las condiciones organizativas que permiten utilizarlas.

4.3. La relación entre individuos y estructuras

La explicación debe operar en dos direcciones. Desde los individuos hacia el bloque, interesa comprender cómo las competencias seleccionadas contribuyen a configurar sus capacidades colectivas. Desde las estructuras hacia los individuos, interesa examinar cómo las reglas, jerarquías, incentivos y procedimientos condicionan el ejercicio de esas competencias. Coleman (1990) proporciona un antecedente para analizar relaciones entre condiciones sociales, acciones individuales y resultados colectivos. Hedström y Swedberg (1998) ofrecen recursos para reconstruir mecanismos que conectan diferentes niveles explicativos.

Estas perspectivas permiten evitar dos reduccionismos. El primero consiste en suponer que basta con seleccionar representantes individualmente competentes para garantizar un bloque competente. El segundo consiste en atribuir la calidad colectiva exclusivamente a las estructuras organizativas, prescindiendo de las capacidades de quienes las integran. La explicación requiere ambos niveles y las relaciones que los conectan.

5. Las distintas configuraciones de calidad legislativa

La distinción entre cantidad de escaños, competencias individuales y organización colectiva permite identificar diversas configuraciones posibles de representación. No se trata de clasificaciones empíricas de partidos existentes, sino de situaciones analíticas que ayudan a esclarecer el problema.

5.1. Representación numerosa con competencias racionalizadoras distribuidas

Un bloque numeroso puede reunir capacidades pertinentes en diversos campos y contar con procedimientos que permitan integrarlas. Esta configuración ofrece posibilidades de especialización, distribución de responsabilidades y deliberación colectiva. Sin embargo, su rendimiento depende de la organización. La cantidad facilita la disponibilidad potencial de capacidades, pero también puede incrementar las dificultades de coordinación.

5.2. Representación numerosa con competencias insuficientes

Un bloque puede conquistar numerosos escaños mediante candidaturas electoralmente competitivas sin incorporar una distribución suficiente de competencias racionalizadoras. En esta configuración, la fuerza numérica puede coexistir con limitaciones cognitivas. La posibilidad resulta especialmente relevante cuando el bloque posee capacidad para influir decisivamente en la aprobación de leyes. Su poder institucional puede ser elevado sin que exista una capacidad equivalente para examinar críticamente las consecuencias de sus decisiones. No se afirma que esta configuración caracterice a una organización determinada. Se identifica una posibilidad que los procedimientos de selección deberían considerar.

5.3. Representación reducida con competencias complementarias

Un bloque pequeño puede reunir capacidades diversas y establecer relaciones de cooperación que favorezcan su integración. En determinados problemas, esta composición puede permitir una deliberación rigurosa. Sin embargo, su tamaño también puede limitar la disponibilidad de conocimientos y la distribución de tareas. La calidad de sus capacidades no elimina las restricciones derivadas de una representación numéricamente reducida.

5.4. Representación reducida con competencias insuficientes

Un bloque pequeño también puede presentar limitaciones tanto en la cantidad de integrantes como en la disponibilidad de competencias relevantes. En esta situación, las restricciones numéricas y competenciales pueden reforzarse. La organización y el asesoramiento pueden mitigar algunas dificultades, pero no garantizan su eliminación.

5.5. Competencias concentradas en pocos integrantes

Un bloque puede contar con representantes altamente competentes cuyas capacidades se encuentran concentradas en un grupo reducido. Esta configuración puede favorecer la elaboración especializada de posiciones. Pero también puede generar dependencia cognitiva. Si la mayoría de los integrantes carece de condiciones para examinar críticamente las propuestas del grupo especializado, la deliberación colectiva puede transformarse en aceptación de juicios ajenos. La presencia de especialistas no garantiza, por tanto, autonomía cognitiva distribuida.

5.6. Competencias disponibles, pero insuficientemente integradas

Un bloque puede reunir una composición individualmente competente y, sin embargo, carecer de procedimientos adecuados para articular sus capacidades. Las relaciones internas pueden impedir el intercambio crítico, la cooperación o la revisión de posiciones. En esta situación, el problema principal no se encuentra en la selección inicial, sino en la organización colectiva. Esta configuración muestra por qué la calidad de la representación no puede explicarse exclusivamente desde las propiedades individuales.

5.7. Competencias limitadas inicialmente, pero desarrolladas durante el mandato

La composición competencial producida por una elección no permanece necesariamente invariable. Los representantes pueden adquirir conocimientos, desarrollar capacidades deliberativas y mejorar su comprensión institucional mediante la experiencia, la formación y el trabajo parlamentario. Por tanto, una composición inicialmente limitada no determina de manera irreversible el desempeño futuro del bloque. La selección establece condiciones iniciales, pero las relaciones organizativas y los procesos de aprendizaje pueden modificarlas. Esta posibilidad también debe considerarse al evaluar la responsabilidad de los partidos. No solamente importa a quiénes seleccionan, sino qué condiciones proporcionan para desarrollar las capacidades de sus representantes.

