RACIONALIDAD Y RAZONABILIDAD EN LAS DECISIONES POLÍTICAS

 

La racionalidad técnica en el obrar político se refiere a la aplicación de principios y técnicas específicas para lograr objetivos políticos de manera eficiente y efectiva. Los políticos pueden utilizar análisis económicos y modelos matemáticos para formular políticas económicas que maximicen el crecimiento económico, la estabilidad financiera y el empleo.  Algunos ejemplos concretos de acciones políticas fundamentadas en la racionalidad técnica en el ámbito de la planificación económica pueden ser políticas fiscales contracíclicas, es decir, durante períodos de recesión económica, los gobiernos pueden implementar políticas fiscales como recortes de impuestos o aumento del gasto público, con el objetivo de estimular la demanda agregada y promover la recuperación económica. Estas decisiones se basan en análisis económicos y modelos macroeconómicos para determinar el momento y la magnitud de las intervenciones fiscales necesarias. También ajustar tasas de interés, en cuanto que los bancos centrales pueden utilizar la racionalidad técnica al ajustar las tasas de interés para influir en las condiciones económicas, como el crecimiento, la inflación y el desempleo. Por ejemplo, una reducción de las tasas de interés puede estimular la inversión y el consumo, mientras que un aumento puede frenar la inflación. Estas decisiones se basan en análisis económicos detallados y en la evaluación de los indicadores económicos clave. Otro puede ser que el gobierno pueda utilizar la racionalidad técnica al diseñar políticas de comercio exterior que promuevan la competitividad de las industrias nacionales y maximicen los beneficios del comercio internacional. Esto puede incluir la negociación de acuerdos comerciales, la imposición de aranceles selectivos y la implementación de políticas de apoyo a la exportación, todo ello basado en análisis económicos de costos y beneficios. El gobierno puede establecer objetivos de crecimiento económico a largo plazo y diseñar políticas y programas para alcanzarlos. Estos objetivos se basan en proyecciones económicas y análisis de tendencias a largo plazo, y pueden incluir metas específicas en áreas como el empleo, la productividad y la inversión en infraestructura. Otro también puede ser que el gobierno pueda utilizar la racionalidad técnica al diseñar políticas de desarrollo regional que promuevan un crecimiento económico equitativo y sostenible en todo el país. Esto puede incluir la identificación de sectores clave para el desarrollo, la asignación de recursos para infraestructura y capacitación, y la implementación de incentivos fiscales para atraer inversiones a regiones menos desarrolladas. Estas decisiones se basan en análisis económicos y sociales detallados de las necesidades y oportunidades de cada región.

Es innegable, por un lado, que la asignación eficiente de recursos públicos es un ejemplo de racionalidad técnica en el ámbito político. Los políticos pueden utilizar análisis de costos y beneficios para decidir cómo distribuir los fondos públicos en diferentes áreas, como educación, salud, infraestructura, etc., de manera que se maximice el beneficio para la sociedad en su conjunto. Al diseñar políticas públicas, los políticos pueden utilizar enfoques basados en evidencia y datos empíricos para identificar problemas, evaluar diferentes opciones de políticas y prever sus posibles impactos. Los políticos pueden utilizar técnicas de gestión y evaluación de proyectos para implementar programas sociales de manera eficiente, asegurando que los recursos se utilicen de manera efectiva y que los programas alcancen sus objetivos previstos.

Ahora, por otro lado, el político no puede fundamentar su actitud y acciones únicamente en criterios de racionalidad técnica, en detrimento de la razonabilidad en su alcance general, esto implica que no puede limitarse a tomar decisiones basadas únicamente en la eficiencia técnica o en la maximización de objetivos específicos sin considerar los principios éticos, morales y los valores compartidos por la sociedad en su conjunto. La razonabilidad, que implica tener en cuenta los aspectos éticos, morales y sociales más amplios, debe ser un factor determinante en las decisiones políticas, incluso cuando se aplican criterios de racionalidad técnica. Esto garantiza que las acciones políticas sean aceptables desde un punto de vista moral y ético, y que respeten los intereses y valores de la sociedad en su conjunto.

Determinar si las acciones políticas fundamentadas en la racionalidad técnica en el ámbito de la planificación económica son morales depende de varios factores y perspectivas éticas. A modo de ejemplo podemos decir, en primera instancia, que la implementación de políticas fiscales contracíclicas durante períodos de recesión puede considerarse moralmente justificada, ya que busca mitigar el sufrimiento económico de la población al estimular la demanda agregada y promover la recuperación económica. Sin embargo, la moralidad de estas políticas puede ser cuestionada si no se aplican de manera equitativa y transparente, o si generan desequilibrios fiscales a largo plazo que puedan perjudicar a las generaciones futuras. Otro ejemplo podemos decir que, en situaciones de alta inflación, el ajuste de tasas de interés puede ser necesario para controlar los precios y proteger el poder adquisitivo de la moneda. Desde una perspectiva económica, este ajuste puede ser considerado como una medida racional para estabilizar la economía. Sin embargo, la moralidad de estas acciones puede ser cuestionada si causan dificultades económicas significativas para ciertos grupos de la sociedad, como los trabajadores con bajos ingresos o los deudores, o si se aplican de manera injusta o discriminatoria.

