La racionalidad técnica en el obrar político se
refiere a la aplicación de principios y técnicas específicas para lograr
objetivos políticos de manera eficiente y efectiva. Los políticos pueden
utilizar análisis económicos y modelos matemáticos para formular políticas
económicas que maximicen el crecimiento económico, la estabilidad financiera y
el empleo. Algunos ejemplos concretos de
acciones políticas fundamentadas en la racionalidad técnica en el ámbito de la
planificación económica pueden ser políticas fiscales contracíclicas, es decir,
durante períodos de recesión económica, los gobiernos pueden implementar
políticas fiscales como recortes de impuestos o aumento del gasto público, con
el objetivo de estimular la demanda agregada y promover la recuperación
económica. Estas decisiones se basan en análisis económicos y modelos
macroeconómicos para determinar el momento y la magnitud de las intervenciones
fiscales necesarias. También ajustar tasas de interés, en cuanto que los bancos
centrales pueden utilizar la racionalidad técnica al ajustar las tasas de
interés para influir en las condiciones económicas, como el crecimiento, la
inflación y el desempleo. Por ejemplo, una reducción de las tasas de interés
puede estimular la inversión y el consumo, mientras que un aumento puede frenar
la inflación. Estas decisiones se basan en análisis económicos detallados y en
la evaluación de los indicadores económicos clave. Otro puede ser que el
gobierno pueda utilizar la racionalidad técnica al diseñar políticas de
comercio exterior que promuevan la competitividad de las industrias nacionales
y maximicen los beneficios del comercio internacional. Esto puede incluir la
negociación de acuerdos comerciales, la imposición de aranceles selectivos y la
implementación de políticas de apoyo a la exportación, todo ello basado en
análisis económicos de costos y beneficios. El gobierno puede establecer
objetivos de crecimiento económico a largo plazo y diseñar políticas y
programas para alcanzarlos. Estos objetivos se basan en proyecciones económicas
y análisis de tendencias a largo plazo, y pueden incluir metas específicas en
áreas como el empleo, la productividad y la inversión en infraestructura. Otro también
puede ser que el gobierno pueda utilizar la racionalidad técnica al diseñar
políticas de desarrollo regional que promuevan un crecimiento económico
equitativo y sostenible en todo el país. Esto puede incluir la identificación
de sectores clave para el desarrollo, la asignación de recursos para infraestructura
y capacitación, y la implementación de incentivos fiscales para atraer
inversiones a regiones menos desarrolladas. Estas decisiones se basan en
análisis económicos y sociales detallados de las necesidades y oportunidades de
cada región.
Es innegable, por un lado, que la asignación eficiente
de recursos públicos es un ejemplo de racionalidad técnica en el ámbito
político. Los políticos pueden utilizar análisis de costos y beneficios para
decidir cómo distribuir los fondos públicos en diferentes áreas, como
educación, salud, infraestructura, etc., de manera que se maximice el beneficio
para la sociedad en su conjunto. Al diseñar políticas públicas, los políticos pueden
utilizar enfoques basados en evidencia y datos empíricos para identificar
problemas, evaluar diferentes opciones de políticas y prever sus posibles
impactos. Los políticos pueden utilizar técnicas de gestión y evaluación de
proyectos para implementar programas sociales de manera eficiente, asegurando
que los recursos se utilicen de manera efectiva y que los programas alcancen
sus objetivos previstos.
Ahora, por otro lado, el político no puede fundamentar
su actitud y acciones únicamente en criterios de racionalidad técnica, en
detrimento de la razonabilidad en su alcance general, esto implica que no puede
limitarse a tomar decisiones basadas únicamente en la eficiencia técnica o en
la maximización de objetivos específicos sin considerar los principios éticos,
morales y los valores compartidos por la sociedad en su conjunto. La
razonabilidad, que implica tener en cuenta los aspectos éticos, morales y
sociales más amplios, debe ser un factor determinante en las decisiones
políticas, incluso cuando se aplican criterios de racionalidad técnica. Esto
garantiza que las acciones políticas sean aceptables desde un punto de vista
moral y ético, y que respeten los intereses y valores de la sociedad en su
conjunto.
Determinar si las acciones políticas fundamentadas en
la racionalidad técnica en el ámbito de la planificación económica son morales
depende de varios factores y perspectivas éticas. A modo de ejemplo podemos
decir, en primera instancia, que la implementación de políticas fiscales
contracíclicas durante períodos de recesión puede considerarse moralmente
justificada, ya que busca mitigar el sufrimiento económico de la población al
estimular la demanda agregada y promover la recuperación económica. Sin
embargo, la moralidad de estas políticas puede ser cuestionada si no se aplican
de manera equitativa y transparente, o si generan desequilibrios fiscales a
largo plazo que puedan perjudicar a las generaciones futuras. Otro ejemplo
podemos decir que, en situaciones de alta inflación, el ajuste de tasas de
interés puede ser necesario para controlar los precios y proteger el poder
adquisitivo de la moneda. Desde una perspectiva económica, este ajuste puede
ser considerado como una medida racional para estabilizar la economía. Sin
embargo, la moralidad de estas acciones puede ser cuestionada si causan
dificultades económicas significativas para ciertos grupos de la sociedad, como
los trabajadores con bajos ingresos o los deudores, o si se aplican de manera
injusta o discriminatoria.