5.8. Una consecuencia general

Las configuraciones anteriores permiten establecer que la calidad de un bloque depende de relaciones entre varias dimensiones. No existe una correspondencia necesaria entre cantidad de escaños y capacidad racionalizadora. Tampoco existe una correspondencia automática entre competencias individuales y capacidad colectiva. Por consiguiente, el análisis de la representación debe considerar simultáneamente su dimensión numérica, su composición competencial y su organización funcional.

6. La responsabilidad de los partidos en la calidad de la representación

Los partidos políticos buscan legítimamente conquistar representación. La competencia electoral constituye una condición fundamental de su participación democrática. Sin embargo, obtener escaños no agota sus responsabilidades institucionales. Los partidos intervienen en la conformación de la oferta electoral y, mediante ella, condicionan las capacidades que podrán incorporarse al Parlamento. Esta función adquiere relevancia porque las decisiones legislativas no afectan solamente a quienes votaron por determinados representantes. Sus consecuencias pueden extenderse al conjunto de la sociedad.

Por tanto, existen razones para exigir que los procedimientos de selección consideren las capacidades necesarias para el ejercicio de las funciones legislativas. Esta exigencia no supone introducir requisitos académicos excluyentes ni restringir los derechos políticos. La competencia racionalizadora no puede identificarse con la posesión de títulos universitarios. La experiencia política, la participación social, el conocimiento territorial y el aprendizaje institucional pueden proporcionar capacidades relevantes.

Asimismo, la formación especializada no garantiza por sí misma buen juicio legislativo. El criterio fundamental debe ser funcional: qué capacidades son pertinentes para las responsabilidades que deberán ejercerse y cómo pueden complementarse dentro del bloque.

6.1. La selección como responsabilidad organizativa

La responsabilidad partidaria comprende al menos dos dimensiones. La primera es electoral: seleccionar candidaturas capaces de representar intereses, construir apoyos y competir legítimamente por los cargos. La segunda es institucional: procurar una composición que permita ejercer competentemente las funciones representativas. Estas dimensiones no son necesariamente incompatibles. Pero tampoco son equivalentes. Un procedimiento de selección puede resultar eficaz para conquistar escaños y, al mismo tiempo, presentar limitaciones para conformar una composición competencial adecuada. La cuestión no consiste en sustituir la legitimidad democrática por criterios tecnocráticos. Consiste en reconocer que los partidos pueden incorporar consideraciones competenciales a sus procesos de selección sin eliminar la participación política ni la decisión de los electores.

6.2. Democracia interna y competencia legislativa

La democratización de los procedimientos internos constituye un problema distinto del de la suficiencia competencial. Un proceso ampliamente participativo puede producir candidaturas con capacidades diversas. Pero la amplitud de la participación no garantiza automáticamente que la composición resultante sea funcionalmente adecuada. De manera inversa, un procedimiento centralizado tampoco garantiza la selección de candidatos más competentes. Por tanto, no corresponde identificar democracia interna con calidad competencial ni presentar ambas dimensiones como necesariamente opuestas. El desafío consiste en diseñar procedimientos que respeten la participación y permitan considerar razonablemente las capacidades necesarias para el ejercicio legislativo.

6.3. La calidad del bloque como responsabilidad continuada

La responsabilidad partidaria no termina con la elección. La distribución de funciones, la organización de equipos de trabajo, la promoción de la deliberación crítica y las oportunidades de formación pueden contribuir al desarrollo de capacidades colectivas. Esto significa que la selección inicial y la organización posterior forman parte de un mismo problema institucional, aunque intervengan mediante mecanismos diferentes. La primera condiciona qué competencias ingresan al Parlamento. La segunda condiciona cómo esas competencias pueden desarrollarse y articularse. Una organización partidaria preocupada por la calidad legislativa debería considerar ambas dimensiones.

7. Conclusiones: la calidad legislativa comienza antes de la elección

La representación legislativa posee una dimensión cuantitativa evidente: la cantidad de escaños obtenidos por los partidos políticos. Sin embargo, esa dimensión no determina por sí misma la calidad de las capacidades disponibles para el ejercicio parlamentario. La selección electoral incorpora personas con determinadas competencias, conocimientos, experiencias y limitaciones. Estas propiedades individuales constituyen componentes relevantes de la capacidad legislativa, pero no explican completamente el funcionamiento de los bloques.

Las capacidades colectivas dependen también de la distribución de competencias, de las relaciones entre integrantes y de los procedimientos mediante los cuales se integran conocimientos y argumentos. La interacción puede favorecer la emergencia de capacidades racionalizadoras colectivas. También puede producir fenómenos disfuncionales que limiten el aprovechamiento de las competencias disponibles. Por ello, la calidad legislativa no puede reducirse a la competencia de determinados representantes ni a la cantidad de integrantes de un bloque. Debe comprenderse como una propiedad funcional dependiente de la composición y organización de la representación.