Si bien las acciones políticas fundamentadas en la racionalidad técnica pueden ser necesarias para abordar problemas económicos complejos, su amoralidad puede evidenciarse según la inequidad de su aplicación, su impacto a largo plazo en la sociedad y la transparencia en su implementación. Jamás la acción amoral de los políticos puede justificarse mediante argumentos de racionalidad técnica cuando actúan exclusivamente en beneficio de intereses personales o de un grupo específico. Esto significa que no pueden utilizar la racionalidad técnica como una excusa para ignorar consideraciones éticas y morales en sus decisiones políticas, especialmente cuando estas decisiones se toman para favorecer sus propios intereses o los de un círculo cerrado de personas. La racionalidad técnica, que se centra en la eficiencia y la maximización de objetivos específicos, no puede servir como justificación para acciones políticas que van en contra del bienestar general o de los principios éticos y morales aceptados por la sociedad. Cuando los políticos actúan exclusivamente en favor de intereses personales o de clan, en detrimento del interés público y de la justicia social, sus acciones no pueden ser consideradas moralmente aceptables, incluso si argumentan que están actuando de manera racional desde un punto de vista técnico. En el punto más extremo, podemos comentar que, desde una perspectiva moral, las acciones de los políticos que priorizan exclusivamente los intereses políticos de poder y los espacios para sus clanes pueden ser ampliamente condenadas. No pueden centrarse únicamente en sus propios beneficios y los de su grupo, al obrar así, están desatendiendo su responsabilidad de representar y servir a los intereses del pueblo y de la sociedad en su conjunto. Tal enfoque egoísta y autoindulgente puede considerarse moralmente reprobable. Los políticos tienen la responsabilidad ética y moral de servir al bien común y abordar los problemas sociales y ciudadanos urgentes. Al priorizar sus intereses personales y de grupo sobre las necesidades y preocupaciones de la sociedad en general, están incumpliendo esta responsabilidad y traicionando la confianza del electorado. Al concentrar sus esfuerzos en consolidar su poder y privilegios personales o de clan, los políticos pueden contribuir a la perpetuación de desigualdades y agravar las divisiones sociales. Esta falta de equidad y justicia en la distribución de recursos y oportunidades puede ser moralmente inaceptable, ya que socava los principios de igualdad y justicia social. Al desviar la atención de los problemas sociales y ciudadanos urgentes en favor de sus propios intereses políticos, los políticos están ignorando las necesidades reales de la población y perpetuando la injusticia y el sufrimiento de aquellos que más lo necesitan. Esta falta de empatía y preocupación por los menos privilegiados puede ser considerada moralmente condenable.

La diferencia entre racionalidad y razonabilidad en las decisiones políticas es un concepto importante en la teoría política y la filosofía moral. La racionalidad se refiere al proceso de tomar decisiones basadas en una evaluación lógica y objetiva de los medios y fines disponibles. En el contexto político, una decisión se considera racional si está respaldada por una cuidadosa consideración de los datos disponibles, los objetivos deseados y las posibles consecuencias de las acciones. La racionalidad implica la capacidad de calcular y elegir la opción que maximice los objetivos o intereses de manera eficiente. En otras palabras, una decisión política racional se basa en un análisis lógico y objetivo de las circunstancias y opciones disponibles. Por otro lado, la razonabilidad se refiere a la cualidad de una decisión o acción que es aceptable desde un punto de vista moral o ético. La razonabilidad implica considerar los principios éticos, los valores compartidos y las normas sociales al tomar decisiones políticas. Una decisión política se considera razonable si está fundamentada en principios éticos justos y es aceptable para aquellos afectados por ella, incluso si no necesariamente maximiza los intereses individuales o grupales de la manera más eficiente posible. La razonabilidad implica tener en cuenta las preocupaciones éticas y la justicia en la toma de decisiones políticas.

El obrar político debe ser cribado a la luz de la moral y la razonabilidad de su alcance y consecuencias. La racionalidad técnica no puede ser utilizada como una excusa para acciones políticas amorales que buscan satisfacer intereses personales o de grupo, ya que estas acciones deben tener en cuenta consideraciones éticas y morales más amplias para ser moralmente justificadas. Las acciones de los políticos que priorizan exclusivamente los intereses políticos de poder y los espacios para sus clanes, en detrimento de los problemas sociales y ciudadanos generales y urgentes, son un abuso de poder y una traición a la confianza del pueblo, socavan los principios éticos fundamentales de justicia, equidad y servicio público, y socavan la integridad y la legitimidad del sistema político en su conjunto.