Si bien las acciones políticas fundamentadas en la
racionalidad técnica pueden ser necesarias para abordar problemas económicos
complejos, su amoralidad puede evidenciarse según la inequidad de su
aplicación, su impacto a largo plazo en la sociedad y la transparencia en su
implementación. Jamás la acción amoral de los políticos puede justificarse
mediante argumentos de racionalidad técnica cuando actúan exclusivamente en
beneficio de intereses personales o de un grupo específico. Esto significa que
no pueden utilizar la racionalidad técnica como una excusa para ignorar
consideraciones éticas y morales en sus decisiones políticas, especialmente
cuando estas decisiones se toman para favorecer sus propios intereses o los de un
círculo cerrado de personas. La racionalidad técnica, que se centra en la
eficiencia y la maximización de objetivos específicos, no puede servir como
justificación para acciones políticas que van en contra del bienestar general o
de los principios éticos y morales aceptados por la sociedad. Cuando los
políticos actúan exclusivamente en favor de intereses personales o de clan, en
detrimento del interés público y de la justicia social, sus acciones no pueden
ser consideradas moralmente aceptables, incluso si argumentan que están
actuando de manera racional desde un punto de vista técnico. En el punto más
extremo, podemos comentar que, desde una perspectiva moral, las acciones de los
políticos que priorizan exclusivamente los intereses políticos de poder y los
espacios para sus clanes pueden ser ampliamente condenadas. No pueden centrarse
únicamente en sus propios beneficios y los de su grupo, al obrar así, están
desatendiendo su responsabilidad de representar y servir a los intereses del
pueblo y de la sociedad en su conjunto. Tal enfoque egoísta y autoindulgente
puede considerarse moralmente reprobable. Los políticos tienen la
responsabilidad ética y moral de servir al bien común y abordar los problemas
sociales y ciudadanos urgentes. Al priorizar sus intereses personales y de
grupo sobre las necesidades y preocupaciones de la sociedad en general, están
incumpliendo esta responsabilidad y traicionando la confianza del electorado. Al
concentrar sus esfuerzos en consolidar su poder y privilegios personales o de
clan, los políticos pueden contribuir a la perpetuación de desigualdades y
agravar las divisiones sociales. Esta falta de equidad y justicia en la
distribución de recursos y oportunidades puede ser moralmente inaceptable, ya
que socava los principios de igualdad y justicia social. Al desviar la atención
de los problemas sociales y ciudadanos urgentes en favor de sus propios
intereses políticos, los políticos están ignorando las necesidades reales de la
población y perpetuando la injusticia y el sufrimiento de aquellos que más lo
necesitan. Esta falta de empatía y preocupación por los menos privilegiados
puede ser considerada moralmente condenable.
La diferencia entre racionalidad y razonabilidad en
las decisiones políticas es un concepto importante en la teoría política y la
filosofía moral. La racionalidad se refiere al proceso de tomar decisiones
basadas en una evaluación lógica y objetiva de los medios y fines disponibles.
En el contexto político, una decisión se considera racional si está respaldada
por una cuidadosa consideración de los datos disponibles, los objetivos
deseados y las posibles consecuencias de las acciones. La racionalidad implica
la capacidad de calcular y elegir la opción que maximice los objetivos o
intereses de manera eficiente. En otras palabras, una decisión política
racional se basa en un análisis lógico y objetivo de las circunstancias y
opciones disponibles. Por otro lado, la razonabilidad se refiere a la cualidad
de una decisión o acción que es aceptable desde un punto de vista moral o
ético. La razonabilidad implica considerar los principios éticos, los valores
compartidos y las normas sociales al tomar decisiones políticas. Una decisión
política se considera razonable si está fundamentada en principios éticos
justos y es aceptable para aquellos afectados por ella, incluso si no
necesariamente maximiza los intereses individuales o grupales de la manera más
eficiente posible. La razonabilidad implica tener en cuenta las preocupaciones
éticas y la justicia en la toma de decisiones políticas.
El obrar político debe ser cribado a la luz de la
moral y la razonabilidad de su alcance y consecuencias. La racionalidad técnica
no puede ser utilizada como una excusa para acciones políticas amorales que
buscan satisfacer intereses personales o de grupo, ya que estas acciones deben
tener en cuenta consideraciones éticas y morales más amplias para ser
moralmente justificadas. Las acciones de los políticos que priorizan
exclusivamente los intereses políticos de poder y los espacios para sus clanes,
en detrimento de los problemas sociales y ciudadanos generales y urgentes, son
un abuso de poder y una traición a la confianza del pueblo, socavan los
principios éticos fundamentales de justicia, equidad y servicio público, y
socavan la integridad y la legitimidad del sistema político en su conjunto.