Esta conclusión permite precisar la responsabilidad de los partidos políticos. Los procedimientos de selección no solamente determinan quiénes competirán electoralmente. También condicionan qué capacidades podrán incorporarse inicialmente a las instituciones legislativas. Cuando esos procedimientos privilegian predominantemente las propiedades que favorecen la obtención de votos, sin considerar suficientemente las competencias necesarias para ejercer los cargos, pueden producir una composición funcionalmente limitada. La consecuencia no es que deba restringirse la participación democrática ni que la representación corresponda exclusivamente a especialistas.

La actividad legislativa exige capacidades diferentes y complementarias. La experiencia territorial, la movilización política, el conocimiento institucional, la formación especializada y el juicio crítico pueden contribuir de maneras distintas a su ejercicio. El problema consiste en procurar que esas capacidades se encuentren suficientemente presentes y puedan articularse dentro de los bloques parlamentarios.

En definitiva, la calidad de la representación legislativa comienza a configurarse antes de la elección, pero no queda definitivamente determinada por ella.

Los partidos intervienen en esa configuración mediante la selección de candidaturas y mediante la organización posterior de sus representantes. De ahí que su responsabilidad institucional no pueda evaluarse exclusivamente por la cantidad de escaños conquistados. Debe considerar también las condiciones bajo las cuales esos escaños podrán convertirse en capacidades efectivas para examinar, deliberar y decidir sobre los problemas públicos. La representación democrática establece legítimamente quiénes ejercen las funciones legislativas. La calidad de su ejercicio depende, además, de las competencias que ingresan al Parlamento y de las relaciones mediante las cuales pueden transformarse en capacidades colectivas.

Referencias bibliográficas

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Representar no es un privilegio: es escuchar, actuar dentro de las atribuciones institucionales y rendir cuentas

 

¿Qué problema del Departamento Central requiere una ley, un control o una decisión presupuestaria del Congreso?

El Departamento Central es el principal núcleo industrial del Paraguay y uno de sus grandes centros comerciales. Su potencial productivo enfrenta obstáculos regulatorios: normas superpuestas, procedimientos innecesarios e instituciones que no responden con oportunidad. Quienes trabajan, producen o emprenden necesitan reglas claras y representantes que actúen dentro de sus atribuciones.

Un legislador no administra hospitales ni ejecuta obras. Elabora leyes, ejerce el control parlamentario, interviene en el presupuesto y representa a los ciudadanos. Confundir esas funciones produce promesas vacías; ejercerlas responsablemente impulsa el desarrollo de Central.

Una ley no vale solamente por lo que promete en el papel, sino por las consecuencias que produce en la práctica. Mi experiencia en el análisis de sistemas complejos me ha llevado a una convicción: toda legislación debe respetar los derechos y las garantías constitucionales, y sus efectos reales deben poder examinarse, evaluarse y corregirse. De ahí mi propuesta: promover reformas que simplifiquen procedimientos, reduzcan obstáculos injustificados y aporten seguridad jurídica al trabajo, la producción y la inversión, sin debilitar los derechos laborales, ambientales y ciudadanos.

Tres compromisos concretos:

  • Voto verificable y representación responsable. He sido veedor, representante electoral y miembro de la Junta Cívica Electoral. También he realizado análisis estadísticos y forenses de resultados electorales. Impulsaré una legislación que fortalezca la fiscalización efectiva, la verificabilidad del voto y la rendición de cuentas.
  • Educación con futuro. He investigado los resultados de aprendizaje y los problemas estructurales de nuestra enseñanza. Propongo una legislación educativa que favorezca la calidad de la enseñanza y el desarrollo de capacidades científicas, técnicas y profesionales.
  • Cultura, creación y derechos de autor. Soy compositor, con obras estrenadas por la Orquesta Sinfónica Nacional (Paisaje Florido) y la Orquesta de Cámara Municipal de Asunción (Ko'embotávo). Presentaré proyectos destinados a fortalecer las garantías de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas en la gestión colectiva de los derechos de autor, y que reconozcan el aporte económico y social de las actividades culturales.

Mi militancia en el Partido Liberal Radical Auténtico responde a convicciones sobre la libertad, la democracia, los límites al poder y la responsabilidad de los gobernantes. Creo en un liberalismo crítico, capaz de revisar sus propias prácticas y renovar la política desde adentro.

Soy investigador categorizado del SISNI–CONACYT, docente universitario y asesor político. He dedicado años a estudiar nuestras instituciones, examinar problemas públicos y formular propuestas fundamentadas.

No parto de cero. Aporto experiencia electoral e institucional, investigación y propuestas para una legislación fundada en evidencias, abierta al debate y sometida al control ciudadano. Representar no es un privilegio: es escuchar, actuar dentro de las atribuciones institucionales y rendir cuentas. Si compartís esta forma de entender la política, escribime y lo ponemos en agenda.



miércoles, 18 de noviembre de 2026

La Filosofía: entre la celebración y la irrelevancia

Una reflexión crítica con motivo del Día Mundial de la Filosofía

                                                                                         Victor Oxley

Hay una paradoja que merece ser examinada precisamente en el día en que celebramos la filosofía: pocas actividades intelectuales reciben tantos homenajes por su importancia histórica y, sin embargo, pocas parecen encontrarse tan desplazadas de los espacios donde actualmente se produce, organiza y legitima el conocimiento humano.

Celebramos a Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant y tantos otros. Recordamos sus preguntas, reproducimos sus sentencias y reconocemos sus contribuciones a la formación del pensamiento. Pero cabe preguntarse si esa celebración no encierra una contradicción: ¿estamos celebrando una actividad intelectual todavía viva o rindiendo homenaje a una forma de conocimiento que hemos decidido relegar al pasado? La pregunta no es retórica.

Ya Bertrand Russell, en Los problemas de la filosofía (1912, cap. XV), advertía que la filosofía era frecuentemente considerada una actividad inútil, dedicada a distinciones excesivamente sutiles y controversias aparentemente irresolubles. Más de un siglo después, esa sospecha no ha desaparecido.

La ciencia contemporánea ha alcanzado niveles extraordinarios de especialización. Las tecnologías transforman nuestras condiciones de existencia con una velocidad sin precedentes. La inteligencia artificial interviene en actividades que hasta hace poco considerábamos expresiones distintivas de la inteligencia humana. Mientras tanto, las instituciones educativas privilegian cada vez más los conocimientos asociados con competencias operativas, productividad y resultados mensurables.

En ese escenario, la filosofía parece ocupar una posición incómoda: se reconoce su importancia cultural, pero se cuestiona su utilidad cognoscitiva. Y aquí comienza el verdadero problema.

I. La paradoja del reconocimiento filosófico

Conviene introducir una distinción conceptual que permita formular con mayor precisión esta situación. Llamemos reconocimiento simbólico a la valoración pública de una actividad intelectual expresada mediante celebraciones, homenajes, declaraciones institucionales y referencias a su importancia cultural. Llamemos, en cambio, reconocimiento epistemológico a la aceptación de esa actividad como una práctica legítima de producción, examen y justificación de conocimientos. Ambas formas de reconocimiento son conceptualmente diferentes. Una disciplina puede recibir abundantes homenajes sin que sus métodos, problemas y resultados sean considerados relevantes en los ámbitos donde se toman decisiones sobre el conocimiento.

Si representamos mediante F la actividad filosófica, mediante Rₛ(F) su reconocimiento simbólico y mediante Rₑ(F) su reconocimiento epistemológico, podemos expresar la paradoja mediante la siguiente relación:

Rₛ(F) ↑ ∧ Rₑ(F) ↓

La expresión puede leerse sencillamente: mientras aumenta el reconocimiento simbólico de la filosofía, disminuye su reconocimiento epistemológico. El símbolo ∧ significa «y»; las flechas indican las direcciones contrapuestas de ambas tendencias. No estamos afirmando que exista una relación causal necesaria entre ellas, ni que esta evolución haya sido demostrada mediante una medición histórica. La expresión representa una hipótesis crítica sobre una situación que merece ser investigada. Lo importante es que ambas tendencias pueden coexistir sin contradicción lógica. Podemos celebrar públicamente la filosofía y, al mismo tiempo, excluirla de los espacios donde se considera que se produce conocimiento relevante.

De aquí surge una primera conclusión:

El reconocimiento cultural de una disciplina no implica necesariamente el reconocimiento de su legitimidad epistemológica.

Formalmente:

Rₛ(F) ⇏ Rₑ(F)

Es decir, del reconocimiento simbólico de la filosofía no se sigue, por sí solo, su reconocimiento como actividad productora de conocimiento.

La multiplicación de homenajes, congresos y conmemoraciones no constituye necesariamente una evidencia de vitalidad filosófica. La filosofía puede ocupar un lugar destacado en nuestros discursos culturales y, simultáneamente, uno marginal en nuestras prácticas de conocimiento.

II. ¿Para qué sirve la filosofía?

La pregunta por la utilidad de la filosofía no es nueva. Russell la abordó explícitamente en 1912, cuando sostuvo que su valor debía buscarse, en gran medida, en su propia incertidumbre. Su argumento era que la filosofía amplía nuestra comprensión de lo posible y nos libera de la aceptación irreflexiva de las creencias habituales. Esta observación merece ser examinada.

Si entendemos la utilidad exclusivamente como la capacidad de producir resultados técnicos inmediatos, la filosofía difícilmente podrá competir con las ciencias aplicadas. Pero si reconocemos que la comprensión, la justificación y el examen de presupuestos constituyen también actividades cognitivas valiosas, la cuestión cambia radicalmente.

Podemos construir sistemas capaces de ejecutar operaciones matemáticas extraordinariamente complejas sin haber resuelto por ello qué clase de objetos son los números. Podemos desarrollar sistemas de inteligencia artificial sin haber alcanzado un acuerdo filosófico sobre la naturaleza de la inteligencia. Podemos perfeccionar instituciones políticas sin haber esclarecido suficientemente las relaciones entre legitimidad, autoridad, representación y poder. Estos problemas no desaparecen cuando dejamos de formularlos. Simplemente permanecen ocultos bajo el éxito de nuestras operaciones.

La filosofía comienza precisamente donde la eficacia deja de constituir una respuesta suficiente.

No significa que la filosofía deba apropiarse de cualquier problema todavía irresuelto. Significa que existen cuestiones cuya respuesta exige algo diferente de la mera ejecución exitosa de procedimientos. La eficacia técnica puede mostrarnos que algo funciona. No siempre puede decirnos qué significa, qué presupone o bajo qué condiciones se encuentra justificado.

III. Mario Bunge y la filosofía que no puede permanecer indiferente

Mario Bunge ocupa un lugar especialmente significativo en esta discusión. Su proyecto filosófico constituye una de las expresiones más ambiciosas del esfuerzo contemporáneo por construir una filosofía rigurosa, sistemática y vinculada con el conocimiento científico. Bunge rechazó tanto la especulación desligada del conocimiento disponible como la pretensión de reducir toda investigación racional a procedimientos empíricos.

En The Philosophical Richness of Technology (1976), escribió: «There is philosophy in or behind every piece of human knowledge» (Hay filosofía en cada pieza de conocimiento humano, o detrás de ella). Esta afirmación introduce una cuestión decisiva.

La filosofía puede encontrarse presente en nuestras prácticas intelectuales incluso cuando quienes las realizan no reconocen explícitamente su presencia.

Las teorías científicas presuponen categorías ontológicas, compromisos epistemológicos y criterios metodológicos. Las tecnologías incorporan decisiones acerca de fines, medios, funciones y valores. Las instituciones políticas operan mediante conceptos de autoridad, representación, legitimidad y responsabilidad.

La filosofía no aparece necesariamente después de estas actividades, como un comentario externo. Puede intervenir en sus propias condiciones conceptuales de posibilidad. Pero la lección bungeana contiene también una exigencia dirigida a los filósofos. No basta con identificar presupuestos filosóficos. Es necesario examinarlos críticamente, reconstruirlos con precisión y evaluar su coherencia con los conocimientos disponibles.

En La ciencia, su método y su filosofía (1960), Bunge destacó la importancia de formular claramente los problemas, precisar los conceptos y someter las proposiciones al examen racional. Esta exigencia metodológica, aunque formulada en el contexto de la investigación científica, ofrece una orientación particularmente fecunda para la actividad filosófica. Una filosofía que no logra identificar con precisión sus problemas difícilmente podrá justificar sus respuestas. Y una filosofía que convierte la oscuridad discursiva en signo de profundidad intelectual termina debilitando sus propias pretensiones cognitivas.

La admiración por Bunge, sin embargo, no exige aceptar sin reservas todas sus tesis. Precisamente una filosofía inspirada en su exigencia de rigor debe estar dispuesta a revisar también sus compromisos ontológicos y epistemológicos. La fidelidad intelectual no consiste en conservar intactas las conclusiones de un maestro, sino en mantener viva la disposición crítica que hizo posible su obra.

IV. Wittgenstein y la responsabilidad del lenguaje

Ludwig Wittgenstein introdujo una perspectiva diferente. En el §109 de sus Investigaciones filosóficas (1953), caracterizó la filosofía como una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia por medio del lenguaje. La expresión encierra una advertencia fundamental: no todos los problemas que parecen profundos poseen necesariamente la estructura que les atribuimos.

En ocasiones, nuestras dificultades provienen de confusiones conceptuales, desplazamientos de significado o usos del lenguaje que nos conducen a formular preguntas engañosas. La tarea filosófica exige entonces examinar cómo utilizamos nuestros conceptos y qué condiciones permiten que nuestras afirmaciones tengan sentido.

No es necesario adoptar íntegramente la concepción wittgensteiniana de la filosofía para reconocer la importancia de esta exigencia. El análisis conceptual constituye una condición indispensable para distinguir problemas genuinos de dificultades producidas por nuestras propias formulaciones.

La precisión lingüística no garantiza por sí sola la verdad de una tesis, pero la imprecisión puede impedir incluso determinar qué estamos afirmando. Esto adquiere especial relevancia en una época en la que circulan enormes cantidades de información, opiniones y afirmaciones cuya apariencia de inteligibilidad no siempre corresponde con una estructura conceptual suficientemente determinada.

La filosofía no debería contribuir a multiplicar las confusiones del lenguaje, sino a esclarecerlas.

V. Popper y la filosofía como ejercicio de crítica racional

Karl Popper ofreció otra contribución fundamental: la defensa del conocimiento como una empresa abierta a la crítica y a la corrección de errores. En Conjectures and Refutations (1963), desarrolló una concepción del crecimiento del conocimiento centrada en la formulación de conjeturas y su sometimiento al examen crítico. Su racionalismo crítico cuestionó la pretensión de establecer sistemas de conocimiento definitivamente inmunes a la revisión. Esta orientación tiene consecuencias importantes para la propia filosofía.

Una doctrina filosófica no adquiere legitimidad porque pertenezca a una tradición prestigiosa, porque haya sido formulada por un pensador reconocido o porque sus seguidores hayan construido alrededor de ella una escuela intelectual. Su legitimidad depende de la calidad de sus argumentos y de su capacidad para responder a objeciones pertinentes. Desde esta perspectiva, el filósofo no debería ser un custodio de doctrinas, sino un investigador dispuesto a someter sus propias convicciones al examen racional. Aquí aparece una distinción fundamental entre practicar filosofía y limitarse a reproducir discursos filosóficos.

Conocer la historia de las doctrinas constituye una actividad intelectualmente valiosa. Pero conocer lo que otros filósofos han pensado no equivale necesariamente a filosofar. La investigación filosófica exige identificar problemas, formular tesis, construir argumentos y evaluar sus consecuencias.

La filosofía no puede reducirse a la administración académica de su propia historia.

VI. La filosofía analítica contemporánea ante su propia legitimidad

La preocupación por la legitimidad epistemológica de la filosofía no pertenece exclusivamente a los debates del siglo XX. Por el contrario, constituye una cuestión explícita en algunas de las investigaciones más interesantes de la filosofía analítica contemporánea.

Timothy Williamson, en The Philosophy of Philosophy (2007), cuestionó lo que denominó el excepcionalismo filosófico: la pretensión de que la filosofía constituye una actividad cognitiva radicalmente diferente de las demás formas de investigación. Su crítica obliga a reconsiderar una convicción frecuentemente aceptada: que la filosofía puede justificar su legitimidad apelando a una metodología enteramente propia, supuestamente independiente de los procedimientos ordinarios de razonamiento y conocimiento. Desde esta perspectiva, la filosofía no necesita reclamar un estatuto privilegiado. Necesita explicar cómo sus procedimientos permiten alcanzar conocimientos o esclarecer problemas genuinos.

Susan Haack, en Evidence and Inquiry (1993), defendió una concepción de la investigación racional que evita tanto el reduccionismo cientificista como las formas de relativismo que debilitan nuestras pretensiones de conocimiento. Su posición resulta particularmente significativa porque permite reconocer la importancia de las ciencias sin convertirlas en la única medida legítima de toda actividad intelectual. La alternativa no consiste en elegir entre una filosofía subordinada a las ciencias y una filosofía indiferente a ellas. Consiste en determinar qué exigencias de justificación corresponden a cada problema y qué formas de investigación permiten satisfacerlas.

Amie Thomasson ha llevado esta discusión al terreno de la metafísica. En Ontology Made Easy (2015) y Rethinking Metaphysics (2025), cuestiona la productividad de determinadas controversias metafísicas tradicionales y reconsidera el papel de nuestros recursos conceptuales en la formulación de problemas ontológicos. Este planteamiento introduce una posibilidad importante: algunas investigaciones filosóficas pueden contribuir al conocimiento no solamente mediante la formulación de proposiciones acerca de lo existente, sino también mediante la reconstrucción crítica de los instrumentos conceptuales con los cuales organizamos nuestras investigaciones.

Luciano Floridi ha desarrollado una propuesta convergente en ciertos aspectos, aunque filosóficamente distinta. En The Logic of Information (2019, cap. 2, pp. 27–52), concibe la filosofía en términos de diseño conceptual, destacando nuestra capacidad para construir, transformar y perfeccionar los instrumentos mediante los cuales organizamos la información y comprendemos la realidad. Estas perspectivas permiten recuperar una dimensión frecuentemente desatendida de la actividad filosófica: su capacidad constructiva. La filosofía no se limita necesariamente a examinar conceptos heredados. También puede contribuir a elaborar nuevas distinciones, reconstruir categorías y establecer estructuras conceptuales capaces de responder a problemas emergentes. Pero esta reivindicación debe enfrentar una dificultad adicional.

David Chalmers, en Why Isn't There More Progress in Philosophy? (2015), planteó explícitamente el problema del progreso filosófico. Su interrogación resulta especialmente pertinente: si la filosofía constituye una actividad racional orientada al conocimiento, ¿por qué muchas de sus controversias fundamentales parecen persistir sin alcanzar grados de convergencia comparables con los de las ciencias? Chalmers no niega que exista progreso filosófico. Su problema consiste en explicar por qué, pese a los avances argumentativos y conceptuales, persiste un desacuerdo considerable sobre muchas cuestiones fundamentales. La pregunta no admite una respuesta trivial.

Podemos reconocer avances en la precisión de los conceptos, en la formulación de argumentos y en la identificación de dificultades sin afirmar que todos esos avances equivalgan a la resolución definitiva de los problemas. En una investigación más reciente, Dellsén, Firing, Lawler y Norton (2024) propusieron comprender el progreso filosófico atendiendo a su capacidad para colocar a las personas en mejores condiciones de incrementar su comprensión de las relaciones de dependencia entre fenómenos. Esta formulación introduce una precisión importante: contribuir al progreso filosófico no equivale necesariamente a producir de manera inmediata una comprensión efectiva y definitiva. Una investigación puede representar un avance al proporcionar instrumentos conceptuales, distinciones o argumentos que hagan posible una comprensión posterior. Esto permite introducir una diferencia entre progreso como acumulación de respuestas y progreso como ampliación de las posibilidades racionales de comprensión. Ambas dimensiones pueden relacionarse, pero no deben identificarse.

La filosofía puede progresar cuando logra formular mejor un problema, eliminar una confusión conceptual, identificar una presuposición injustificada o reconstruir una relación de dependencia anteriormente inadvertida. No obstante, tampoco debemos convertir cualquier reformulación conceptual en evidencia automática de progreso. Una reconstrucción filosófica debe demostrar qué esclarece, qué dificultades resuelve y por qué constituye una mejora respecto de las alternativas disponibles. La discusión contemporánea nos conduce así a una conclusión particularmente relevante para nuestra reflexión: La filosofía no puede justificar su lugar en el conocimiento humano apelando únicamente a la importancia de sus preguntas. Debe mostrar también qué hace con ellas y qué resultados intelectuales produce al investigarlas.

Esta exigencia permite distinguir dos cuestiones que frecuentemente se confunden: el derecho de la filosofía a formular problemas y la justificación de sus respuestas. La primera no garantiza la segunda. Y precisamente porque la filosofía constituye una actividad crítica, debe aceptar que sus propios resultados permanezcan abiertos al examen racional. Una filosofía intelectualmente viva no necesita proclamarse indispensable. Necesita demostrar su pertinencia mediante el trabajo filosófico mismo.

VII. La responsabilidad de los propios filósofos

Sería intelectualmente deshonesto atribuir la marginación de la filosofía exclusivamente a las transformaciones sociales, educativas o tecnológicas. También debemos interrogarnos sobre nuestra propia responsabilidad. ¿Hasta qué punto hemos convertido la actividad filosófica en una práctica autorreferencial? ¿Cuántas discusiones sobreviven más por fidelidad a determinadas tradiciones que por la relevancia de los problemas que pretenden resolver? ¿Cuántas veces la complejidad del lenguaje ha servido para ocultar la debilidad de un argumento?

Las exigencias de Russell, Wittgenstein, Popper y Bunge, así como las investigaciones de Williamson, Haack, Thomasson, Floridi y Chalmers, no constituyen un programa filosófico único. Sus concepciones difieren en cuestiones fundamentales. Pero sus contribuciones permiten reconocer, desde perspectivas distintas, una responsabilidad compartida: la filosofía debe justificar racionalmente su propia actividad.

Russell nos recuerda que su valor no puede medirse exclusivamente por la certeza de sus respuestas. Wittgenstein nos obliga a examinar las confusiones que produce nuestro lenguaje. Popper destaca la necesidad de mantener nuestras afirmaciones abiertas a la crítica. Bunge reclama claridad, rigor y una interlocución responsable con el conocimiento científico. Williamson cuestiona la pretensión de excepcionalidad metodológica. Haack permite defender la investigación racional sin reducirla al cientificismo. Thomasson y Floridi ponen de manifiesto la dimensión constructiva y reconstructiva del trabajo conceptual. Chalmers exige que examinemos seriamente la cuestión del progreso filosófico. De esta convergencia parcial podemos extraer una exigencia metodológica:

La filosofía debe distinguir entre la importancia de sus preguntas, la legitimidad de sus procedimientos y la solidez de sus respuestas.

Estas tres dimensiones no son equivalentes. Un problema puede ser importante y estar mal formulado. Un argumento puede ser formalmente válido y descansar sobre premisas injustificadas. Una doctrina puede resultar históricamente influyente y, sin embargo, contener errores conceptuales. Por eso, defender la filosofía no significa defender indiscriminadamente todo cuanto se produce bajo su nombre.

VIII. Sentido, referencia y legitimidad epistemológica

La tradición analítica ofrece instrumentos conceptuales para precisar todavía más esta discusión. Desde Frege, particularmente en Über Sinn und Bedeutung (1892), la distinción entre sentido y referencia ha ocupado un lugar central en el análisis del significado. Posteriormente, las investigaciones semánticas de Bunge ampliaron el examen de las relaciones entre construcciones conceptuales, significados y referentes. Sin identificar estas teorías entre sí, podemos aprovechar una exigencia común: distinguir lo que expresamos mediante nuestros conceptos de aquello a lo que pretendemos referirnos. Aplicada a nuestra reflexión, esta distinción permite formular una pregunta incómoda:

Cuando afirmamos que la filosofía es importante, ¿qué significa exactamente esa afirmación y a qué contribuciones intelectuales concretas nos estamos refiriendo?

La palabra «filosofía» puede evocar una tradición cultural extraordinaria. Pero esa evocación no basta para determinar qué problemas investiga actualmente, qué métodos utiliza o qué resultados produce. El prestigio histórico de una denominación no garantiza la legitimidad epistemológica de todas las actividades que se realizan bajo ella. Necesitamos, por tanto, precisar tanto el sentido de nuestras afirmaciones sobre la filosofía como sus referentes efectivos: investigaciones, problemas, argumentos, reconstrucciones conceptuales y resultados susceptibles de examen crítico. No se trata de reducir toda contribución filosófica a productos inmediatamente mensurables. Se trata de impedir que una valoración simbólica sustituya inadvertidamente a una justificación epistemológica. Podemos formular entonces nuestra tesis central:

La legitimidad epistemológica de la filosofía debe justificarse por la pertinencia de sus problemas, la racionalidad de sus métodos y la solidez de sus resultados, no por la magnitud de su reconocimiento simbólico.

Esta tesis tampoco exige que la filosofía imite los procedimientos de las ciencias empíricas. Exige algo más elemental: que pueda explicitar sus propios criterios de investigación y justificación, y que esos criterios permanezcan abiertos a la crítica.

IX. ¿Qué filosofía necesita nuestro tiempo?

Quizás la pregunta acerca del lugar de la filosofía esté mal formulada cuando presupone que existe un espacio institucional que debemos recuperar. El problema no consiste simplemente en obtener más asignaturas, más departamentos universitarios, más congresos o mayor reconocimiento público, aunque estas cuestiones también tengan importancia. El problema fundamental es epistemológico.

¿Qué tipo de conocimiento puede producir la filosofía? ¿Cuáles son sus procedimientos legítimos de justificación? ¿Qué problemas le corresponden y cuáles han sido transferidos, con razón, a otras disciplinas? ¿Cómo distinguir una investigación filosófica genuina de una especulación carente de controles racionales?

Estas preguntas no debilitan a la filosofía. Por el contrario, constituyen una condición para su renovación.

La filosofía no necesita conservar intactas sus antiguas fronteras disciplinares. Necesita conservar su capacidad de examinar críticamente las categorías mediante las cuales comprendemos, explicamos y transformamos el mundo. Y esa tarea adquiere particular importancia cuando los desarrollos científicos y tecnológicos introducen objetos, prácticas y relaciones que nuestras categorías heredadas no siempre permiten comprender adecuadamente.

La filosofía no se vuelve necesaria simplemente porque existan preguntas sin respuesta. Se vuelve pertinente cuando puede contribuir racionalmente a formularlas mejor, distinguir sus presupuestos y establecer qué contaría como una respuesta satisfactoria. Su relevancia no puede decretarse: debe manifestarse en el ejercicio mismo de la investigación.

X. Celebrar la filosofía es someterla a examen

El Día Mundial de la Filosofía (tercer jueves del mes de noviembre) debería ser algo más que una conmemoración de grandes pensadores. Debería constituir una oportunidad para interrogar el presente de nuestra propia actividad intelectual. No basta con afirmar que la filosofía enseña a pensar. También debemos explicar qué significa pensar filosóficamente, qué distingue esa actividad de otras formas de razonamiento y bajo qué condiciones sus resultados pueden considerarse aportaciones genuinas al conocimiento. Tampoco basta con proclamar que la filosofía es necesaria.

La necesidad de la filosofía debe poder argumentarse filosóficamente.

Volvamos entonces a nuestra distinción inicial. Si el reconocimiento simbólico no implica reconocimiento epistemológico, la recuperación del lugar de la filosofía no puede depender exclusivamente de la multiplicación de celebraciones públicas. Necesitamos algo más exigente: demostrar, mediante investigaciones y argumentos, que la filosofía continúa ofreciendo contribuciones intelectuales que no pueden ser sustituidas sin pérdida por otras prácticas de conocimiento. Esto no exige que todas sus preguntas tengan respuestas definitivas, pero sí que sus procedimientos permitan distinguir entre argumentos mejores y peores, conceptos más o menos precisos y problemas genuinos o aparentes.

La filosofía debe aceptar que su propia legitimidad constituye también un problema filosófico. Tal vez su mayor desafío contemporáneo consista en abandonar la comodidad de su prestigio histórico y aceptar la exigencia de justificar nuevamente su lugar en la cultura del conocimiento. Porque ninguna disciplina puede vivir indefinidamente de los méritos de quienes la cultivaron siglos atrás. La filosofía será intelectualmente relevante mientras sea capaz de identificar problemas que permanecen inadvertidos, examinar presupuestos que se aceptan sin suficiente justificación, reconstruir conceptos que han perdido precisión y formular argumentos que amplíen nuestra comprensión de la realidad. No necesitamos una filosofía venerada, pero intelectualmente inofensiva. Necesitamos una filosofía capaz de incomodar nuestras certezas, incluidas las suyas propias.

En este Día Mundial de la Filosofía, quizás la mejor manera de celebrarla no sea recordar cuánto le debe la humanidad, sino preguntarnos cuánto está contribuyendo efectivamente a comprender los problemas de nuestro tiempo.

La filosofía no necesita que la humanidad reconozca cuánto le debe por su pasado; necesita demostrar cuánto puede contribuir todavía a la comprensión racional de su presente. Porque el verdadero peligro para la filosofía no es que dejemos de celebrarla. Es que continuemos celebrándola cuando ya hayamos dejado de escuchar sus preguntas.

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